Asamblea Legislativa
República de Costa Rica

Conozca la Asamblea

Skip Navigation Linksrecepcion_iniciativas_populares

​​
Iniciativas populares
​​​​​
  
  
  
Digite su Propuesta
Editar
  
Ronald Gutiérrez Gaitán NuevoSan José05/08/2020 12:09
Buenos días
Me gustaría saber como puede participar en un concurso para un puesto en área tecnológica o cualquier área que esté disponible, soy técnico en mantenimiento y de redes; y estudiante de ingeniería en sistemas
EditarNo
Luis Fernando Sanchez ElizondoNuevoGuanacaste05/08/2020 11:49
Por esto estoy molesto los jueces solo apoyan a los mas corruptos de este país ya pague el embargo y esta juez la acuse ante inspección judicial y como era de esperarse tiene libertad de discreción y esta cubierta por la ley pero ella solo apoya a Lafise que tiene mas de 10 años de declarar cero ganancias y evasión de impuestos y el bufete Solem otro corrupto que conociendo de la prescripción solo busca dinero   
Buenas tardes don Luis Fernando.

Queremos ofrecerle un descuento para cancelar. La el Juzgado aprobó intereses, los cuales deben ser cancelados por medio de un segundo embargo salarial (ampliación de embargo salarial), documento que le adjunto.

La Resolución salió por un monto de ¢1.896.104.19, ADJUNTO DOCUMENTO PARA QUE LO VERIFIQUE.
Le ofrecemos cancelar todo con ¢500.000.

Quedo atento a sus comentarios.



EXPEDIENTE: 16-000783-1157-CJ - 0
PROCESO: MONITORIO DINERARIO
ACTOR/A: BANCO LAFISE SOCIEDAD ANÓNIMA
DEMANDADO/A: LUIS FERNANDO SÁNCHEZ ELIZONDO
JUZGADO DE COBRO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA.- A las nueve horas y treinta y
dos minutos del doce de marzo de dos mil diecinueve.-
Se resuelve liquidación de intereses y costas formulada por BANCO LAFISE SOCIEDAD
ANÓNIMA mediante escrito presentado en fecha 01 de noviembre del año 2018;
CONSIDERANDO:
I)- INTERESES: Sobre el capital de UN MILLÓN CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS ONCE COLONES
CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS, por el período comprendido del 19 de agosto del año 2015 al 02 de
mayo del año 2018 (fecha en la que se cancela el capital), a una tasa porcentual fija del cincuenta y
tres con cincuenta y dos por ciento anual, se aprueban los intereses en la suma de UN MILLÓN
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO COLONES CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.
II)- HONORARIOS DE ABOGADO: Respecto de los intereses aprobados en la presente resolución,
los intereses aprobados en resolución del 08:01 11/03/2016 y en la presente resolución, conforme
al Decreto Ejecutivo número Número 39078-JP publicado en la Gaceta N°157 de 13 de agosto
del 2015, se aprueban los honorarios de abogado en la suma limitada por la parte actora de
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE COLONES CON CINCO
CÉNTIMOS.
POR TANTO:
De conformidad con lo expuesto anteriormente se aprueba la liquidación de intereses en la suma de
UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO COLONES CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. Por honorarios de abogado, la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE COLONES CON CINCO CÉNTIMOS.- Elizabeth Rodríguez


EditarNo
Luis Fernando Sanchez ElizodoNuevoGuanacaste04/08/2020 16:18
Hasta cuando debemos esperar para algun Diputado se tome la molestia de revisar los embargos salariales que nos tienen ahogando a una gran mayoría de trabajadores por el abusivo cobro de las financieras corruptas que declaran cero ganancias y evadiendo impuestos por mas de 10 años en complicidad de los corruptos ladrones bufetes de abogados y cubiertos por los corruptos jueces que se cobijan con las leyes que les dan total independencia y criterio
EditarNo
Pool Martinez AbarcaSan José03/08/2020 10:52
El uso del Extintor en Vehículos Y la su obligación en materia de transito.  El extintor es obligatorio pero 1. Si un carro prende fuego, no creo que vaya a la cajuela a sacar el extintor y jugar de bombero para apagar el fuego. Si hay fuego yo me alejo, me pongo a salvo y llamo al 911. Ellos si saben que hacer.... 2.Todo objeto en un auto va en movimiento. Un extintor puede matar porque por lo general el carro no viene de serie con un lugar seguro para el extintor. En caso de un choque, todo lo que no esté amarrado sale volando "ejemplo, la llanta de repuesto" está viene con seguro para que no se mueva. El carro puede tener muchos cosas de seguridad, al no tener un lugar seguro para el extintor, creo que podrá matar a alguien por la desaceleración y este sale disparado. En resumen, el extintor es un dispositivo del cual la mayoría de carros no vienen preparados de fábrica. 3-En el curso teórico no se menciona el uso correcto ni que hacer cuando exista un incendio dentro del automotor.  Mi propuesta es sacarlo de las obligaridad ya que podría poner en peligro la vida mas si no se sabe usar.
EditarNo
Vinicio Rodríguez AcuñaSan José03/08/2020 0:12
proyecto de ley para que sean viernes de jeans en la Asamblea Legislativa
EditarNo
Carlos Porras MoreraSan José02/08/2020 2:12
Siendo puntual me gustaría realizar dos propuestas:
1- Que todo vehículo que circule por las vías nacionales cuente con un seguro obligatorio de cobertura civil de terceros, así en caso de accidente con lesiones o daños sea únicamente el ente asegurador quien asuma la responsabilidad y así no se le recarga a la CCSS. . Me parece que si todos los vehículos tienen esas pólizas el costo se verá reducido. 

2- Otra propuesta es en beneficio del ambiente, creo que si se cobra al consumidor al menos un Colón adicional por cada envase plástico que adquiera en los comercios, el cual es reembolsable en el
mom en que se devuelva vacío, se lograría descontaminar nuestros mares.  De esta manera las personas que acostumbran a tirarlos lo pensarían un poco más y en caso de que lo hagan habrán personas que con tal de cobrar el monto de dediquen a recolectarlos.  Creo que cada empresa que vende el producto envasado sería la llamada a devolver el monto del dinero, así se convierten en recicladoras.
EditarNo
ariel chaverri jimenezCartago31/07/2020 11:52
Es realzar una rotacon de personal en las empresas publicas y privadas, exceptuando en la medida del caso puestos administrativos y ejecutivos, por el tiempo de un mes trabaja un empleado y luego de ese mes es cambiado por otro nuevo para asi facilitar una distribucion mas rapida del dinero y equitativa
EditarNo
Luis Guillermo Vargas SolisSan José28/07/2020 18:52
la propuesta es para controlar de una mejor forma el asunto migratorio en Costa Rica, dando nacionalidad costarricense unicamente
a los niños de padres extranjeros que esten al dia con sus documentos legales para la permanencia en el
pais, y negar la nacionalidad costarricense aquellos niños nacidos en Costa Rica, que sus padres no tengan su documentacion legal al dia, 
ni cuenten con la legalidad de permanencia en el pais y estos niños nacidos de personas en estado de ilegalidad mantengan la nacionalidad de sus madres biologicas, esto para obligar a los extranjeros que quieran dar a luz a sus niños en Costa Rica
a tener su respectiva documentacion al dia y controlar mejor nuestras fronteras, asi como el ingreso y salida
de extranjeros.
EditarNo
Aridalberto Ramirez BustosSan José25/07/2020 14:00
Muy BUENAS tardes diputados y diputadas
por favor externos las siguientes palabras ante sus personas con la fe de que tomen iniciativa creen
una ley de emergencia que faclite la entrega de un porcentaje del ROP en cuotas programadas de
manera mensual parecidas al bono proteger ,tomando en consideracion que son cientos de miles
dde trabajadorres sin empleo despedidos a causas de la pandemia  y sin posibilidades de encontrar
un empleo y de haber sido beneficiado con proteger este ha llegado a sus tres meses de apoyo es
logico que estamos ante una situacion que se tornara critica la cual ya se esta dando se nota con
cuidadanos siendo desalojados ,sin alimentos donde se empieza a notar incremento en asaltos
hurtos,robos en pro de tener como alimentarse y a sus familias ,Entiendo y se que es un fondo creado
ddo como complemento a la pension ,sin embargo estamos ante una situacion excepcional y unica  a
aa nivel mundialy si ustedes no protegen a quienes los elegimos para ser nuestros defensores el el
ppoder legislativo quienes lo haran ,adopten las mismas elecciones que chile ayuden a los costarricense
aa subsistir y por encima de todo a mantenerse en sus casas,caso contrario veran mucha gente engrosando la lista como  
hhabitantes de la calle soportando hambre y en especial arriesgando sus vidas y sera gente trabajadora
yy humilde que sera expuesta por no tener recursos a pesar de tenerlos en las operadoras y que se le niega a ser entregados
aa pesar que les pertenecen,diputados y diputadas urgen que creen es ley de entrega de estos fondos
 propomgo que gestionen una ley que entregue el 20 porciento del acumululado hasta el momento
ccomo cuotas similares al bono proteger a todos aquellos llas que fuimos despedidos a razon dela pandemia
pporque solo este grupo por ser los de mayor riesgo en este momento de vivir en la calle y para lo que el pais no tiene una solucion
vviable:ejemplo el 20 porciento de 4 millones es un millonen cuotas de 125 milno solo ayudan a estas familias y personas sino
qque liberarian al gobierno de la responsabilidd del bono proteger ,ademas de no tener opciones de empleo
pfalta de oportunidades laborales,sin embargo esta es la poblacion de mayor prioridad,luego estan los de contratos suspendidos
qque aunque no tienen ingresos si tienen un empleo que eventualmente recuperaran,luego los de media jornada y estos aunque pocos pero tienen ingresos
cconsideren que habemos muchos que no tenemos de donde sobrevivir ya ,todos hemos sacrificado
cttodos hacemos esfuerzo entonces que exime a esta soperradoras de entregarnos parte de nuestrs recusos
ssi son nusetras porderecho propio y maxine en una situacion apremiante  como esta de lapandemia
aademas se puede estar comprobando si alguno delos beneficiados ya esta obteniebdo ingresos por medio de un empleo al cruzar la informacioncon la base de contribucion de la CCSS
yy asi suspender de forma inmediata en beneficio de entrega,
EditarNo
Nain Castillo LedezmaPuntarenas21/07/2020 18:34
Buenas tardes señores Diputados. Un cordial saludos ! Soy un colaborador más en este país del sector turístico en la Hoteleria. Definitivamente la oleada de asesinatos en contra de las mujeres estando hospedada en Hoteles a venido a la alza en los últimos años afectando la visita de millones de turistas que nos visitan. Esto pone en peligro el ingreso de millones de colones y el trabajo de miles de familias que nos dedicamos al turismo. Mi propuesta es simple, aprobar una ley que aplique a TODAS LAS EMPRESAS DE HOSPEDAJE EN GENERAL donde se establezca que para que una empresa pueda contratar a X persona está primero deba ser sometida a un examen psicológico que venga de un profesional de la salud que bien bien podría ser contratado por el mismo Hotel y ser parte de su planilla. Con eso se contrataría a personas equilibradas emocionalmente y no a cualquier persona. Agradezco tomen en cuenta mi propuesta. Muchas gracias
EditarNo
María Angélica Galdámez DíazHeredia21/07/2020 14:13
Buenas tardes:

Soy Angélica Galdámez, cédula 1-1137-0031, actualmente vivo en Chile y quiero plantearle una iniciativa para mitigar la crisis económica que viven las familias costarricenses.

Desde hace un mes por iniciativa de las agrupaciones de izquierda y centro izquierda, plantearon el retiro del 10% de los fondos de pensiones administrados por las Asociaciones de Fondos de Pensiones (AFP), similares a las Operadoras de Pensiones en Costa Rica.

Aprovechando que el tema del ROP está siendo estudiado para su modificación, podría analizarse un posible retiro de recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones, una única vez por motivo excepcional de la pandemia.

En el caso de Chile, es un 10% del fondo de pensiones (similar al ROP), con un mínimo de 1 millón de pesos y un máximo de 4 millones de pesos, retiro universal (incluyendo los que viven en el extranjero) sin pago de impuestos, incluyendo a los jubilados, en independencia con otras ayudas estatales y con reposición de esos fondos por parte del Estado en el mediano plazo.

Además, si un afiliado tiene menos de 1 millón, se le da la posibilidad de extraer todos sus ahorros.

Un dato adicional: en Chile las AFP's administran el 100% de las pensiones de los afiliados (no existe un componente solidario como la CCSS), además invierten en fondos con diferentes niveles de riesgo (en CR está normado como pueden invertir y el nivel de riesgo, en Chile no).

$ 1.000.000 Pesos chilenos = 753.774 Colones

$ 4.000.000 Pesos chilenos = 3.015.095


https://chile.as.com/chile/2020/07/16/actualidad/1594919386_072909.html
https://www.t13.cl/noticia/politica/comision-del-senado-aprueba-retiro-del-10-pensiones-viene-ahora-2

https://youtu.be/AVJuiuIkn94

https://youtu.be/Yblynp-louE

https://youtu.be/HKCxEdH8kSA

Felices y forrados es una agrupación de expertos que le recomiendan a la gente como dinamizar su pensión, utilizando el sistema (que es más liberal que el nuestro).

Mi opinión, es que una propuesta de este calibre, podría ayudar a las familias costarricenses a sobrellevar la crisis económica producto de la pandemia, y los que no tengan ROP podrían ser los beneficiarios meta del bono proteger.

Saludos cordiales,



Angélica Galdámez

Viña del Mar, Chile
EditarNo
Jorge Castillo Calderón San José20/07/2020 20:56
Limitaciones de los gastos de representación o viáticos de los miembros de la asamblea legislativa, fijados no como un importe fijo mensual, sino bajo justificación, así como teléfono y cualquier otro gasto establecido como fijo, además de criterios de manejo estricto de la asistencia a las sesiones por medio de sanciones por ausentisml
EditarNo
Jorge Castillo Calderón San José20/07/2020 20:52
Establecimiento de mecanismo de justicia en el cual, bajo criterios legales y fundados, la inmunidad pueda ser levantada a cualquier funcionario sin necesidad de que este deba renunciar a la misma
EditarNo
Jorge Castillo Calderón San José20/07/2020 20:49
Modificación a los requisitos para ser diputado de la República
EditarNo
Joany Vargas GarroSan José19/07/2020 15:28
Que a los trabajadores desempleados y suspendidos laboralmente  se les asigne una mensualidad de su pensión ROP mientras este sin trabajo

EditarNo
Daniel Moraga LeonSan José16/07/2020 8:23
hola, mi propuesta es hacer una ley o modificar la existente en el tema de herencias,
en propiedades de personas de bajos recursos, casas de bien social, adulto mayor, pensionados, etc.
a los cuales es muy dificil o imposible pagar los honorarios de un notario y esto facilmente puede llevar
a que las personas pobres pierdan las propiedades donde viven, perpetuando la pobresa familiar.

mi propuesta es ayudar a las personas de escasos recuersos o de casas de bien social para poder procesar una herencia sin pagar o pagar un monto mas acorde a la realidad de estas personas.

ejemplo mi familia, yo no puedo pagar el notario para que mi mama herede la propiedad que mi abuela por testamento, mi mama es pencionada como 150 mil al mes, madre soltera con dos hijos, los cuales no hemos logrado recoger esa cantidad de dinero, esto es complicado porque hasta para la modificacion de servicios publicos se necesita la firma del dueño de la propiedad que en este punto esta fallecida.

gracias
EditarNo
Juan Jose Murillo BolañosAlajuela15/07/2020 14:02
Mi propuesta es la siguiente: es reformar la ley en lo que tiene qué ver con la Policía dándoles la facultad de defenderse antes de que los agredan como en Estados Unidos de Norteamérica, no es posible que nuestros policías lleguen a parar las fiestas que se Armán dónde sea para detener los contagios ayudándonos y los mismos salgan agredidos apedreado heridos con arma blanca y baleados basta ya señores diputados reformen ésta ley  no puede seguir pasando esto con nuestros policías
EditarNo
Luis Fernando Sanchez ElizondoGuanacaste15/07/2020 13:03
Propongo que se intervenga la sala cuarta o constitucional siempre dicen lo mismo solo que esta vez un Magistrado si tiene conciencia.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO HERNÁNDEZ
GUTIÉRREZ. El suscrito Magistrado salva el voto y ordena dar curso al amparo.

me gustaría estudien esta resolución de la Sala constitucional para que se gestionen las correcciones necesarias para que se nos entregue el RPO y el FCL en un solo tracto

EXPEDIENTE N° 20-012374-0007-CO
PROCESO: RECURSO DE AMPARO
RESOLUCIÓN Nº 2020013270
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San
José, a las nueve horas quince minutos del catorce de julio de dos mil veinte .
Recurso de amparo interpuesto por LUIS FERNANDO SÁNCHEZ
ELIZONDO, cédula de identidad 0107170161, contra la
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SUPEN) Y OTROS.
Resultando:
1.- Por escrito recibido a las 13:28 horas del 9 de julio de 2020, el
recurrente interpone recurso de amparo sin indicar expresamente contra qué
autoridad lo formula, pero suministrando suficientes elementos para inferir que
acciona contra la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES Y OTROS, y
manifiesta lo siguiente, en resumen: que solicita se le entreguen los fondos del
régimen obligatorio de pensiones complementarias (ROP) y el fondo de
capitalización laboral (FCL) en un solo tracto, ya que considera inconstitucional
que una persona como Rocio Aguilar, la SUPEN y las operadoras de pensiones
decidan sobre su dinero, sin argumentos técnicos o profesionales válidos,
aduciendo que él no sabe cómo manejar o administrar su dinero. Alega que eso a
ellos no les importa y reitera que como no tienen un argumento válido técnico y
profesional se inventan esas estupideces que ofenden a todos y todas las personas
que trabajaron durante muchísimos años ahorrando y dicho sea de paso de forma
obligatoria porque fue una arbitraria y prepotente del Gobierno; y esto con la
finalidad de seguramente favorecer a partidarios y amigos empresarios y
EXPEDIENTE N° 20-012374-0007-CO
Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poderjudicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos
de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6
funcionarios de ese entonces, pero jamás fue pensando en la población trabajadora,
porque si el dinero no lo retiran por algún motivo se quedan con ese dinero. Aduce
necesitar esos fondos ahora que está con vida, o de lo contrario que le sea devuelto
en un solo años, que se divida la cantidad acumulada del ROP en 12 meses y se
entregue por mes, incluyendo los intereses, y el FCL se entregue completo cuando
corresponda, pero sin hacerle ningún rebajo.
2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala
a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su
presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser
manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio
suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción
de una gestión anterior igual o similar rechazada.
Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,
Considerando:
I.- SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE RETIRAR LA TOTALIDAD DE
LOS FONDOS DEL ROP. Esta Sala, al resolver sobre la constitucionalidad de
los artículos 22, 23, 24 y 25, así como el Transitorio XIII, de la Ley de Protección
al Trabajador, Nº 7983 de 16 de febrero de 2000, en sentencia N° 2014-003343 de
las 15:05 horas del 11 de marzo de 2014, dispuso lo siguiente:
"A partir de la reforma efectuada mediante la Ley de Protección al
Trabajador, Nº 7983 de 16 de febrero de 2000, nuestro sistema de
pensiones está integrado por cuatro pilares: a) El régimen básico de la
Caja Costarricense de Seguro Social, así como los fondos especiales o
sustitutos; b) El régimen obligatorio de pensiones complementarias; c)
El régimen voluntario de pensiones complementarias; y, d) El régimen
no contributivo. Según detallaron la Procuradora General de la
EXPEDIENTE N° 20-012374-0007-CO
Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poderjudicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos
de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6
República, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, así como el
Superintendente a.i. de Pensiones, el régimen obligatorio de pensiones
complementarias fue ideado con el propósito de formar un capital que
permita a los trabajadores dependientes o asalariados tener un ingreso
adicional a las prestaciones de los regímenes básicos, elevando con ello
su calidad de vida. El Superintendente a.i. de Pensiones, en su escrito de
coadyuvancia, describió el régimen de la siguiente manera: '(…) El
legislador de la ley 7983 optó por diseñar este régimen obligatorio de
pensión complementaria, conocido como ROP, como de contribución
definida, capitalización individual y de gestión privada (…) En los
sistemas de contribución definida, lo que se conoce de antemano es la
contribución, en el caso costarricense el 4,25 % del salario, los
beneficios dependen del nivel de ahorro que cada afiliado ha logrado
acumular en su cuenta individual, el cual se ve afectado directamente
por el monto del salario y los años que logre ahorrar en el sistema, sin
que exista mecanismo alguno de solidaridad inter generacional ni
tampoco de redistribución entre grupos de diferentes ingresos (…)'. De
este modo, es posible afirmar que los recursos acumulados en los fondos
del régimen obligatorio de pensiones complementarias, son propiedad
privada afectada al cumplimiento de un fin: garantizar la existencia de
una pensión adicional a la del régimen básico que permita elevar la
calidad de vida de las personas trabajadoras. Así, el legislador
estableció una limitación a la propiedad privada para lograr la
consecución de un fin legítimo, en el marco de nuestro Estado Social y
Democrático de Derecho...
[...]
EXPEDIENTE N° 20-012374-0007-CO
Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poderjudicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos
de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6
VIII.- Tal y como se desprende de los numerales 22 al 25 de la Ley de
Protección al Trabajador, Nº 7983 de 16 de febrero de 2000, una vez
cumplidos los requisitos para acceder al beneficio, el trabajador puede
disponer del dinero acumulado, contratando una renta permanente con
la operadora de pensiones que él haya designado -de no haberlo hecho,
por defecto la del Banco Popular y de Desarrollo Comunal- o
comprando una renta vitalicia a una aseguradora (artículos 11, 12 y 23
de la Ley de Protección al Trabajador). Adicionalmente, vía
reglamentaria se agregó a las opciones el denominado retiro
programado. Es importante tomar en cuenta que de elegir una renta
permanente, a tenor de lo preceptuado por el numeral 25 de la Ley de
Protección al Trabajador, luego de disfrutar los intereses del capital, en
caso de muerte del afiliado, el saldo se entregaría a los beneficiarios; en
lo que respecta a la renta vitalicia, según lo preceptúa el ordinal 24 del
cuerpo normativo citado, el capital se dedica a la compra a una entidad
aseguradora, precisamente, de una renta vitalicia de acuerdo con varias
modalidades. Por último, en el retiro programado, el afiliado o
beneficiario contrata con su operadora una renta periódica que surge de
dividir cada año, el capital para la pensión por el monto del valor
actuarial necesario unitario (valor de una unidad de pensión) (ver
Reglamento Nº 8242 de 26 de marzo de 2010). No debe perderse de
vista, que al trabajador se le brinda la oportunidad de escoger la
operadora de pensiones y la empresa aseguradora -de acuerdo con las
ventajas que cada una de ellas ofrezca-, así como la forma en la cual
disfrutará los réditos o bien el capital. Esto quiere decir, que el titular
del derecho no es despojado de su propiedad, simplemente -dada la
EXPEDIENTE N° 20-012374-0007-CO
Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poderjudicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos
de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6
afectación que se mencionó-, se ve obligado a dedicar la misma a
adquirir una pensión complementaria, según las posibilidades descritas.
Resulta lógico y razonable que, por regla general, no sea posible
retirar la totalidad de los recursos acumulados en la cuenta individual,
pues se desvirtuaría la naturaleza de la pensión, para convertirla en
una especie de ahorro o depósito a plazo; igualmente, el cumplimiento
del fin para el cual el régimen obligatorio de pensiones
complementarias fue creado, estaría en peligro, al posibilitar a los
trabajadores y trabajadoras disponer de los recursos con un objetivo
distinto. En suma, el régimen obligatorio de pensiones
complementarias perdería su sentido y funcionalidad. Por la
importancia social del tema, debe traerse a colación, y por eso se
transcribe de forma parcial, la Exposición de Motivos presentada junto
con el proyecto de ley, al disponerse:
'10. Un modelo costarricense.
Pero como ya lo señalamos, las diferencias entre la reforma
costarricense, y las emprendidas por países hermanos, van mucho
más allá de las cuestiones de proceso, e incluyen los aspectos
medulares de la reforma. Se trata, y lo decimos con todo orgullo,
de una reforma 'a la tica'.
Mientras que otros países optaron por la privatización de sus
sistemas de pensiones, en Costa Rica estamos proponiendo un
sistema mixto, con participación tanto del sector público como del
sector privado.
Mientras que otros países decidieron utilizar de forma exclusiva los
sistemas de ahorro individual, eliminando el componente solidario
EXPEDIENTE N° 20-012374-0007-CO
Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poderjudicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos
de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6
de sus sistemas de pensiones, el sistema costarricense es también
en este sentido mixto, apoyándose de manera fundamental en un
régimen de ahorro colectivo, administrado por la Caja
Costarricense del Seguro Social, pero complementándolo con
cuentas individuales, tanto de ahorro obligatorio como de ahorro
voluntario.
Mientras que en otros casos los costos fiscales de la reforma fueron
exorbitantes, en Costa Rica recurrimos a la redistribución de
cargas ya existentes, de manera que sin un aumento en las cargas
sobre las planillas, logramos resolver los problemas financieros del
sistema.
Vemos pues, en que consiste la reforma del sistema de pensiones
que estamos proponiendo.
11. La reforma en breve
Los principales componentes de la Reforma de Pensiones contenida
en este Proyecto de Ley son los siguientes:
Reformar y reforzar el primer pilar
En este proyecto, se fortalece a la Caja Costarricense del Seguro
Social, dotándola de mejores instrumentos para combatir la
morosidad, la evasión y la subdeclaración. Al mismo tiempo, se
establecen una serie de mecanismos para despolitizar la
institución, y garantizar un mejor manejo de las inversiones del
Fondo de Reserva, que en adelante estará supervisado por la
Superintendencia de Pensiones y rendirá informes periódicos ante
un Comité de Vigilancia que actuará en representación de los
cotizantes.
EXPEDIENTE N° 20-012374-0007-CO
Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poderjudicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos
de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6
Crear un segundo pilar de ahorro obligatorio
Este pilar, que se financiará enteramente mediante la
redistribución de cargas sociales ya existentes, consiste en el
establecimiento de cuentas individuales de ahorro para la pensión,
que vendrán a complementar las pensiones otorgadas por el
Régimen de IVM. Estas cuentas serán supervisadas por la
Superintendencia de Pensiones, administradas por las Operadoras
de Pensiones libremente seleccionadas por los trabajadores, y
operarán bajo la figura de Fondos de Pensiones, separados
patrimonialmente de las Operadoras, garantizando de esta manera
la más estricta salvaguarde de los fondos de los trabajadores.
Fortalecer el tercer pilar
El tercer pilar del sistema nacional de pensiones está constituido
por cuentas individuales de ahorro voluntario. En este proyecto, se
clarifican y consolidan una serie de incentivos para estimular el
desarrollo de este tipo de ahorros.
Ampliar la cobertura del cuarto pilar
Finalmente, se sientan las bases para la ampliación de la cobertura
de las pensiones para los costarricenses más pobres, fortaleciendo
administrativa y financieramente las pensiones no contributivas
que administra la CCSS.
12. La transformación del auxilio de cesantía
El auxilio de cesantía fue concebido como un mecanismo que le
permitiera a los trabajadores contar rápidamente con un ingreso al
concluir una relación laboral, de manera que el trabajador tuviera
EXPEDIENTE N° 20-012374-0007-CO
Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poderjudicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos
de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6
medios para atender sus necesidades durante el período de
búsqueda de un nuevo empleo.
Sin embargo, este auxilio no ha pasado de ser una expectativa de
derecho, cuya realización requiere de largas disputas en los
tribunales, lo que impone altos costos para todos los participantes,
y desde el punto de vista del trabajador desvirtúa completamente el
propósito del auxilio.
Mediante este Proyecto de Ley, el Auxilio de Cesantía será
transformado. Una parte de las obligaciones patronales,
equivalente al 5,33 por ciento de los salarios, seguirá rigiéndose
por la normativa actual, pero el resto, equivalente al 3,00 por
ciento de los salarios, será depositado en una Cuenta de
Capitalización Laboral, que será propiedad indiscutible de los
trabajadores. Una vez al año, los aportes correspondientes al 2,00
por ciento de los salarios serán trasladados al Fondo de Pensiones
que haya sido seleccionado por el trabajador, mientras que el resto
de los aportes, junto con sus rendimientos, quedarán en el Fondo
de Capitalización Laboral.
El dinero acumulado en el Fondo de Capitalización Laboral le será
entregado al trabajador en el momento en que concluya su relación
laboral, cualquiera que sea la causa del cese. El dinero acumulado
en el Fondo de Pensiones, junto con sus rendimientos, se utilizará
para financiar una Pensión Complementaria cuando el trabajador
se acoja a su jubilación.
13. Síntesis: una reforma necesaria, justa, legítima y sólida, sin
costo adicional para los costarricenses.
EXPEDIENTE N° 20-012374-0007-CO
Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poderjudicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos
de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6
En síntesis, el Proyecto que estamos sometiendo a consideración de
los señores y señoras diputadas, se enmarca en las más profundas
tradiciones políticas costarricenses, y honra la memoria de los
hombres y mujeres que lograron establecer una república
democrática, solidaria y próspera.
Es un proyecto que nace del diálogo nacional. Que no representa
intereses de grupo o partido, sino los de la comunidad nacional.
Que combina los ideales de solidaridad social y justicia individual.
Que une los esfuerzos y aportes de patronos y trabajadores, de
sector público y de sector privado. Y que como mérito adicional,
resuelve los principales problemas financieros del sistema nacional
de pensiones mediante una mejor utilización de los recursos ya
existentes, sin establecer cargas adicionales sobre las planillas.
Se trata, en suma, de un proyecto de ley que ha de ser la piedra
angular de la nueva reforma social, que nos permitirá enfrentar el
nuevo siglo como una sociedad justa, pacífica, solidaria, y
próspera'.
En virtud de lo expuesto, el retiro de la totalidad de los recursos es
una excepción dentro del sistema. El artículo 20, de la Ley de la
Protección al Trabajador, establece que: '(…) Cuando un trabajador no
se pensione bajo ningún régimen, tendrá derecho a retirar los fondos
de su cuenta individual al cumplir la edad establecida vía reglamento,
por la Junta Directiva de la CCSS. En este caso, los beneficios se
obtendrán bajo las modalidades dispuestas en este capítulo. No
obstante, la Junta Directiva de la CCSS podrá establecer un monto por
debajo del cual puede optarse por el retiro total (…)'. Aunado a esto, el
EXPEDIENTE N° 20-012374-0007-CO
Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poderjudicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos
de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6
Transitorio XIII, de la Ley de Protección al Trabajador, estipula que
'(…) Los afiliados al Régimen Obligatorio de Pensiones
Complementarias que se pensionen dentro de los diez años siguientes a
la vigencia de esta ley, podrán retirar la totalidad de los fondos
acumulados en sus cuentas en el momento de pensionarse. (…)'. En
criterio de esta Sala Constitucional, la distinción que en el fondo efectúa
el transitorio -entre quienes se pensionen antes o después de los diez
años de vigencia de la Ley de Protección al Trabajador- no es
discriminatoria y menos antojadiza, como se ampara. De conformidad
con lo explicado por la Procuraduría General de la República y la
Superintendencia General de Pensiones, la distinción se sustenta en el
hecho que, antes de diez años, no habría suficiente dinero ahorrado
para garantizar un beneficio a los trabajadores por un monto suficiente
ni la rentabilidad a las empresas que participan en el nuevo mercado.
La diferenciación no es arbitraria, y por ende la distinción es legítima,
pues existen circunstancias objetivas que la respaldan. A mayor
abundamiento, debe tenerse presente que, en ejercicio de la potestad
conferida al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero,
por el párrafo tercero del artículo 22 de la Ley in fine, se emitió el
Reglamento de Beneficios del Régimen de Capitalización Individual, Nº
8242 de 26 de marzo de 2010, en cuyo artículo 6 se posibilita el retiro
de la totalidad del capital, siempre y cuando el cálculo mensual del
monto de la pensión a recibir, determinado por un retiro programado
personal -parámetro de referencia- sea menor a un 10 % del monto de la
pensión otorgada del régimen básico al cual pertenece el trabajador.
Como se puede apreciar, se permite el retiro de los recursos
EXPEDIENTE N° 20-012374-0007-CO
Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poderjudicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos
de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6
acumulados, en aquellos supuestos en donde los parámetros técnicos no
se cumplan, de tal forma que se asegure la sostenibilidad del beneficio y
el cumplimiento de los propósitos del régimen. Por otra parte, debe
quedar claro, que la composición del ahorro para el Régimen
Obligatorio de Pensiones Complementarias, tal y como se dijo por la
Procuraduría General de la República, en el Dictamen C-130-2000, del
9 de junio del 2000, es un régimen cuya fuente de financiación está
constituida por los recursos que se señalan en el artículo 13 de esta ley,
mediante un aporte mixto, en el cual el trabajador abona sólo el uno por
ciento del mismo. Por otra parte, debe resaltarse, también, que la Ley de
Protección al Trabajador, establece dos fondos de diferente naturaleza
jurídica y regulación, concretamente: el Fondo de Capitalización
Laboral (artículo 3) y el Fondo Obligatorio de Pensiones
Complementarias (artículo 9). El primero, surge de un derecho social de
naturaleza no salarial, que no forma parte de los seguros sociales y no
representa una pensión; y, el segundo, se basa en una contribución
forzosa del empleador y del trabajador, es obligatorio, universal y tiene
como objetivo la obtención de una pensión, a la cual, como ya se
expuso, se accede cuando se cumplan los requisitos del Régimen de
Invalidez, Vejez y Muerte que administra la Caja Costarricense de
Seguro Social (artículo 73 constitucional) o del régimen sustituto al que
el trabajador haya pertenecido. Así, el Fondo del Régimen de Pensiones
Obligatorias, se formará con aportes equivalentes al 4,25% de los
sueldos y salarios pagados al trabajador, de cuyo porcentaje, sólo el 1%
es aportado por el trabajador y el resto por el patrono. Tal aporte,
conforme a la Ley de Protección al Trabajador, de desglosa de la
EXPEDIENTE N° 20-012374-0007-CO
Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poderjudicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos
de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6
siguiente manera: a) Un 1% de salario del trabajador (artículo 3, inciso
a); b) El 0.25 % del aporte patronal al Banco Popular y Desarrollo
Comunal (artículo 3, inciso b); c) Un aporte del 1.5% de aporte
patronal sobre sueldos y salarios pagados (artículo 3, inciso c); y, d) Un
1.5% de aporte patronal calculado sobre el salario mensual del
trabajador -cesantía- (artículo 3, inciso d). Finalmente, debe acotarse,
que el Derecho Constitucional o Fundamental a la Seguridad Social se
trata de un derecho universal inherente a todo ser humano, reconocido
no sólo por nuestra Carta Magna (artículo 73), sino por el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, incluida la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (artículo 22); y, en donde el bien
jurídico se satisface mediante una responsabilidad compartida. De esta
forma, el Estado Social de Derecho está enfocado al mejoramiento de la
calidad de vida de la población a través del equilibrio y la protección
social para lograr una justa distribución de la riqueza y
reinvindicaciones sociales, lo que genera mejores condiciones de vida
de los ciudadanos. Así, la solidaridad, universalidad, integralidad,
participación, igualdad, obligatoriedad, subsidiaridad, equidad,
suficiencia y sostenibilidad, se constituyen en principios o garantías del
Derecho Fundamental de la Seguridad Social; que, en criterio de esta
Sala Constitucional -protectora de los derechos humanos-, se
conculcarían con el acogimiento de la acción y la declaratoria de
inconstitucionalidad de la Ley de Protección al Trabajador". (El
resaltado con subrayado no es del original; véase en el mismo sentido la
sentencia 2017011665 de las 09:15 horas del 21 de julio de 2017).
EXPEDIENTE N° 20-012374-0007-CO
Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poderjudicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos
de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6
Por ello, el mero hecho de que no se le permita al recurrente retirar la
totalidad del monto acumulado en el ROP, en sí mismo, no vulnera sus derechos
fundamentales.
II.- SOBRE LA PROCEDENCIA DEL RETIRO TOTAL DE LOS
FONDOS DEL ROP: MATERIA DE LEGALIDAD ORDINARIA. Definido
esto, si la parte recurrente juzga que, de acuerdo con la legislación vigente, reúne
los requisitos legales y reglamentarios para poder retirar los fondos del ROP de
forma total, se le hace ver que la Sala no puede hacer las veces contralor de la
legalidad de las actuaciones o resoluciones de una operadora de pensiones, a efecto
de determinar, con fundamento en la normativa legal y reglamentaria aplicable, si
procede o no hacer el citado retiro, pues se trata de materia de legalidad ordinaria
que corresponde discutir en la vía común y no por medio de un amparo.
III.- SOBRE EL RETIRO DE LOS FONDOS DEL FCL. Aunado a ello,
tampoco es competencia de este Tribunal el usurpar las atribuciones de la parte
recurrida y, previa comprobación de los requisitos legales y reglamentarios del
caso, ordenar que se le apruebe al tutelado la entrega del FCL que desea. En este
sentido, como los extremos en cuestión son propios de la legalidad ordinaria y
deben dirimirse en la vía común, lo correcto es que la parte recurrente, si a bien lo
tiene, exponga sus inconformidades o reclamos ante la parte recurrida o en la vía
jurisdiccional competente, sedes en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el
fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el recurso es
inadmisible y así se declara.
IV.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO HERNÁNDEZ
GUTIÉRREZ. El suscrito Magistrado salva el voto y ordena dar curso al amparo,
conforme las mismas consideraciones vertidas en ese momento por la mayoría de
EXPEDIENTE N° 20-012374-0007-CO
Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poderjudicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos
de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6
esta Sala en la Sentencia No. 2014-3343 de las 15:05 hrs. de 11 de marzo de 2014,
a saber, las siguientes:
"(…) I.- La Sala Constitucional en su jurisprudencia ha delineado
un concepto amplio del derecho de propiedad (consagrado por el
artículo 45 de la Constitución Política y reconocido por el artículo 21 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Así, en la
sentencia No. 2008 – 008713 de las 09:06 hrs. de 26 de mayo de 2008,
se explicó:
‘(…) La Sala desarrolla en su doctrina jurisprudencial criterios
que amplían el derecho a la propiedad privada, aún más que lo que
señala la legislación infra-constitucional como el Código Civil, para
incluir todos los intereses apreciables de un individuo, que alcancen un
valor económico en otras leyes individuales. De ahí que, el contenido de
la propiedad privada es la posibilidad de poseer de forma exclusiva de
una cosa, de gozar de ella y disponer de la misma sin más limitaciones
que las que la Ley disponga o la que imponga por propia voluntad su
dueño. Ciertamente, la Sala reconoce que no siempre se puede interferir
en las facultades que posee el propietario, como es la posesión, el uso y
goce, transformación, disposición, defensa y reivindicación de los
bienes, pues no se puede afectar el contenido esencial sin derecho a una
indemnización. Sin embargo, el Estado en aras de buscar un equilibrio
social puede establecer una serie de regulaciones normativas, como
prohibiciones o la imposición de deberes sobre los titulares, sobre todo
en el ejercicio de facultades supracitadas. En tal sentido, han sido
examinados por esta Sala Constitucional los casos de los plazos sobre
los derechos a la propiedad intelectual, del patrimonio histórico,
EXPEDIENTE N° 20-012374-0007-CO
Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poderjudicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos
de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6
natural, forestal, de propiedades cercanas a los aeropuertos, entre otros,
en los cuales el uso y transformación de la propiedad está legítimamente
limitado (…)’(el énfasis no pertenece al original).
Si bien, tal y como se resalta en el pronunciamiento citado,
conforme a la norma constitucional es posible establecer limitaciones al
derecho de propiedad, éstas, además de efectuarse conforme a las
exigencias del artículo 45 de nuestro supremo cuerpo normativo, deben
respetar el principio de proporcionalidad, uno de los cimientos del
Estado Democrático de Derecho.
II.- En la sentencia No. 2000 – 3021 de las 08:57 hrs. de 14 de
abril de 2000, este Tribunal se refirió al principio de proporcionalidad
como parámetro para determinar la razonabilidad – y con ello la
legitimidad - de la limitación de los derechos fundamentales:
‘(…) La idoneidad se traduce como la adecuación del medio al
fin, es decir, que la norma debe ser apta para alcanzar efectivamente el
objetivo pretendido. La necesidad se refiere a la índole o magnitud de la
limitación que por ese medio debe soportar un derecho o libertad, de
manera que entre una variedad de medios posibles el elegido debe ser
aquel que represente una limitación menor. La proporcionalidad
significa que, aunque el medio elegido sea el que represente una
limitación menor, esta limitación debe ser proporcionada, es decir, no
podrá ser de tal magnitud que implique vaciar de su contenido mínimo
esencial el derecho o libertad en cuestión (…)’.
Esta triple condición (idoneidad, necesidad y proporcionalidad en
sentido estricto) debe cumplirse al momento de analizar una limitación
EXPEDIENTE N° 20-012374-0007-CO
Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poderjudicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos
de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6
de un derecho fundamental, bastando el irrespeto de uno de estos
subprincipios para tener la medida como ilegítima.
III.- Desde nuestro punto de vista el dinero acumulado por el
trabajador en sus cuentas individuales de los fondos de pensiones
complementarias es propiedad privada. El artículo 9 de la Ley de
Protección al Trabajador califica el régimen como de capitalización
individual, a diferencia de los regímenes básicos diseñados como de
capitalización colectiva, a la luz del principio de solidaridad, inmanente
en todo el Título IV de nuestra Constitución Política ‘Derechos y
Garantías Sociales’. Nótese que, en el considerando noveno de la
exposición de motivos del Reglamento de Beneficios del Régimen de
Capitalización Individual, acta de la sesión No. 842 – 2010 del
CONASSIF de 26 de marzo de 2010, el Consejo Nacional de Supervisión
del Sistema Financiero de forma contundente indica:
‘(…) A diferencia de los regímenes con cargo a los presupuestos
públicos y los de capitalización colectiva, los aportes y los rendimientos
acumulados en las cuentas de los regímenes de capitalización individual
son propiedad de los afiliados, propiedad que se encuentra legalmente
afecta al cumplimiento de un fin: el pago de una pensión o jubilación a
través de los productos de desacumulación previstos por la ley, o por
medio de otras modalidades que, según el último párrafo del artículo 22
de la Ley 7983, autorice el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema
Financiero (…)’ (el énfasis no pertenece al original).
No debe perderse de vista que los recursos son generados durante
la vida laboral del trabajador. No se trata de una regalía o de una
concesión del patrono – en lo que respecta al porcentaje con el cual
EXPEDIENTE N° 20-012374-0007-CO
Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poderjudicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos
de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6
aquél contribuye - sino de un verdadero derecho que forma parte del
patrimonio del trabajador, pudiendo gozar de él, una vez cumplidos los
requisitos para optar por la pensión del régimen básico. Vale la pena
destacar que – según se desprende de la exposición de motivos del
proyecto de Ley de Protección al Trabajador – del 3.25 % que debe
aportar el patrono, 3% integraba antes el auxilio de cesantía, pasando a
integrar ahora el Fondo de Capitalización Laboral; de ese 3%, la mitad
constituye el denominado ahorro laboral, mismo que se entrega al
trabajador cuando sea cesado o bien cada cinco años (artículos 3 y 6 de
la Ley de Protección al Trabajador). Así las cosas, antes de la citada
Ley dicho 3% formaba parte, de forma íntegra, del auxilio de cesantía,
posibilitándose el goce de los recursos en caso de terminada su relación
laboral; luego de promulgada dicha norma, los trabajadores,
verdaderamente, se vieron privados de disponer libremente de 1.5%, ya
que – según se verá más adelante – pese a engrosar sus cuentas
individuales de los fondos de pensiones complementarias, deben
disfrutar de ellos sólo a través de los mecanismos que el Estado les
permite".
A la luz de lo anterior, estimo que las limitaciones a los recursos ahorrados
en las cuentas individuales de los trabajadores, en los términos del Régimen
Obligatorio de Pensiones Complementarias, pueden violentar los principios de
proporcionalidad y razonabilidad constitucionales y constituir una limitación
ilegítima, por excesiva, al derecho de propiedad privada. Por consiguiente,
considero que debe continuarse con la tramitación de este recurso.
V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene
a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o
EXPEDIENTE N° 20-012374-0007-CO
Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poderjudicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos
de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6
pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico,
informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías,
estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles
contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será
destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo
dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial",
aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo
XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así
como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la
sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se rechaza por el fondo el recurso. El magistrado Hernández Gutiérrez salva
el voto y ordena dar curso al amparo.
Fernando Castillo V.
Presidente
Nancy Hernández L. Jorge Araya G.
Anamari Garro V. Jose Paulino Hernández G.
EXPEDIENTE N° 20-012374-0007-CO



EditarNo
Juan J Tapia GuzmanSan José15/07/2020 10:51
Propongo se reduzca o suspenda la jornada laboral a los Empleados Públicos sin necesidad de aprobación en la asamblea,ya esta en el Codigo de trabajo y la constitucion.
Así como a los del sector privado se les aplico a unos ,porque no a todos.
Que el proyecto de empleo publico sea claro en este punto.
EditarNo
SERGIO ARIAS MENESESSan José13/07/2020 19:43
Con referencia al proyecto de ley 22081, pareciera que no cumpliría con el objetivo deseado de la reducción del gasto público por los siguientes motivos, una persona que gane ¢1.500.000 al mes con la reducción se supone de 15 por ciento de la jornada que se traduce a 5 días  por lo que su salario disminuye en ¢250.000. Debemos recordar que a los empleados públicos se les deduce el Impuesto sobre la Renta de forma automática y de igual manera lo correspondiente a la CCSS 9.84 por ciento esto significa que si hoy la deducción por el salario completo  indicado de renta es por la suma mensual de ¢79.350 y de la CCSS ¢147.600, corresponde en disminución de jornada un salario de ¢1.250.000 renta disminuye en ¢37.500 y CCSS en ¢24.600, con  todo esto se busca por lo tanto disminuir la contribución estatal a la CCSS y el ingreso por renta viene a la baja. En fin el salario bruto y con el las deducciones, no conocemos exactamente cual es el efecto en las finanzas pero pareciera que tiene más que ver con las obligaciones del Estado con la CCSS porque a menor salario menor contribución solidaria . EN DIVERSAS OCASIONES EL ESTADO PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ESTA NATURALEZA CREO CONTRIBUCIONES ESPECIALES QUE RESULTAN MAS EFECTIVAS AL EJECUTARLAS DIRECTAMENTE EN EL SALARIO GRAVADO. EL PROYECTO 22081  pareciera 81 Y ADEMASDEBIDO A QUE EL COSTO DE ADMINSITRACIÒN DE LA DISMINUCIÒN  L     
EditarNo
Guillermo Vindas VasquezSan José13/07/2020 18:37
Pandemía Controlada. Sería mejor infectar a grupos controlados y pagar hoteles y médicos mientras les pasa el efecto del virus. Hay muchos que no les esta importando infectarse. Ok. Se les llama y se les infecta a todos esos que quieren salir a la calle, pero de manera controlada. Se analiza su expediente medico y si no tiene síntomas de riesgo se agrupa en hoteles, gimnasios o cualquier otro lugar y  se da una Pandemía controlada en personas que quizás la pueden soportar. Se les brinda vigilancia. Puede ser mejor esto que regalar dinero a personas que quizas ni necesitan. Es mejor gastar en hospedajes, comida, etc.  Quizás de esta forma podamos salir adelante de una manera más rápida y no lo que esta pasando, que no se sabe ni donde esta el foco de contaminación.
EditarNo
Alberto Courrau QuesadaSan José12/07/2020 12:55
Debemos modificar el Código Municipal, en su artículo 20, para evitar que esta figura tenga un salario tan grande que provoque un abuso salarial
DDica modificación solo es de sacar voluntad política de las diferentes fracciones por Costa Rica, por el presupuestos de las Instituciones municipalies
EditarNo
Francisco Córdoba Solis San José10/07/2020 21:07
Estimados diputadas y diputados   leí en el periódico la extra  un comenta que hace la señora Rocio Aguilar superintendente de pensiones, que iba a gastar 9 millones en una estupida encuesta sobre como usaron los fondos del rop retirados por un grupo de pensionafos,es importante que ustedes señores legisladores le indiquen a esta señora que se deje de charlatanerias, es un dinero muy nuestro y como tal somos nosotros quienes tenermos el derecho de decidir como queremos utilizarlo lar
EditarNo
JOSE HGONZALEZ FERNANDEZSan José10/07/2020 15:25
ACTUALMENTE SE POMNEN REDUCTORES DE VELOCIDAD (muertos) EN CUALQUIER LUGAR SIN QUE EXISTA REQUISITOS Y CONDICIONES PARA HACERLOS. SE REQUIERE UNA LEY QUE LOS REGULE E IMPONGA QUE SI SE HACEN DEBEN PINTARSE OBLIGATORIAMENTE CON PINTURA FOSFORECENTE. MUCHAS ACCIDENTE OCURREN POR LO MISMO.
EditarNo
Fernanda Barbosa Vargas MoreiraSan José10/07/2020 14:17
Vengo a pedir que Costa Rica haga excepciones para parejas solteras y familias binacionales, para que puedan ingresar al país incluso con las fronteras cerradas. A través, por supuesto, de todas las medidas de salud y seguridad impuestas por el país. No he visto a mi prometido en seis meses y no tengo idea de cuándo será posible. Compré un boleto porque planeamos casarnos en Costa Rica en abril de 2020, pero debido al cierre de la frontera no pude viajar. Mi vida está completamente detenida. Algunos países europeos ya han hecho excepciones y el asunto aún se está discutiendo en el parlamento europeo. Permítame encontrar a mi prometido para que podamos continuar con nuestras vidas. Este es un momento de gran dificultad y angustia, especialmente si no tenemos personas que amamos a nuestro lado. Costa Rica ha mantenido el virus bajo control actuando de manera muy responsable. Nunca lo pondría en riesgo, me comprometo a seguir las medidas impuestas para poder ingresar al país y estar con mi prometido.
Muchas gracias.
EditarNo
Luis Fernando Sanchez ElizondoGuanacaste09/07/2020 12:44
propongo que se le permita a cada trabajador que decida que hacer con el ROP y el FCL y sugiero que realicen un tipo de encuesta  por medios electrónicos donde se tome en cuenta la decisión de los trabajadores y que no sea como lo indica rocio aguilar y la supen y las operadoras de pensiones porque claramente ellos solo buscan su propio bienestar y seguir llenando sus bolsillos con nuestro dinero y todos los argumentos que exponen son totalmente estúpidos como es posible que los diputados permitan salarios de mas de 3 millones de colones   
EditarNo
Gonzalo Rodríguez MejíasAlajuela09/07/2020 9:37
Cómo puedo comunicarme con la diputada Shirley Díaz para hacerle una consulta sobre el proyecto
22.071?
Gracias
EditarNo
Gerardo Alpízar Saborío Heredia04/07/2020 9:17
Crear una Comunidad Económica Rico-Panameña que integre los dos países en un modelo de Desarrollo Conjunto que incluya educación, economía, salud, infraestructura, turismo, importaciones y exportaciones.
EditarNo
Plamen Cubillo KomarovovaSan José04/07/2020 1:53
Ante la emergencia del COVID-19 urge hacer una reforma al Artículo 40 de la Ley General de Salud N°5395, en Costa Rica solamente se consideran profesionales en Ciencias de la Salud a personas con grado mínimo de Licenciatura en Farmacia, Medicina, Microbiología Química Clínica, Odontología, Veterinaria, Enfermería, Nutrición y Psicología Clínica. Esto no incluye a expertos y profesionales en campos como los ingenieros en biotecnología o los biólogos con especialización ya sea en biología molecular, genética o fisiología. Haciendo una reforma a la anterior ley se podrían incluir esas profesiones también en el área de salud, ya que cuentan con suficientes conocimientos para tratar a pacientes al menos hasta cierto punto o también pueden hacer pruebas clínicas y moleculares como laboratorista médico, lo que ayudaría ademas a reducir las listas para los exámenes de sangre por ejemplo y por supuesto hacer exámenes que puedan detectar el COVID-19. En esta época de emergencia es fundamental realizar esta reforma y ante un posterior agravamiento de la situación va a ser necesario reforzar los campos médicos
EditarNo
Starley Jose Corella AmadorAlajuela03/07/2020 13:50
Cambiar la Ley Constitutiva de Caja de Ande para que el trabajor pueda elegir si pertenece o no a Caja de Ande. Rebajan un 5% del salario bruto mensual de cada trabajador de forma obligatoria. Con los nuevos cambios en el salario base inenbargable muchos funcionarios del titulo 1 no pueden acceder a los creditos de dicha entidad pero por ley se les aplica el rebajo.
EditarNo
Jimmy Soto MontielSan José03/07/2020 12:08
Cambiar el nombre de la moneda, por uno que no enaltezca a un colonizador. Podríamos optar por opciones más representativas de nuestra riqueza natural (como Guatamela lo hace con el Quetzal), o resaltar nuestros héroes nativos como Presbere (como lo hace Honduras con el Lempira).
EditarNo
Mario Vinicio González FernándezSan José02/07/2020 6:23
Me gustaría saber si los diputados de la Asamblea Legislativa estarían de acuerdo en una modificación a la constitución para permitir el plebiscito revocatorio contra el presidente de la república.
EditarNo
Luis A. Ramírez ZúñigaHeredia29/06/2020 11:25
Me preocupa la porpuesta aceptada al parecer por lAalugnos señores Diputados sobre el ROP, para aquellos que nos pensionamos entre el 2020 y 2023 (diciembre), ya que quedamos con pagos de polaco. Me parece a todas luces una grocesría y siguen las operadoras teniendo nuestro dinero que nos pertenece ye igualmente la Supen cancelando salrios altos. Porque no ajustan la administración de las operadoras sus costos de operación y los de misma Supen. Porpongo que nos den la posibilidad de elegir entre el retiro total o parcial al menos el 50 % del fondo.. 
No permitan señores diputados que nos de la Supen como dicen atolillo ocn el dedo, cuando es algo que nos pertenece y que no lo quieren dar con el llamado criterio técnico, pero no aplica para la Supen y las operadoras en sus gastos y ganancias..
EditarNo
Jorge Hernandez BadillaSan José29/06/2020 9:47
Solicito que analicen los prodcutos que fueron excluidos de la canasta básica para desahogar el bolsillo  del pueblo en estos tiempos tan dificiles.
muchos panes( cuadrado,Hamburguesa, Hotdog )y  otros y productos fueron excluidos y la clase media y baja viven de esos productos .
pequeños negocios y frabricas dependen de estos productos.
por Amor a pueblo vuelvan a exonerarlos
EditarNo
Oscar Castillo MurilloSan José25/06/2020 10:53
Buenos días
Debido a la discusión del Proyecto de Ley que se está discutiendo sobre la forma de poder entregar y si bien es cierto entregarlo por cuotas es una buena opción para encontrar un balance entre la entrega a los ahorrantes y se mantenga el fondo de manera saludable, considero que se podrían analizar las siguientes opciones:
a) En caso de personas con enfermedades terminales que no estén pensionadas, se debería permitir retirar al menos el 70% del ROP y así permitirle a estas personas utilizar para sus gastos en la situación de salud o bien para ayudar a su familia.
b) En caso de personas desempleadas actualmente, sería importante permitirles la opción de escoger entre recibirlo por cuotas mensuales o bien retirar el 50% y así poder iniciar un emprendimiento o negocio (Condicionado a ser con asesoría de la Banca para el desarrollo) y el otro 50% cuando se vayan a pensionar.
De antemano gracias por considerar estas observaciones.



EditarNo
Luis Morera SalasAlajuela23/06/2020 16:29
Propuesta para activar Asamblea Nacional Constituyente por parte del congreso, para responder jurídicamente y legalmente a las circunstancias actuales del país, en beneficio de la seguridad social y el desarrollo del país, con mi persona como participe de tal proceso.
EditarNo
Carlos Alberto Nuñez Solano San José23/06/2020 16:15
Proyecto de ley que permita señalar en la inscripcion del bien inmueble (vehiculo) a un beneficiario actualmente si el propietario fallece es complicado disponer del vehiculo o venderlo ya que todos los herederos tienen derechos 
EditarNo
Luis Fernando Sanchez ElizondoGuanacaste23/06/2020 13:25
propongo se mitifique el articulo 20.1 del código procesal civil que deben de ser autenticadas por un profesional en derecho, esto es una discriminatorio de parte de la justicia para que uno se pueda defender de los embargos en relación a las prescripciones porque jamas podríamos defendernos de tan abusivo sistema judicial y de los corruptos bufetes como solem y pom gestores que apoyan a las corruptas financieras lafise y beto le presta porque a pesar de cobrar exagerados intereses y acosar y hostigas a familiares y amigos con cobros y amenazas son tan sinvergüenzas y corruptos que declaran cero ganancias para evadir los impuestos que a uno si le cobran y con creses espero terminen con toda esta corrupcion e injusticia    
EditarNo
JORGE SEGURA AGUILARAlajuela22/06/2020 16:55
PROYECTO DE LEY PARA DEJAR EL MISMO PRECIO QUE TIENE EN ESTE MOMENTO COVID LA CAJA DE SEGURO SOCIAL Y AUMENTAR EL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES PARA FINANCIAR A LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, LA IDEA DE BAJAR EL MONTO DEL SEGUROS DE INVALIDEZ Y MUERTE ES QUE AUMENTEN LOS NÚMEROS DE COTIZANTES Y HACER ESTO POR LOS DOS PRÓXIMOS AÑOS 2021 Y 2022 LA IDEA BASICA ES UNIVERSALIZAR LA COBERTURA Y QUE LAS CLASES DE MENOR INGRESO TENGAN COBERTURA CON LA cAJA DE SEGURO SOCIAL, LA MEDIDA DEL AUMENTO DE COMBUSTIBLES SERIA IGUAL SOLO POR AÑOS ADEMAS ESTABLECER EN LA CAJA DE SEGURO SOCIAL SERVICIOS PRIVADOS DE OPERACIONES PRIVADAS A EXTRANJEROS CLINICA,OPTICA, SERVICIOS DE ODONTOLOGOS QUE LA CAJA CONTRATE HOTELES O ALQUILE OFICINAS EN AREA METROPOLITANA O EN PROVINCIAS CERCANAS Y QUE ESTOS SERVICIOS SE DEN FUERA DE LOS HOSPITALES DE COSTA RICA, QUE TAMBIEN LA CAJA DE SEGURO SOCIAL PUEDA ALQUILAR QUIROFANOS Y OFICINAS Y BODEGAS EN CLINICAS PRIVADAS PARA DAR ESTE SERVICIO DE CIRUGIAS A EXTRANJEROS ESTE PROYECTO ES PARA FINANCIAR LA CAJA DE SEGURO SOCIAL 
EditarNo
Ivannia Bendig ZamoraLimón20/06/2020 7:14
Laboro para la CCSS como médico general, de 7 a 4. Debido a la pandemia muchas consultas se realizan por zoom o tel o presencial. Yo propongo disminuir horario temporalmente , hasta las 3 pm; ese dinero se puede utilizar para apoyar a los que pierden su trabajo.
EditarNo
Harold Wahrmann SalazarHeredia19/06/2020 11:38
Propongo para recortar el gasto público, reducir el salario de los diputados, eliminar subsidio de celular, gasolina y limitar a no más de 2 asesores por individuo. Así como reducir el salario a altos jerarcas del gobierno como presidentes ejecutivos, magistrados, jueces y otros altos directivos. No más carros de uso discrecional, ni choferes. No más alquileres usureros para enriquecer más a la familia Desanti. Los funcionarios en el extranjero trabajan sólo 25 horas a la semana, pagarles de acuerdo a las horas laboradas o que trabajen las 40 horas de jornada normal. Cambiar la ley y enviar a la cárcel a los grandes evasores de impuestos y confiscar bienes. Pero a éstas propuestas harán oídos sordos, ya que el fin de los políticos es joder a cualquiera menos a ellos.

EditarNo
Carlos Dario Salas BolañosHeredia19/06/2020 8:39
Quiero que los traficos puedan gestionar las multas cobrando en el momento que el usuario cometa una falta sin que se le retiren las placas, si andan trabajando deberian andar dinero para poder pagarla sin que se le interfiera en su trabajo como por ejemplo dejarlo sin placas para conducir. El proceso seria el mismo sansionar al conductor pero si tiene la posibilidad de pagar la multa de momento poder hacerlo sin que se le retiren las placas o vehiculo. Asi se ahorran todo el dificil proceso de retirarlas, las largas esperas, usuarios molestos e.t.c.
EditarNo
Hugo Vinicio Salazar JiménezSan José19/06/2020 7:54
Que se establezca pena de cadena perpetua para violadores de niños y niñas con edad igual o menor a 12 años.
EditarNo
Eduardo Caballero AlvarezSan José19/06/2020 2:36
Elecciones
Presidente.
Por mayoría de votos, como esta especificado actualmente.
Debe haber cumplido con la carrera de Introducción a Administración política impartida en las universidades o derecho.

Modo de votar
El TSE crea una app para votaciones. El votante se presenta a la mesa de votación, se identifica y el sistema le asigna una PassWord. El votante ingresa el número de cedula, PW y podrá votar digitalmente en el mismo formato de la papeleta física. Todo aposento donde se encuentren una mesa de votos cuenta con una cámara de video que puede usarse para verificar si la persona se presentó. Además, el votante debe plasmar su firma de que recogió la PW.
Los votos van a una base de datos del TSE y el recuento es casi inmediato finalizada la jornada de votación.
Se debe formar grupos de apoyo en las escuelas para atender y enseñar a las personas que quieran usar este método de votación.
Las campañas electorales se dan por erradicadas y cada agrupación realizará un plan de gobierno en audio, lesco y video que se subirá a la app del TSE, solo esa información será suficiente para que todos los ciudadanos se den por enterados del pensamiento de cada partido político. Los debates que ejecutará el TSE y los subirá a la APP. Se evitará la influencia de discursos manipuladores, falsa propaganda y debates manipulados por los medios de comunicación privados.
La información subida al APP del TSE puede ser utilizada con buen fin por los diferentes medios de comunicación sin que la reproducción genere algún tipo de remuneración.
Queda absolutamente prohibido hacer o reproducir cualquier tipo de comentario o video de propaganda por parte de cualquier ciudadano por medio de las redes sociales.
Absolutamente prohibido realizar plazas publicas o visitas a las comunidades. Ya que el candidato debe estar previamente a su candidatura enterado de los problemas que enfrenta la población en general.

Diputados.

Requisitos para optar a la candidatura de diputado. Además de su especialidad, debe ser abogado o llevar la carrera Introducción Administración Política (Programa impartido en las universidades).
El TSE debe diseñar un curso de inducción a la diputación con las materias que crea conveniente y que se impartirá a nivel universitario. La persona que finalice esta carrera obtendrá un grado profesional de doctorado.
Los diputados serán elegidos mediante elecciones por voto digital en cada partido.
En la aplicación se colocará espacios suficientes con el apartado “Partido neutro”. En donde ciudadanos independientes de cualquier partido pueda ser votado y optar por elección popular a candidato a diputado.
La asignación de las curul será de la misma manera que esta estipulada por cociente y residuo con el siguiente cambio.
Una curul no puede ser asignada a un grupo político si su residuo es menor a los votos recibidos por alguno de los partidos que no alcanzaron el subcociente. En este caso el escaño será otorgado al partido que quedo fuera del subcociente, pero sus votos son más que el residuo del partido que alcanzó el cociente o subcociente.
(El partido que supere el residuo sin haber alcanzado el subcociente obtiene una curul.)

Los ministros.
Serán nombrados por el presidente antes de realizarse las elecciones. Los nombres deben aparecer en el APP del TSE con su respectivo currículum.
Deben ser profesionales en el ministerio que les corresponda y contar con una especialidad en dicha rama. Debe subir a la App  del TSE el plan de administración del ministerio que pretende dirigir.
Un partido no debe andar buscando o reciclando personal por que ganaron las elecciones y no se lo esperaban.

El gobierno.
Los diputados y ministros son empleados públicos por lo tanto no obtendrán beneficios salariales o de pluses diferentes a los demás empleados públicos.

EditarNo
Héctor Guillermo Lara Murillo Alajuela18/06/2020 18:29
Mi Propuesta es que el Rop se le debe de Entregar a la persona una vez que le corresponda su retiro de pension , mi criteriio es que es algo personal es un peculio de cada persona y nadie debe indicarle o condicionarlo de como lo  va a utilizar  ya una pesona que  esta para su retiro es lo suficientemente responsable y sabra como utilizar algo que es de  sus  años que laboro y el que lo manejen otras personas o iintituciones privadas o publicas  es  como si le hiciieran un hurto de su dinero
EditarNo
Oscar Jara VargasSan José18/06/2020 14:40
Ante el alarmante incremento del desempleo anunciado por el INEC de un 4,4%  en el sector formal anunciado en un 15,7%de desempleo,  resultados que reflejan cerca de 379 mil personas sin empleo en el país, número que se suman a la proyección de más de 300 mil personas que en el 2019 se mantenían en el mercado informal y tomando en cuenta que a partir del mes de Julio 2020 un gran porcentaje de las personas que en este momento tienen reducción de jornada o suspensión de contrato perderán su trabajo debido a la lenta reactivación económica se puede especular que el próximo mes el desempleo crecerá a más del 20%.
La CCSS se enfrentara a un panorama catastrófico al disminuir las cuotas obrero patronal que afectan no solo el funcionamiento de los servicios médicos sino también los cálculos actuariales del régimen de pensiones de CCSS. Según proyecciones de la CCSS se espera un impacto financiero del COVID de 757.000 millones en sus finanzas.
El Ministerio de Hacienda ya anuncia afectación tributaria por 214.000 millones solo en el mes de mayo, y es de esperar que conforme pasen los días la afectación será mayor debido al cierre de empresas y a la destrucción de puestos de trabajo y la lógica disminución en el consumo interno.
La única forma de disminuir la afectación generada por la crisis sanitaria es frenando el desempleo y protegiendo las empresas privadas para evitar la destrucción de puestos de trabajo. Hay que entender que según se anuncia alrededor del 80% de las PYMES están en peligro de desaparecer.
Al proteger los empleos se protege el consumo interno del mercado y se frenaría el descalabro financiero del Hacienda y de la CCSS.
Objetivo de la propuesta:
1. Apoyar a las empresas nacionales durante el periodo de reactivación económica
2. Incentivar mantener los empleos y empresas dentro de la economía formal
3. Evitar la destrucción de puestos de trabajo
4. Evitar el despido de personal de empresas en peligro de desaparecer.
5. Incentivar el pago al día de las cuotas obrero patronales
6. Proteger la capacidad adquisitiva del mercado de consumo interno.
7. Incentivar la formalización de las empresas y trabajadores informales.
Propuesta.
Por un periodo de 2 años prorrogable a un año extra, se permitirá a las empresas nacionales aplicar un crédito fiscal de 50.000,00 colones aplicable a la declaración de Impuesto al Valor Agregado del mismo mes, por cada empleado reportado en las planillas de la CCSS siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos
1. Estar al día con la CCSS.
2. Estar al día con todos los impuestos nacionales.
3. Los trabajadores deben al menos ganar el salario mínimo.
4. No se deben incluir para el incentivo los trabajadores en suspensión de contrato o con jornadas reducidas.
5. No podrán acceder al incentivo las empresas en régimen de zonas francas.
6. El crédito fiscal solo podrá ser aplicado al IVA, de esta forma solo aplicara al impuesto generado por el consumo interno nacional. Y no se podrá aplicar a ningún otro impuesto.
Ejemplo:
Una empresa PYMES con 15 empleados a tiempo completo con salarios por encima del salario mínimo podrá acceder a un crédito fiscal de 750,000.00 colones, aplicable en la declaración de IVA del mismo mes.
Este incentivo significaría para esta empresa la diferencia entre despedir uno o más empleados o no hacerlo.
Como es sabido es la costumbre de declarar las cuotas obrero patronales en la primera semana del mes y el impuesto IVA el día 15 de cada mes. Con esta mecánica las empresas se verán incentivadas a pagar al día la CCSS para poder acceder al beneficio de un Credito fiscal declarable mes a mes y aplicable en el mismo mes.
Para el Ministerio de Hacienda es aún más importante evitar el cierre y despido de la fuerza laboral ya que depende completamente del consumo y las transacciones económicas que se lleven a cabo en territorio nacional. Si bien es cierto que el incentivo significa una inversión importante en la salud financiera de las empresas costarricenses, Hacienda recuperara la inversión por medio de los impuestos generados por el consumo interno generado por las transacciones económicas de los costarricenses que se mantendrán en el mercado laboral formal.
Es importante aclarar que la crisis económica ha afectado a todas las empresas tanto pequeñas y medianas como también a las grandes empresas, y esta propuesta también debe incluir a las grandes empresas, porque estas si bien es cierto tienen un mayor musculo económico para superar la crisis económica también ese musculo económico la brinda posibilidad de sustituir la fuerza laboral por nuevas tecnologías de inteligencia artificial y acelerar el paso a la robotización de la fuerza laboral, un ejemplo en nuestro país es el CHATBOT del Poder Judicial, esto no significa que se deba bloquear el acceso a la cuarta revolución industrial, sino que la crisis pone en riesgo mayor a los trabajadores no calificados y la crisis económica y sanitaria podría ser el último empujón que necesitan las grandes empresas para dar el salto a la automatización de la fuerza laboral.  
EditarNo
Irena Kocherzhinsky Kocherzhinska San José18/06/2020 6:59
Multas para las motos sin silenciadores.
EditarNo
Jose Alexander Aguero MoyaLimón16/06/2020 16:38
Que estudien sobre el ROP.  Es un beneficio para nosotros pero no es para que hagan fiesta, malas inversiones. No gana uno buenos intereses, uno pierde y la entidad gana. Le echan la culpa a la pandemia.
EditarNo
ARCELIO ALBERTO HERNANDEZ MUSSIOSan José16/06/2020 10:05
PROYECTO DE LEY

MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO DE TRABAJO

Expediente N. ____________

Exposición de Motivos
El presente proyecto de ley tiene como fin hacer valer el derecho que tiene todo trabajador a que un porcentaje de su salario no sea objeto de ningún tipo de gravamen, en respeto al derecho a su dignidad y su propia subsistencia y la de su núcleo familiar. Actualmente, el artículo 172 del Código de Trabajo impone un límite al porcentaje del salario que se puede afectar por embargo, pero en la práctica, los juzgados de pensiones alimentarias no respetan esa limitación aduciendo que lo que hacen no es un embargo, sino una retención salarial.

Debido a lo anterior, se propone agregar una oración que ha de indicar que esa limitación incluye toda afectación al salario por concepto de retención salarial, la cual no podrá, en ningún caso, ser superior al cincuenta por ciento del salario del trabajador. Ello no obsta para que se pueda perseguir otros bienes en el patrimonio del deudor alimentario, pero respecto de su salario, hay compromisos del Estado costarricense para respetar su derecho a conservar un porcentaje, como lo dice la Convención OIT 95 sobre Protección del Salario, de 1949 (núm. 95), ratificado mediante Ley de la República número 2561 del 11 de mayo de 1960, cuando dispone que se debe salvaguardar un porcentaje del salario del trabajador “en la proporción que se considere necesaria para garantizar el mantenimiento del trabajador y de su familia.”

En el caso de Costa Rica, la legislación, específicamente el artículo 172 del Código de Trabajo, protege un cincuenta por ciento del salario del trabajador contra embargos, pero al no incluirse otros tipos de afectaciones salariales, esto ha dado lugar a que los juzgados de pensiones alimentarias no respeten límite alguno, de hecho hay casos en que se ordena retener la totalidad del salario, en violación de sus derechos y de los compromisos adquiridos por Costa Rica.

Es indudable que el derecho de recibir alimentos es un derecho fundamental. Así lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional. No obstante, es también un derecho fundamental del demandado el poder conservar una parte de su salario para cubrir su propia subsistencia y la de su familia. Desde la constitución de la OIT, en 1919, esta organización ha promulgado una serie de principios generales que las legislaciones laborales de cada país deben cumplir, los cuales pueden adaptarse y diferir en cada caso, pero respetando los principios universales establecidos en los convenios internacionales. Estos principios promueven la paz social por medio del pago adecuado de ingresos.

La cantidad de personas directamente involucradas en procesos de fijación de cuotas alimentarias ha venido en aumento, actualmente hay más de doscientos mil expedientes.
 
Figura 1. Distribución de personas actoras y demandadas según sexo, según página oficial del Poder Judicial.


Detrás de cada uno de esos expedientes, hay una historia personal, familiar y social, que involucra a un número importante de la población nacional. El Estado tiene el deber de proteger a la familia, según el mandado constitucional del numeral 51 de la Constitución, y se trata de una materia muy sensible. La protección de las partes más vulnerables puede llevar, en algunas ocasiones, a invisibilizar la tragedia individual de aquellas personas que trabajan largas jornadas, pero ven casi la totalidad de su salario afectado por una cuota alimentaria que sobrepasa su capacidad, lo cual puede tener su origen en varios factores, entre ellos, el hecho de que en Costa Rica no todas las autoridades judiciales fundamentan las cuotas con datos objetivos.

Según el diario La Nación, en un artículo del 6 de junio de 2019, en Costa Rica hay 490.000 personas que ganan menos del salario mínimo.  Y en El Financiero, en un reportaje del 19 de abril de 2019, un 70% de los trabajadores costarricenses ganan menos de 450.000 colones al mes. Esta situación en la actualidad puede agravarse debido a la Emergencia Nacional decretada a raíz de la pandemia, pues es predecible que muchas personas verán sus jornadas laborales reducidas, con lo que sus ingresos también se verán disminuidos, lo que hace que este proyecto de ley atienda a una situación de urgencia y necesidad, con interés nacional.

Entre los objetivos que el Convenio OIT 95 para la protección del salario contempla, tenemos que  se trata de un instrumento que ha de servir para orientar la política de los Estados miembros, en temas como el salario y su protección ante afectaciones desproporcionadas, así tenemos que “el pago al empleado de un salario adecuado para mantener un razonable nivel de vida, tal y como ello se concibe en su tiempo y país” y medidas destinadas a garantizar a todas las personas una justa distribución de los frutos del progreso y un salario mínimo vital para todos los que tengan un empleo para proteger ese salario contra los “descuentos salariales, el embargo de los salarios o las garantías salariales, en caso de quiebra”.

Se considera necesario que la persona que trabaja reciba normalmente su salario en efectivo para que pueda disponer de él para su subsistencia, que se le pague regularmente y a intervalos lo suficientemente cortos para que pueda vivir de sus ingresos y no necesariamente sobre una base de crédito, “que se le proteja contra todo descuento injusto o arbitrario de sus ganancias nominales”.

Es para lograr los objetivos de paz y bienestar social, que se promulga el Convenio OIT 95. Este convenio establece, en su artículo 10, que “no puede embargarse o cederse sino en la forma y dentro de los límites fijados por la legislación o la reglamentación nacional”. Estipula también que el salario deberá estar protegido contra su embargo o cesión, en la proporción que se considere necesaria para garantizar el mantenimiento del trabajador y de su familia.

El hecho de que los juzgados de pensiones alimentarias no respeten el porcentaje que establece el artículo 172 del Código de Trabajo de un cincuenta porciento como límite para la afectación del salario neto de un trabajador, porque alegan una diferencia terminológica entre “embargo” y “retención salarial” pone de manifiesto la necesidad imperiosa de legislar al respecto, para evitar esa grosera violación al derecho a una vida digna del trabajador y a un porcentaje del salario, producto del trabajo. Esta legislación ha de servir para detener de manera definitiva la violación a los derechos fundamentales de quienes dependen de su salario para su subsistencia, al no dejar lugar para dudas de que la limitación del artículo 172 del Código de Trabajo incluye afectaciones por concepto de retención salarial, sin perjuicio de que se pueda perseguir cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles, y otros activos de su patrimonio, tal y como lo permite la actual legislación.

 
Figura 2. Monto promedio de las cuotas alimentarias en Costa Rica, según página oficial del Poder Judicial.

El fundamento de esta disposición es similar al relativo a los descuentos, es decir, debe existir una proporción del salario del trabajador que sea absolutamente esencial para su propio mantenimiento y el de su familia y debe ser, por esta razón, inmune al embargo o a la incautación.

El referido Convenio OIT 95 sobre la protección al salario, indica en su artículo décimo lo siguiente: 

Articulo 10
1. El salario no podrá embargarse o cederse sino en la forma y dentro de los límites fijados por la legislación nacional.
2. El salario deberá estar protegido contra su embargo o cesión en la proporción que se considere necesaria para garantizar el mantenimiento del trabajador y de su familia.

El Código de Trabajo costarricense, en atención a estos convenios internacionales, tiene un capítulo dedicado a la protección del salario, el “CAPÍTULO CUARTO. Del salario y de las medidas que lo protegen”.

Allí encontramos los siguientes artículos de interés:

ARTÍCULO 171.- El salario se pagará directamente al trabajador o a la persona de
su familia que él indique por escrito, una vez hechas las deducciones y retenciones
autorizadas por el presente Código y sus leyes conexas.

ARTÍCULO 172.- “[…] Sin embargo, todo salario será embargable hasta en un cincuenta por ciento como pensión alimenticia. Por salario se entenderá la suma líquida que corresponda a quien lo devengue una vez deducidas las cuotas obligatorias que le correspondan pagar por ley al trabajador. Para los efectos de este artículo las dietas se consideran salario. Aunque se tratare de causas diferentes, no podrá embargarse respecto a un mismo sueldo sino únicamente la parte que fuere embargable conforme a las presentes disposiciones.

Como se puede observar, el espíritu de esta norma es evitar la injusticia de quitarle a un trabajador un porcentaje de su salario que violente su dignidad y su propia subsistencia.

Existe un derecho fundamental a la propia subsistencia, siendo que los mismos valores que buscan proteger en las personas beneficiarias de una pensión de alimentos, cobijan también a los alimentantes. El derecho a la vida, a la salud y a un medioambiente sano y equilibrado, son derechos inherentes a todo ser humano. El artículo 173 inciso 1) del Código de Familia nos dice que no hay obligación de dar alimentos en la medida en que afecte este derecho a la propia subsistencia.

En el derecho comparado, tenemos que el Tribunal Supremo español se ha pronunciado en al menos dos ocasiones en tiempos recientes en relación con la fijación de la pensión de alimentos en el mínimo vital (de 150 a 200 euros). En la Sentencia de 12 de febrero de 2015 ese máximo órgano jurisdiccional sostuvo que “En casos de penuria económica del padre, lo normal será reducir la pensión a un mínimo que contribuya a cubrir los gastos más imprescindibles del menor, y sólo con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, podrá acordarse la suspensión de la obligación”. Ese caso en particular era un supuesto en el que se daban las siguientes circunstancias: el padre tenía cubiertas sus necesidades de vivienda y percibía subsidio por desempleo que, a pesar de escaso (426 euros) y gravado (por incumplir sus obligaciones alimenticias), no supone carencia total de ingresos.

No obstante, en el caso que se analizó poco tiempo después, en Sentencia de 2 de marzo de 2015 el demandado no recibía ningún tipo de ayuda pública ni tenía ingresos. El obligado alimentario presentó una solicitud para que se acordase la suspensión de la obligación hasta tanto percibiese algún tipo de ingresos. Esa solicitud fue desestimada por el Juzgado. Tras el recurso de apelación, la Sección Quinta de la AP de Cádiz dictó Sentencia el 16 de diciembre de 2013 en la cual se ordenó suspender temporalmente la pensión alimenticia hasta que el padre obtenga ingresos por un trabajo remunerado o sea beneficiario de algún tipo de pensión, subsidio o cualesquiera otras prestaciones, momento en el que volverá a reanudarse la pensión alimenticia establecida. La actora presentó un recurso de casación que fue desestimado por el Tribunal Supremo, el cual dispuso lo siguiente:

Ocurre así en este caso -carácter muy excepcional- en atención a los datos que valora la sentencia recurrida. El interés superior del menor se sustenta, entre otras cosas, en el derecho a ser alimentado y en la obligación de los titulares de la patria potestad de hacerlo “en todo caso”, conforme a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento, como dice el artículo 93 del Código Civil, y en proporción al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe, de conformidad con el artículo 146 CC. Ahora bien, este interés no impide que aquellos que por disposición legal están obligados a prestar alimentos no puedan hacerlo por carecer absolutamente de recursos económicos, como tampoco impide que los padres puedan desaparecer físicamente de la vida de los menores, dejándoles sin los recursos de los que hasta entonces disponían para proveer a sus necesidades.

La falta de medios determina otro mínimo vital, el de un alimentante absolutamente insolvente, cuyas necesidades, como en este caso, son cubiertas por aquellas personas que, por disposición legal, están obligados a hacerlo, conforme a los artículos 142 y siguientes del Código Civil, las mismas contra los que los hijos pueden accionar para imponerles tal obligación, supuesta la carencia de medios de ambos padres, si bien teniendo en cuenta que, conforme al artículo 152.2 CC, esta obligación cesa “Cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia”, que es lo que ocurre en este caso respecto al padre. Estamos, en suma, ante un escenario de pobreza absoluta que exigiría desarrollar aquellas acciones que resulten necesarias para asegurar el cumplimiento del mandato constitucional expresado en el artículo 39 CE y que permita proveer a los hijos de las presentes y futuras necesidades alimenticias hasta que se procure una solución al problema por parte de quienes están en principio obligados a ofrecerla, como son los padres”.

No obstante, se ha constatado en la práctica judicial que los juzgados de pensiones alimentarias no están respetando ningún límite a la hora de ordenar la retención salarial a personas que dependen de su salario para su subsistencia y de su actual núcleo familiar. El licenciado Arcelio Hernández Mussio, abogado y presidente de la Asociación Igualdad de Derechos para los Hombres, ha denunciado en redes sociales y en un artículo científico publicado por la Revista Judicial, que en Costa Rica no se está respetando el Convenio de la OIT 95 para la protección al salario, y que los jueces acuden a un tecnicismo para eludir la responsabilidad que el Estado costarricense adquirió al suscribir dicho convenio, al argumentar que el límite contenido en el artículo 172 del Código de Trabajo, alcanza solamente a los embargos, no así a las órdenes de retención salarial.  Es evidente que ese razonamiento va en contra del espíritu de las convenciones de la OIT, que buscan que una parte del salario no pueda ser objeto de ningún tipo de gravamen, que impida que un porcentaje de ese salario le llegue, efectivamente, al trabajador para su propio sustento.

Es debido a todo lo anterior que se somete para consideración de los diputados el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO DE TRABAJO

ARTÍCULO 1: Modifíquese el artículo 172 del Código de Trabajo, para que en adelante se lea de la siguiente manera:
“Artículo 172.
Son inembargables los salarios que no excedan del que resultare ser el menor salario mensual establecido en el decreto de salarios mínimos, vigente al decretarse el embargo. Si el salario menor dicho fuere indicado por jornada ordinaria, se multiplicará su monto por veintiséis para obtener el salario mensual.
Los salarios que excedan de ese límite son embargables hasta en una octava parte de la porción que llegue hasta tres veces aquella cantidad y en una cuarta del resto.
Sin embargo, todo salario será embargable hasta en un cincuenta por ciento como pensión alimenticia. Esta limitación incluye toda afectación al salario por concepto de retención salarial, la cual no podrá, en ningún caso, ser superior al cincuenta por ciento del salario del trabajador.
Por salario se entenderá la suma líquida que corresponda a quien lo devengue una vez deducidas las cuotas obligatorias que le correspondan pagar por ley al trabajador. Para los efectos de este artículo las dietas se consideran salario.
Aunque se tratare de causas diferentes, no podrá embargarse respecto a un mismo sueldo sino únicamente la parte que fuere embargable conforme a las presentes disposiciones.
En caso de simulación de embargo se podrá demostrara la misma en incidente creado al efecto dentro del juicio en que aduzca u oponga dicho embargo. Al efecto los tribunales apreciarán la prueba en conciencia sin sujeción a las reglas comunes sobre el particular. Si se comprobare la simulación se revocará el embargo debiendo devolver el embargante las sumas recibidas.”
Rige a partir de su publicación.


EditarNo
Luis A. Ramírez ZúñigaHeredia16/06/2020 10:03
Propongo que el ROP se de al beneficiario más allá de febrero de 2023; sugiero hasta  diciembre del 2025. O bien que se de  a aquellos cuyas pensiones superen los 700.000 colones y  que no caerían en condiciones paupérrimas si lo utilizan en su  totalidad. Es un derecho de decidir en que lo utilizamos. Además consideren que a las operadoras les conviene seguir administrando nuestros fondos porque cobran comisiones para mantener una importante burocracia con muy buenos salarios.

EditarNo
Álvaro Moncada VargasSan José14/06/2020 11:25
En medio de la pandemia ha sido evidente la necesidad que el Estado preste equipo y acceso a Internet restringido y gratuito a estudiantes del MEP. La educación debería ser accesible desde un celular, similar a cursos en línea como los del ina, udemy, etc con quiénes podría formarse una alianza comercial para dotar de cursos especializados gratuitos a estudiantes, que den opciones laborales en un mercado laboral cada vez más técnico. De otra forma, un alto desempleo por falta de especialización.
EditarNo
José Luis Alfaro MolinaAlajuela11/06/2020 5:12
Buenos días Señor Diputado Carlos Avendaño.  El agradecimiento por la colaboración del Proyecto de Ley 21309 para la entrega total del ROP en un solo tracto.  No más injusticias por parte de la SUPEN y las Operadoras de Pensiones que están lucrando con dineros que no son suyos y cobrando costos por administrar dineros con Rendimientos negativos y pagándole altos sueldos a sus funcionarios con el dinero que le pertenece a los adultos mayores que lo tienen congelados y entregando en pagos de polaco.  Muchas gracias por su colaboración y el voto positivo para  el Proyecto de Ley 21309.
EditarNo
Marvin Rodriguez Heredia08/06/2020 13:13
Porque no hay una ley fuerte de evasión fiscal y alusión ,un 8% del pib es mucho dinero que se pierde al año .
EditarNo
Gerardo Antonio Venegas BermúdezSan José05/06/2020 20:56
http://chng.it/bGbTz7KzzH
Carta abierta al gobierno de la República y todos sus poderes.

No podemos pecar de piadosos. Los y las residentes de este país, costarricenses o no, hemos sacrificado muchísimo y acatado todas y cada una de las medidas de salud recomendadas como para perderlo por la negligencia de una mala administración vecina. Quien escribe vive enamorado de esta tierra, su gente y nuestro estilo de vida.

Hacemos nuestra la frase de «Dichosa la madre costarricense que sabe que su hijo al nacer jamás será soldado.» La vocación de Costa Rica de paz, educación, salud y refugio es nuestra y parte de la identidad del tico; tan nuestra como el café, el aguadulce, el Gallo Pinto y el ¡Pura Vida!. Cuando el mundo cayó de rodillas por el virus Costa Rica reaccionó, entendió y se comportó a la altura de un país inteligente y disciplinado.
Lo hicimos bien y merecemos recompensa.

Miles de músicos y artistas cancelamos conciertos, chivos, presentaciones, ensayos por que entendimos que el bien común está por encima del bien personal.

Miles de negocios del sector turismo, hoteles, cabañas, tour operadores, guías, transportistas y más aceptamos sin queja, ni critica la devastadora realidad de tener que cerrar fronteras. Aún sabiendo que el principal ingreso del país es el turismo.

Miles de restaurantes cerraron por meses y cientos cerraron por siempre. Porque entendimos que la seguridad alimentaría es más importante nuestro negocio, pese a que él era el sustento de miles de familias ahora desempleadas.

Un millón de personas que aplicaron al «Bono Proteger» aceptaron la incertidumbre y la promesa de aplanar la curva. Porque entendimos que el prójimo no es otro, que nosotros mismos.

Porque crecemos sabiendo que no seremos soldados, que la educación es un derecho, gratuito universal y obligatorio. Y que la salud es un bien del pueblo, innegable, universal y caro de mantener. Tan valiosos como la diversidad y la naturaleza de estos 51.100km2. Sacrificamos el presente para garantizarnos un futuro como lo hicieron alguna vez los héroes del 56, los Garantes Sociales 48 y los fundadores de la república del 49.

Tuvimos nuestra prueba de fuego y la pasamos. Todos empeñamos hace 3 meses nuestro presente para cosechar lo que habíamos logrado hasta hace 15 días.
En lugar de pedir prestamos económicos pidamos botas y manos a la obra.

Costa Rica nunca perdió un ejercito. Ganó educación, salud, trabajo y paz. Pero ante las negligencias del régimen nicaragüense, que amenaza la soberanía y la estabilidad de nuestra tierra y con ella la salud y la vida de nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, hermanos, hermanas e hijos. Debemos aceptar los limites de nuestra capacidad de defensa.

Ante tal situación debemos hacer uso de las herramientas de paz que la comunidad internacional pone a disposición de aquellos que observan los adecuados procedimientos democráticos. ¡Es hora de llamar a los cuerpos de paz de la ONU! Cada minuto que pasa sin hacerlo arriesga la vida de un ciudadano y los logros de 200 años de vida independiente.
La metáfora del fin de los tiempos.

¡Nos invaden y el apocalipsis se acerca! La pregunta es: ¿Si el gobierno de Costa Rica está dispuesto a oír el sonar de las trompetas y actuar rápido para evitarlo?

Nos invade el virus y con él el Jinete de la Peste: de un gobierno vecino que negó salud y ciencia a su pueblo. Y no se ha dedicado a otra cosa que a incentivar marchas masivas en lo que parece un claro intento de genocidio. Haciendo que sus compatriotas caigan desmayados sino muertos por calles que se parecen mucho a la nuestras…

Nos invade el virus y con él el Jineta de la Muerte: que le ha costado al menos 7 diputados de su propio gobierno y una decena de sus funcionarios afines. La Muerte que entierra a cientos de noche, en silencio, en ataúdes sin vela, sin nombre, sin identidad y sin una causa de muerte, solo muerte. Y que espera que el gobierno de Costa Rica no haga nada para seguir su camino al Sur…

Nos invade el virus y con él el Jinete de la Guerra: de un gobierno vecino que tan recientemente como en 2018 alzó armas en contra de los suyos y mató a cuanto menos 309 personas y desapareció a varias miles más. Un gobierno que romantiza a los guerrilleros y acusa de enemigos a quien se atreva a pensar diferente. Y que cuando no dispara golpea a sus pueblo con miseria que los obliga a huir buscando mejores días…

Nos invade el virus y con él el Jinete de la Hambruna: de un gobierno vecino que cerro las fronteras a las mercancías de toda una región si las cosas no se hacían como ellos querían incluyendo. El que no se les aplicaran pruebas a sus transportistas… Mientras que más de 50 de estos, provenientes de Nicaragua dieron positivos y donde uno solo fue responsable por infectar a al menos 18 personas más en suelo costarricense. Y miles de transportistas se quedaron varados, sin agua, sin comida.

No somos afines a las metáforas religiosas. Pero la similitud es excepcional… Las Trompetas suenan y no nos queda claro si el Gobierno del Bicentenario las quiere oír.
Y habrá quien nos acuse de radicales, por tomar la decisión matemáticamente correcta.

Nuestro llamado no es xenofobia, no es radical. Somos los mismos, somos hijos de la tierra, de una América manchada con sangre y Costa Rica es el resultado de acciones heroicas de hombres y mujeres comunes en los momentos correctos. Nuestros hermanos panameños han sufridos miles de enfermos y más de 400 muertes y no no los sentimos una amenaza, así como nosotros no les amenazamos a ellos. El peligro no es la nación, ni la bandera, es el dictador detrás del apocalipsis.

Nuestro llamado es a proteger nuestra salud, estabilidad y modo de vida con la misma pasión y convicción con la que protegemos la naturaleza. Si aseguramos nuestro bienestar más rápido y mejor podremos entonces -cuando la situación lo permita- ofrecer nuestra mano amiga, ayuda y refugió como es y será nuestra convicción.

Cada minuto de inacción amenaza a nuestros trabajadores de la salud, a cada médico, enfermero y conserje que valientemente dieron un paso adelante en la incertidumbre de Marzo. Cual Juan Santamaría corriendo hacia el mesón sin miedo a las balas. Cada día, cada minuto, cada segundo de inacción es una bala más que permitimos se disparé contra ellos. Y es una enorme falta de respeto a todos nosotros que por ellos y por nosotros nos quedamos en casa para defender a la patria.

Cada día, cada minuto, cada segundo de inacción. Es un día más de fronteras cerradas, de restaurantes vacios, de desempleo de angustías de padres por no saber si mañana podrán poner comida en el plato de sus hijos.

Cada día, cada minuto, cada segundo de inacción. Es una sentencia de desempleo e incertidumbre, de lejanía, de no poder ver a nuestras novios, amigos, es un día un mes más lejos de la escuela, el colegio, la universidad, de los compañeros de trabajo. Es una sentencia no merecida y por tanto la definición de injusticia como las que ya le fue necesario imponer a la zona norte de nuestro país. (Ver mapa de casos activos abajo)

Nuestro pedido lo hacemos con la estadísticas en la mano, con los números que hablan y no conocen de raza, sexo, religión, o nacionalidad.

Abajo dejamos los incrementos porcentuales y netos gráficados desde el 16 de Mayo hasta el 31 de Mayo. Donde se muestra que las provincias con mayor aumento fueron Alajuela y Guanacaste, estas provincias tuvieron cantones con aumentos muy superiores al 100% de Casos en un lapso de solo 15 días.

San Ramón +153%
Cañas+160%
Libería +200%
Upala+300%
Abangares+467%
La Cruz +500%
EditarNo
JUAN LUIS MORALES JIMENEZSan José04/06/2020 10:39
Además de estar absolutamente de acuerdo con el Proyecto del Tren Eléctrico, creo que muy por encima del la situación que vive el País, éste es el mejor momento para dar inicio a una mega obra como ésta. Ya es hora de que el País cuente con un servicio de tan alto nivel y necesario para sus habitantes.
EditarNo
Adrian Male CerdasSan José02/06/2020 23:37
PROYECTO DE LEY

LEY PARA FORTALECER LA RECAUDACION DE IMPUESTOS CON AYUDA DE LOS CONTADORES COMO AUXILIARES DE LA FUNCION PUBLICA.

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

En la actualidad estamos en un mundo completamente globalizado, en el que la dependencia de la tecnología siempre deriva en que hay que adaptarse para poder seguir el proceso de mejora continua.

Es por eso que en el ámbito de la recaudación de impuestos, los países  han desarrollado herramientas sumamente importantes como lo es la facturación electrónica con el envió de archivos en formato XML, también la contabilidad electrónica, y las otras diversas herramientas que facilitan los obligados tributarios (contribuyentes)  el intercambio de información en tiempo real con la entidad fiscal pertinente.

Costa Rica no se queda atrás con estas medidas y en 2016 se aprueba la ley 9416 para fortalecer la lucha contra el fraude fiscal, en la que se incorpora la facturación electrónica en un plazo máximo de 24 meses, dando inicio en 2018 el uso obligatorio de comprobantes electrónicos incorporándose de forma gradual, además el país está acoplándose y actualizándose a una serie de medidas interpuestas por la OCDE, para su incorporación a dicha organización internacional, con el objetivo de llegar finalmente  a que el Ministerio de Hacienda como ente recaudador de impuestos pueda  obtener una contabilidad electrónica.

La contabilidad electrónica es el envío mensual  de las transacciones y estados financieros en formato XML a la administración tributaria, para que esta pueda disponer de ella en forma inmediata y así pueda analizar la veracidad de las declaraciones presentadas.

En países que ya han implementado esta metodología como México por ejemplo, se dio una comunicación directa entre el  SAT (ente recaudador de impuestos) y Colegio de Contadores (ente fiscalizador de la profesión) con el objetivo de retroalimentarse para cumplir con las normas tributarias y contables, lo cual es una alianza estratégica muy importante, pues los contadores son quienes trabajan de manera más directa con los contribuyentes y los guían para que sus procesos contables sean correctos, además los contadores son un gran aliado para acompañar a los contribuyentes en su cumplimiento de obligaciones fiscales, pues con su ayuda se logra el propósito principal sobre el que la autoridad fiscal ha estado trabajando, conseguir que los procedimientos contables sean claros, eficaces y rápidos, derivando en que los procesos sean oportunos y eficientes en el cumplimiento de los pagos de impuestos, y así mejorar la recaudación de impuestos.

Con base  en lo anterior es  importante resaltar que en Costa Rica existe la ley 1269 Ley Orgánica del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, en la que se crea el colegio profesional  y tiene por finalidad según su articulo 3 promover el desarrollo de las ciencias contables, y proteger su ejercicio como profesión, además de proteger los derechos de sus integrantes, también es importante recalcar que en su artículo 32 esta ley menciona “toda contabilidad legalmente obligatoria, deberá ser atendida por contabilistas autorizados por la junta directiva del colegio de contadores privados”, es decir los contadores privados incorporados al respectivo colegio profesional serían los únicos legamente autorizados para llevar y presentar una contabilidad, indistintamente sea física o electrónica.

Según el artículo 41 del reglamento de ley 1269 del colegio de contadores menciona que por contabilidad debe entenderse la condición racional y matemática de las cuentas relativas a los productos y las modificaciones del capital, sea de cuentas de producción consumo, administración y recaudación de riqueza privada o pública, así como la fiscalización, verificación y examen de dichas cuentas. Para los fines de los artículos No. 32 de la Ley Orgánica del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, No. 1269 del 02 de marzo de 1951 y sus reformas, deberá estar autorizado para ejercicio profesional quien tenga su cargo alguna o algunas de las cuentas que integren cualquier de los libros principales o auxiliares legalmente obligatorios. Se entenderá que tiene a su cargo dichas cuentas los que operen sistemas técnicamente admitidos, como los comprobantes o pólizas de contabilidad, columnares o similares, cuyos resultados se consiguen o trasladan periódicamente a uno de aquellos libros exigidos por la Ley.


Un aspecto importante es que Ley 3284 Código de Comercio, menciona en su artículo 253  que la contabilidad debe ser llevada por un contabilista legalmente autorizado, y que puede ser el mismo comerciante, entiéndase que si es contador puede llevarlas el mismo de lo contrario no esta legalmente autorizado por el colegio de contadores privados, adicionalmente el código de comercio menciona los libros contables como: Libro de inventarios, Libro Diario, Libro Mayor y Libro de balances.

En otra sección el código de comercio menciona en el articulo 368, que los asientos de diario que practique el contador en los libros, obligan al principal para con los terceros, como si él personalmente los hubiera hecho, sumando el articulo 374 indica que el contador no puede delegar la función asignada sin autorización del principal , dejando claro que el contador tiene validez en cuanto a los registros confeccionados ante una eventual fiscalización.

Como medida para mejorar la recaudación de impuestos del Ministerio de hacienda, es importante considerar a los contadores privados como auxiliares de la función pública, siendo los únicos habilitados para llevar contabilidades estos ejercen un papel fundamental en la fiscalización y ejecución de las normas tributarias en el día a día , considerándoseles como tesoreros del estado, serian los encargados de velar por que la información tributaria presentada sea la correcta así como se aplica actualmente con los agentes aduaneros.

La función de un auxiliar publico lo convierte en un responsable solidario ante un eventual error en la información, siendo que la ley 9416 de mejora contra fraude fiscal incorpora el artículo 81 Bis, en la ley 4755 Código de Normas y Procedimientos Tributarios el cual establece una responsabilidad de terceros implementando una sanción de 1 a 3 salarios base para quien asesore de manera incorrecta o induzca a omitir total o parcialmente un impuesto, o que colabore en la modificación de cuentas o asientos falsos en la contabilidad.

La ley 9699 de Responsabilidad sobre cohechos domésticos, sobornos transnacional y otro delitos, adiciona un artículo 368 bis a la ley 4573 Código penal, en el cual se establece una sanción con prisión de 1 a 6 años de cárcel a quien con el propósito de cometer u ocultar algún delito, falsifique en todo o parte, libros, registros físicos o informáticos, o cualquier otro documento contable de una persona jurídica o física, además se aplicara la misma sanción a quien  con el mismo propósito lleve una doble contabilidad o cuentas no asentadas en los libros contables.
Se debe considerar que al existir normativa para sancionar a terceros, es viable que  se considere al contador como auxiliar de la función pública, y que el Ministerio de Hacienda en coordinación con el Colegio de Contadores Privados puedan ejecutar y aprovechar de una mejor manera lo estipulado en la ley 1269 Ley orgánica del colegio de contadores privados, viéndose beneficiado el estado en recaudación, por el conocimiento técnico, tributario, administrativo de los contabilistas.

Con la implementación de algunos cambios en normativas se hace respetar lo dispuesto por la ley de contadores y Código de comercio, siendo el contabilista privado incorporado el responsable de acompañar y guiar al obligado tributario en la presentación de las declaraciones tributarias, y el envío de información contable física o electrónica debidamente firmadas y selladas.

Actualmente la recaudación de impuestos esta basada en un principio de buena fé por parte de los contribuyentes, quienes sin conocimiento técnico, fiscal, contable o financiero, pueden presentar sus declaraciones, por lo que muchos no han leído las leyes, o bien no saben cuales son las reglas establecidas, además de que se ha comprobado que han cometido evasión fiscal de manera dolosa, causando así que el Ministerio de hacienda gaste recursos en una fiscalización de la cual  en muchas de las ocasiones se gasta mas de lo que se recupera.

Este proyecto pretende además incentivar lo dispuesto en el articulo 3 de la ley orgánica del colegio de contadores, procurando defender los derechos de los contadores y combatir el ejercicio ilegal de la profesión, basado en el artículo 322 de la ley 4573 Código penal, Será reprimido con prisión de tres meses a dos años, al que ejerciere una profesión para la que se requiere una habilitación especial sin haber obtenido la autorización correspondiente.  El Ejercicio ilegal de una profesión, además pretende resguardar la profesión, adaptándose a la realidad nacional y los avances tecnológicos para garantizar la generación de empleos y reactivación económica, siendo la información financiera un punto sumamente importante para la toma de decisiones, y el otorgamiento de prestamos o beneficios tributarios que permitan crecer o expandir los negocios.

También pretende fortalecer las relaciones entre el Ministerio de Hacienda y el Colegio de contadores Privados para que en eventuales proyectos de cambios fiscales o tributarios se puedan manejar de una forma más cercana y expedita  para abarcar todos los aspectos que los contadores perciben día a día con sus clientes (obligados tributarios).






EditarNo
Rodney Aribu GutierrezSan José02/06/2020 11:40

Viva Costa Rica.


Costa Rica es mi tierra, es mi patria.

la extrano porque la tengo lejos de mi, pero la

llevo en el alma, en el corazon, en el camino de todos los

dias. Vivo en Miami, Florida, Estados Unidos


Dame mi patria o dame mi muerte

Rodney Aribu Gutierrez - Patriota
EditarNo
Rodney Aribu GutierrezSan José02/06/2020 10:21
Yo Rodney Aibu Gutierrez propongo una Iniciativa Educativa para la actual Legislatura. Propongo
el Programa Educativo de "Formacion Profesional Costarricense" para las personas que no terminaron
la Universidad, olvidadas por la Sociedad y desempleadas, logrando asi que puedan obtener la Licencia
Nacional en algunas y mas demandadas profesiones del pais como la Licencia Nacional en la importante
Carrera de Derecho y Administracion de Empresas;

excelencias Diputados y Diputadas, les doy la palabra a ustedes;
Atentamente;
Rodney Aribu Gutierrez

"Programa de Formacion Profesional Costarricence"
Licencia Nacional en Derecho - asignaturas principales
1- Derecho Costarricence      2- Derecho Penal Constitucional   3-Derecho Economico
4- Derecho Centroamericano   5- Trabajo Final de Graduacion.

Este es un esfuerzo para mejorar nuestra Sociedad costarricence.
Que Dios los bendiga y que Dios bendiga la nacion.

Mi nombre es Rodney Aribu Gutierrez resido actualmente en la ciudad de Miami Gardens, Fl, Estados Unidos
mi telefono es: 786-483-9635


















EditarNo
David Ricardo Gutiérrez PérezSan José01/06/2020 15:03
Todos los diputados y diputadas deberían por ley presentar un informe de labores mínimo de forma trimestral para que el pueblo que los eligió pueda tomar decisiones electorales informadas en caso de que alguno decida ir por la reelección, ese mismo informe de labores será el currículum vitae para todos los congresistas cuando les pidan cuentas.
EditarNo
Luis Fernando Sanchez ElizondoGuanacaste06/05/2020 14:26
Ya es suficiente que el poder judicial siga beneficiando únicamente a las grandes empresas y bufetes que se dedican a buscar embargar a las personas que no tenemos como pagarle a un abogado tan siquiera para un escrito y poder defendernos los juzgados de cobro judiciales siempre se cobijan con el articulo que indica que todos los escritos deben de ser por medio de un abogado con su firma y cello esto nos perjudica porque todos los escritos que enviamos son rechazados aun sabiendo que tenemos toda la razón y la ley nos apoya en relación a las prescripciones de la deudas y de los intereses necesitamos que se modifique la ley y los artículos de las leyes que nos impiden defendernos sin necesidad de tener que estar pagando abogados      
EditarNo
Luis Fernando Sanchez ElizondoGuanacaste17/04/2020 11:04
Porque no ajustan todos los salarios de acuerdo al ministerio del trabajo donde un licenciado debe de ganar 680,565.53 colones entonces porque ay salarios de mas de 3,0000,000 millones y hasta 17 millones o mas esos es muy injusto se debe velar por la igualdad deben de poner un tope de salario como máximo 2,500,00 a esas personas que gana esas millonadas son las sinvergüenzas que piden eliminar el bono escolar la anualidades y los multimillonarios de este país evasores de impuestos y sinvergüenzas son los que piden rebajas o no pago de aumentos salariales doble moral o mejor dicho inmorales que tienen miles de millones en sus bolsillos y quieren quitarnos la miseria que ganamos  
EditarNo
Luis Fernando Sanchez ElizondoGuanacaste17/04/2020 10:54
Aun se sigue esperando alguna propuesta de algun diputado o diputada que proponga una ley para que el INA nos pague esa media hora que trabajamos de mas durante tantos años en SITRAINA sindicato del INA tienen todos los datos para que se pueda colaborar nos con esto ademas se hace necesario que se procure una ley para reducir la edad y cuotas de pensión porque que espera el estado y las operadores de pensión que la gente se muera y ellos quedarse con esa plata
EditarNo
Francisco Solano BonillaSan José04/04/2017 9:35
EditarNo
JOSE ADRIAN SANABRIA NUÑEZCartago30/03/2017 15:03
EditarNo
Marco A.Blen CamposSan José30/03/2017 12:32
EditarNo
Jerob Soto SalazarSan José24/03/2017 18:44
EditarNo
Marcos Mauricio Urbina MmebreñoSan José17/03/2017 0:07
EditarNo
Alberto Thomas BrownHeredia13/03/2017 14:40
EditarNo
Alberto Thomas BrownHeredia12/03/2017 14:55
EditarNo
-San José11/03/2017 21:59
EditarNo
Randall Sequeira HernándezSan José06/03/2017 15:24
EditarNo
Teófilo Buckridge Stewart San José02/03/2017 21:07
EditarNo
Luis Fernando Escalante SotoHeredia22/02/2017 9:16
EditarNo
Maruja CastilloSan José16/02/2017 7:14
EditarNo
Milena María Otárola ZúñigaSan José13/02/2017 16:00
EditarNo
Luis Guillermo Hernàndez VillalobosHeredia09/02/2017 21:14
EditarNo
Marilyn Mesen DelgadoSan José18/01/2017 14:11
EditarNo
Michael Sanchez ArayaSan José10/01/2017 7:36
EditarNo
Michael Vinicio Sanchez Araya San José26/12/2016 18:56
EditarNo
Jose Alexander Agüero MoyaLimón18/12/2016 9:10
EditarNo
Gerson Montoya Barboza.San José14/12/2016 12:59
EditarNo
Andrey Alberto bolaños AguilarSan José13/12/2016 11:43
EditarNo
Eduardo Antonio Chongkan LíosSan José06/12/2016 11:07
EditarNo
Eduardo Antonio Chongkan LíosSan José03/12/2016 15:15
EditarNo
Marco A.Blen CamposSan José22/11/2016 9:02
EditarNo
Roberto ViquezAlajuela16/11/2016 13:47
EditarNo
Francisco Gonzalez MezaCartago18/10/2016 19:42
EditarNo
dayanna cristina gomezHeredia16/10/2016 17:11
EditarNo
Jorge Arturo Coto JiménezSan José15/10/2016 7:40
EditarNo
Christan Rolando Rojas RodriguezAlajuela13/10/2016 17:55
EditarNo
Marcos Antonio Solano CorralesHeredia12/10/2016 21:24
EditarNo
Milton Barboza CorrarlesPuntarenas03/10/2016 6:30
EditarNo
CESAR PICADO AZOFEIFASan José27/09/2016 11:19
EditarNo
MARIA ELENA GOMEZ HERNANDEZAlajuela27/09/2016 7:07
EditarNo
Giovanni cambronero Ureña San José24/09/2016 16:27
EditarNo
Kevin Mora VegaSan José22/09/2016 15:31
EditarNo
Jose Max Chaves ContrerasGuanacaste20/09/2016 22:30
EditarNo
William Coto MonteroCartago19/09/2016 12:35
EditarNo
Randall Rodríguez AriasAlajuela16/09/2016 8:23
EditarNo
Josè Enrique Monge PortuguezCartago15/09/2016 13:51
EditarNo
1 - 100Siguiente