Actualidad Legislativa

PLENARIO

Con una votación unánime de 43 votos, el Plenario Legislativo le dio primer debate al expediente 14.529, por medio del cual se autoriza a la municipalidad de Atenas a segregar y donar un lote de su propiedad a la Caja Costarricense de Seguro Socia, CCSS.

Para llegar a esta votación, fue necesario que los legisladores aprobaran positivamente, una moción que permitió suspender, por el resto de la sesión, todos los puntos ubicados en el capítulo de primeros debates, hasta el puesto siete de la agenda inclusive.

El terreno, denominado La Cañera, es arrendado por la Caja desde hace mucho tiempo a la municipalidad, pero el Concejo manifestó su interés en donar el inmueble para que en este se construya una clínica con todos los requerimientos necesarios para atender la salud de los habitantes de esa comunidad alajuelense.

Violencia doméstica

Los congresistas continuaron discutiendo largamente, mociones de reiteración que fueron presentadas por los representantes del Movimiento Libertario al expediente 13.874 Ley de Penalización de la Violencia Doméstica contra las Mujeres Mayores de Edad.

De las 11 mociones que mantuvieron los libertarios, entre ayer y hoy se pudo avanzar en el conocimiento de siete de ellas, de las cuales sólo una logró que se abriera el Plenario a comisión y se discutiera por el fondo.

Dicha moción, había quedado en discusión el día de ayer y su objetivo primordial era la eliminación del artículo 10 de la propuesta, por medio de la cual se prohibía la conciliación, entre una pareja afectada por la violencia doméstica.

Los legisladores le dieron una votación favorable, lo que significa que en la nueva ley, las parejas si podrán optar por conciliar, cuando enfrenten delitos en esta materia.

Durante la primera parte se dio lectura a la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en relación con el proyecto de ley que modifica la Ley de Tránsito por Vías Públicas terrestres, por medio del cual se busca el uso obligatorio del cinturón de seguridad, expediente 15.510.

COMISIONES

Este martes algunos de los integrantes de la Comisión Especial de Pacto Fiscal decidieron pedir al Plenario Legislativo una ampliación del plazo para dictaminar.

De esta forma ya no tienen la presión de entregar el informe el próximo 26 de febrero, ahora tendrán tiempo hasta el 6 de marzo.

Además, de la definición del plazo la mayoría de los legisladores acordaron organizar el trámite de las mociones que inició ayer.

Así que este día se deben conocer las modificaciones presentadas sobre el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Mañana 25 de febrero conocerán las mociones dirigidas al tema de la Dirección Nacional de Tributos, DNT. El 26 verán cambios en lo que respecta a impuestos. El 27 sobre el gasto en la administración pública y las audiencias pendientes.

El primero de marzo estarán analizando las mociones sobre el Impuesto al Valor Agregado, IVA, el 2 de marzo el tributo de renta, el 3 de marzo sobre la reactivación económica para dejar los días 4,5 y 6 de marzo al trámite de mociones pendientes.

El diputado Federico Malavassi pidió separar los asuntos que para él vienen empaquetados en la moción aprobada y que organizó el trabajo, debido a que considera que la variación del horario requiere de una “mayoría super calificada; la misma situación para los días no hábiles; mayoría simple para la prórroga al Plenario y un asunto nulo de hacer un debate reglado donde el Reglamento no lo prevé. Son cuatro asuntos que son totalmente diferentes, estamos incurriendo en una derogación singular del Reglamento”, aseguró Malavassi .

También organizaron el horario, así que el viernes 27 de febrero la sesión iniciará a las 8:45 a.m. hasta la 1:00 p.m.

El miércoles 3 de marzo cinco minutos después de las comisiones con Potestad Legislativa Plena y hasta las 8:00 p.m., el viernes 5 de marzo de 8:45 a.m. a las 4:00 p.m. y el sábado 6 de marzo de 8:45 a 6:00 p.m.

Por otra parte, ayer compareció el Presidente del Banco Central, Francisco de Paula Gutiérrez quien reconoció la importancia y la urgencia de una solución permanente al problema de las finanzas públicas para la estabilidad macroeconómica de mediano y largo plazo del país.

“Vemos con muy buenos ojos la búsqueda de una solución permanente al problema de las finanzas públicas, porque creemos que esa es la única vía racional para estabilizar este país. Consideramos necesaria y urgente la reducción del déficit fiscal; porque la carreta de la estabilidad debe ser jalada por los dos bueyes: fiscal y monetario; y no únicamente depender de una política monetaria muy restrictiva con tasas de interés reales muy altas, porque eso nos lleva a que la deuda sea insostenible. Si no hay apoyo fiscal, desde luego, vamos a seguir dependiendo de la política monetaria, y de la política cambiaría”, puntualizó.

“El concierto del tenor Luciano Pavarotti, trajo beneficios al país, entre ellos se puede destacar el ingreso de 1.155 extranjeros, que dejaron divisas por 381 mil dólares” dijo el Ministro de Turismo Rodrigo Castro, en su comparecencia ante la Comisión de Control y Gasto Público.

Expresó que los beneficios que aporta al país el concierto son invaluables, y se puede constatar los artículos en Internet, con poner la palabra clave Pavarotti en Costa Rica.

El Ministro Castro fue claro en manifestar que las negociaciones para el patrocinio del concierto del tenor italiano, se dieron en primera instancia, en los meses de agosto y setiembre, pero después vino la cancelación de la primera fecha y posteriormente se volvieron a reiniciar posteriormente para la presentación el 31 de enero en el Estadio Nacional.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo, el jerarca del sector inicia las conversaciones para patrocinar actividades, luego una Comisión Técnica le da seguimiento y finalmente los documentos llegan a la Junta Directiva, que es la que aprueba o no dichos patrocinios.

El Instituto Costarricense de Turismo, patrocina muchos y diferentes eventos con el fin de maximizar los recursos y en el caso del concierto de Pavarotti, el objetivo fue llegar al turismo cultural y se logró.

Parte de las preguntas de los legisladores al Ministro de Turismo, Rodrigo Castro, fue sobre los 30 mil dólares en pases de cortesía que dio la empresa Credomatic, si negoció con el contratista Marvin Córdoba entre otros.

La legisladora Epsy Campbell, consultó al Ministro Castro sobre las inexactitudes que se dan entre las declaraciones de los funcionarios de Credomatic y él, en relación con los pases de cortesía.

Alegó la legisladora que Credomatic entregó el paquete de entradas al ICT y se extrañó que el contrato elaborado por la entidad, no se estipulara este monto, el cuál se había convenido en las primeras conversaciones.

El jerarca de Turismo dijo que no había inexactitud, por cuanto los pases o entradas de cortesía, son parte de las negociaciones que se dan en los patrocinios.

Estas entradas de cortesía, se utilizarían para enviárselas a personas y periodistas que tienen relación con el sector turismo, es decir se les iba a dar un uso promocional, sin embargo como se canceló la primera fecha, en conversaciones posteriores, no se habló del numero de entradas.

Incluso, dijo Castro, las entradas de cortesía llegaron al ICT, unos días antes del concierto de Pavarotti, y las que se distribuyeron fueron entre funcionarios del Poder Ejecutivo, autoridades turísticas, de ellas 21 entradas no se entregaron por falta de tiempo.

La legisladora Campbell, le manifestó que en un intercambio de correos entre el asesor Robert y el Gerente de Credomatic, en enero pasado, el asesor del Ministro de Turismo, reclama el monto de las entradas de cortesía, que se habia pactado por 30 mil dólares.

La Defensora de la Mujer, Ligia Martín externó a los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales su férrea oposición al expediente 15.161, reforma a varios artículos del Código de Trabajo que pretende flexibilizar los horarios en la jornada laboral, tras considerar que la propuesta atenta contra los derechos humanos y laborales de los trabajadores.

“Este proyecto excluye la mitad de la población que somos las mujeres. Aquí no se tomó en consideración que jornadas de trabajo como las propuestas aún nos van a relegar del mercado laboral. Sin estos momentos hubiera una igualdad en términos de cumplimiento de la responsabilidad en cuanto a lo doméstico y en el mercado laboral remunerado se podría hablar de una situación diferente porque a lo mejor alguien podría quedarse en la casa”, explicó Martín.

La Defensora destacó que se pretende con la iniciativa desregular las jornadas de trabajo y no flexibilizarlas. Además, no se toma en cuenta otras actividades que desarrollan las mujeres como el cuido y atención de el resto de los miembros de la familia. “Esto nos lleva a afirmar que después de 10 ó 12 horas de trabajo remunerado se supone que las féminas debieran atender las necesidades domésticas reproductivas, lo cual de aprobarse el proyecto afectaría el bienestar físico y emocional de las mujeres”, citó Martín.

Según la Defensora la jornada ampliada de 12 horas disminuiría la posibilidad de estudios nocturnos, por lo que sectores de menor calificación profesional serían los más afectados. De igual forma se verían afectadas mujeres en estado de embarazo o quienes son jefas de hogar.

“Los supuestos días libres no son en ninguna medida, para la mayor parte de las mujeres, destinados a atender las responsabilidades familiares, sino más bien, se abocarían a cumplir con las obligaciones pospuestas por los cuatro días de 12 horas de trabajo”.

Al respecto, la diputada Margarita Penón, quien asistió a la Comisión de Asuntos Sociales manifestó que al igual que la Defensora Martín no avala el estado actual de la iniciativa. “Nosotras con una visión de género podemos entender el impacto profundo en la calidad de vida de las mujeres, así como el choque con los derechos laborales adquiridos”.

Por su parte, la legisladora María Lourdes Ocampo indicó que se deben tomar muy en cuenta los aportes de la Defensora Ligia Martín. “Habría que valorar el hecho de que una persona trabaje cuatro días y descanse tres, más aún en mujeres solas, quienes deben cuidar los niños pequeños. Considero que puede flexibilizar el texto, pero no desregularlo”, acotó Ocampo.

La Comisión que investiga el funcionamiento del Poder Judicial acordó citar a comparecer al expresidente Oscar Arias, para que se refiera a una cita suya, publicada por el Ministro de Cultura Juventud y Deportes, Guido Sáenz.

El Ministro Sáenz en su libro “Piedra Azul: Atisbos de mi vida”, hace referencia, en uno de sus capítulos, a la decisión tomada por los Magistrados de la Sala Cuarta en torno a la reelección presidencial, la primera vez que se presentó una acción al respecto. Al conocer el fallo, el exmandatario, de acuerdo con el libro, expresó que uno de ellos lo había traicionado.

Estas “licencias literarias”, (como las cataloga el Ministro) plasmadas en su autobiografía llenaron de preocupación a los diputados ya que poseen una connotación muy fuerte y deja mal ubicados a los Magistrados de la Sala Constitucional.

El pasado 26 de enero el Ministro Sáenz tuvo la oportunidad de explicar el contexto de sus declaraciones y por qué vincula al Expresidente Arias en estas. Por tal motivo se citará al expresidente a que rinda cuentas ante la comisión y explique esas “licencias literarias”.

También se aprobó una moción propuesta por la diputada Laura Chinchilla Miranda para solicitar al Fiscal General de la República, Francisco D’ Allanesse un informe sobre el estado de la investigación seguida en la fiscalía auxiliar de delitos económicos en torno con los fondos del Programa de Capacitación del Instituto Nacional de Seguros.

“La moción no pretende influir en la forma que se debe resolver este caso, lo que buscamos es expresar la preocupación del riesgo de prescribir sin que haya un fallo” externó la diputada Chinchilla.

Este caso podría estar prescribiendo en unos tres meses por lo que parece oportuno para la congresista hacer el llamado.

La doctora María Antonieta Sáenz, ex decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica compareció ante la comisión y se refirió a la necesidad que tiene el Poder Judicial de fortalecerse.

Sáenz sostiene que esta entidad presenta problemas en cuanto a la lentitud de sus procedimientos consideró que esta institución tuvo buenas intenciones al iniciar el Plan de Mejoramiento de la Administración de Justicia, sin embargo lo ve como una labor sin un norte claro ya que este carece de una metodología clara.

Muchos de los recursos destinados al Poder Judicial no han sido bien empleados. La prueba de eso son las soluciones planteadas como la creación de un mega despacho y la modificación al sistema de diversificaciones. Sáenz estuvo presente cuando se estaban gestando las ideas, sin embargo ella asegura que: “cuando el Poder Judicial gesta posibles soluciones estas no llegan a nada”.

Afirma que “los magistrados no están capacitados para administrar justicia pero si están completamente capacitados para impartirla”, a su vez sugiere que estás tareas se dividan y se deleguen a quienes les corresponda. La intención de las sugerencias planteadas por María Antonieta Sáenz es contribuir con La Comisión para que tenga una inferencia importante en el mejoramiento de la administración de justicia del Poder Judicial.

La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos dictaminó afirmativamente el expediente 15.404 “Creación de un Juzgado Penal de Garabito, un Juzgado Penal de Talamanca y un Juzgado de Familia, de Niñez y Adolescencia”, enviado recientemente por el Poder Ejecutivo.

Esta iniciativa de ley permitirá que los vecinos del cantón de Garabito puedan contar con una atención más inmediata ya que actualmente la jurisdicción territorial de este cantón puntarenense es atendida en las etapas preparatoria e intermedia del proceso penal por el Juzgado Penal de Puntarenas, el cual se ubica muy distante de la comunidad de Garabito; lo que le imposibilita cumplir a cabalidad con sus funciones.

Con este nuevo juzgado penal se facilita el trabajo de la Fiscalía, de la Oficina de Defensa Pública y la Oficina Regional del OIJ en Garabito. Además, permitiría una mejor atención para aquellos asuntos de reos presos y audiencias preliminares, al no depende del traslado de jueces penales de Puntarenas.

Igualmente, los vecinos de Talamanca podrán disfrutar de un servicio de justicia más expedito sin que los funcionarios judiciales deban desplazarse a través de zonas, muchas veces inhóspitas y sin infraestructura vial acorde, que muchas veces inciden en la calidad y prontitud de los servicios.

Este nuevo juzgado penal reduciría el costo económico de traslado a los usuarios tanto de Talamanca como a los de Sixaola, quienes actualmente deben realizar sus gestiones judiciales en el Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, el cual se encuentra distante.

En cuanto a la creación del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia, obedece a la obligación que tiene el Poder Judicial de designar con carácter preferente un juzgado de esta índole en la Provincia de San José para dar cumplimiento a los dispuesto en el transitorio II del Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley N° 7739 del 6 de enero de 1998.

Con este nuevo Juzgado se dará cumplimiento de las garantías a favor de las personas menores de edad, y a la vez, según se establece en el artículo 104 del Código de la Niñez, el derecho que tiene toda persona menor de edad a denunciar una acción cometida en su perjuicio y a ejercer, por medio del representante del Ministerio Público, las acciones civiles correspondientes.

Es importante recalcar también que con la aprobación de esta iniciativa de ley se reafirma el compromiso del Estado costarricense de considerar las condiciones específicas de los pueblos indígenas como su cultura, organización social, idioma y costumbres, entre otros; para procurarles una serie de ventajas en el acceso a los servicios de administración de justicia.

Dicho compromiso fue asumido por el Poder Judicial en la Declaración sobre Acceso a la Justicia de los Indígenas que se derivó de la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia celebrada en México en el año 2002.

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración logró poner una limitante al abuso cometido por muchos extranjeros para obtener la residencia en nuestro país, como es el casarse, sin siquiera conocer al compañero o compañera respectiva.

Este importante paso se dio tras la votación positiva de una moción presentada por el diputado liberacionista Luis Ramírez, al expediente 14.269 Ley General de Migración y Extranjería en la que se pone como requisito a ese tipo de matrimonios, que hayan tenido al menos dos años de vida conyugal.

Específicamente en el artículo 73 de la propuesta de ley se detalla que pueden obtener la residencia del país “el extranjero y sus familiares de primer grado de consanguinidad, que hayan residido en el país por un mínimo de 5 años, o dos años en caso de que haya contraído matrimonio con un ciudadano o ciudadana costarricenses y hayan tenido vida conyugal”.

“Hemos escuchado muchas veces las quejas de los representantes de Migración sobre los abusos que se dan con esta posibilidad que permite la Ley y como de la noche a la mañana, aparecen extranjeros casados con nacionales o viceversa, que ni siquiera se conocen y obligan así a que se les otorgue la residencia”, por lo que con esta propuesta se elimina ese abuso”, detalló el congresista.

La comisión también dio trámite a dos mociones, que le fueron presentadas vía artículo 137, al expediente 14.873 que es la Ley de impuestos municipales del cantón de Pococí y que fueron votadas negativamente.

Por último, se aprobó una moción para que la iniciativa 15.359 Ley de Radiocomunicaciones de Costa Rica, fuera pasada del sexto lugar de la agenda donde se encontraba, al puesto tercero y se envió a una subcomisión que lo estudiará.

La subcomisión quedó integrada por los diputados Carmen Gamboa de la Unidad Social Cristiana, Juan Watson y María de los Ángeles Víquez de Liberación Nacional; esta última coordina el grupo.