Presentación

 REFLEXIONES SOBRE  UNA GESTION

Una reflexión acerca de los resultados alcanzados a lo largo de cuatro años de trabajo al frente de la Defensoría de los Habitantes debe necesariamente incorporar una referencia a los compromisos adquiridos, al trabajo realizado y a los principios que inspiraron cada una de las acciones realizadas.    Se trata de un esfuerzo por rendir cuentas y someter esta gestión al escrutinio de la Asamblea Legislativa y de los habitantes en general.   Se trata de demostrar que la transparencia es la mejor aliada para el ejercicio responsable de una magistratura de influencia como la que la ley le asigna a la Defensoría de los Habitantes.

Estamos convencidos de que el camino recorrido forma parte de la evolución lógica de una institución que desde su creación ha sabido mantenerse en relación constante con su entorno, lo cual le ha permitido adaptar su trabajo a las necesidades particulares del contexto económico, social y político del país.   Hace cuatro años con ocasión de la presentación del primer Informe de Labores a la Asamblea Legislativa dijimos lo siguiente:

       “Con el desafío de lograr su plena consolidación en el régimen institucional costarricense, la Defensoría de los Habitantes inicia una nueva etapa de trabajo en la que adquiere el compromiso de profundizar las acciones de protección y promoción de los derechos e intereses de los habitantes.  Se trata de aprovechar la experiencia adquirida y evolucionar hacia nuevas perspectivas de abordaje que, ubicadas en el momento específico en que nos corresponde asumir, aseguren el cumplimiento de las funciones y fines que la Ley le asigna a la institución.”[1]

 Desde ese momento planteamos que una Defensoría eficiente tendría que caracterizarse por su capacidad para reconocer el momento histórico y responder a sus exigencias.   A la vez señalamos que el primer paso en ese sentido consistía en aprovechar la flexibilidad y dinamismo que caracterizan a este tipo de instituciones para interpretar, a la luz de la realidad, el papel que habría de desempeñar la Defensoría en ese contexto particular.  Al final de la gestión puede afirmarse que la definición que resultó de dicho proceso se constituyó en guía para las decisiones y actuaciones de la institución durante esta etapa de trabajo.    

Y es que al prepararnos para asumir esta responsabilidad pudimos detectar que los retos que enfrentaba el país para 1997 señalaban un camino que debía orientar la dinámica de la institución para este período. 

No fue casualidad que el apartado del Informe del Estado de la Nación que analizó el tema de la equidad y la integración social para 1997 señalara entre otras cosas lo siguiente: 

       “El mayor desafío para el país es conciliar los procesos de modernización económica con la ampliación de oportunidades para todos los sectores de la población, de modo tal que los beneficios del desarrollo se distribuyan de una manera más equitativa. 

       En esta dirección, cuatro aspectos aparecen como insoslayables:  a) hacer sostenible la inversión social pública y privada; b) mejorar la calidad de los servicios sociales, incorporando a la ciudadanía como garante de la excelencia de esos servicios; c) atender las necesidades de los sectores sociales y áreas geográficas más rezagadas; y d) aumentar la cobertura del RIVM (Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte), en particular en el sector campesino del país. 

       En términos de la dinámica de los sectores sociales, las tareas asociadas a las reformas de la educación y la salud parecen destinadas a mantenerse en agenda.   Ello da base para la adopción de políticas de Estado en estos importantes frentes del desarrollo social.”[2] 

En el mismo sentido, dicho informe advertía que “los procesos de crecimiento económico sin equidad y participación social pueden conducir a la profundización de mecanismos de polarización y exclusión social” y que el futuro de las generaciones imbuidas en este contexto dependería de las posibilidades de éxito de procesos tales como “la recalificación de recursos humanos, mejora en la calidad de los servicios sociales, acciones compensatorias con sentido promocional y fortalecimiento de las redes de protección social a escala familiar, comunal y societal”.[3]  

Por su parte, las encuestas de opinión del momento llamaban la atención sobre percepciones de los habitantes acerca de la vigencia del sistema político y el deterioro en los valores.   Así, por ejemplo, un sondeo realizado por IDESPO en 1995 señaló que "un 92% de los entrevistados considera que hubo cambios en los valores morales.   Los valores percibidos como principalmente sujetos al cambio refieren al respeto (a las personas mayores, a los padres, a la vida, a uno mismo) y a otros valores asociados como la responsabilidad, la educación, la cortesía; también se mencionan la fe, la espiritualidad, la religión, las bases familiares, la identidad cultural, los principios morales y en un tercer nivel se alude a la honradez, la honestidad, las relaciones humanas y la falta de comunicación"[4]. 

En el campo político un 94% de las personas indicaron que la democracia es el mejor sistema de gobierno (UNIMER, 1996) pero manifestaron su preocupación por el deterioro.   En 1997 el 77,4% de las personas que participaron en un estudio similar (UNIMER, 1997) consideraron que la corrupción era la causa de la mayoría de los problemas que afectaban al país, y los resultados de la encuesta consolidada de opinión pública centroamericana denominada “Barómetro Centroamericano 1997”, señalaron que el 85,7% de la población consideraba que había más corrupción que hace diez años.[5] 

Asimismo, al evaluar estos y otros resultados se señaló en el Informe Anual 1997 lo siguiente: 

            "En un contexto ideológico de fuerte predominio de los valores de libre mercado, parece contradictorio el apoyo del 78% de la población -que se incrementa según el nivel educativo de los encuestados- al fortalecimiento de la justicia social como tarea de mayor importancia para el país en los próximos años.   Del mismo modo llama la atención la cifra del 82% que favorece con su opción el apoyo a los programas sociales, como es el caso de salud y vivienda, mientras qun 74% opina que los gobiernos deben reducir las diferencias entre quienes tienen altos y quienes tienen bajos ingresos y un 61% está de acuerdo en abandonar la reforma del sector público si esta afecta negativamente a los sectores más humildes."[6] 

Tomando en consideración todos estos elementos de la realidad, y con el fin de orientar adecuadamente el abordaje integral de los principales aspectos que afectaban los derechos de la población, al inicio de la gestión definimos tres ejes de trabajo, tres perspectivas de acción cuyo contenido habría de permear las actividades de protección y promoción de la Defensoría.  

La primera prioridad estuvo definida por la necesidad de contribuir a la construcción de una sociedad más solidaria “en la que el aislamiento, el egoísmo y la indiferencia den paso a una cultura más humana, aquella que piensa en el nosotros, que está de acuerdo con la oportunidad compartida y que se interesa por el destino de los demás.   Se trata, en alguna medida, de rescatar la solidaridad como el centro de la reserva moral del costarricense con el fin de velar en forma solidaria, por el desarrollo armónico y el progreso de la sociedad”[7]. 

Este eje de trabajo llevó a que la Defensoría incursionara en diversos temas vinculados a la vigencia del principio de solidaridad nacional contenido en el artículo 74 de la Constitución Política. 

Así, por ejemplo, las acciones adoptadas por la institución en defensa del derecho a la salud y del sistema de seguridad social respondieron, precisamente, a la necesidad de garantizar que los criterios de solidaridad social que lo fundamentan encuentren respaldo en medidas que incidan verdaderamente en los indicadores de calidad de vida de la población.   Los resultados de las investigaciones realizadas señalaron, incluso, la necesidad de adoptar medidas extraordinarias como las que se recomendaron en su oportunidad a la Asamblea Legislativa para evaluar el trabajo que realiza la Caja Costarricense de Seguro Social. 

Por su parte, la necesidad de fortalecer la educación pública como una de las conquistas sociales más importantes del país y garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a una educación gratuita, obligatoria y costeada por el Estado llevó a tomar acciones tendientes a asegurar que el Estado cumpliera con el porcentaje que la Constitución le obliga a destinar para el financiamiento de la educación. 

La defensa de los derechos de las personas adultas mayores constituye otro ámbito de la realidad que demandó una actuación solidaria y participativa de personas e instituciones con el fin de potenciar la coordinación intersectorial e interinstitucional en la atención de las necesidades particulares de esta población en materia de salud, alimentación, vivienda, seguridad de ingreso, educación y familia, entre otros.   La intervención de la Defensoría en esta materia se enfocó, fundamentalmente, a los temas de la ausencia de respuesta estatal a las diversas formas de maltrato, el funcionamiento y regulación de los establecimientos de los hogares, albergues y centros diurnos; el régimen no contributivo de pensiones y el desarrollo de actividades de promoción y divulgación, entre otros. 

Las acciones emprendidas para derribar las barreras arquitectónicas y mentales que afectan los derechos de las personas con discapacidad se insertaron también entre las acciones que se desplegaron con el fin de contribuir a la construcción de una sociedad más solidaria.  

Ese mismo fin se persiguió cada vez que hicimos llamados para detener la violencia en contra de las mujeres como signo inequívoco de una de las manifestaciones más crueles y reprochables del deterioro de la convivencia humana, cuando convocamos a empresarios, medios de comunicación y sociedad civil para detener la programación televisiva violenta y cuando instamos a cerrar filas alrededor de la protección del ambiente y la conservación de los recursos naturales. 

También alzamos la voz para señalar el tema del “trato ciudadano”, como uno que desnudaba sin ambages otro aspecto de la realidad que amenaza con destruir los fundamentos del régimen democrático y el principio de solidaridad.   Se señaló que el concepto de trato ciudadano alude a la necesidad de que el sistema institucional reconozca de manera efectiva su compromiso de hacer valer los derechos de todos los habitantes como parte del ejercicio cotidiano de la democracia. Falta de respuesta, agresividad, desgano, ineficiencia, arbitrariedad, abuso de autoridad, tratos desiguales, represalias y discriminación; son algunas de las conductas de maltrato ciudadano que más comúnmente denunció la población.    

Fueron señaladas como situaciones que se reproducen en los más diversos temas, en relación con la generalidad de los grupos sociales y desde todos los ámbitos institucionales. Se denunciaron como un trastorno que vulnera la credibilidad en el régimen institucional, lesiona el principio de solidaridad social y los derechos fundamentales de la población.    

La segunda prioridad que planteamos como eje de trabajo fue la necesidad de desarrollar una estrategia integral para combatir la corrupción y la falta de transparencia en el ejercicio de la función pública, fenómeno que definitivamente incide en los derechos e intereses de la población además de afectar el funcionamiento de los servicios públicos y del régimen institucional en general.    

Al asumir esta responsabilidad se consideró que la Ley de la Defensoría de los Habitantes establece como una de sus funciones velar porque el funcionamiento del sector público no sólo se ajuste al Derecho Positivo, sino también, a la moral y la justicia. Para ello definimos que la ética en el ejercicio de la función pública debía entenderse como el conjunto de principios derivados de las disposiciones que regulan el funcionamiento del Estado y que establecen las normas de conducta inherentes a los deberes y responsabilidades de quienes ejercen la función pública. Se trata, en ese sentido, de tutelar el derecho que tienen todos los habitantes  de exigir una actuación racional,  proba y consecuente de parte de las autoridades públicas. 

La misma Sala Constitucional ha reconocido la existencia de un derecho fundamental a la legalidad -entendida en sentido amplio- que implica la obligación de las autoridades públicas de ajustar sus actuaciones a lo establecido por las normas y principios constitucionales, los convenios y tratados internacionales, la ley, los reglamentos y decretos y los principios generales del Derecho -entre los que están incluidos los de la moral en el ejercicio de la función pública-.   Desde esa perspectiva puede afirmarse que cualquier acto de corrupción constituye una violación a los derechos de los habitantes. 

Una conclusión similar se obtiene al analizar los efectos de la corrupción sobre el concepto de "intereses" que desarrolla en el Reglamento Ejecutivo de la Ley de la Defensoría de los Habitantes.   Según dicha normativa, por intereses puede entenderse "el conjunto de las expectativas orientadas a la preservación de la legalidad y la justicia y al resguardo del patrimonio social e individual frente a las acciones u omisiones de la actividad administrativa del sector público."   Al manifestarse la corrupción como un fenómeno que afecta el adecuado funcionamiento de la Administración en perjuicio -las más de las veces- de los fondos del Estado, debe entenderse como una afectación a las expectativas que tienen los habitantes respecto al funcionamiento del régimen institucional. 

Al tener los actos de corrupción una incidencia directa sobre la calidad y la eficiencia con que se prestan los servicios públicos debía delinearse una estrategia de la Defensoría con acciones preventivas y correctivas que garantizaran un abordaje integral del problema. 

Por ello, en su oportunidad planteamos que el compromiso que asumíamos buscaba “romper con los criterios tradicionales que sostenían la existencia de una brecha insalvable entre ética y legalidad para adoptar parámetros de control que hagan exigibles este tipo de conductas.   Tal visión deberá complementarse, además, con otras medidas de prevención que involucren la participación activa de los habitantes y el desarrollo de una cultura de rendición de cuentas entre los funcionarios públicos y los responsables políticos de las instituciones”[8]. 

Al abordar estos temas, la institución llamó la atención en relación con la dificultad del sistema político y de sus instituciones para relacionarse con la sociedad civil y articular sus demandas lo cual aludía a la necesidad de replantear las relaciones existentes entre las instituciones del sector público y los habitantes.   Se trataba de establecer nuevas reglas y formas de relación teniendo presente la necesidad de facilitar la participación de los habitantes además de incorporar criterios para evaluar la calidad y eficacia de los servicios públicos. 

También se insistió en que el asunto de la gobernabilidad era más que un problema de poder o de ejercicio administrativo de la función pública pues se refería también a las condiciones necesarias para ejercer el poder con eficacia, legitimidad y respaldo ciudadano. 

Dijimos también que para lograr una modificación en la cultura del poder resultaba necesario nivelar los términos de la relación.   Sostuvimos que alguna distorsión en la interpretación de las normas y principios que rigen nuestro sistema había derivado en una percepción inadecuada sobre el ejercicio del poder que favorecía los actos de corrupción.   De un lado los órganos públicos habían asumido una actitud de suficiencia en la que la participación de los administrados pasó a ser residual en tanto, de otro, los habitantes se sentían disminuidos al verse en la necesidad de entrar en contacto con los esquemas tradicionales de la Administración Pública. 

Se propuso, en ese sentido, que las instituciones se construyeran para mantenerse en constante relación con su entorno y sometidas permanentemente al control ciudadano.  Es decir, que sus funciones y los servicios que prestan respondan directamente a las necesidades de la comunidad y que puedan adaptarse a lo largo del tiempo a las demandas y valores de la sociedad.    También señalamos que uno de los instrumentos que contribuirían decididamente en este proceso y a prevenir la corrupción sería el desarrollo de una cultura de rendición de cuentas que funcione en una doble dimensión:  la de las autoridades públicas y la de la sociedad civil.    

Junto a esta propuesta, y siempre con el fin de prevenir la corrupción, la institución planteó que la transparencia en el ejercicio de la función pública resultaba ser una premisa esencial para el buen funcionamiento de los poderes públicos.   De ahí que el examen constante de ese proceder constituía un elemento esencial para la legitimidad del sistema, razón por la que la Defensoría decidió incursionar en este campo.    Se trata de un principio fundamental de actuación de los órganos públicos basado en tres componentes fundamentales, a saber, el respeto a la legalidad, la garantía de acceso a información fehaciente y en condiciones de igualdad para los habitantes y la sujeción a los mecanismos de control de la Administración.   En síntesis, la transparencia en el ejercicio de la función pública exige una actitud responsable en el cumplimiento de los deberes legales y el respeto a los mecanismos previstos para garantizar los derechos e intereses de los habitantes, además de un compromiso inclaudicable con la participación de la población en los procesos de toma de decisiones y formulación de políticas públicas. 

Entre algunas acciones concretas vinculadas a este eje de trabajo pueden mencionarse las adoptadas para lograr transparencia y eficiencia en el trabajo de la Dirección Nacional de Pensiones, las recomendaciones dirigidas a la Corte Suprema de Justicia para evitar la prescripción en algunos procesos vinculados al caso del Banco Anglo y la Dirección General de Aviación Civil, los señalamientos vinculados a la transferencia de recursos de CONAVI derivados del impuesto del 15% sobre los combustibles para arreglo de carreteras y el incumplimiento del traslado de recursos con destinos específicos como el caso de la ley que gravó las cervezas, licores y cigarrillos. 

Especial mención merecen, asimismo, los esfuerzos para lograr la publicidad de la lista de créditos de difícil o imposible recuperación del Banco Anglo Costarricense, al igual que la lista de morosos de la Caja Costarricense de Seguro Social lo cual no solo significó una garantía de transparencia para que los usuarios conozcan sobre el manejo de recursos en sus instituciones sino que en el caso concreto incidió para incrementar la eficiencia en el cobro de las cuentas pendientes. 

Además, los esfuerzos por lograr mayor transparencia en la gestión de la Corte Suprema de Justicia contribuyeron a la adopción de medidas tendientes a acercar el servicio de administración de justicia al usuario. 

La lucha contra los privilegios en el ejercicio de la función pública, por su parte, obtuvo resultados importantes al declararse con lugar una acción de inconstitucionalidad planteada contra algunos privilegios desproporcionados e irrazonables contenidos en la Convención Colectiva de RECOPE.   Con esta acción se pretendía el establecimiento de parámetros que limitaran el abuso en la utilización de fondos públicos.   En la misma línea se planteó otra acción que pretende la inconstitucionalidad de un reglamento que otorgó privilegios de perfil similar para el nivel gerencial de RECOPE.   De igual manera, se solicitó la inconstitucionalidad del artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece como fuente de financiamiento del régimen de pensiones de ese Poder, los intereses que generen los depósitos judiciales de juicios abandonados.   De esta forma se buscó enfrentar uno de los aspectos que se considera ha incidido gravemente en la pérdida de credibilidad del régimen institucional. 

Como tercer eje de trabajo se planteó la necesidad de concebir la prestación de los servicios públicos como un medio para la protección de los derechos fundamentales de los habitantes.   Ello justificaba la necesidad de tutelar su carácter universal, su continuidad, su eficiencia, su calidad, la aplicación de tarifas razonables y la participación de los usuarios en la definición de sus condiciones. 

Debe considerarse, además, que el derecho a los servicios públicos tiene como contraparte la obligación del Estado a proporcionarlos bajo las condiciones requeridas para satisfacer las necesidades de la población.   Una concepción de este tipo permite un abordaje distinto de los problemas que se derivan del funcionamiento de los servicios salud, educación, seguridad y administración de justicia, entre otros, y con ello una mejor tutela de los derechos e intereses económicos de los habitantes[9]. 

La identificación del individuo con tales derechos (de los consumidores y los usuarios) conlleva a su vez, al reconocimiento de los otros individuos que comparten  con él esa misma condición y con ello al fomento de distintas formas de organización que permitan difundir los derechos, instar el desarrollo de instrumentos para hacerlos efectivos, y participar activamente en la formulación de políticas que los beneficien. El derecho a los servicios públicos continua en un proceso de fortalecimiento y consolidación, el cual requiere del concurso de todos.  Con tal propósito hemos  observado el surgimiento de diversas respuestas institucionales, tales como la creación de las Contralorías de Servicio, la ARESEP, y la misma Defensoría que se erige como un mecanismo de promoción de los derechos y de facilitación de la participación ciudadana. 

En el marco de estos esfuerzos positivos, el papel de la Defensoría en la promoción y divulgación de los derechos de los consumidores y usuarios adquiere singular relevancia.  Ello por cuanto el desarrollo acelerado de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) genera flujos de información acerca de bienes y servicios que circulan alrededor del mundo a altas velocidades.  Los consumidores que reciben estos flujos están en una posición cada vez más fortalecida para la exigencia de una prestación de bienes y servicios que respondan a los criterios de eficiencia y calidad, particularmente cuando éstos provengan del sector público. 

Es posible notar que estos esfuerzos positivos son una más de las características de la época en la que estamos viviendo.   Puede afirmarse que en el contexto de la globalización y los desafíos que le son propios, un cambio cultural ha estado –y está- tomando lugar.  La población como tal, está tomando conciencia de que la administración pública no puede continuar siendo la única en el diseño de las  políticas industriales, comerciales o de trabajo, como solía ser hace algún tiempo. 

Por ello uno de los desafíos a los que se ha enfrentado la Defensoría tiene que ver con la posición a adoptar en el tema de la defensa de los derechos económicos.    

Con la convicción de que los derechos económicos deben dejar de ser simples postulados programáticos para convertirse en realidades exigibles y justiciables de conformidad con lo que al respecto señala el Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), la Defensoría orientó parte importante de sus esfuerzos a la tutela, protección y promoción de este importante segmento de los derechos fundamentales de la población. 

Por ello, en el marco de un sistema político, económico y social que enfrenta los retos derivados del proceso de globalización y de la necesidad de encontrar soluciones a los problemas que afectan las finanzas del Estado, la Defensoría optó por incorporar una perspectiva de análisis especializada para la atención de los derechos económicos y sociales de la población.   Ello dio lugar a la creación de la Dirección de Asuntos Económicos, la cual ha atendido temas tan importantes como la fijación de las tarifas de los servicios públicos regulados por ARESEP; la calidad en la prestación de servicios municipales, de empresas públicas y de transporte; la administración y destino de tributos con destino específico; el seguimiento a las acciones emprendidas por el MEIC en relación con los precios de productos de primera necesidad, la supervisión de los mecanismos de defensa del consumidor de defensa del consumidor y el estudio de diversas iniciativas de ley relacionadas con la materia. 

Cabe indicar que esta perspectiva de análisis permeó de manera transversal el estudio de los demás temas de trabajo que conocieron las Areas de Defensa de la institución durante estos cuatro años.   El punto de partida para hacerlo fue la firme convicción de que sin la vigencia de los derechos económicos no es posible garantizar la efectividad y tutela de los derechos políticos, sociales y culturales.    

A lo largo de estos cuatro años se trabajó con determinación para orientar la labor de la Defensoría hacia el desarrollo de estos tres ejes de trabajo, los cuales se han combinado para impregnar todas y cada una de las acciones de defensa y promoción ejecutadas por la institución.   Los resultados alcanzados en ambos campos y en cada uno de los temas abordados y de los que rendimos cuentas en este Informe de cierre de gestión requirieron, asimismo, del cumplimiento de los compromisos que asumimos desde el inicio de la gestión. 

En el ámbito de la protección de los derechos e intereses de los habitantes, se asumieron compromisos importantes que sirvieron para delinear los mecanismos de actuación.   El punto de partida para este trabajo consistió en visualizar el papel de la Defensoría como un órgano de control encargado de proteger los derechos e intereses de los habitantes frente a las violaciones provocadas por las acciones u omisiones de la Administración Pública. 

Precisamente al inicio de la gestión se planteó de la siguiente manera nuestra percepción sobre la forma de ejercer este control: 

       “Al acometer tal responsabilidad, la Defensoría de los Habitantes estará preparada para escuchar a los habitantes y percibir sus necesidades, anhelos y esperanzas.   Asimismo, al proteger sus derechos frente al sector público, procurará siempre el equilibrio necesario entre la búsqueda del consenso y la denuncia, entre la negociación y el enfrentamiento.   Se trata, al fin de cuentas, de agotar en lo posible las vías del diálogo sin renunciar nunca a la firmeza que exige la defensa de los derechos e intereses de los habitantes. 

       La combinación juiciosa entre la  búsqueda de ese equilibrio en su relación con el Estado y las nuevas perspectivas de abordaje que pretende desarrollar garantizará, en gran medida el resultado de las acciones que  se emprendan.   Esa eficacia en la satisfacción de expectativas, influirá sensiblemente en mantener o, incluso, aumentar la credibilidad de los habitantes en la Defensoría y su consolidación en el régimen institucional costarricense.”[10] 

Esta definición sobre la forma de ejercer el control que le asigna la ley estuvo acompañada de un compromiso por mantener inclaudicablemente la independencia de criterio en el ejercicio de la función, la cual se constituyó en una condición sine qua para mantener la confianza de los habitantes.    

Mención aparte merece la especial relación que se logró establecer con los medios de comunicación colectiva, aliados naturales del ejercicio responsable de una magistratura de influencia.   La constitución de esta alianza no fue del todo fácil.   Había que ganar su confianza y lo hicimos a través de una actitud transparente y responsable que servía de respaldo a todas las actuaciones de la institución. Con ellos se trabajó conjuntamente para denunciar y para convocar.   Gracias a ellos, los habitantes pudieron conocer a fondo y someter a escrutinio el trabajo de la Defensoría.   Con su participación -la de los medios- se alcanzaron metas importantes y concluimos con éxito investigaciones esenciales para la población.    

Con la convicción de que el control es un elemento que contribuye a legitimar el ejercicio del poder y aporta al fortalecimiento del régimen democrático, la Defensoría lanzó voces de alerta en relación con diversos temas de interés nacional que afectaron los derechos e intereses de la población.   Sin pretender sustituir bajo ninguna circunstancia a la administración activa, la intervención de la Defensoría buscó en todo momento que las instancias responsables de la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas comprendieran la urgencia de atender con prontitud estos problemas.  Los señalamientos realizados involucraron a todas las instancias del sector público, del gobierno nacional y local. 

La Defensoría sostuvo que la situación vivida durante este período recogía las demandas de una sociedad que reclama un sistema político capaz de renovarse, más comprometido con el bienestar de sus habitantes, responsable en su gestión de administrador de los bienes públicos y de representante de los intereses de la población nacional.   Se señaló que el Estado costarricense, desde sus diferentes instituciones está en deuda con la ciudadanía:  debe mecanismos efectivos de participación en la toma de decisiones, debe transparencia y ejercicio responsable de la gestión pública, debe eficiencia y eficacia de las políticas de bienestar que se requieren para satisfacer una nación comprometida históricamente con la paz social, el respeto de los Derechos Humanos y el interés común.  Pero la ciudadanía también también es responsable y está en deuda consigo misma:  el cansancio, la indignación y el desencanto, justificado o no, no pueden ser freno para un reencuentro democrático que es responsabilidad de todos. 

De suma importancia fue, asimismo, el papel de mediación, conciliación, acompañamiento o facilitación que tuvo que jugar la Defensoría en diversas coyunturas que se presentaron. 

En el primer Informe presentado se señaló que la Defensoría aspiraba a “servir como punto de contacto entre personas de diferentes realidades, de sitio de encuentro entre iniciativas de distinto origen, de lugar para la colaboración y el compromiso con los otros, de territorio para la confianza mutua y la esperanza compartida”[11]. 

Bajo esa premisa hemos atendido diversas coyunturas con la firme convicción de que el diálogo es siempre la mejor alternativa y que el diálogo fecundo exige confrontación de ideas y se alimenta de la discrepancia.   Que quienes concurran a él deben comprender que no puede haber acuerdos si como condición previa se aspira únicamente al consenso.   Que los esfuerzos se deben orientar al acercamiento de posiciones, a la búsqueda de puntos de encuentro e intereses compartidos, y a la generación de nuevas alternativas.   Que una democracia sin discrepancias es una negación de su misma esencia.   Que la armonía política y la integración social se fundamentan precisamente en ser diferentes y en tener la sabiduría para transitar por el mismo sendero. 

Teniendo esto en mente, la Defensoría tuvo que asumir ese papel para tender puentes en diversas coyunturas que así lo requerían.   Basta con mencionar la función que cumplió en la Comisión de Verificación del Proceso de Concertación Nacional, en la Comisión Facilitadora para un Diálogo Nacional que se conformó en torno a la discusión sobre los proyectos de reforma del ICE, en la Comisión Mixta de Rescate del Area Metropolitana y en la convocatoria al foro para detener la programación televisiva violenta.           

En el campo de la promoción y divulgación de los derechos de los habitantes la Defensoría ha desplegado importantes esfuerzos para asegurar que esta función sea asumida con la misma importancia que se le asigna a las acciones de defensa que realiza.   El punto de partida fue la convicción de que el mejor defensor de sus derechos es el habitante mismo. Se plantearon como objetivos de esta función educar, divulgar los derechos humanos entre la población, facilitar y promover espacios de participación ciudadana, propiciar espacios autogestionarios para la protección y defensa de los derechos humanos, facilitar la interacción entre los habitantes y las instituciones públicas, fortalecer espacios de consolidación para la democracia participativa y ampliar los espacios de interacción en los procesos de formulación de políticas públicas y toma de decisiones. 

En materia de recursos siempre nos aseguramos de que la administración del presupuesto de la Defensoría siguiera los criterios de racionalidad, transparencia, austeridad y eficiencia que deben regir la gestión de fondos que pertenecen a todos los costarricenses.   Con ese objetivo procuramos maximizar la utilización de los recursos, tanto de aquellos asignados a través del presupuesto ordinario de la República como de los que se recibieron producto de los programas de cooperación internacional.   Tal proceder contribuyó, a su vez, para que fuera posible ahorrar los fondos que se están destinando a la construcción del edificio de la Defensoría de los Habitantes, inmueble que esperamos entregar antes del final de la presente gestión. 

Por su parte, los resultados del esfuerzo por garantizar la transparencia en esta materia quedaron debidamente plasmados en los resultados de la Auditoría que solicitamos a la Contraloría General de la República en 1999 y en el Informe de Auditoría Externa que se contrató al final de este período para entregar en forma clara, ordenada e informada el patrimonio de la institución. 

Hacemos entrega de este Informe con la certeza de haber empeñado nuestro mejor esfuerzo en el cumplimiento de los compromisos adquiridos y con la humildad para reconocer que es mucho lo que queda pendiente.   Tenemos, eso sí, la absoluta convicción de que el camino emprendido no tiene marcha atrás.

"Sepamos ser libres, no siervos menguados,

derechos sagrados la patria nos da".

Himno al 15 de setiembre

                    Sandra Piszk                                            Max Alberto Esquivel Faerron

Defensora de los Habitantes                               Defensor Adjunto de los Habitantes