Asamblea Legislativa
República de Costa Rica

Conozca la Asamblea

Skip Navigation Linksrecepcion_iniciativas_populares

​​
Iniciativas populares
​​​​​
  
  
  
Digite su Propuesta
Editar
  
Gladys Ramírez ZúñigaAlajuela16/04/2021 11:36
Solicitud “Aprobar el proyecto de Reforma del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, Exp. 17561”.
Solicita  que se apruebe lo más pronto posible el proyecto, Exp. 17561, que permite a miles de educadores el retorno al Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional.-
EditarNo
Luis Fernando Sanchez ElizondoGuanacaste14/04/2021 20:15
Propongo que las cooperaivas, asosiaciones, financieras. bancos publicos y pribados realicen una revision de los clientes con deudas que pasan de mas de 5 millones y mas de 7 años de estar pagando esos prestamos y buscarle una solucion mas beneficiosa para nosotros y los montos menores de 5 millones con los mismos años de estar pagando se les facilite iguan oportunidad pero con mejores condicione y asi poder salir lo antes posible de las deudas
EditarNo
carlos rodrigo morales mongeSan José07/04/2021 12:07
propongo que al momento de formalizar un crédito en la banca estatal, especialmente micropyme, se tomé en cuenta un punto importante como lo es el monto  de alquiler que uno paga, ya que los bancos tengo entendido cuando uno quiere solicitar un credito para comprar una propiedad para su negocio no es tomado en cuenta el rubro de alquiler, ya que lo muestran como un gasto, se que es un gasto, pero al momento de comprar ese dinero pasa a ser parte de la cuota que uno va a pagar de su propio local comercial , esto lo propongo por que ya me ha pasado que quiero comprar y la cuota queda por debajo o igual de lo que estoy pagando de alquiler pero el banco me indica que no me da la capacidad de pago, esto ayudaria mucho a que la micropyme se establesca y de mas credibilidad y estabilidad a clientes y proveedores, ya que tambien a la hora de estar moviendo el negocio cuando se termina un contrato de alquiler y el dueño no me alquila mas, tengo que hacer un gasto de nuevo para mover el punto de venta y esperar a contruir de nuevo la clientela en el nuevo punto, gracias diputados, creo en Costa Rica y creo en las personas que quieren ver mejor este pais
EditarNo
Jendry Espinoza GarcíaPuntarenas06/04/2021 8:20
Mi nombre es Jendry Espinoza, soy de San Vito Coto Brus, se lo complicado que es no tener quien cuide a nuestros hijos, por eso vengo a proponer alargar el horario de los centros red de cuido por parte del Imas, también propongo brindar ayuda a los pequeños emprendedores del cantón para disponer mejorar el turismo en el lugar y mejorar la calidad de vida de cada coto bruseño, actualmente hay una variante de desempleo en la zona y por ser rural es muy difícil conseguir un empleo, en una pequeña encuesta realizada el 45% de las personas hacen jornales donde no salen ni con ¢5000 al día, mi propuesta, mejorar el turismo en la zona, más empresas que generen empleo y reforzar el horario de las red de cuido para que así las madres y pradres que utilizan este servicio puedan laborar tranquilamente acorde a sus horarios ded trabajo.
EditarNo
Martín Montiel Robinson San José04/04/2021 21:22
Saludos, buenas noches...
Como es bien sabido por ustedes, obtener empleo para las personas mayores de 45 años a sido siempre muy difícil. Y para los que tenemos más de cincuenta años, peor!
Con en inicio de La Pandemia y las distintas medidas, nuestra situación de desempleo para los mayores, se ha visto aún más comprometida.  Yo personalmente tengo ya más de 18 meses desempleado, con esposa e hijos y gastos del hogar y deudas, que afrontar...
Razón por la cual he propuesto en repetidas ocasiones; “Que se haga entrega de nuestros ahorros del ROP, para los desempleados. Esto lo sugiero en cuotas iguales a un salario mínimo.”
Esto nos aseguraría una entrada fija, por varios meses, incluso años, para poder cubrir los gastos básicos, como comida y servicios públicos.   Y para un futuro retiro, tenemos la pensión del régimen IVM.
Por favor, AYÚDENNOS!!!! Gracias 😊 Bendiciones 🙏🏾
EditarNo
José Alexander Agüero MoyaLimón29/03/2021 12:34
Propongo un estudio, reformar y modificar las reglas de pensión de la caja a personas con discapacidad como una operación de corazón y con válvula mecánica sea parte de una pensión por invalidades ya que actualmente es quun gran error que consideren que no lo es. Yo soy operado del corazón y na válvula mecánica.
EditarNo
Johnny A. Franco-ArboineSan José25/03/2021 17:41
Para desarrollar la Zona Atlantica, nuestro Gobierno necesita crear una flota pescaquera en la Costa Altlantica y facilitar la instalacion y la operacion de dos ferris maritimos en la Costa Altlantica, conjunto con los gobiernos de Panama y de Nicaragua. Un Ferry de Limon a Bocas del Toro y viceversa. Un ferry de Limon a Bluefields y viceversa.
EditarNo
Johnny A. Franco-ArboineSan José25/03/2021 15:49
Quiero proponer que Costa Rica sea legalmente "Costa Rica Pais Parque" para protejer su belleza natural, sus recursos naturales, sus animales, sus playas, y para que tengamos y practiquemos muca mejor higiene en todo el territorio nacional.
EditarNo
olger quintero acevedoGuanacaste24/03/2021 18:14
Ley de seguridad nacional:verdadero control con casas de alquiler ,cuartos etc...,debido a la cantidad de casos donde hemos conocido que el individuo,ya sea la victìma o el que perpetrò el hecho era ciudadano extranjero pero debido a el pobre o ningùn control migratorio nos dimos cuenta despùes de que el individuo abandonò el paìs,sugiero eso si sin fomentar el odio,a que por el bien de los y las costarricenses se tenga un mejor control de todos estos lugares que acostumbran alquilar sin control alguno,ademàs servirìa para un mejor control de pago de impuestos,los cuales hoy en dìa la mayorìa de estos sitios que lucran con el alquiler informalmente,no pagan impuestos,propongo,que la delegacòn de la comunidad en conjunto con ministerio de hacienda (por los impuestos) ,migraciòn y extranjerìa (por los extranjero) y el oij secciòn o departamento de fugitivos,un plan en conjunto para saber quien o quienes viven en estos sitios de alquiler,en cuanto a la pena o castigo para el dueño del inmueble,eso prwefiero dejarlo a las personas conocedoras del tema jurìdico a mì lo que me preocupa o me interesa es siendo un paìs tan pequeño,por què no tenemos un mejor control?por ùltimo creo que el o las municipalidades deben participar junto a los otros grupos ya mencionados para un mejor control de flujo de imigrantes,ticos dentro de nuestro propio territorio,mejor ingreso de impuetos a las arcas municipales o nacionales ,creo que captan mi idea o propuesta,gracias sin nada màs que esperando que alguien al menos vea sin sembrar odio,que mi propuesta serìa de mucho beneficio.gracias    o
EditarNo
Estrella Porras ZúñigaSan José19/03/2021 15:19
como persona con una enfermedad mental crónica, discapacitante, incurable y cuyas repercusiones no solo han sido para mi calidad de vida, sino para quienes me rodean, quisiera proponer el suicidio asistido que incluya las enfermedades mentales diagnosticadas y registradas a lo largo de muchos años. Los países, tomadores de decisiones y otrras instituciones, solo consideran el derecho a la muerte cuando el dolor y el sufrimiento es evidente, pero en nuestro caso, se desestima y es un flagrante atropello a nuestra igualdad ante la ley. Aún más, por tal motivo, la tasa de suicidios es más frecuente, porque no tenemos una salida a una vida y muerte digna. La eutanasia, nos permitiría tener un final humano, en el cual ´podamos dejar todo en orden y despedirnos de nuestros seres queridos, de forma tal que sintamos su apoyo, comprensión y ellos sientan que contribuyen a pasar nuestros "mejores momentos".
Por favor, acojan mi propuesta: es un acto de amor y de humanidad.
EditarNo
Juan Andrés Artavia RojasCartago19/03/2021 9:31
Propongo una ley que ponga años cárcel , control con tobillera electrónica ,multas para quiénes  abandona
Personas con discapacidad o adultos mayores tan común lamentablemente en Costa Rica
Por familiares de este sector social ,el proponente del proyecto de ley es
Persona con discapacidad y sufre de dicha situación.
EditarNo
Juan Luis Morales JiménezCartago17/03/2021 18:27
EL COLAPSO DEL ZURQUÍ.

Señores; Iniciativa Popular, Asamblea Legislativa.
Distinguidos señores:
Me place sobremanera poder compartir con ustedes una idea.  “Dicen que de las malas ideas, algo bueno sale”.  Pues vamos a ver entonces…
Vivo en Cartago, pero viajo mucho a la Zona Atlántica.  Observo con preocupación que el paso por el Zurquí tiende a ser cada día más peligroso, más congestionado, cientos de furgones transitan a velocidades entre 10 y 15 km/h hacia ambos sentidos, neblina, derrumbes, accidentes, difícilmente se hace un recorrido que esté libre de atrasos por alguna razón, bueno, ya es un “suplicio” pasar por ahí.
Dado que una ruta hacia el Atlántico es “vertebral” para el país, no podemos darnos el “lujo” de semejante tapón.  Así que, antes de exponer mi idea, sería bueno una breve reflexión… Nuestras carreteras, casi todas, se remontan a la época de la colonia, en aquel entonces las mercancías se transportaban en carretas de bueyes y los caminos cabalgaban y lo hacen todavía por el lomo de las serranías o montañas.  Las trochas se abrían de esta manera para obviar los ríos de las partes bajas, y con toda razón, pues, en aquellos tiempos los puentes eran de metal y por lo tanto carísimos. El resultado:  un camino angosto con cientos de curvas, por un lado; un paredón altísimo con amenaza constante de derrumbes, por el otro, un precipicio.  Si observamos con cuidado veremos que la gran mayoría de nuestras carreteras son así. Pero hoy día tenemos elementos constructivos más avanzados y maquinaria más eficiente, que nos permiten proyectar trazos por las partes bajas y evitar la problemática que presentan las vías en zonas altas. Los elementos a los que hago referencia son:  rellenos de piedra, puentes de cemento, viaductos y túneles, imposibles en la época colonial.
Mi propuesta para una ruta alterna con salida al Atlántico;  construir una autopista de Paraíso de Cartago a Siquirres.  Constaría de 3 trazos;  el primero de Paraíso a los llanos de Atirro, haciéndolo descender suavemente por la margen izquierda de Río Macho hasta alcanzar la llanura.  El segundo, de Atirro al CATIE en Turrialba y el tercero, del CATIE a conectar con la Ruta 32 en Siquirres pero por las riveras del Reventazón, aprovechando las extensas llanuras de éste.  Puede que surjan algunas irregularidades en la topografía de este último tramo como pequeños promontorios que pueden salvarse con túneles.  Lo óptimo sería que el trazo vaya por lo plano y lo más recto posible.  Observando el mapa, se podrá constatar que la distancia es muy corta entre un punto y otro.
Tomando en cuenta que el costo del proyecto puede ser o es caro, lo más genial sería incorporar a la estructura vías férreas, se me ocurre, al centro de la autopista líneas del tren a doble sentido.  De esta forma, INCOFER podría transportar miles de contenedores de Limón a Paraíso en un tiempo relativamente corto.  El Estado podría adaptar un complejo aduanero en Paraíso y evitar que los contenedores vayan hasta San José, Heredia o Alajuela, de todos modos una vez que las mercancías se des-almacenan, viajan en camiones más pequeños a sus lugares de destino.
VENTAJAS DEL PROYECTO:
1- El tiempo del recorrido.  En cuestión de minutos se llegaría de Siquirres a Turrialba, igual de Turrialba a Paraíso.
2- La mayor parte del Trazo irá por lo plano, efecto resultante: ausencia de derrumbes y pocas curvas.  De Paraíso a los llanos de Atirro, suficiente distancia para que la cadencia del trazo sea imperceptible, pudiéndose transitar en ambos sentidos a una velocidad considerable.
3- Si aprovecharamos el trazo sumando líneas férreas, INCOFER podría transportar una cantidad importante de contenedores.  Por cada contenedor; un furgón menos en carretera y lo que vaya a gastar éste en combustible. Entonces; cientos de furgones menos circulando y una economía impensable de combustibles. Menos saturación en carretera y menos accidentes también.
4- A la Fábrica de Cemento, Vicesa, Plycem y al Parque Industrial, el servicio de trenes les vendría como “anillo al dedo”, podrían hacer llegar sus mercancías a la Zona Atlántica y muelles a un costo muy reducido. También materias primas de Limón a dichas fábricas.
5- Costa Rica se perfila como un país Carbono Neutral.  El tren, al ser eléctrico, potenciaría esta característica, pensemos en la contaminación que producen los furgones.  Por otra parte, la flota vehicular muy pronto será eléctrica y un trazo moderno como éste, le vendría muy bien.
6- Recomendaciones:  En caso de ejecutar un proyecto como éste o cualquier otro, no cometer el error de la ruta 27, cortaron la ladera casi encima de la vía, ya conocemos los peligros que esto conlleva.  La ladera deberá cortarse en terrazas para luego evitar cualquier derrumbe.  Cuando sea necesario construir un túnel, no pensar en el costo, sino en el beneficio.  Costa Rica no aprovecha éste elemento, prefiere evadirlo dando un rodeo de kilómetros, trasladando el problema a futuro. Algunas partes pantanosas requerirán un viaducto, tampoco desechar este otro elemento.  En fin, un proyecto moderno bien pensado, no sacrificarlo con tal de ahorrar unas cuantas monedas, como se ha hecho siempre, comprometiendo la funcionalidad de la obra.  Una ruta alterna al Atlántico, como lo mencioné anteriormente, es de extrema necesidad para el país, la mayor parte de las importaciones y exportaciones entran o salen por ahí, esperar a que mejore el clima para luego quitar los derrumbes; significa un atraso al desarrollo de Costa Rica.  Una obra costosa, talvez sí, pero el resultado es incuantificable.  De ustedes, cordialmente, Juan Luis Morales Jiménez, céd. 104990558.

Solicito, con todo respeto, que si algún funcionario o administrador de ésta página, leyera el presente artículo, le agradecería muchísimo, hacerlo llegar al Departamento correspondiente o a alguna persona o personas que pudieran tener interés en el mismo.  Muchas gracias.

EditarNo
rolando rivera chinchillaHeredia16/03/2021 20:07
Señor
Diputado Don Welmer Ramos.
No soy persona de alabar, pero si de reconocer labores sinceras cuando estas se dan, y he visto en Ud. un diputado que en verdad lucha por los intereses de nosotros los más débiles, y la ley que propulsó de usura expediente 20172, en sus intenciones fue la de parar esas altas tasas de intereses, y que las persona pudieran vivir más holgadas mas en estos tiempos. Esas tasas superiores a 40 % que ahogan, y en las propuestas era que esta ley no sería retroactiva, y que la ley afectaría a todos los negocios a partir de la aprobación de la ley. Las intenciones suyas fue la de favorecer a muchos costarricenses, como en si sucedió al establecerse un máximo de tasa a esa tasas excesivas. Estoy seguro que no fue su intención perjudicar con esta ley a una cantidad de personas, tal vez menos ,tal vez mas de las que afectaban esas tasas de usura, que eran las que tenían contratos comerciales con los entes bancarios en donde su tasa de interés estaba pactado a un cifra inferior a la determinada como máximo en usura. No soy experto en leyes, pero si en conocimiento de las personas y estoy seguro que en la promulgación de la ley no sería su intención perjudicar a muchos costarricenses por ayudar a otros, pero le digo Don Welmer, que según los bancos esta ley si  me perjudicó fuertemente, y a muchos costarricenses, dado el procedimiento que están haciendo con esta ley. Los bancos utilizaron esta ley, y toda su plataforma para cobrarle a muchos costarricense lo que dejan de cobrar en la rebaja de las tasas de usura. Toman esta tasa como única de cobro, y así como bajan las tasas de 40 o 50% , a 37.e0 en su momento, igual toman las demás tasas inferiores a este dato de máximo de usura y las equiparan a esa tasa. Dejan de cobrarle a algunos costarricenses, pero se los cobran a otros costarricense. En mi caso  tengo una tarjeta de crédito desde hace muchos años del 24 %, el banco me ha respetado y yo cumplido, y ahora me doy cuenta que desde octubre del año 2020, me comenzaron a cobrar ese máximo de tasa  en la ley, y me subieron sin avisarme, de a callado a 37.20 %. Yo me di cuenta pero muchos costarricenses no se han dado cuenta, y la justificación es que el Banco Central emitió la tasa máxima de usura. Quisiera preguntarle Sr Ramos , si era la intención de ayudar a muchos , y de paso perjudicar a otros muchos, y entre estos estoy yo. Esta ley  me perjudica, pues el Banco dice tomar esta ley, y así como bajaron, así subieron, y me comenzaron a cobrar una tasa aumentada en un 50% de la anterior. Me pasaron de 24% a 37.2, y en el último mes a 35.58….Primero como costarricense, me pregunto y me cuestiono si es correcta la aplicación y conocimiento de la ley, o un aprovechamiento bancario, que en el peor de los caso no podría ser una ley retroactiva, etc., pero lo hicieron, y ahora quedamos muchos costarricenses indefensos y algunos sin siquiera saberlo. El banco no perdió nada, y a muchos costarricenses nos cobran ahora lo que les rebajaron a otros. Disculpe mi toma de confianza, pero me atreví a escribirle pues yo creo que no fue su intención, y quizás no este enterado de esta situación. Pero ya no se el grado de constitucionalidad de la prohibición de la retroactividad de las leyes, o los cambios de las condiciones en negocios mercantiles en forma unilateral, y al fin y al cabo en donde radica nuestra democracia.
Gracias , un costarricense, de muchos, preocupado y afectado.
Atentamente  Rolando Rivera Ch. 1-0412-0673

EditarNo
rolando rivera chinchillaHeredia16/03/2021 20:03
Por que los bancos alegando la ley de usura, aumentaron las tasas menores al maximo dictado por BCCR,diciemdo retroactivida de la ley. Tenia una tarjeta al 24 % durante a;os, y me la subieron a 37.20, .Favorecieron a muchos y perjudicaron a muchos. El banco no pierde. el ciudadano si.
EditarNo
Jimmy Villalta EspinozaSan José15/03/2021 14:07
Solicito a los señores Diputados, estudiar un proyecto de Ley, que permita equidad, equilibrio y regular las tasas de intereses que algunas entidades ofrecen de manera diferenciada, para el sector público al sector privado.  Por qué, las tasas que ofrecen para el sector público son menores a las tasas que ofrecen para el sector privado, donde creo que la plata vale para personas de ambos sector de la misma  manera, tanto trabajadores del SP como del SPdo.   les cuesta ganarse su plata,  ninguno debe estar por encima del otro. 

Me parecen políticas discrimitarias, injutas y absurdas, el que, una entidad ofrezca créditos donde beneficia más a trabajadores del sector público con tasas menores, y que para los trabajadores del sector privado se le ofrezca una tasa mayor,  es totalmente injusto, sectorista y discriminatorio. 

Espero puedan promover esta discusión,  y tomar en serio este punto.  en un beneficio general.  que independientemente sea del sector público o privado, sea la misma tasa, porque al igual todos tenemos que pagar nuestros compromisos crediticios.
Gracias,
EditarNo
Emmanuel Alvarado SosaPuntarenas15/03/2021 8:07
Proyecto de Ley

Ventanilla única empresarial, Costa Rica

El modelo de ventanilla única empresarial, ha demostrado a nivel mundial ser un promotor de desarrollo en los países que ya se encuentran operando bajo este modelo, promoviendo el desarrollo económico en los diferentes sectores empresariales.

Esto ha quedado demostrado en zonas como México, Colombia y en especial Nueva Zelanda, donde en este último país según estudios de la revista “doing businnes” del Banco Mundial, el proceso de Inscripción y registro de una empresa, así como la obtención de los diferentes permisos de operación, podrían durar un día.

Siguiendo un mismo orden de ideas, este proyecto de ley pretende fomentar e incentivar en la población costarricense el crecimiento del sector económico formal y consecuentemente una disminución considerable de los sujetos que desarrollan sus actividades económicas dentro del sector económico informal, de forma tal que al contar la administración tributaria con una mayor cartera de contribuyentes quienes realizaran sus aportes conforme a derecho corresponde, a fin de que las diferentes dependencias estatales puedan seguir operando con normalidad, y de esta forma no sea necesario aumentar las obligaciones tributarias a quienes ya se encuentran generando riqueza al país.

Siendo que el MEIC es el encargado a nivel nacional por el desarrollo económico de los sujetos de derecho privado se recomienda que a nivel nacional este programa se encuentra a cargo de dicha dependencia, así mismo por considerar que cada cantón es

quien debe responsabilizarse por la atracción de nuevos contribuyentes para cada zona del país en específico, y tomando en consideración la brecha tecnológica que existe en Costa Rica por diferentes factores como la diferencia generacional de nuestra población, se recomienda que encada municipalidad se destine un espacio físico, así como el personal necesario para poner en marcha la utilización de la ventanilla única empresarial en Costa Rica, asi mismo en la medida de las posibilidades se recomienda homogenizar los requisitos y tasas de cada municipalidad para simplificar la entrada en vigencia de la ventanilla única tanto física como virtual.

A fin de garantizar que al momento de entrar en vigor el presente proyecto, el mismo se cumpla, se recomienda establecer sanciones tanto disciplinarias como económicas para aquellos empleados o instituciones que causen retrasos en el proceso de inscripción y registro de empresas, así como la obtención de los diferentes permisos, de forma tal que estos sean sancionados por sus faltas, y los empresarios sean indemnizados por las pérdidas que los mismos pudiesen sufrir.

Artículo 1. Ámbito de aplicación

Esta ley será de aplicación obligatoria para todos aquellos sujetos de derecho privado que deseen iniciar operaciones en Costa Rica, independientemente del sector empresarial o industrial al que deseen dedicarse.

Artículo 2. Instituciones encargadas

Por ser la entidad encargada del desarrollo económico de los sujetos de derecho privado, deberá el Ministerio de Economía Industria y Comercio deberá encargarse del desarrollo y administración de la Ventanilla Única Virtual, creando los enlaces que se requieran con todas las instituciones Públicas de las cuales se requiera un permiso para

iniciar operaciones, así mismo y a fin de velar porque la brecha tecnológica no sea un impedimento para ninguna persona las Municipalidades por ser las interesadas en contar con nuevos contribuyentes que lleguen a generar riqueza dentro de una región en específico deberán crear un espacio y dotarlo del personal necesario para atender la ventanilla única física.

Artículo 3. Método de aplicación

A fin de que exista fe pública en la utilización de dicho mecanismo, las claves de dicho sistema serán entregadas únicamente a los notarios públicos, quienes serán los encargados de realizar el trámite de inscripción de empresas ante la ventanilla única empresarial virtual, en cuanto a la ventanilla única empresarial física serán las municipalidades las encargadas de digitalizar todo el material que presenten ante ellas y registrar las empresas ante la ventanilla única empresarial virtual.

Artículo 4. Inspecciones sanitarias y demás

Cualquier inspección que se requiera sea por una autoridad sanitaria o alguna otra entidad pública, deberá realizarse con posterioridad a la entrada en funcionamiento de cualquier empresa que se inscriba bajo esta modalidad, concediéndole al empresario un tiempo prudencial a criterio de la institución para que se subsanen las situaciones que puedan encontrarse al momento de realizar la inspección, bajo a percibimiento de sanciones económicas y revocación de permisos en caso de incumplimiento a lo que se le ordene, esto a fin de no generar posibles pérdidas económicas a los futuros empresarios.

Artículo 5. Homogenización de requisitos y tasas municipales

A partir de la entrada en vigencia de esta ley, y a fin de facilitar la utilización de la

herramienta digital deberán las Municipalidades homogenizar los requisitos y tazas para cada tramite que se realiza en las mismas.

Artículo 6. Plazos de inscripción y registro

Los plazos deberán mejorarse de forma progresiva a fin de incentivar tanto la inversión nacional como internacional, creando un ambiente agradable empresarial para los futuros contribuyentes, para el primer año una vez registrada la empresa en el Sistema la empresa contara con todos sus permisos y podrá iniciar operaciones en diez días, para el tercer año el plazo se reducirá a cinco días, y para el quinto año las empresas podrán inicial operaciones en veinticuatro horas después de registradas.

Artículo 7. Sanciones disciplinarias

En caso de que de forma injustificada algún empleado público cause un retraso de cinco a diez días en la aplicación de la presente ley, se impondrá una sanción de llamada de atención verbal y se considerara una falta leve.

En caso de que algún empleado público de forma injustificada cause un retraso de diez a quince días en la aplicación de la presente ley, se impondrá una sanción de llamada de atención por escrito, y se considerara una falta leve.

En caso de que algún empleado público de forma injustificada cause un retraso de quince a veinte días en la aplicación de la presente ley, se impondrá una sanción de quince días a un mes de suspensión sin goce de salario, y se considerara una falta grave.

En caso de que algún empleado público de forma injustificada cause un retraso de veinte días a un mes en la aplicación de la presente ley, se impondrá una sanción de un mes a tres meses de suspensión sin goce de salario o la revocatoria del nombramiento, y se considerara una falta gravísima.

Así mismo la comisión de tres faltas leves serán considerados una falta grave, y el cometer dos faltas graves serán considerados una falta gravísima.

Artículo 8. Responsabilidad civil

Se hace saber que tanto el empleado como la institución que cause retrasos de forma injustificada, será civilmente responsable por las pérdidas económicas que este pueda tener, para lo cual deberán acudir a la vía procesal correspondiente, a fin de cuantificar el monto de la indemnización.
EditarNo
Jesús Cerdas Zúñiga Alajuela14/03/2021 15:56
Regular el precio de los marcos para gafas, son excesivamente caros sin ninguna razón, esto impide a las personas más pobres pagar gafas nuevas cuando las nececitan.
EditarNo
Graciela herrera rojasAlajuela11/03/2021 12:17
CAPÍTULO III- La Propuesta de Seguro Alimentario como una forma de tutelar de manera equitativa el Derecho Humano a los Alimentos y el Derecho Humano al Trabajo.

  En este capítulo, se expondrá de manera más amplia el problema y como complemento de lo anterior se propone una solución viable que se pueda implementar acorde a las condiciones actuales de Costa Rica.
La literatura demuestra que son pocos los autores que se dedican a analizar el presente tema, dentro de estos podemos citar a los juristas argentinos Cecilia P. Grossman y Claudio Alejandro Belluscio .

SECCIÓN I- El Derecho Humano al Trabajo

En esta sección se desarrollará el concepto de trabajo y el derecho de acceder a este, así como la normativa nacional e internacional que lo regula. Se hablará también de la importancia que tiene el trabajo dentro de la dignidad humana de la que todo ser humano debe gozar y de la responsabilidad de los Estados Parte a nivel mundial de asegurar un verdadero acceso de todos sus habitantes al trabajo, como la herramienta principal de la lucha contra el desempleo.

A-Concepto
El trabajo ha sido definido como la ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico y/o mental, y que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios para atender las necesidades humanas.  El trabajo es por tanto la actividad a través de la cual el ser humano obtiene sus medios de subsistencia por lo que tiene que trabajar para vivir, muchos han dicho que el trabajo es el primer paso de la realización humana; otros más radicales, como el famoso escritor José Saramago  expresaron que “sin trabajo, no merecemos existir”, toda persona tiene derecho al trabajo, sin excepción. 
Entonces, el derecho al trabajo es la base para la realización de otros derechos humanos y para la tenencia de una vida en dignidad. Incluye la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. En la realización progresiva de este derecho, los Estados Parte están obligados a garantizar la disponibilidad de orientación técnica y profesional, y a tomar las “medidas apropiadas” para crear un entorno propicio para que existan oportunidades de empleo productivo. Los Estados deben garantizar la no discriminación en relación con todos los aspectos del trabajo. El trabajo forzoso está prohibido por el Derecho Internacional.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha definido los derechos humanos como los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen: el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la vivienda, el acceso a agua potable; a la educación y al trabajo, entre otros.
Sin embargo, las Naciones Unidas han ido ampliando, reconociendo nuevos derechos humanos para incluir normas específicas relacionadas con las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, personas adultas mayores, población indígena, población LGTBI, minorías y otros grupos vulnerables, que ahora poseen derechos que los protegen frente a la discriminación que durante muchos años ha estado presente en el pasar de numerosas sociedades.
B-Normativa Nacional e Internacionales

El derecho al trabajo fue reconocido como derecho humano, por primera vez en La Declaración Universal de Derechos Humanos (en adelante DUDH), la cual es un documento elaborado por representantes de todas las regiones del mundo, dicha declaración fue proclamada por la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948 en París. Esta establece por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y la misma, ha sido traducida en más de 500 idiomas.
Ninguno de los 56 miembros de las Naciones Unidas  votó en contra del texto, aunque Sudáfrica, Arabia Saudita y la Unión Soviética se abstuvieron de suscribirla. En la DUDH, propiamente en su artículo 23 se reza que:
“1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
En la DUDH en su artículo 25. 1 que:
 Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene, asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”
Luego en 1966, los derechos económicos, sociales y culturales  incluyendo el de trabajo, que ya habían sido establecidos como fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), quedaron reflejados como derechos legales en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)  en los artículos 6 y 7:

“Artículo 6.
1. Los Estados-Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.
2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados-Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y formación técnico profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana.
Artículo 7
Los Estados-Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.”
 Exitosamente, hasta la fecha, más de 160 Estados han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Asimismo, numerosos países han plasmado su compromiso con estos derechos, añadiendo el articulado específico a sus constituciones políticas y legislación interna, como es el caso de Costa Rica.
Ahora bien, quedando claro que el derecho al trabajo es un derecho humano de igual importancia que el derecho alimentario expuesto en el segundo capítulo se procederá a desarrollar la relación que existe entre ambos.

C-Relación entre el Derecho Humano al Trabajo y el Derecho de Alimentos

Cuando se da un recorrido por los antecedentes del deber alimentario, se encuentra que desde un inicio  se tenía la perspectiva de dar una tutela igualitaria a ambos derechos humanos, en el Código Carrillo de 1841, que se considera el primer cuerpo legislativo en esta materia, propiamente en sus artículos 128 expresamente “cuando el que da, o el que recibe los alimentos, se pone en estado de no poderlos dar, o de no necesitarlos, se puede pedir la exoneración o restitución de ellos” y 129 respectivamente “si la persona que debe dar alimentos justifica que no puede pagar la porción alimenticia, el juez con conocimiento de causa, puede ordenar que reciba en su casa al que debe alimentar” .
Como se infiere de las actas legislativas contenidas en el segundo capítulo, existía la práctica por parte de muchos deudores alimentarios de poner la excusa de no tener trabajo para dejar de pagar la cuota alimentaria , y el problema que acarrea una exoneración, es que no es momentánea y el desempleo sí, por lo que le confería la obligación de interponer nuevamente el  proceso a la accionante (en su mayoría mujeres, madres de menores) y convertirse en vigilante de la “ocupación u no ocupación” del  deudor (en su mayoría hombres, padres de menores), teniendo este ultimo la posibilidad de no notificar al juzgado su nuevo trabajo como un acto de mala fe e irresponsabilidad parental. 
Como una de las medidas de represión urgente en aquel momento, se dio la inclusión del apremio corporal hasta por seis meses, sin prever las consecuencias que, a no muy largo plazo, estos cambios generarían.
Actualmente, como podrá verse, social y jurídicamente, existen impedimentos reales para el cumplimiento del deber alimentario por parte de la persona deudora, ya que, aunque esta quisiera, “por factores de pobreza y desempleo, aunado a la privación de libertad, no es la alternativa más viable, por cuanto, no cumplen los beneficios  de los artículos 31 y 32 de la actual LPA con los objetivos con los que fueron creados, son solo medidas paliativas que no solucionan realmente el problema. Y dicha privación de libertad al final de cuentas resulta muy oneroso para el Estado, por la alimentación y vigilancia que requieren las personas deudoras alimentarias privadas de libertad, esto no soluciona el problema real de los alimentos.” 
En esa misma línea de pensamiento, Grossman menciona:
“No nos llamemos al engaño: el problema del incumplimiento alimentario no se resolverá solo con endurecer las normas y aplicar penas y sanciones. Por el contrario, las penas no son beneficiosas para la familia y en última instancia tampoco para el niño: el padre en la cárcel, el padre que pierde el empleo, el padre que se ve limitado en su actividad no es la figura que favorece el interés superior del niño.”
La situación se complica aún más, cuando tomamos en cuenta que, en Costa Rica, la clase trabajadora se encuentra constantemente expuesta al desempleo y a la devaluación de su salario, esto, porque en nuestro país aún no contamos con un régimen de estabilidad laboral, y por el contrario algunos patronos en ejercicio de su “derecho al libre despido”, diariamente dan por terminados contratos laborales con la simple justificación de reorganización.
 Y aunque la Reforma Procesal Laboral le pone fin a esa excusa de reorganización porque ahora los patronos deben especificar claramente los motivos mediante una carta de despido (obligatoriamente por escrito) , lo cierto es que mediante las entrevistas realizadas, queda en evidencia que los deudores alimentarios con dificultades para pagar la cuota, no solo tienen trabajos muy informales, sino que desconocen sus derechos en materia laboral y alimentaria, y no se defienden tanto por desconocimiento como también por la misma falta de recursos económicos.
El Estado como garante de la paz social ante la normativa internacional y constitucional, debe velar por la implementación de medidas que aumenten la oferta laboral, de esa manera al reactivar la economía, aquellos quienes se encuentran obligados a satisfacer necesidades primordiales de la población, encontraran un medio para cumplir de manera efectiva su obligación, y un ingreso digno para su propia supervivencia.
Entonces, si se cuestiona ¿Cuáles son las medidas indispensables que debería implementar el Estado, con apoyo de la sociedad civil, para asegurar el sustento de los niños? La respuesta la proporciona la profesora Grossman en la página 67 de su libro: “Alimentos a los Hijos y Derechos Humanos”, la cual sobresale por su visión garantista y al mismo tiempo realista del problema, el cual ha sido padecido no solo por la sociedad costarricense, sino, también, por muchos otros países de América Latina.
“Se tienen que construir una política económico-social que tenga como mira central asegurar el derecho al trabajo de toda persona , aspecto indisolublemente asociado al derecho alimentario de los niños, ya que para los padres puedan cumplir con su responsabilidad parental deben tener ingresos que les permitan cubrir el sustento y la educación de sus hijos”.
Por lo tanto, todos los esfuerzos para sumarle efectividad al cumplimiento de la obligación alimentaria, deberían estar encaminados a implementar medidas para que todas las personas tengan un verdadero acceso al trabajo, y no, a implementar nuevas y más sanciones represivas y limitantes como lo son el apremio corporal (privación de libertad), que visto lo anterior, además de imposibilitar al obrero de reincorporarse a la población económicamente activa, tampoco le suministra los alimentos a los niños quienes representan el grueso porcentaje de los alimentarios.
Resulta de suma importancia, depositar en el Estado, visto como el mayor empleador, la posibilidad de asumir una mayor responsabilidad al respecto ya sea de brindar empleo a los y las deudoras alimentarias, o bien aportar de manera solidaria parte de la cuota alimentaria, como funciona en la cotización del seguro social. De esta manera proporcionaría los alimentos a los beneficiarios, sin castigar a la parte trabajadora por un problema de desempleo, que se encuentra fuera de su elección, y un incumplimiento a raíz de ello, fuera de su voluntad como se demostró en las entrevistas realizadas.
Relacionado con lo antes expuesto, la Sala Constitucional ha expresado:
“Quien debe alimentos, puede acudir a la tramitación de dos solicitudes, en forma individual o conjunta, con el fin de obtener autorización para buscar trabajo o el pago en tractos. Lógicamente, se trata de excepciones, pues, el cumplimiento puntual de la obligación alimentaria debe ser la regla”. (Voto No 54-90)
El detalle es que se debe reflexionar en las reglas que se establecen y a cual contexto se están aplicando, como, por ejemplo, en el 2020 la regla sigue siendo que se debe pagar puntualmente la obligación alimentaria, en un contexto donde el país se encuentra sumergido en un alto índice de desempleo, incluyendo personas con altos grados académicos; con mayor razón se encuentran más susceptibles de no encontrar empleo aquellas personas con baja escolaridad, que a lo largo de su vida han laborado de manera informal e inestable.

SECCION II- La viabilidad del Seguro Alimentario en Costa Rica como parte de una adecuada redacción del artículo 265 del nuevo Código Procesal de Familia

En esta sección se analizarán los diferentes aspectos que inciden directamente con la viabilidad de un seguro, específicamente, el seguro alimentario en los términos y condiciones aquí expuestos, iniciando con una breve explicación de ¿qué es un seguro y cómo funciona para que sea rentable o subsistente económicamente?
A-Concepto de Seguros y su funcionamiento
Los seguros, jurídicamente hablando, se encuentran dentro del amplio mundo de los contratos. Han sido definidos como: “instrumentos financieros, que nos ayudan a reducir la incertidumbre económica sobre el futuro, ya que firmando un contrato (póliza) con una Compañía de Seguros (ya sea de vida o generales) en la cual yo me comprometo a pagar una determinada cantidad de dinero (prima) estoy garantizando cierto pago futuro en la eventualidad que ocurra alguna circunstancia predefinida por la cual yo me estoy asegurando.”
A partir de la cita anterior y la lectura del resto del artículo, se deduce que, las aseguradoras, en realidad son un negocio, funcionan porque su actividad es una operación básicamente para acumular riqueza a través de las aportaciones de muchos sujetos expuestos a eventos económicos desfavorables, para destinar lo así acumulado, a los pocos a quienes se presenta la necesidad. Sin embargo, frente a la sociedad, las aseguradoras representan un ideal de solidaridad para con un grupo sometido a riesgos, que podría resultar siendo cualquier persona.
Las aseguradoras logran ser rentables porque solo unos pocos asegurados sufren los riesgos, frente a los muchos que contribuyen al pago de la cobertura. Ello permite una gestión estadística del riesgo, las aseguradoras deben mantenerse en constante actualización de esas estadísticas desde el punto de vista económico, aunque el riesgo se puede cuantificar como una parte del colectivo, se conserva individualmente desde el punto de vista jurídico y contractual.
Un estudio titulado “Examinando el lado oculto de las Aseguradoras” tomado de la página oficial estadounidense de RENTABALITY-Cultura para la Rentabilidad, explica aspectos muy interesantes sobre estas.
Lo primero es que la industria de seguros se ve generalmente clasificada en tres segmentos distintos, de propiedad y accidente, vida  y salud . La parte de propiedad/accidente de esta industria ofrece un seguro para automóviles, casas y negocios.
La categoría de propiedad/accidente dice que se pueden desglosar en dos categorías principales: líneas comerciales de seguros y líneas personales.
Las líneas personales, como el término lo indica, incluye la cobertura de las personas - de automóviles y seguro de vivienda. Las líneas comerciales representan más de la mitad de la propiedad en los Estados Unidos, siendo el fuerte los seguros de víctimas de la industria, incluyen los muchos tipos de productos de seguros diseñados para las empresas.
Por lo anterior, las aseguradoras juegan un papel muy importante en la economía de un país, ellas esencialmente protegen el sistema económico de la falla, al asumir los riesgos inherentes a la producción de bienes y servicios.
Dicha transferencia del riesgo, libera a las empresas del temor, potencialmente paralizante de un accidente, o un error que podría causar enormes pérdidas o incluso la ruina financiera; o sea, las personas y empresas compran su tranquilidad, de encontrarse protegidos ante la eventualidad de un riesgo inminente.
 Como consecuencia, los y las funcionarias de una empresa de seguros, suelen ser profesionales especialistas sobre todo en finanzas, no son ingenieros. Normalmente, se ocupan de cuestiones de política y la estabilidad del mercado, los peligros naturales, como inundaciones y terremotos, instalación de protección contra incendios y una serie de otros riesgos para un proyecto o sitio.
Todas las compañías de seguros están obligadas a recolectar información y datos. Si son seguros personales, las variables de cada individuo, y si son seguros comerciales, por ejemplo, datos de la planta y datos de los análisis de la causa raíz de la falla del sistema, incluyendo tipos de falla que puede ocurrir en plantas establecidas y nuevas, así como de los equipos. Estos datos son en otras palabras, la “materia prima” de referencia para el funcionamiento de un seguro.
Finalmente, a pesar de la considerable cantidad de investigación y análisis técnico que se suele realizar para determinar el riesgo de un proyecto de seguro determinado, a menudo la decisión de una compañía de seguros particular, de invertir eficazmente en un proyecto no es totalmente cuantificable.
“Si bien el número real generado estadísticamente para evaluar un perfil de riesgo es importante para tomar una decisión, hay una cierta cantidad de análisis cualitativo que se produce, y este es mejor descrito por los activos intangibles como la experiencia de un asegurador en un campo de especial riesgo. No sólo los números de un riesgo tiene que ser correctos, sino la "sensación" del riesgo tiene que ser correcta.”
Como parte de un contrato de naturaleza aleatoria, los seguros están expuestos a eventos inciertos como un alza o una baja en algún indicador, que afecte o beneficie de manera importante su economía, y los haga responsables de grandes pérdidas o ganancias, y como se dijo anteriormente, por más investigación y análisis técnico de una situación de riesgo, nunca existirá un resultado exacto. Sin embargo, no por ello, dejan de ser rentables, pues llevar un registro de las estadísticas periódicas y actualizadas les dan un punto de partida o porcentaje de “probabilidad”  bastante exacto, en la mayoría de los casos.
Lo que realmente les da esa rentabilidad como negocio, son los muchos cotizantes a diferencia de los pocos que sufren la eventualidad riesgosa, que deciden apostar por su tranquilidad y seguridad, a sabiendas de que quizá nunca vayan a necesitar la cobertura del seguro.
            El seguro social en Costa Rica es un programa que financia o administra la Caja Costarricense de Seguro Social (como institución gubernamental) para satisfacer las necesidades básicas de las personas en determinada situación. Se divide en el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) y el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) o régimen de pensiones.

1. Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM)

El Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) cuenta con aproximadamente 1.631.895 costarricenses afiliados (cotizan 9,25% el patrono y un 5,50% el trabajador), es el seguro que otorga a los trabajadores (públicos, privados, voluntarios e independientes) afiliados a la CCSS y, en su caso, a sus familiares, prestaciones en especie y/o en dinero, en caso de enfermedad o maternidad. En caso de enfermedad, las prestaciones cubren desde atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, hasta un subsidio en dinero cuando la enfermedad incapacite al asegurado para el trabajo. En maternidad, las prestaciones incluyen atención obstétrica, ayuda en especie para lactancia en caso de requerirla y licencia de maternidad antes y después del parto.
Los trabajadores independientes y asegurados voluntarios que cotizan para el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) son 442.690 personas de un total de 1.631.895 afiliados. 
Fuera de este, las empresas deben pagar una póliza del INS que cubra a sus empleados por riesgos de trabajo.

2. Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) o régimen de pensiones.

El Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) cuenta con aproximadamente 1,5 millones de trabajadores (1.442.063) y 83.442 patronos afiliados  (cotizan 5,25% el patrono y un 4,00% el trabajador) es el seguro que otorga pensiones por vejez, por invalidez del asegurado y a los sobrevivientes del asegurado fallecido.
El sistema cuenta con más de 225.984 jubilados.  Aproximadamente, 356.937 del total de afiliados corresponde a trabajadores independientes y asegurados voluntarios  que cotizan para el régimen de Invalidez, Vejez  y Muerte.


3. Aumento reciente al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)

La junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en junio 2019 aprobó el aumento de medio punto porcentual al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que empezó a regir en enero de 2020. El incremento fue tripartito (monto que pagan tanto los trabajadores, como los patronos y el Estado) y esto permitió que el aporte total contributivo pasara a ser 10.66% del total del salario de cada trabajador.
“El incremento representa 0,17% para cada sector, o sea 170 colones por cada cien mil colones de ingreso reportado por cada uno de los actores.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) detalló que se pagará de la siguiente manera: cada patrono realizará el pago sobre su planilla total reportada; el trabajador sobre su salario; en el caso de trabajador independiente o voluntario sobre el ingreso reportado; y el Estado lo hará sobre el total de la población cotizante.”
Don Jaime Barrantes Espinoza, gerente de Pensiones de la CCSS, afirma que se implementó esta medida junto con otras disposiciones complementarias analizando que impactará positivamente la solidez financiera de este régimen de pensiones que actualmente aglutina a 1.557.211 cotizantes y alrededor de 285.000 beneficiarios, según los datos de la institución a setiembre 2019, y una reserva cercana a los ¢2.5 billones.
En la siguiente tabla  se detallan los aumentos escalonados aprobados por la Junta Directiva de la CCSS y sus respectivas fechas de aplicación:

Tabla 4. Aumentos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte
               Periodo            Contribución               Distribución
Contribución actual 10,16% Patronos: 5,08%
Trabajadores: 3,84%
Estado: 1,24%
Del 1º enero de 2020 al 31 de diciembre del 2022.
  10,66% Patronos: 5,25%
Trabajadores: 4,00%
Estado: 1,41%
Del 1º de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2025.
  11,16% Patronos: 5,42%
Trabajadores: 4,17%
Estado: 1,57%
Del 1° de enero del 2026 al 31 de diciembre del 2028.
  11,66% Patronos: 5,58%
Trabajadores: 4,33%
Estado: 1,75%
A partir del 1º de enero del 2029.
  12,16% Patronos: 5,75%
Trabajadores: 4,50%
Estado:1,91%
Fuente: Andrea, Mora el 20 de 12 de 2019, con base en lo aprobado por la Junta Directiva.
Aspectos como la inflación, y otros, como la evasión de impuestos a la CCSS por parte de grandes empresas (que no presentan planillas o no las presentan completas) , hicieron necesario este aumento programado a escala, pues el IVM como uno de los seguros más importantes para el bienestar social de Costa Rica, necesita rentabilidad y sobre todo mantenerse a flote, pues de este dependen miles de costarricenses, y la eventual quiebra del IVM o del SEM desataría un gran problema a nuestro país.
 En suma, señaladas las características propias de un seguro estatal, a continuación, se explicará por qué el Estado debería contribuir en la cotización de un posible seguro alimentario a implementar en Costa Rica.
B- La Responsabilidad del Estado en temas de Desempleo y Pensiones Alimentarias
El Estado tiene el compromiso de dar protección especial a la familia, porque esta es la base fundamental de la sociedad, y por lo tanto, también, a la prestación alimentaria por ser un derecho humano ligado a la subsistencia y bienestar de las personas que conforman la familia.
Partiendo del concepto moderno de familia desarrollado en el primer capítulo, de manera indiscutible, por mandato constitucional y tratados internacionales, el Estado tiene una responsabilidad directa de velar por la dignidad humana de todos sus habitantes, y proteger de una manera especial la familia como el núcleo, que es la base de la sociedad.
La obligación alimentaria, como ya se mencionó, no comprende solo los alimentos, sino un conjunto de derechos como: el acceso a la educación, al vestido, una buena dieta nutricional, acceso a agua potable y asistencia médica cuando se requiere, inclusive al derecho de recreación, que no es sinónimo de opulencia, sino, necesidad. 
En especial si se habla de la niñez, en esta etapa tan importante de formación y desarrollo del ser humano, todo lo comprendido por la obligación alimentaria, son los elementos básicos para poder concebir de que a partir de estar todos satisfechos, hay dignidad humana.
Otro de los derechos humanos fundamentales no menos importante, es el “derecho al trabajo” porque dignifica al ser humano y es la fuente de ingresos por excelencia, sin trabajo no hay calidad de vida, sin trabajo no hay sustento familiar.
Costa Rica al unirse al compromiso internacional de La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 23, el cual declara textualmente que: “1. Toda persona tiene derecho al trabajo, (…) a la protección contra el desempleo. (…) que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana” y al compromiso constitucional contenido en el numeral 56: “(…) El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo”.
Por ende, tiene el Estado Costarricense la obligación de velar para que toda persona cuente con un trabajo digno que le permita satisfacer sus necesidades y las de su familia, incluida en primer lugar la necesidad de alimentos por estar intrínsecamente relacionada a la supervivencia. 
El Estado no sólo está obligado a implementar medidas y políticas gubernamentales que le permitan cumplir con ese deber, sino, también, a realizar los cambios que sean necesarios dentro del ordenamiento jurídico, ya sea aprobando proyectos de ley progresistas e innovadores, o bien derogando normativa obsoleta, pero apegado al principio de justicia pronta y cumplida.
En materia de alimentos, el mayor problema es que se encuentran la mayor parte de proyectos de ley innovadores, estancados en lista de espera para ser discutidos, siendo este tema, uno donde el Estado tiene mayor responsabilidad, ya que una omisión o una solución tardía, causa un menoscabo a la dignidad de la mayor parte de niños y niñas costarricenses.
El nuevo Código Procesal de Familia, ley N°9747 recientemente, aprobado, que a partir del 01 de enero 2022, promete ajustarse a la sensibilidad que requiere dicha materia; en realidad, es omiso en el trato del problema que esta investigación plantea, y más bien arrastra textualmente el artículo 27 de la LPA, ahora en su numeral 265:
“Artículo 265.- Pago obligatorio de los alimentos: No será excusa atendible para oponerse a la fijación de la cuota de pensión alimentaria el no tener trabajo, salario o ingresos; tampoco que los negocios no produzcan utilidades, todo sin perjuicio del análisis de la prueba y de las averiguaciones que, de oficio o a solicitud de parte, ordene el tribunal. Si se ocultaren o distrajeren bienes o ingresos, se testimoniarán piezas ante el Ministerio Público a fin de que se determine si se está en presencia de una actividad delictiva”.
Los diferentes proyectos de ley que dan soluciones al incumplimiento, por razón del desempleo, siguen en espera como si no se tratara de un tema donde con el pasar de los días se menoscaban derechos humanos tales como la libertad, el trabajo y los alimentos.
Es importante mencionar que el trabajo no es sólo un derecho de quienes tienen libertad de tránsito, sino también de aquellos que están privados de libertad, la Sala Constitucional en el voto 6829-93 citando el artículo 85 del Decreto Ejecutivo número 22198-J dijo que todo privado de libertad tenía derecho al trabajo, de carácter formativo y correctivo, y que se tomarían en cuenta sus aptitudes y cualidades, por seguridad de la institución.
 Dicho lo anterior, los deudores alimentarios tienen un perfil cualitativo muy distinto con respecto al resto de delincuentes privados de libertad. El deudor alimentario no representa un peligro para la sociedad en caso de que recupere su libertad de tránsito temporalmente para buscar empleo; por lo que, con mayor razón, y tomando en cuenta las circunstancias por las que fue ingresado, dicha privación violenta de sobremanera su derecho al trabajo digno.
Esta materia colmada de garantías sociales exige una interpretación igualmente garantista, o sea, una ideología jurídica capaz de comprender, interpretar y cumplir con las normas y principios constitucionales y convencionales para el juzgamiento de una persona acorde a su caso concreto.
Como parte del análisis, cuando se habla de la responsabilidad subsidiaria que tiene el Estado dentro de la obligación alimentaria, no es para nada, un exceso de tolerancia  para con los deudores, sino, más bien, una responsabilidad directa de proporcionar ayuda económica a los progenitores desempleados, en razón de la grave crisis socioeconómica que atraviesa Costa Rica, cuyos efectos se observa que son: la pobreza, la indigencia y la desocupación; y en la población infantil: la desnutrición, un deficiente desarrollo mental y emocional y  finalmente la deserción escolar. Interfiriendo de manera significativa en el futuro de miles de costarricenses. 
Sobre la obligación del Estado de acuerpar a los progenitores en su obligación alimentaria, la Dra. Grossman nos proporciona que:
“La posibilidad de demandar diversas ayudas al Estado, en caso de falta de recursos de la madre y del padre, con base en los artículos 18 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, tiene como fundamento el deber del Estado de garantizar el empleo y a falta de este, un subsidio por desempleo; como garante de los derechos del niño. Si no diera cumplimiento en la implementación de dichas acciones positivas, ello representaría, lisa y llanamente, un abandono intencional.”
Entonces, si el Estado tiene la obligación de generar empleos, y a falta de estos un subsidio por desempleo, con el que no cuenta, con mayor razón tiene la obligación de asignar un subsidio alimentario para los niños y niñas, comprendiendo algunas de sus necesidades más urgentes, al menos aquellas que sus progenitores no hayan podido cubrir en razón, de su desempleo.

1- El Seguro Constitucional de desocupación en Costa Rica

El seguro de desocupación o prestación por desempleo es un pago temporal que se realiza por parte del Gobierno de un determinado país a las personas que se hayan quedado sin empleo de forma involuntaria y que estén a la espera de poder volver a reinsertarse laboralmente.
El Fundamento jurídico de este seguro, lo componen los artículos 63 y 72 de la Constitución Política:
“ARTÍCULO 63.- Los trabajadores despedidos sin justa causa tendrán derecho a una indemnización cuando no se encuentren cubiertos por un seguro de desocupación.
ARTÍCULO 72.- El Estado mantendrá, mientras no exista seguro de desocupación, un sistema técnico y permanente de protección a los desocupados involuntarios, y procurará la reintegración, de los mismos al trabajo.”
Cuando se abrió la discusión de dichos artículos, una parte decía que dicha “indemnización” hacía alusión a lo que se conoce como cesantía y no a un seguro por desempleo, pero, si se analiza cuidadosamente, esta interpretación es posible únicamente en el numeral 63, mas no en el 72, donde claramente se habla de un seguro por desempleo, es importante tener presente que no todos los trabajadores del sector informal reciben indemnización por concepto de cesantía cuando son despedidos por sus patronos.
  Estos artículos se crearon en aras de proveer protección contra el desempleo, visto este como un problema que puede sobrevenirle a cualquier persona, a la cual, el Estado a raíz de los convenios internacionales que ha suscrito  tendría la responsabilidad de responder por su omisión.  
Dentro de los antecedentes del artículo 72 de la Constitución Política, el cual aún forma parte del Capítulo de Derechos y Garantías Sociales, su texto original de cuando se presentó como moción por primera vez, según el acta N°124, correspondiente a la sesión celebrada en la Asamblea el 5 de agosto de 1949, indicaba lo siguiente:
“El Estado mantendrá un sistema técnico y permanente de asistencia a los desocupados y de reintegración de los mismos al trabajo”.
Allí mismo intervinieron los Diputados Zeledón Brenes, Monge Álvarez, Chacón Jinesta, Facio Brenes, y Arias Bonilla.  Para que, al decir desocupados, se delimitara únicamente a los desocupados involuntarios, además manifestaron:
“Indudablemente, que la mejor solución del problema de la desocupación es mediante el establecimiento del seguro de desocupación, que se forma de la contribución forzosa del Estado, de los patronos y de los propios trabajadores.  Para evitar conflictos entre patronos y trabajadores debidos a la cesantía, la única fórmula adecuada es mediante el seguro de desocupación”. (la negrita no es del original)

          El señor Rodrigo Loria Arias presentó dicha acción de inconstitucionalidad contra el Estado ya que a criterio suyo el Estado ha incumplido con los mandatos contenidos en el artículo 72 de la Constitución Política, los cuales son tres, que deben ejecutarse y que a la fecha no se han cumplido, son: “1. La existencia de un seguro de desocupación. - 2. La existencia de un sistema técnico y permanente de protección a los desocupados involuntarios. - 3. La reintegración de los desocupados involuntarios al trabajo”.
Sin embargo, a juicio de la Procuraduría General de la Republica (en adelante PGR) afirmar que ese cuestionamiento no es correcto, porque la Ley de Protección al Trabajador, N°7983 de 16 de febrero de 2000, creó un sistema que permite a los trabajadores que quedan cesantes independientemente de la causa que extinguió el vínculo laboral. Por lo que el auxilio de cesantía ya representa un ingreso suficiente para que el trabajador tenga los medios para atender sus necesidades durante el período de búsqueda de un nuevo empleo. Además, la PGR afirma que posteriormente, la misma ley N°7983 ya citada, en su artículo 3 crea el fondo de capitalización laboral (FCL) , terminando de consolidar ese sistema de protección a los desocupados. Pero el FCL no lo cotizan los trabajadores informales que no están en planilla.
La PGR dice que si bien lo dispuesto en la Ley de Protección al Trabajador no puede ser catalogado como un seguro social, como también lo ha sostenido con acierto la Sala Constitucional en sus sentencias: 643-2000 de las 14:30 horas del 20 de enero de 2000, reiterada en la 3483-2003 de las 14:05 horas del 2 de mayo de 2003; “sí puede catalogarse como un sistema técnico de protección a los desocupados”, en los términos en que lo prevé el artículo 72 de la Constitución Política.
Sin embargo, si se analiza detenidamente la redacción del artículo 72, este dice textualmente: “El Estado mantendrá, mientras no exista seguro de desocupación, un sistema técnico y permanente de protección a los desocupados involuntarios, y procurará la reintegración, de los mismos al trabajo.” El Estado ha logrado “cumplir” con la primera parte de ese sistema que le ordena proteger a los desocupados involuntarios, con la creación del “Auxilio de la Cesantía” en conjunto con el “Fondo de Capitalización Laboral”.
Según el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, en la resolución Nº2008001739 del expediente 06-012657-0007-CO, dicho “sistema técnico y permanente de protección…” según lo estipulado en la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (artículo 75), el “Reglamento de reorganización y racionalización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social” (artículo 39) y el “Reglamento del Consejo Nacional de Intermediación del Empleo” del año 2001, está integrado por los siguientes mecanismos de acceso al empleo: el Ministerio de Trabajo, concretamente con la Dirección de Empleo (antes denominada “Oficina de Empleo”), donde los interesados podían acudir a presentar su oferta de trabajo y obtener la ocupación de acuerdo con la demanda existente. Además del FCL, ya mencionado y establecido concretamente, en el artículo 2 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, así como la Ley de Protección al Trabajador, denominado “fondo de capitalización laboral, que es una especie de ahorro financiado con aportes del patrono, que pueda servirle al trabajador en momentos de desempleo”.
A partir de las entrevistas realizadas que se analizarán más adelante, las personas entrevistadas afirman que no sienten ninguna ayuda por parte del Estado, pues, cada quién, de forma individual, debe velar por asistir a ferias de empleo, hacer su propio curriculum vitae incluso si son analfabetos(as) y conseguir empleo durante semanas y meses sin encontrarlo. El desempleo es un problema que compete a todos como país, y donde el Estado tiene una responsabilidad importante para con todos sus ciudadanos desempleados, de procurarles la reincorporación al trabajo lo antes posible, inclusive, también existen varios proyectos de ley para solucionar esta problemática , pero no han tenido éxito, algunos ni siquiera han sido discutidos.
Los proyectos de ley que se han propuesto para atacar el desempleo en Costa Rica no han sido la prioridad en la Asamblea Legislativa, mientras 309.000 personas se encuentran desempleadas , probablemente, sin poder cubrir ni siquiera su propia alimentación, mucho menos la de sus familias.
Son un millón de personas (593.000 hombres y 419.000 mujeres)  las que ocupan empleos informales, la mayoría con pocas o ninguna garantía social de respaldo. Detrás de estas personas desempleadas, hay niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores que dependen en su totalidad de estos jefes y jefas de hogar.
Sin embargo, es importante averiguar cuales soluciones han implementado otros países a este mismo problema. Lo que se hará en el siguiente apartado.

C-El Seguro Alimentario y otras soluciones aplicadas en el Derecho Comparado

En este apartado se verán, las diferentes medidas que han implementado otros países para abordar el tema del desempleo como una de las causales de incumplimiento en el deber alimentario; ya que como ha quedado expuesto, no se encuentra en dicho incumplimiento la voluntad del deudor, sino más bien una crisis de desempleo donde el Estado tiene la obligación de velar por el acceso al trabajo de todos sus habitantes y de lo contrario, implementar medidas para hacer efectivo el cumplimiento alimentario desde una responsabilidad solidaria e impuesta por la Convención de los Derechos Humanos. 
En la mayoría de los países desarrollados, se cuenta con programas donde el Estado asume alguna responsabilidad por los deudores alimentarios que no pueden asumir su deber, pero en calidad de fondos propios, o sea, como parte de un ahorro que ellos mismos capitalizan; esto es posible porque el Estado les cobra aproximadamente un 50% de sus ingresos en impuestos, lo cual no sucede en Costa Rica.
Las medidas y programas que se implementen en un país, para que estas funcionen, deben tomar en cuenta la realidad económica y social de cada nación en particular. A continuación, se exponen los casos de diferentes países con relación a este tema, para develar qué situación se podría aplicar a Costa Rica.

1. ARGENTINA:

Contar con un seguro de desempleo es una de las obligaciones que tienen los países al haber suscrito tratados internacionales que protegen el derecho al trabajo, como un derecho humano, y en su defecto, o sea cuando se carezca de dicho seguro de desempleo, deberán al menos tener un sistema técnico y permanente de protección a los desocupados involuntarios que procurará la reintegración, de los mismos al trabajo.
Y aunque Argentina al igual que Costa Rica, no exime del pago de la pensión alimentaria a quienes han quedado sin trabajo de manera involuntaria, como queda claro en el Código Civil y Comercial de la Nación de Argentina, Ley 26.994 en su artículo 554 que dice:
“ARTÍCULO 554.- Cese de la obligación alimentaria. Cesa la obligación alimentaria:
a) si el alimentado incurre en alguna causal de indignidad;
b) por la muerte del obligado o del alimentado;
c) cuando desaparecen los presupuestos de la obligación.
La pretensión de cese, aumento o reducción de los alimentos tramita por el procedimiento más breve que prevea la ley local.”
A pesar de ello, Argentina podría ser un país modelo a seguir de Costa Rica, pues, es uno de los únicos países de América Latina en contar con un seguro por desempleo. Son apenas seis países en todo América Latina los que cuentan con este seguro tan necesario, estos son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay.
En la página oficial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina se encuentra la forma en la que se cotiza para el seguro por desempleo, y se explica cómo funciona este ampliamente. El mismo se encuentra regulado en las leyes: Ley Nº24.013 de Empleo, Título IV, la Nº25.371 del Sistema Integrado de Prestaciones por Desempleo para los Trabajadores Comprendidos en el Régimen de la Construcción y la N°25.191 de Trabajadores Rurales.
El Seguro por Desempleo en ese país es una suma de dinero mensual, que incluye asistencia médica y asignaciones familiares, sin embargo, también existe la posibilidad de que el trabajador decida cobrar juntas todas las cuotas del Seguro por Desempleo para desarrollar un emprendimiento (Modalidad de Pago Único).
Además de los beneficios anteriores, el trabajador puede solicitar que su seguro esté acompañado por las siguientes prestaciones adicionales como: finalización de estudios primarios y/o secundarios con entrega de certificación de estudios formales, actividades de formación profesional y capacitación laboral, apoyo a la búsqueda de empleo, orientación al trabajo independiente, entrenamiento para el trabajo en el sector privado, etc.
Es por todo lo anterior, que el convenio de la OIT y demás tratados internacionales que protegen el derecho al trabajo  si se cumplen a cabalidad en una nación donde se ejecuta de manera adecuada el seguro por desempleo, porque hay un real compromiso por parte del estado en proteger a los desocupados involuntarios y reintegrarlos de manera pronta y efectiva al trabajo.
Por lo anterior, se visualiza que ese tiempo de desocupación, se convierte más bien en una gran oportunidad para la ciudadanía, ya que Argentina pone a disposición de los trabajadores desempleados toda una serie de oportunidades, capacitaciones profesionales y técnicas, y los provee de esos insumos personales y profesionales exigibles para un empleo, incrementando muchísimo sus posibilidades de encontrar un trabajo que les haga posible cubrir sus obligaciones, incluyendo la alimentaria.
Además, el Seguro de Desempleo está dirigido exclusivamente a trabajadores asalariados desocupados despedidos “sin justa causa” o por “fuerza mayor” que cuenten con un mínimo de 6 meses (Leyes 24.013 y 25.191) u 8 meses (Ley 25.371) de aportes patronales al Sistema de Seguridad Social (Fondo Nacional de Empleo).
Obviamente, la duración del seguro varía proporcionalmente al tiempo efectivamente trabajado y contribuido al Sistema de Seguridad Social (Fondo Nacional de Empleo) en los últimos 2 ó 3 años al cese o despido, de acuerdo con la siguiente tabla:  
Tabla 5. Variación de prestaciones según tiempo trabajado y contribuido al Sistema de Seguridad Social en Argentina
Ley donde se regula Período de Cotización Duración de las prestaciones
Ley N°24.013 y 25.191 De 6 a 11 meses 2 meses
Ley N°25.371 De 8 a 11 meses 3 meses
Ley N°24.013 y 25.191 De 12 a 23 meses 4 meses
Ley N°25.371 De 12 a 17 meses 4 meses
Ley N°25.371 De 18 a 24 meses 8 meses
Ley N°24.013 y 25.191 De 24 a 35 meses 8 meses
Ley N°24.013 y 25.191 36 meses 12 meses
Fuente: Elaboración propia a partir de la página oficial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, 2019.
A partir de la información anterior, las personas de 45 años o más, automáticamente se les extiende el Seguro por Desempleo por un período de 6 meses, aunque sus cotizaciones solo alcancen para un seguro de dos meses; este beneficio se les concede por su edad, y porque la dificultad para conseguir trabajo en edad madura aumenta significativamente.
Ahora bien, aunque en Costa Rica se maneja otro tipo de moneda, es necesario mencionar que el monto de la prestación económica tiene un mínimo y un tope, como era de suponerse; en el caso de Argentina con su seguro por desempleo establecieron que no puede ser inferior a los $1.728 ni superior a $3.456, más las Asignaciones Familiares que le correspondan .
Llama la atención que con el objetivo de desalentar la desocupación voluntaria y estimular la búsqueda de un nuevo empleo, Argentina estableció una escala decreciente en la prestación que se modifica cada cuatro meses. De manera que durante el primer período se percibe el 100% de la prestación adjudicada, de la cuota quinta a la octava el 85% y el 70% durante los últimos cuatro meses , más las asignaciones familiares correspondientes.
Todos estos datos y porcentajes citados sirven de materia prima para comparar, para establecer una analogía en beneficio, y poder moldear una propuesta de seguro alimentario que se ajuste a las posibilidades del contexto costarricense.
En Argentina como parte de los requisitos que les han exigido a los trabajadores desocupados- piénsese en nuestro caso además deudores alimentarios- se les solicita un mínimo de seis meses de cotización para poder calificar, estar en situación de desempleo (y probarlo), aparte estos tienen la obligación de aceptar los empleos adecuados que le sean ofrecidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, asistir a las acciones de formación para las que sean convocados, solicitar la suspensión del pago del Seguro por Desempleo al incorporarse a un nuevo trabajo (5 días hábiles para realizar el trámite) y por último reintegrar los montos de prestaciones indebidamente percibidas.
Además, la institución que ellos crearon para que se encargara de la inscripción y administración del fondo fue la Unidad de Atención Integral (UDAI) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Como se puede observar, este seguro impone obligaciones como aceptar un trabajo y beneficios como ser capacitado para este, de manera que limita y cierra el portillo a aquellos que de manera voluntaria quieran permanecer en desempleo.
2. ITALIA

Para el caso específico de este país, los alimentos están regulados en el Código Civil Italiano TÍTULO XIII, del artículo 433 en adelante.
“Art. 440 Terminación, reducción y aumento
Si después de la asignación de la pensión alimenticia las condiciones económicas de quien las administra o de quienes las reciben cambian, la autoridad judicial prevé el cese, la reducción o el aumento, según las circunstancias. Los alimentos también pueden reducirse debido a la conducta desordenada o reprensible del alimento. (cuando dice quien las administra se refiere al alimentante, en el artículo 444 se establece un subsidio de mantenimiento o un seguro alimentario, pero este solo se puede pedir una única vez)”.
Desde la página oficial del portal de la Unión Europea se dice, que, en Italia, si el deudor no paga espontáneamente la pensión de alimentos o de manutención, el beneficiario tiene a su disposición los medios normales para exigir el cumplimiento de las obligaciones financieras (ejecución forzosa). Pueden ser objeto de dicha ejecución forzosa, que es el embargo de: “a) bienes muebles, b) bienes inmuebles, c) los créditos y bienes muebles del deudor que este conserve en dependencias de terceros y d) participaciones en empresas. Podrán ejecutarse asimismo las obligaciones de entrega de bienes muebles e inmuebles, así como las deudas fungibles positivas y negativas.” 
Se dice, que la legislación moderna es más humanizada y va reduciendo paulatinamente la figura del Apremio, hasta su total desaparición en el orden jurídico contemporáneo, excepción hecha del derecho de familia, donde se sigue utilizando por concepto de deuda alimentaria. No obstante, Italia, que se cataloga como la cuna del Apremio y la Prisión por Deudas, lo erradicó tanto en materia civil (importante mencionar que la materia de alimentos de familia- a excepción del divorcio que tiene ley especial- está regulada dentro del Código Civil Italiano), como en la mercantil, laboral y administrativa.
 El título XVI, Del Apremio Corporal en Materia Civil fue derogado por la Ley Relativa al Apremio Corporal de 22 de julio de 1867
“Artículo 1.º El apremio corporal queda derogado en materia comercial, civil, y cuando se dirija contra los extranjeros.
Art. 2.º Permanece en vigor en materia criminal y de simple policía.” (Aguilera y Velasco 1875).
Aun así, si el deudor alimentario deja de pagarla involuntariamente en razón de su desempleo, Italia cuenta con un subsidio por desempleo, el cual “se abona en caso de pérdida de trabajo por motivo ajeno a la voluntad del trabajador, este debe haber firmado una declaración de disponibilidad inmediata en el Centro de empleo, el trabajador debe estar afiliado más de dos años antes de la situación de desempleo y acreditar 1 año de cotización (52 cuotas semanales) en los dos años anteriores” .
Sin embargo, las características de este seguro por desempleo se modificaron recientemente gracias a la reforma laboral italiana del 2013. Se crea un nuevo seguro de desempleo denominado: “Assicurazione Sociale Perl’Impiego” (ASPI) y tendrá las siguientes características:
“-Requisitos para percibirlo: los mismos que actualmente (dos años de antigüedad contributiva y 52 semanas en el último bienio).
-Duración máxima: 12 meses y 18 para los mayores de 55 años.
-Cuantía: Durante los 6 primeros meses, la prestación será equivalente al 75% de la última retribución, hasta 1.150 euros y del 25% para la parte de retribución que supere dicha cantidad. El porcentaje disminuye en un 15% (60%) después de los primeros 6 meses y otro 15% adicional (45%) después de otros 6 meses.
-El importe máximo a percibir es de 1.119,32 euros.”
Por las razones anteriores, tomando en cuenta que Italia es señalado como el país ´´cuna del apremio`` como se mencionó, se debe ser consciente de que ésta no es la solución para erradicar la situación de los deudores alimentarios en Costa Rica y los acreedores de esa deuda, las personas menores de edad que ven perjudicados sus derechos a partir de esta medida.

3. EL SALVADOR

En El Salvador cuando el deudor es insolvente, la responsabilidad alimentaria:
“le compete a las instituciones que velan por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes por parte del Estado.” 
Para el caso de Costa Rica, con la posible implementación del seguro alimentario propuesto, el Estado también sería un actor llamado para encargarse de su aplicación, atendiendo a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

4. ESPAÑA

En el ordenamiento jurídico español , se toman en cuenta los siguientes aspectos para fijar una pensión alimentaria:
 1) Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges.
 2) La edad y estado de salud.
 3) La calificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo.
Entre otros que no se citan, pues el único que interesa es el número 3, donde para poder establecer una pensión alimentaria ya sea provisional o definitiva, toman en cuenta el nivel de estudio o capacitación profesional que le permita al deudor alimentario el acceso a un empleo.

5. PUERTO RICO

En Puerto Rico, la cuantía de la pensión alimentaria se determina tomando en cuenta presupuestos semejantes a los usados en Costa Rica, como lo son el estado de necesidad de quien los pide y posibilidades económicas de quien está obligado a darlos:
“El artículo 146 del Código Civil (de Puerto Rico) dispone que la cuantía de los alimentos será proporcionada a los recursos del que los da y a las necesidades del que los recibe, y se reducirán y aumentarán en proporción a los recursos del primero y a las necesidades del segundo. Invocando la anterior disposición, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dicho que: Este principio de proporcionalidad (proporción entre el Estado de necesidad del alimentista y la posibilidad económica del alimentante) responde a que la definición de alimentos del Art. 142 toma en consideración la posición social de la familia. Como consecuencia de este requisito de proporcionalidad la cuantía de los alimentos será aumentada o reducida a medidas que aumenta o disminuyan ambos factores. El estado de necesidad no implica absoluta indigencia, sino que basta que lo sea con sus condiciones personales y sociales. La determinación de la posibilidad económica del alimentante se hará tomando en consideración los medios de que disponga luego de atender su propio sostenimiento. Esta doctrina ha sido consistentemente reiterada” .

6. GUATEMALA

Para el caso específico de este país, en el artículo 47 inciso 2 de su Código Penal, le asignan a la persona deudora un trabajo, con el que podrá sufragar el pago de la cuota alimentaria. Dicha norma establece textualmente que:
“Artículo 47: El trabajo de los reclusos es obligatorio y debe ser remunerado. El producto de la remuneración será inembargable y se aplicará: inciso 2) A las prestaciones alimenticias a que esté obligado”. (Código Penal de Guatemala, Decreto No. 17 del 23 de julio de1973)
En el caso costarricense, para enero del 2009, se hicieron entrevistas a las únicas dos privadas de libertad por pensión alimentaria del Centro de Atención Institucional El Buen pastor en Costa Rica, de las cuales se extrajo que ellas gozan de “derecho a trabajar”, se dedican a las manualidades y labores misceláneas. Las mismas reciben un incentivo de cinco mil colones mensuales.  En la misma línea de discusión, es realmente imposible que ese monto les permita sufragar la cuota alimentaria, aun tratándose de parcialmente, es un porcentaje muy bajo de la cuota, inclusive ubicándonos en el supuesto de que sea una de las más bajas.

D- El Fondo Alimentario propuesto en el nuevo Código Procesal de Familia vs La Propuesta de Seguro alimentario de esta investigación

En el presente apartado se hará una comparación entre el Fondo Alimentario propuesto en el nuevo Código Procesal de Familia y la Propuesta de Seguro alimentario de esta investigación, pues ambos pueden ser posibles soluciones, pero va a depender de los supuestos de hecho de cada caso y del perfil del deudor alimentario. Lo resuelto en materia de familia tiene implicaciones que van más allá de lo cuantificable a nivel patrimonial.
El incumplimiento no necesariamente es voluntario, sino que intervienen muchos factores económicos, sociales, culturales y formativos de todo el contexto de una nación, y no del ámbito de acción personal de cada individuo.
Por ello se han creado mecanismos para darle una posible solución a casos particulares (la persona tiene dinero, pero no en efectivo, sino representado en bienes), sin embargo, no se ajustan a otros casos que podrían darse en mayor volumen (la persona se encuentra en condición de desempleo absoluto y no tiene bienes, o solo tiene un bien indispensable para su trabajo o desplazo) como se verá a continuación.


1- El Fondo Alimentario propuesto en el nuevo Código Procesal de Familia

Para comprender mejor el funcionamiento y la viabilidad de este fondo propuesto, se desglosará en partes, para analizar cada una de ellas. Aunque el fondo que se propone en este momento carece de reglamento,  el mismo debe de estar en proceso, pues de la lectura se infiere que el artículo 286 donde se encuentra regulado el fondo en el Nuevo Código Procesal de Familia, está incompleto y necesita de reglamento para aclarar ciertos aspectos, y dice:
 “Artículo 286: Fondo para el pago transitorio de la obligación alimentaria: Se crea el Fondo de Pensiones Alimentarias para cubrir cualquiera de las obligaciones alimentarias que se encuentren pendientes de pago, total o parcialmente, que por razones debidamente justificadas ante el Juzgado de Pensiones respectivo no hayan podido ser cubiertas por la persona deudora.
 Para administrar dicho Fondo, la Corte Suprema de Justicia designará el órgano u departamento competente para tales efectos. (…)”
Actualmente, no se sabe cuál órgano o departamento será designado, si se escogerá uno de los existentes o si se creará uno nuevo para tales efectos. Con base en toda la información que se ha recabado durante toda la investigación, se considera que esta tarea la podría enfrentar el mismo Poder Judicial, o bien, crear una oficina adscrita al IMAS o al PANI, pues los alimentos, que en su mayoría benefician a los niños y niñas, del país puede ser competencia del Patronato Nacional de la Infancia, ésta solo estaría dedicada a la recaudación, manejo y reembolso del dinero.
“Sus recursos provendrán del quince por ciento (15%) de los dineros y los intereses por ellos generados, de los depósitos judiciales en cuentas bancarias, certificados a plazo o cualquier otro producto financiero en cualquier tipo de moneda, que provengan de procesos judiciales concluidos o abandonados, previamente así declarados por la autoridad judicial correspondiente.”
El dinero con el que comenzará a funcionar dicho fondo de capitalización es el dinero generado por productos financieros tales como depósitos judiciales en cuentas bancarias, certificados a plazo y los intereses por estos generados, correspondientes de todos los procesos concluidos o abandonados en todas las materias. Sin embargo, quienes proponen este fondo no tienen a la fecha conocimiento de la suma exacta que representará ese 15% de productos financieros al 01 de enero 2022 que entra, en vigencia, la norma; no saben con certeza si será suficiente para cubrir a todos los obligados alimentarios que ocupen el crédito, y tampoco se han establecido requisitos para la calificación.
“El porcentaje indicado en el párrafo anterior deberá aplicarse sobre la totalidad de los recursos existentes al momento de entrar, en vigencia, la presente ley, y su giro se hará por única vez. 
Estos recursos serán utilizados como fondos reembolsables para el pago de la obligación alimentaria y podrán ser utilizados por cualquier persona deudora alimentaria que posea un título de propiedad sobre bienes muebles e inmuebles que pueda ser colocado como garantía real.
 Para los bienes inmuebles se utilizará la valoración efectuada por la municipalidad correspondiente y en el caso de los bienes muebles, el valor fiscal del Ministerio de Hacienda.”
Se discute si el hecho de que se exija poseer un bien como garantía real para poder solicitar el crédito podría actuar como un filtro cuello de botella, que convierte el fondo en una herramienta inútil, sin una viabilidad real para solucionar el problema de quienes incurren en mora con la obligación alimentaria.
Los y las deudoras que involuntariamente han incurrido en dicho incumplimiento en ocasión de su desempleo, se encuentran privadas de libertad precisamente, porque no cuentan con bienes muebles, inmuebles ni salario de donde deducir las sumas adeudadas. Un gran porcentaje de la población costarricense ni siquiera se encuentra en planilla por tener empleos informales,  con pocas o nulas garantías sociales; de manera que el fondo que no contempla una solución que aborde también a esta población en particular, no es suficiente para solucionar el problema.
Uno de los entrevistados, deudor de la pensión alimentaria, indicó que poseía un único bien con el que genera dinero para el pago de la pensión, un automóvil, por lo que, si llega a perder este único bien por el dinero deducido del fondo, no tendrá los medios para seguir generando ingresos y poder pagar al alimentante.
La herramienta de un fondo de capitalización para prestar dinero a sujetos deudores alimentarios debe comenzar estudiando las cualidades actuales de dichos sujetos, y este fondo se limita únicamente a los aspectos cuantitativos, al no analizar los demás aspectos cualitativos, hay todo un panorama de la situación como punto ciego, y ese será el primer inconveniente de dicho fondo que no le permitirá surtir los efectos para los cuales estaba destinado.
“Los montos que sean desembolsados por el fondo a favor de la persona deudora que califique y lo haya solicitado formalmente devengarán intereses correspondientes a la tasa básica pasiva del Banco Central. En caso de incumplimiento, se seguirá lo dispuesto en la Ley N°8624, Ley de Cobro Judicial, de 1 de noviembre de 2007.” (fin del artículo)
El fragmento anterior, habla de un procedimiento, el cual no está establecido en ningún cuerpo normativo, los requisitos de calificación tampoco están descritos en ninguna parte, y los mismos deben ser fijados con extrema cautela so pena de causar la ineficacia del fondo alimentario. No se puede concebir aun este fondo como una solución hasta antes poder analizar detenidamente el reglamento que está pendiente para su ejecución.
Sin embargo, de la lectura se infiere, que el funcionamiento del Poder Judicial en representación del Estado en dicho Fondo sería similar al de cualquier otra entidad financiera, que presta dinero a los deudores alimentarios, solicita que estos aporten una garantía real del crédito, y como si fuera poco, también les cobra intereses de dicho crédito.
Esta medida difícilmente resolvería la situación de esos deudores que tienen varias cuotas atrasadas, se encuentran desempleados y carecen de bienes para poner en garantía.  Existen algunos, como se confirma en las entrevistas, que ya sienten tener bastante dificultad para reunir el dinero de la cuota ordinaria, estos, con mayor razón no podrían pagar intereses además de lo que ya deben.
 De acuerdo con lo estipulado en la DDHH y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)  en los artículos 6 y 7: El Estado figura como garante de la paz social, y tiene el compromiso de implementar medidas que aumenten la oferta laboral, de esa manera reactivar la economía, y que aquellos quienes se encuentran obligados a satisfacer necesidades primordiales de la población, encuentren un medio para cumplir de manera efectiva su obligación, y un ingreso digno para su propia supervivencia. O sea, que el Estado no sólo está obligado a implementar medidas y políticas gubernamentales que le permitan cumplir con ese deber, sino también, a realizar los cambios que sean necesarios dentro del ordenamiento jurídico, ya sea aprobando proyectos de ley garantistas e innovadores, o bien derogando normativa obsoleta . 
Por lo antes expuesto, la medida del Fondo, podría ser objeto de futuras críticas, al no ajustarse al tipo de medidas a las que el país se ha obligado a implementar por medio de tratados internacionales.

2-Propuesta de Seguro alimentario

La siguiente propuesta alimentaria se crea, en razón, de que la Ley de pensiones alimentarias "LPA", actualmente, brinda los beneficios de los artículos 27, 31 y 32, con el fin de que los y las obligadas honren su deuda en el menor plazo posible y en cantidades dinerarias menos perjudiciales para los acreedores alimentarios. Ciertamente, los beneficios contenidos en los artículos citados están a cargo de la valoración del juez para cada caso en concreto, otorgándosele la oportunidad a la persona deudora de buscar trabajo o pagar la obligación en tractos.
 No obstante, se reitera que en la práctica estos beneficios no son viables  en la mayoría de los casos, puesto que el desempleo en promedio dura más de dos meses, y los deudores desempleados comúnmente carecen de ingresos, bienes y estudios profesionales; o bien, una vez recuperada su libertad salen al mercado laboral donde día a día concursan con personas más jóvenes y más capacitadas profesionalmente , lo que los limita y retarda la posibilidad de obtener una ocupación estable que les permita solventar sus obligaciones alimentarias.
La medida de apremio corporal tiene eficacia para un sector de los deudores alimentarios que bajo amenaza de prisión se ponen al día en sus obligaciones, pero para el otro sector sin empleo y sin bienes, la privación de libertad no es una medida social efectiva, es solo una forma de castigo por la crisis de desempleo que enfrenta el país, de la cual estos no tienen responsabilidad alguna. El siguiente cuadro muestra esa realidad:
Tabla 6. Cantidad de privados de libertad Población Masculina Unidad de Pensiones Alimentarias Centro de Atención Institucional La Reforma Años 2006 a 2007
Año Reos Presos/ Ingresos Reos Presos/ Egresos Cumplimiento de 6 meses articulo 25 LPA
2006 1620 1634 135
2007 1135 960 153
Total 2755 2594 288
FUENTE: UNIDAD PENSIONES ALIMENTARIAS, CENTRO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL LA REFORMA.
En el lapso del 2007 al 2008 se tramitaron 24724 órdenes de apremio dictadas sólo en el Juzgado de pensiones Alimentarias del II circuito Judicial de San José. 
La señora Yesenia Murillo Hernández parte de las entrevistadas funcionarias, menciona que en mayo del 2008 el promedio de gasto por alimentación era de 790 colones por persona, el promedio de tiempo que se encontraban privados de libertad era de 30 días y entraban de 800 a 900 personas al año; estos números se han incrementado por la difícil situación de desempleo del país. 
Actualmente, en este año 2020, el promedio de gasto por alimentación 23.455 colones por privado de libertad al día, el promedio de tiempo que se encuentran privados de libertad es de aproximadamente 3 meses y medio y entran entre 720 a 900 personas al año, las cifras se encuentran en una variación constante, estos son los datos al día 11 de febrero 2020 suministrados por la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz.
El M.Sc. Ronald Zúñiga Castro, director de la Unidad de Pensiones Alimentarias del Centro Jorge Arturo Montero Castro, quien colaboró con la mayoría de datos, comentando que el sistema de registro que ellos manejan no contempla y carece del promedio de tiempo exacto de estancia de cada privado de libertad por pensiones alimentarias, especialmente, por el volumen de privados de libertad que entran y salen, y la inmediatez que requieren las mismas gestiones, se les ha hecho imposible como unidad institucional poder crear un registro con dicha información, pero él colaboró con datos de acuerdo con su experiencia y pericia, que fueron los que permitieron la elaboración de la siguiente gráfica:
Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada en entrevista con M.Sc. Ronald Zúñiga Castro, 2020.
La gráfica anterior da, que el tiempo promedio de permanencia por cada privado de libertad es de 3,5 meses, esta información permite sacar un promedio en los siguientes apartados sobre presupuesto público que se está destinando para tales supuestos. Ahora bien, es importante mostrar con la ayuda de las siguientes ilustraciones, la cantidad de hombres y mujeres en esta condición.

Ilustración 1. Deudores alimentarios

Fuente: Dirección de planificación del Poder Judicial, citado por la página web del periódico La Nación, 2018.

Ilustración 2. Apremiados según sexo
 
Fuente: Ministerio de Justicia y Paz, citado por la página web del periódico La Nación, 2020.
Con la información, anteriormente expuesta, se logra confirmar los supuestos contenidos a lo largo de los capítulos uno y dos, demostrando que los deudores alimentarios son en su mayoría hombres, comparado con la población de mujeres que son apremiedas por el no pago de la pensión alimentaria.
Aunque jurídicamente no son parte del sistema penitenciario al no tener el perfil de delincuentes, el Ministerio de Justicia destina más de ¢3 mil millones anuales para atender a las personas detenidas por pensión alimentaria.
 El costo mensual de cada persona con apremio corporal es de ¢704 667 colones, según los datos brindados por el Ministerio de Justicia y Paz.
Al 12 de febrero de 2020, las autoridades de Adaptación Social reportaron 397 personas, de las cuales 12 son mujeres. Cada apremio corporal puede llegar a ser hasta de 6 meses.
 “Es una cantidad importante de personas. Es parte de las soluciones que debemos encontrar. Hemos hablado con algunos diputados para darle salida. legalmente no nos corresponde, pero nos toca velar por ellos”, detalló la Ministra de Justicia, Marcia González dentro de la entrevista que se le realizó para el noticiero. 
 Un estudio de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia, el Observatorio de Violencia de Género contra las mujeres, la Dirección de Tecnología de la Información y la Dirección de Planificación del Poder Judicial mencionado por Johel Solano dentro de su informe, reveló que el 93% de las pensiones alimentarias son menores a los ¢200 mil colones, y en el país hay alrededor de 185.000 expedientes activos relacionados solamente a casos de pensiones alimentarias.
Dicho lo anterior, incluso limitándose al aspecto puramente económico, el Estado se ahorraría una suma de dinero por cada apremiado, como se verá más adelante, si pagara directamente la cuota alimentaria, por lo que el apremio no solo es una medida transgresiva para los derechos de los deudores alimentarios, sino que también es perjudicial a nivel económico y fiscal.
a) Cantidad de privados de libertad

Para junio del 2016 el total era de 13.198 privados de libertad en el sistema institucional, de esos 307 estaban detenidos por ser deudores de pensión alimentaria, según datos proporcionados por el Ministerio de Justicia y Paz.
Para febrero del 2020 los datos han subido significativamente, siendo el total a nivel institucional de personas 16406 privadas de libertad de las cuales 657 son mujeres. Si sumamos la población del Nivel Penal Juvenil en régimen cerrado da un total de 16621 personas. La población por Pensión Alimentaria fue de 385 varones y 12 mujeres. O sea que los privados por pensión alimentaria representan un 2,4% del total de privados  a nivel institucional, sin contar los privados del nivel penal juvenil.

b) Costo total por cada privado de libertad por pensión alimentaria

Comenzando en el Juzgado de Pensiones de cada localidad, se recurre a lo siguiente en relación con recursos humanos: un agente de seguridad que vigile el ingreso al Despacho, un auxiliar judicial que le dé la documentación, otro que reciba el documento, otro que lo suba al piso correspondiente, otro que lo digite como ingresado, otro que lo traslade al despacho, un auxiliar que lo reciba, otro que lo agregue al expediente, otro que compruebe que efectivamente se encuentra en mora y realizar resolución, un juez que verifique la deuda y firme el apremio, si es enviado por correo, otro auxiliar que atienda a la persona y le haga entrega del documento, el documento se hace llegar a las autoridades correspondientes, estas deben de destinar recursos para buscarlo y hacer efectivo el apremio, trasladarlo a la sede policial y de allí al centro penitenciario, sin tomar en cuenta  la cantidad de funcionarios públicos que intervienen en el trámite policial y administrativo, más los costos que genera el privado de libertad solo en la alimentación diaria.

Tabla 7. Manutención por privado de libertad
COSTO MANUTENCIÓN POR PRIVADO DE LIBERTAD
CONCEPTO                                     MONTO
Remuneraciones ₡69.224.041.000,00
Adquisicion de Bienes y Servicios ₡42.112.061.903,00
Servicios ₡13.869.454.182,00
Materiales y suministros ₡14.015.826.994,00
Bienes duraderos ₡2.629.734.727,00
Transferencias corrientes CCSS ₡11.597.046.000,00

Depreciación ₡26.006.352.165,72
Depreciación Anual Edificios ₡25.207.540.601,55
Depreciación Anual Vehiculos ₡580.577.313,57
Depreciación Anual Equipo de Cocina ₡218.234.250,60
Costo Anual Mantener Total Privados de Libertad ₡137.342.455.068,72
Costo Anual Mantener c/recluso ₡8.456.006,35
Costo Mensual Mantener c/recluso en colones ₡704.667,20
Costo Mensual Mantener c/recluso en dólares $ 1.228,80
Costo Diario Mantener c/recluso en colones ₡23.455
Fuente: Ronald Herrera Martínez, Sistema Informático

E- Viabilidad de la Propuesta de Seguro Alimentario en Costa Rica

Es importante resaltar la importancia de esta propuesta ya que las personas obligadas a dar alimentos tienen circunstancias distintas al resto de la población, que afectan de manera especial a la persona deudora, a sus beneficiarios, a la familia y a la sociedad. Esas diferencias justifican y hacen razonable que el Estado adopte medidas especiales para proteger a la familia, en particular, la creación de mecanismos que se ajusten a los diferentes perfiles de deudores alimentarios que existen en el país.
¿Por qué se propone un seguro alimentario, y no otra medida que asegure el acceso al empleo?
Por eso es, que se necesita una solución real, encaminando los recursos de manera adecuada, sin demandarle al Estado más dinero o proponiendo soluciones a la espera de un cambio de circunstancias del país. Se enumeran las siguientes propuestas:
Acto seguido, se hará una crítica de los proyectos propuestos con anterioridad.


1- Proyectos de Ley presentados con anterioridad:

a) “Proyecto de Ley de Ahorro Obligatorio para el Auxilio de la Pensión Alimentaria. Expediente N. ° 16.627” La Gaceta N°118
Crítica: El ahorro corresponde a un 5% mensual del monto de la pensión, no del salario, por lo que el ahorro sería muy lento y a la hora de ejecutarlo no cubriría el mínimo de seis meses; de manera alterna el obligado tendría que pagarse un seguro con el Instituto Nacional de Seguros llamado “Seguro de Pensiones Alimentarias” que todavía no existe, acorde a esta finalidad para que el seguro cubra hasta por seis meses en caso de que el ahorro sea insuficiente.
b) “Proyecto de Ley de Creación de Seguro Obligatorio de Pensiones Alimentarias (SOPA). Expediente N°20.866” La Gaceta N°141 (el SOPA sería un seguro de desempleo, así mismo consta textualmente dentro del proyecto).
Crítica: Se basa en datos desactualizados de la duración y volumen del desempleo del período 2010 al 2011 aunque el proyecto se presentó en el 2018. El SOPA se nutriría con un 4.0 % del valor mensual de todas las pensiones alimentarias inscritas judicialmente en Costa Rica), este aporte se distribuiría de la siguiente forma: 2% aportado por el alimentante, mediante un incremento del monto de pensión (promedio mensual de 1835 colones), 1% rebajado de la pensión (promedio mensual de 917 colones), como aporte del beneficiario de la pensión y 1% aporte estatal de recursos de ayuda social.
“El INS deberá elaborar el respectivo reglamento. Los períodos de carencia (número de cuotas para que aplique el seguro), el número y monto de cuotas máximas a cubrir (tiempo promedio de desempleo en Costa Rica) y otros factores deberán ser determinados por el análisis de riesgo del mercado de este seguro, considerando siempre su función no lucrativa”.
La crítica más importante que se le hace es que el SOPA es simplemente una idea planteada en un proyecto, no es un verdadero sistema de seguro, pues, deja todo el trabajo al INS, al día de hoy el SOPA todavía carece de un reglamento que especifique el número de cuotas que deberán cotizar los deudores alimentarios, la cantidad de meses en condición de desempleo que cubrirá el seguro y demás factores que deben ser tomados antes de afirmar la viabilidad de un proyecto tan riesgoso como lo es el de una aseguradora.
Otras críticas que se le hacen al SOPA es que sube un 2% el monto de todas las pensiones alimentarias del país, donde algunas personas ni siquiera logran pagar el monto ya asignado, pide que toda persona deudora alimentaria inicie la cotización con una prima, mientras muchos ni siquiera tienen para pagar lo adeudado e interrumpir el apremio. Además, le extiende al Estado la obligación solidaria de aportar 1% de todas las pensiones alimentarias mensualmente del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), exponiéndose a que el FODESAF ponga la excusa de que en consecuencia de la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas N°9635, les recortaron dicho presupuesto y ya no pueden contribuir con dicho aporte, o bien que el presupuesto ya fue destinado en otros rubros y hasta ahí llegó la “Creación de Seguro Obligatorio de Pensiones Alimentarias”, mientras el seguro alimentario propuesto en esta investigación se asegura de autosatisfacerse de los fondos que ya se invierten en esta misma área, y lo que hace es canalizarlos en la dirección correcta, sin incrementar el gasto público. 
El SOPA en comparación con el seguro alimentario en esta investigación propuesto, deja muchísimos vacíos y es inaplicable, mientras el seguro alimentario establece bases certeras para cada uno de esos aspectos que el SOPA deja indeterminados y ambiguos.
c) “Fondo Nacional de Asistencia para Pensiones Alimentarias” Expediente Nº13.235
Crítica: Dice que el Fondo:
“se financiará con el uno por ciento (1%) de la deuda política, las transferencias contenidas en los presupuestos de la República, los intereses y donaciones del propio Fondo y los reintegros y recuperaciones que se efectúen de los beneficiarios y los deudores alimentarios. El Patronato pagará del Fondo una suma máxima por beneficiario igual al cincuenta por ciento (50%) del menor salario mínimo establecido por decreto ejecutivo para el período correspondiente. El acreedor alimentario que reciba del deudor el pago por prestación alimentaria ya cubierta por el Fondo, deberá entregarlo a este dentro de los cinco días siguientes.  En su defecto, se procederá judicialmente contra él”.
Este proyecto presentado en febrero 2017, también se presenta de manera incompleta dejando vacíos importantes, pues lo único que regula es de donde provendrán los recursos, sin embargo, también se exponen a que el Patronato Nacional de la Infancia alegue no tener el presupuesto para cubrir el 50% de la pensión de todos los beneficiarios en condición de pobreza extrema. El fondo califica a los beneficiarios y no a los deudores, lo cual es un error pues primero se debe analizar el porqué del incumplimiento.
Otra crítica que se le hace es que no existe una proyección de cuanto es el monto en colones que representa ese 1% de deuda política, tampoco de cuantas personas o empresas harán donaciones al fondo y mucho menos de cuanto será el monto por concepto de reintegro de dinero por parte de deudores alimentarios, el fondo, así como contempla el incumplimiento de una pensión alimentaria debe contemplar el incumplimiento del fondo por parte de los deudores alimentarios.
También se estipula un procedimiento de naturaleza administrativa para otorgar el fondo que aparentemente podría facilitar el principio de celeridad; la prueba correspondiente deberá presentarla el beneficiario ante el Patronato, y son estos también quienes hacen retiro del dinero, pudiendo generarse el problema de retirar el dinero y recibirlo también del deudor alimentario, al percibir el monto sin fundamentación lo único que dispone el fondo es que los que no devuelvan el monto indebidamente percibido se les seguirá contra ellos el proceso judicial correspondiente, a nivel de país lo que menos se ocupa es congestionar más el aparato judicial.
Este tipo de herramientas jurídicas deben ser lo más delimitadas posibles, deben estructurarse de manera que no dejen portillos de incumplimiento, como más adelante se verá en la propuesta de seguro alimentario que contiene esta investigación.
d) Bolsa de Empleo: “Ley de Oportunidades de Empleo para Personas bajo Apremio Corporal por Deudas Alimentarias”, Expediente N°21.540
Crítica: Básicamente, el objetivo de este proyecto es que el Estado, promueva fuentes de empleo, en el sector público y privado, para personas deudoras alimentarias, en especial para aquellas que se encuentran bajo apremio corporal en una cárcel. Sostiene el proyecto que “el Estado tiene la obligación de facilitar el derecho a los alimentos mediante la creación de oportunidades educativas y laborales para procurar ese sustento”.
Proponen una bolsa de empleo especializada para deudores alimentarios  con el fundamento de que estos se encuentran en una situación de doble vulnerabilidad, lo cual es cierto, ya que se encuentran en la cárcel por apremio corporal, tienen, por una parte ya solo por su condición de demandados, restricciones a su libertad, como la prohibición de salida del país y la amenaza de apremio corporal, y por otra parte, al estar ya privados de su libertad ambulatoria en la cárcel, se hayan en una situación especial de vulnerabilidad que les hace distinto, como grupo, al resto de la población.
El proyecto de manera general establece que ese propósito se podrá llevar acabo porque El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Dirección Nacional de Empleo, integrará en su plataforma de grupos de población especial a las personas bajo apremio corporal por deuda alimentaria, realizando los estudios y perfiles ocupacionales, que permitan y posibiliten un empleo. Que, a nivel privado, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social también realizará convenios con empresas del sector privado, para ofrecerle trabajo remunerado a personas apremiadas por deuda alimentaria.
Por último, que a los deudores alimentarios que por falta de preparación académica o habilidades técnicas no calificaren en las bolsas de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o de las Cámaras Empresariales, el Estado se encargará, a través de sus instituciones, de ofrecerles programas, capacitaciones y asistencia social para que se puedan reincorporar al mercado laboral.
Sin embargo, en enero del 2000 se creó el reglamento para implementar la Bolsa de Empleo mediante Decreto Ejecutivo aún vigente, No. 29044-TSS-COMEX, para mantener el sistema técnico de protección a los desocupados involuntarios que exige nuestra Constitución Política, y aunque esta era general no funcionó pues el desempleo ha crecido más de seis puntos porcentuales en los últimos años, llegando a una tasa de 12,4% antes de la pandemia y 15,7% durante la pandemia, ¿qué les hace pensar a los proponentes de este proyecto que no pasará lo mismo con esta bolsa de empleo especializada?
e) “Ley de promoción del empleo para personas deudoras alimentarias desempleadas” Expediente Nº17.708
Crítica: El proyecto propone la creación de un programa especial a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social llamado "Programa de atención a la deuda alimentaria" en coordinación con las cámaras empresariales, que consistirá en una bolsa de trabajo especial, para las personas deudoras de pensiones alimentarias, cuya condición socioeconómica les impida efectivamente pagar el monto a las personas beneficiarias. Propone premiar a las empresas privadas que acojan en su planilla a esta población especial, deduciéndoles el impuesto sobre la renta según lo previsto en el artículo 8 inciso b) de la Ley del impuesto sobre la renta.
A diferencia del proyecto anterior, este fija una remuneración que se dará por una única vez equivalente a dos salarios base, monto depositado en un 75% a favor de los beneficiarios en la cuenta bancaria determinada en el expediente judicial.  Estos fondos en principio saldrán de los programas de asistencia social del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Se le hace la misma crítica del proyecto anterior, pues ambas proponen una bolsa de empleo especial, a sabiendas de que el Decreto Ejecutivo No. 29044-TSS-COMEX del año 2000 no funcionó y el desempleo ha crecido en los últimos años ¿qué les hace pensar a los proponentes que con este proyecto no pasará lo mismo?
No obstante, se debe reconocer que, a diferencia del anterior, de este se pueden inferir dos aspectos bastante positivos de cambio:
1- Se crea un fondo de ahorro obligatorio que funcione junto a la bolsa de empleo, que se cotizará de la siguiente manera: toda persona obligada al pago de una pensión alimentaria se le deducirá de su salario un cinco por ciento mensual, como ahorro para responder a gastos extraordinarios de los acreedores alimentarios, fondos que serán girados al despacho judicial en cualquiera de los bancos legalmente autorizados. Dicho fondo de ahorro se le devolverá a la persona deudora alimentaria una vez que cese su obligación alimentaria de modo definitivo.
2- En la entrevista aplicada a don Alberto Jiménez Mata corredactor del nuevo Código Procesal de Familia, llamó la atención cuando se indica que algunos de los que estaban apremiados por pensión alimentaria no eran deudores alimentarios desempleados, sino jovencitos indigentes o drogadictos cuyos padres le ponían la pensión a propósito porque están mejor “cuidados” en la cárcel que afuera expuestos a la posibilidad de morir por una sobredosis.
Por lo expuesto anteriormente, el artículo 4 creado en este proyecto de ley sobre la Rehabilitación de la persona apremiada es un punto importante y positivo, que dice: “La Dirección General de Adaptación Social deberá tomar las medidas administrativas para lograr una efectiva rehabilitación de personas privadas de libertad por los casos de deuda alimentaria. Cuando el sistema penitenciario detecte o diagnostique que una parte de estos internos presentan indicios o condiciones de drogadicción, fármaco dependencia, cualquier otra enfermedad o padecimiento físico o mental que requiera intervención médica, deberán ser separados preventivamente del resto. Para ello deberá informar a los juzgados sobre las personas que presenten tales condiciones e iniciar las medidas de rehabilitación pertinentes”.
Existen más de 12 proyectos de ley con propósitos similares que intentan resolver la problemática generada entre la obligación alimentaria y el desempleo, sin embargo, para efectos de la presente investigación se analizaron y criticaron únicamente los cinco proyectos de ley que compartían mayor cantidad de similitudes para con el Seguro Alimentario propuesto a lo largo de la presente investigación. 
2- Bono alimentario a cambio de trabajo social

 Lo que se comentó a manera de propuesta en el diario, o prensa escrita, La Extra, fue la posibilidad de un bono alimentario a cambio de trabajo social, pero siempre encontramos desventajas o inconvenientes, posiciones contrarias sobre la posibilidad de fuga etc.
“No hay duda de la responsabilidad moral y natural de responder a nuestros hijos, pero hay que conocer a ciencia cierta la verdad real, las situaciones y pretensiones de las actoras y, sobre todo, ser efectivos en resolver las necesidades y el problema, no empeorarlo mediante cárcel . Se podría crear un Bono Alimentario para los imposibilitados de pagar deuda, a cambio de trabajo social. Esto en no pocos casos sería hasta más económico para el Estado y menos traumático para las familias, en especial para los menores.”
Con respecto a lo anterior, el obstáculo con el que se toparía esta medida es con la alta inversión que se tendría que hacer en funcionarios de Fuerza Pública para evitar la fuga de los mismo, entonces lo que se recauda, por un lado, se gastaría por el otro.

F- Proceso de aplicación del seguro alimentario como un criterio de oportunidad en el pago de Pensión Alimentaria por desempleo (procedimiento, calificación y carga de la prueba).

Se propone que el seguro alimentario funcione de manera similar a un criterio de oportunidad, no obstante, antes de explicar el concepto, es importante aclarar que dicho término forma parte del Derecho Penal, y aunque este último sea muy diferente al Derecho de Familia, nada impide utilizarlo como una analogía en beneficio del deudor alimentario.
Utilizar dicho término solo para efectos del seguro, no deforma ni perjudica en nada la naturaleza de la obligación alimentaria, entonces, de seguido se explicará qué es un criterio de oportunidad, para luego entender por qué se quieren trasladar los aspectos positivos de estos a la materia familiar de alimentos.
 “Un criterio de oportunidad es un supuesto en el cual la Procuraduría decide no ejercer la acción penal debido a que hacerlo reportaría un beneficio ínfimo . Es decir, la Procuraduría ya determinó que sí existe un delito y además que existe la probable responsabilidad de un individuo, y aun así no presenta el caso ante la autoridad judicial.
Lo anterior se justifica por la necesidad de aplicar una política criminal racional que contemple una utilización más eficiente de los recursos disponibles. Esto es, las Procuradurías están imposibilitadas para perseguir de forma eficiente la totalidad de los delitos cometidos debido a la escasez de recursos (tanto de capital humano como de financiamiento).”
Este concepto nace de un principio del derecho penal llamado “El principio de oportunidad” consiste en no adelantar un proceso penal contra alguien, porque bajo determinadas circunstancias se considera que hay más ventajas en la renuncia a la acción penal que en el enjuiciamiento de una persona. En Costa Rica, el Código Procesal Penal fija los siguientes criterios de oportunidad: suspensión del procedimiento a prueba (arts. 25-29 del CPP) , reparación integral del daño (art 30 inciso j del CPP) , ejecución condicional de la pena (art 244 del CPP)  y conciliación (art 36 del CPP) .
Con el criterio de oportunidad de ninguna manera se intenta quitarle peso o importancia al delito, llámese en este caso incumplimiento alimentario, sino establecer un beneficio, un período de gracia  en el cual la persona deudora alimentaria desempleada, involuntaria, cuente con un período para recuperarse laboral y económicamente.
Un aspecto importante que se extrae de esos criterios de oportunidad para aplicarlo dentro del seguro alimentario es establecer una única vez cada cierto tiempo, en este caso cada 6 años.

1- Procedimiento de solicitud

El procedimiento se hará por escrito, igual que la autorización para buscar trabajo o la solicitud de pago en tractos. El juez estará facultado para acceder a la solicitud de la aplicación del seguro alimentario como beneficio, únicamente, en los casos que a criterio del juzgador califica el deudor alimentario en el perfil de los supuestos de hecho para los cuales se creó el seguro alimentario, o bien, para el que se adscribió responsablemente a la modalidad como medida preventiva y va al día con sus cuotas.
La resolución que conceda la aplicación del seguro alimentario tiene por efectos: la puesta en libertad inmediata del deudor o la suspensión de la orden de captura expedida, según corresponda.

2- ¿Todos pueden cotizar al seguro alimentario o únicamente los que ya estén desempleados?

Todo deudor alimentario que quiera prevenir la situación de desempleo puede cotizar al seguro alimentario e inscribirse al sistema.
La única diferencia es que la “solicitud para la aplicación del beneficio de seguro alimentario” deberá hacerla aquel deudor que adeude una suma por concepto de pensión alimentaria, y quiera ponerse al día con las cuotas mínimas para la posterior ejecución del seguro. 
Sin embargo, aquellos deudores que por voluntad ya hayan cotizado el seguro desde su creación como una forma de prevenir el incumplimiento de la obligación alimentaria por desempleo, únicamente, deberán hacer la “solicitud de ejecución del seguro alimentario” ante el juez de familia.
 No obstante, aunque la persona deudora alimentaria haya cotizado el seguro, no puede implementarlo cuando le plazca. El seguro podrá ejecutarse únicamente cuando se reúnen todos los supuestos de hecho para que se active, o sea partir del momento que se halle desempleado, sin garantías reales,  y habiendo trascurrido un tiempo prudencial de búsqueda efectiva de empleo sin un resultado exitoso.
A partir de su activación, dicho seguro cubre por un determinado número de meses, del que se hablará más adelante, esos meses se comenzarán a descontar a partir de la resolución que aprueba la ejecución del seguro y el respectivo giro de dinero a los y las beneficiarias.
 La persona deudora alimentaria deberá informar tan pronto como consiga trabajo, dicha situación, para que así le queden reservados a su favor los meses restantes, los cuales podrá utilizar en caso de que vuelva a quedar desempleado en algún momento.
El seguro alimentario completo es un beneficio que solo podrá implementarse una única vez cada 6 años, por ende, la persona que no informe su condición de empleo a costas de aprovechar el seguro para fines distintos , no solo podrá eventualmente ser sancionada judicialmente según corresponda, sino que tampoco podrá optar por ningún otro beneficio para suspender el apremio corporal (solicitud de autorización para buscar trabajo y solicitud de pago en tractos).

3- Requisitos mínimos para calificar

Se propone que el seguro tenga requisitos mínimos para calificar, esto con el objetivo de que un número grande de deudores puedan acceder al beneficio porque fortalece los derechos humanos de la dignidad y el trabajo; no obstante, es importante hablar de que anteriormente han sido propuestos otros mecanismos tales como el fondo de capitalización de la reforma que dentro de sus requisitos está la “garantía real”, esta funciona como un filtro cuello de botella, o sea, un filtro de naturaleza rígida que limita el paso, permitiendo la entrada de muy pocos, en este caso deudores alimentarios




Imagen con fines ilustrativos.
Por lo que, si bien son medidas con un objetivo de bien social, no abarcan de manera significativa los sujetos afectados por la problemática.
A diferencia del Seguro Alimentario propuesto, que se enfoca en permitirle al mayor número de deudores alimentarios afectados por el desempleo, sin dejar portillos para que sea mal utilizado por los oportunistas, llámese aquellos sujetos de derecho por los cuales el artículo 27 la LPA, adoptó una redacción llamándole excusa a la condición de desempleo.
Ahora bien, en Costa Rica existe una amplia gama de perfiles de deudores alimentarios, podría decirse que más de 12, sin embargo, intentaremos clasificarlos en 6 grandes grupos, para así poder delimitar y definir cual corresponde a la población meta del seguro alimentario:
a) Deudores alimentarios al día con trabajo formal: están los deudores alimentarios que pagan al día la obligación alimentaria y que ostentan un empleo formal, o sea que se reporta en planilla. (En estos la mayoría posee algún bien mueble o inmueble).
b) Deudores alimentarios morosos con trabajo formal: en esta clasificación hablamos de los deudores que ostentan incluso un empleo público, o un trabajo estable en el sector privado, pero que normalmente hacen todo lo posible por distraer sus bienes o sus ingresos para no pagar o rebajar su cuota alimentaria. (En estos la mayoría posee algún bien mueble o inmueble).
c) Deudores alimentarios al día con trabajo informal: en este bloque se encuentran los deudores alimentarios que tienen empleos informales o emprendimientos, que no son asegurados por sus patronos, pero que cumplen al día su obligación alimentaria, con un sacrificio de bajo a moderado. (En estos la mayoría posee algún bien mueble o inmueble).
d) Deudores alimentarios morosos con trabajo informal: en este bloque se encuentran los deudores alimentarios que tienen empleos informales, que no son asegurados por sus patronos, pero que no reportan sus ingresos, incluso dicen no tener trabajo, para así faltar con la obligación alimentaria, son el perfil de peso por el cual el artículo 27 de la LPA se redactó de tal forma “la excusa de no tener trabajo”. (En estos la mayoría posee algún bien mueble o inmueble).
e) Deudores alimentarios morosos desempleados involuntariamente o con trabajo ocasional: en este bloque se encuentran los deudores alimentarios que no tienen empleo o tienen trabajo ocasional como por ejemplo: peones de construcción, chamberos, jornaleros, recolectores de café, etc.; tienen poca o nula formación académica, la mayoría tienen problemas de alfabetización,  o baja escolaridad, comúnmente adentrados en edad, no poseen seguro o se aseguran de manera voluntaria, carecen de posibilidades para cumplir con la obligación alimentaria a tiempo, carecen de los recursos económicos para capacitarse profesionalmente o montar su emprendimiento, en este bloque se considera que el sacrificio para cumplir con la cuota alimentaria va de moderado a alto. (En estos la mayoría no posee ningún bien mueble o inmueble).
f) Deudores alimentarios morosos desocupados voluntariamente: en este bloque se encuentran los deudores alimentarios que no tienen empleo o tienen trabajo ocasional como por ejemplo: peones de construcción, chamberos, jornaleros, recolectores de café, entre otras ocupaciones; tienen poca o nula formación académica, algunos presentan problemas de alfabetización  o baja escolaridad, rangos de edad variados, no poseen seguro o se aseguran de manera voluntaria, carecen de posibilidades para cumplir con la obligación alimentaria a tiempo, carecen de los recursos económicos para capacitarse profesionalmente o montar su emprendimiento.
A grandes rasgos estos son los diferentes perfiles de deudores alimentarios, y el seguro alimentario se dirige especialmente, al bloque e, pues son el porcentaje de la población que se ve afectado por la crisis de desempleo que afronta Costa Rica, y a pesar de su esfuerzo por incorporarse al mercado laboral, no tienen las herramientas para salir adelante, hablamos de que no estudió no porque no quiso, no sabe leer no porque no quiso aprender; pues responsabilizar a un individuo de todos esos aspectos es criminalizar y castigar la pobreza, en Costa Rica es muy frecuente responsabilizar a las personas inclusive de aspectos que no estuvieron dentro de su campo de acción.
Las herramientas personales y profesionales que debe tener un individuo para concursar por un puesto de trabajo también son responsabilidad del Estado por todos los convenios internacionales en materia laboral que ha suscrito, y por estos tiene el deber de tener un seguro por desempleo involuntario o en defecto de este, un sistema técnico eficaz que capacite o brinde formación profesional a sus ciudadanos, los proteja ante el desempleo y procure su pronta integración al mercado laboral. En Costa Rica dicho sistema ha demostrado no ser eficaz pues en el 2020 el país llegó a la tasa de desempleo más alta de la historia. 
Entonces para calificar, el deudor alimentario solo debe reunir las características del “bloque e” y habiendo comprobado que ha transcurrido un tiempo prudencial en el que se ha procurado un empleo, y si se ubica en esa condición podrá libremente cotizar al seguro para en un futuro poderlo utilizar en beneficio de sí mismo y su familia. No obstante, en caso de no llegarlo a necesitar el dinero cotizado será reembolsado en su totalidad.

4- Carga de la prueba

Corresponde al interesado, en este caso la carga de la prueba pesa sobre los deudores alimentarios, en el tanto deben comprobar mediante pruebas idóneas no solo que carecen de trabajo, sino también, que se han esforzado por procurarse un empleo pronto y a pesar de ello no han podido adquirir uno que les permita satisfacer la obligación alimentaria; esto para poder adjudicarles el beneficio del seguro alimentario.
Sobre la carga de la prueba, el señor, Gilbert Gómez Reina, en su momento juez del Juzgado de Pensiones Alimentarias de Goicochea, y dentro de su investigación para optar al grado de máster en Administración de Justicia titulada: “Efectividad de los artículos 31 y 32 de la Ley de Pensiones Alimentarias N°7654, Responsabilidad del Estado como Principal Empleador de Personas Deudoras Alimentarias Desempleadas”, pagina 35 dice que:
“La carga de la prueba a pesar de ser mínima, depende únicamente de la persona deudora que solicite el beneficio, no se trata de cualquier prueba sino, de una que, en forma satisfactoria, convenza a la autoridad judicial que la persona obligada carece de trabajo remunerado; que no ha renunciado voluntariamente a su trabajo sabiendo que se encuentra obligado (a) al pago de una cuota alimentaria”.
Dentro de las posibles pruebas a aportar, ya que no hay un artículo que las establezca taxativamente, están:
-Una carta de despido, en caso de ser asalariado.
-Testigos que acrediten que carece de ingresos por labores informales (esta última deberá recibirse con la mayor brevedad posible, y sin señalamiento de hora y fecha; para poder demostrar no solo que no tiene trabajo, sino que tampoco cuenta con utilidades adicionales que le permitan cumplir de manera responsable su obligación).
-Copia de recibido de la solicitud de empleo ante empresas, personas físicas o jurídicas.
Se habla de labores informales, porque ha quedado claro a partir del voto N°7755-98 de la Sala Constitucional, que no se hace referencia al trabajo remunerado de un sector en especial, sino, que comprende sector público, privado, no asalariado e inclusive hasta el trabajo más informal existente, siempre y cuando sea un tipo de ingreso que le permita cumplir con su obligación.
La resolución que resuelve acerca de la autorización para buscar trabajo solo admite recurso de apelación en tanto sea rechazada (artículo 53 inciso d) de la LPA. Es decir, si el beneficio es concedido, aunque sea parcialmente, carece de recurso de alzada.
El pago en tractos no es tan efectivo como se suele pensar, pues solo procede con las cuotas atrasadas, que deberán ser pagadas en conjunto con la cuota ordinaria. Entonces el obligado no sólo debe pagar la cuota que precisamente lo llevó a estar en mora, sino que también, debe pagar un tracto adicional correspondiente a la suma de cuotas vencidas que adeudaba. Esta situación se agrava si la persona no ha conseguido trabajo en el período concedido, pues el beneficio no representaría ningún beneficio.
En caso de acogerse la solicitud de cualquiera de los dos beneficios, si el obligado se encontraba privado de su libertad, deberá quedar en libertad inmediatamente, o si estaba en libertad, suspenderse cualquier orden de apremio corporal girada.
Por otro lado, a continuación, se expone acerca de la institución encargada que se propone para la ejecución de este seguro alimentario.

5- Institución encargada

El seguro alimentario es una herramienta idónea, fuerte y justa, utilizada de manera correcta sería la solución efectiva de la problemática que a muchos preocupa. Por ende, no se puede tomar a la ligera la extensión de esta responsabilidad.
Se propone un trabajo conjunto de tres entes, con el objetivo de que haya mayor transparencia, mayor fiscalización y un sistema de frenos y contrapesos  que le permita al seguro ser ejecutado de la mejor manera.
Paso 1- Vía administrativa: Se le confiere al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) la función de mediante formularios, hacer el primer filtro de calificación, exponiendo la situación del caso concreto de manera sintética y trasladando los casos que cumplan con el perfil del bloque e, no obstante, en vía administrativa se prescinde de la etapa probatoria. Esta labor será llevada a cabo por funcionarios(as) de Derecho y Trabajo Social propias de la institución.
Paso 2- Vía judicial: Corresponde al juez de familia conocer los casos que le sean transferidos vía administrativa, para llevar a cabo la etapa probatoria, ya sea mediante prueba testimonial, certificaciones, cartas de recibido de empresas donde solicitó trabajo etc. Mediante la resolución, el juez aceptará o rechazará la solicitud según corresponda y se derive del análisis de la prueba.
Paso 3- Recaudación y giro del dinero: Corresponderá al Banco de Costa Rica, al igual que con los aportes patrono-trabajador, y en este caso, la entidad financiera recaudará el dinero y lo girará al beneficiario(a)  únicamente en virtud de la resolución judicial que así lo disponga hasta tanto por medio de nueva resolución judicial que disponga la interrupción o suspensión. La entidad financiera no deberá multar de ninguna manera al cotizante moroso, pues la sanción viene consigo en la naturaleza del seguro, quien no está al día no puede disfrutar del seguro.
Lo dicho no significa que a última hora el deudor no pueda apersonarse a pagar lo adeudado para poder reclamar su subsidio, significa que la entidad bancaria no se beneficiará cobrando intereses moratorios, pues una de las características fundamentales del seguro es que este se establece sin fines de lucro, lo que se pretende es solucionar un problema-país bastante grande y ello no se va a lograr sacando provecho de quienes no tienen y por ello han incurrido en incumplimiento.
Seguidamente, se expondrán los cálculos realizados que definen la cantidad de meses, cuotas y gasto estatal que permiten la factibilidad del seguro alimentario propuesto en esta investigación.

6- Viabilidad económica y período de cobertura sin fines de lucro

La viabilidad económica consiste en usar los mismos fondos que ya se invierten a la causa, pero canalizarlos en la dirección correcta, o sea, esos millones de colones que el Estado destina en la manutención y captura de los apremiados, dárselo a los niños y niñas para que puedan seguir alimentándose y teniendo una calidad de vida acorde a los derechos humanos, mientras sus padres buscan trabajo en un período razonable y proporcional a la crisis de desempleo en Costa Rica.
No obstante, en el transcurso de la investigación, se ha logrado determinar la importancia que tiene el aporte del deudor alimentario, aunque sea simbólico, le permite tener una mayor responsabilidad y un papel importante en la causa, sin generalizar, pues ya existen hombres quienes realmente sufren el no poder cubrir personalmente dicha obligación. 
El Seguro Alimentario aquí propuesto, a diferencia del Proyecto de Ley de Creación de Seguro Obligatorio de Pensiones Alimentarias (SOPA), no es un seguro por desempleo, sino que es un seguro creado para proteger tanto al trabajador como a sus hijos, en ausencia de este último.
Algunos datos y estadísticas publicados en Noticias Repretel, o el periódico La Nación, no corresponden a la cifra exacta que consta en los registros del departamento de informática de la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz.
Aunque los datos no son tan exorbitantes, si son preocupantes, y las alteraciones no son de más del doble, por ejemplo, se dijo que entraban entre 1300 a 1500 personas al año, cuando en realidad va entre las 800 a 900 personas al año .
El Estado gasta exactamente ₡704.667  colones al mes por cada privado de libertad, si cada uno dura en promedio tres meses y medio, quiere decir que el Estado está gastando un total de ₡2.466.334 por cada apremiado por pensión alimentaria , pero este rubro contempla todos los gastos de transporte del apremiado, el salario del policía, el salario del guarda de la prisión, de las cocineras, de la atención medica etc. Aproximadamente, el 50% de ese rubro corresponde a recursos humanos que no se quitarían, sino que se trasladan para los funcionarios que tendrían que ejecutar el seguro alimentario.
 Sin embargo, los rubros por atención médica, Psicología y Trabajo Social que se gastaban en los privados de libertad, podría representar un ahorro que el Estado tendría en su presupuesto, pues dichos funcionarios no se van a necesitar en igual medida si el deudor está privado de libertad, a cuando el deudor se encuentre buscando trabajo.
Entonces el 50% efectivo de la manutención corresponde a ₡1.233.167, el 40% serian ₡986.533 tomados para el seguro y el otro 10% que son ₡246.633 serían para los que por baja escolaridad necesiten de alguna capacitación técnica para poder incorporarse al mercado laboral, el obligado alimentario tendría que cotizar al seguro un 5% mensual del salario , el cual se ha considerado un porcentaje manejable inclusive para personas a quienes les cuesta cotizar el seguro social. El porcentaje permite que el deudor alimentario pueda cotizar ambos seguros de forma simultánea.
Para disfrutar del seguro alimentario, el obligado alimentario debe tener al menos tres cotizaciones al sistema, o bien ponerse al día con las cuotas atrasadas tanto del seguro social (si tiene) como del seguro alimentario, para poder disfrutar de este. Por ejemplo, partiendo de un salario mínimo donde el deudor gana ₡350.000 mensuales aportaría una cuota mínima de ₡52.500 en esos tres meses.
Es importante también establecer un rubro por parte de los y las beneficiarias, en aras únicamente de alargar la cantidad de meses de protección, dicho aporte no sería en dinero líquido, sino en especie, por ejemplo: si el niño recibía una pensiona alimentaria de ₡100.000 con el seguro recibirá ₡80.000, lo mismo que un 20% menos del total, lo mismo con fundamento en la discusión titulada “La adaptación del principio de nivel de vida acostumbrado en situaciones de desempleo”. Y, sin embargo, es más beneficioso para las personas menores de edad recibir ₡80.000 mientras el deudor alimentario está desempleado, que no ₡0 colones, porque el mismo se encontraría privado de libertad en ausencia de este seguro.
Luego, se parte de mínimos para tener una idea base, aunque el seguro alimentario se calcularía acorde a cada caso concreto, pues, no todos los deudores ganan lo mismo y no todas las pensiones alimentarias son de igual monto.
Una de las críticas más fuertes que se le ha hecho jurídicamente a la materia de alimentos, es que no existen parámetros objetivos, como por ejemplo, una tabla objetiva previamente establecida, de la que el juez de familia parta para fijar el monto de la pensión alimentaria; sino, que el monto se desprende del análisis de la prueba y de la sana crítica realizada por el juzgador para determinar cuál cifra equivale a la proporcionalidad entre la capacidad económica del deudor y las necesidades del beneficiario.
Como son seres humanos quienes realizan dicho análisis, por supuesto que existe un posible factor de error, el cual es indeterminable; pero, como es el objetivo acá, debe quedar en evidencia que como profesionales en derecho tampoco se puede afirmar que ningún juez se equivoca al establecer el monto. No hay forma, al menos hasta el momento, para poder saber si son los más o los menos, pero ciertamente, y a lo que muchos llaman inseguridad jurídica, se está expuesto a que en un caso se fije un monto proporcional, y en otro caso un monto abusivo, siendo en principio que la ley es la misma para todos los ciudadanos a quienes se dirige la pretensión alimentaria.
Como se deriva de las entrevistas, dicha inseguridad jurídica no es un problema propio de las pensiones alimentarias, sino que dependen de la valoración del juez la mayor parte de aspectos en el derecho, en indistintas materias. 

A continuación, se adjunta un cuadro con ejemplos del seguro y su duración acorde a los demás aspectos, realizado por la investigadora:

Tabla 8. Ejemplos de seguro y su duración
Rubros Aportes Deudor#1 Deudor#2 Deudor#3
Rubro variable Salario del deudor alimentario, (sino tiene salario, pagará el mínimo) ₡350.000 ₡500.000 ₡1.000.000
Rubro variable Cantidad de meses que el deudor cotizó al seguro El mínimo de
3 meses 8 meses 14 meses
Rubro fijo Aporte del Estado
40% del gasto fijo ₡986.533 ₡986.533 ₡986.533
Rubro variable Aporte del Deudor Alimentario, 5% mensual del salario. ₡52.500
(nunca menos que eso) ₡200.000 ₡700.000
Rubro variable Aporte del beneficiario
-20% en especie ₡16.000
(no se suma) ₡20.000
(no se suma) ₡40.000
(no se suma)
Rubro variable Cuota que el deudor tenía que pagar de pensión alimentaria ₡80.000 ₡100.000 ₡200.000
Rubro variable Suma total de los fondos del seguro (aporte del estado + aporte deudor) ₡1.039.033 ₡1.186.533 ₡1.686.533
Rubro variable Meses de cobertura cada
6 años 16 meses,
Un promedio de 2.7 meses por año 15 meses,
Un promedio de 2.5 meses por año 10.5 meses,
Un promedio de 1.7 meses por año
Rubro variable Monto de pensión alimentaria que recibirá el beneficiario(a) durante el seguro. ₡64.000 ₡80.000 ₡160.000
Fuente: Elaboración propia a partir de los cálculos del tercer capítulo (tiempo promedio de estancia, costo de manutención y porcentaje de aporte del trabajador), 2020.

Los deudores alimentarios que ganan muy bien, de 700mil colones en adelante, por lo general tienen menores posibilidades de quedarse sin trabajo, y el monto de sus pensiones a pagar suelen ser más altos que la media. Por ende, como se puede notar en la tabla anterior, el seguro protege más a los deudores alimentarios más débiles, que es lo que se pretende.
Además, el seguro alimentario establece un parámetro de objetividad que ayuda a disminuir la posible inseguridad jurídica en el tema de alimentos.
Como se vio anteriormente, existe un amplio abanico de perfiles de deudores alimentarios que se agruparon todos en seis bloques, de la misma forma que variedad en ese factor, también debe existir variedad de mecanismos para evitar el apremio corporal, y cada uno de acuerdo con las características particulares de cada deudor.
 O sea, quienes estén desempleados y cotizaron voluntariamente el seguro alimentario aunque tengan tres millones de colones ahorrados en el seguro alimentario, no pueden ejecutarlo si tienen varias garantías reales (no indispensables para el ejercicio de su ocupación) a su nombre, porque entonces les sentaría mejor el Fondo de Capitalización del Nuevo Código Procesal de Familia, otros podrán optar por el permiso temporal para buscar trabajo, otros por la solicitud de pago en tractos, si aún tienen trabajo, pero con menores ingresos, otros podrán optar por el apremio especial, el que pueden descontar en horas nocturnas; y por último, en casos extremos como los que en este momento se encuentran apremiados y salen para volver a entrar, está el seguro alimentario.
En resumen, el deudor alimentario deberá agotar primero los otros mecanismos- o bien no tener las posibilidades de calificar en estos- antes de poder acceder al seguro alimentario, podría verse entonces que el seguro es como la última opción, para evitar que un individuo sea castigado por no haber tenido los medios para hacer efectivo el pago de su obligación alimentaria.
A continuación, se plasmará la forma en la que se están invirtiendo los recursos, actualmente, que no se cuenta con una herramienta como el seguro alimentario aquí propuesto.

7- Gasto público sin seguro alimentario(actualmente):

El Estado ya gasta ₡2.466.334 por cada apremiado por pensión alimentaria al año, y aproximadamente entran 900 al año, o sea ₡2.219.700.600, una suma demasiado alta como para que el país no vea ningún crecimiento a cambio. Se especula que esta suma podría aumentar significativamente del 2020 en adelante a causa de la crisis de desempleo, por lo que el seguro alimentario sería una herramienta beneficiosa para frenar las consecuencias. 

8- Gasto público con seguro alimentario (una vez implementado) y otros beneficios visibles en la población:

El Estado gastaría ₡986.533 por cada apremiado por pensión alimentaria al año, y aproximadamente entran 900 al año, o sea ₡887.879.700 que ahora pasarían al fondo con un máximo de 900 ejecutantes del seguro por año, los 900 más calificados, y más necesitados del beneficio.
Dentro de lo que más preocupa a los profesionales en derecho, es que este seguro se preste para que el número de “personas sin trabajo y cómodamente con dicha condición” aumente solo para poder beneficiarse del seguro, sin embargo, ello podría pasar incluso sin implementar el seguro, pues Costa Rica actualmente, enfrenta la crisis de desempleo más alta que ha tenido; sin embargo, para ello se podría establecer un tope de los mismos 900 apremiados al año, donde se escoja a los que más califiquen con el perfil que exige el seguro alimentario, esto para no cerrarle las puertas al seguro alimentario sin tan siquiera haberle dado la oportunidad de funcionar.
 Una suma fija, ya destinada de ₡1.109.850.300 en recursos humanos del personal público al año, ahora en otras funciones propias de la calificación y ejecución del seguro.
Por último, el 10% que se dedujo de la manutención de los apremiados como aporte del Estado, para que ahora se invierta por concepto de capacitaciones, que eran ₡246.633 por cada apremiado, o sea un total de ₡221.969.700 al año  para becas y capacitaciones, para ayudar a los que por baja escolaridad necesiten de alguna capacitación técnica para poder incorporarse al mercado laboral. Actualmente, unos cuantos privados de libertad confeccionan muebles y bolsos por su experiencia, pero para los demás no existe un centro de capacitación previa. (Se insiste que a este monto podría sumársele una suma más para cubrir mayor número de becas completas en los centros educativos ya establecidos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Aprendizaje, pues ello reactivaría la economía del país).
 Con este seguro, si bien el gasto público se mantiene en el mismo monto, se fracciona de manera que se les saca el máximo provecho a los fondos, dando de comer y mejorando la calidad de vida de miles de niños, niñas y adolescentes costarricenses, protege los derechos humanos y laborales de la dignidad humana, y el derecho a recibir protección por infortunios como el desempleo sin desatender los derechos humanos de niñas y niños.
Lo anterior a su vez tendría un impacto positivo a nivel fiscal, pues al reactivar la economía del país, mejorando las condiciones de vida de la población en general, disminuyen los índices de delincuencia y hacinamiento, y fondos que se destinaban a seguridad podrían ser trasladados para seguir mejorando la calidad de vida de los y las costarricenses.

G- Discusión alrededor del principio de nivel de vida acostumbrado en situaciones de desempleo.

El principio del nivel de vida acostumbrado es uno de los principios más importantes en materia alimentaria, porque este, junto con el principio de capacidad económica del deudor, son los que fijan la cuota.
Este principio de nivel de vida acostumbrado hace alusión a que, por ejemplo, si un niño o niña se acostumbró desde pequeño a asistir a clases de ballet, pintura, karate, piano, inglés y natación, no se puede pretender que a partir del divorcio de sus padres y la fijación alimentaria, pierda ese estilo de vida, pues la separación de sus padres ya constituye un golpe emocional que él o la niña tendrá que afrontar, pero si a ello le sumamos el golpe fuerte de un cambio de estilo de vida, de pasar de las comodidades a las limitaciones extremas, ello podría significar para el niño, problemas psicológicos y emocionales fuertes e incluso que puedan llegar a afectar en gran medida su vida como adulto, su normal desarrollo y su interacción con los demás.
Entendido el principio, el posible indicio de que ese padre a partir del divorcio, no se haga responsable de las necesidades de sus hijos e hijas, fue lo que dio pie al nacimiento de este principio.
Pero caso distinto pasa cuando un hombre (o mujer, muy pocos casos) queda sin trabajo, y todo el sistema le sigue aplicando el principio de nivel de vida acostumbrado como si él no quisiese pagar la pensión alimentaria de cosa suya. Por ende, es importante saber cuándo aplicar este principio y cuando no, cuando se interpreta de una forma u de otra.
Para efectos de análisis se plantea el siguiente caso hipotético: Se hace de cuentas que los padres del menor no se han separado, siguen casados, y de un momento a otro, el padre como único ingreso del hogar que ganaba un salario de 1.7 millones de colones, queda desempleado de manera involuntaria porque la empresa donde trabajaba quebró; este consigue un trabajo informal (esperando que sea temporal) en un lava-carros, propiedad de su primo. A raíz de la situación, su esposa toma medidas de ahorro en el hogar, dentro del diario cambia las marcas de algunos productos para poder colaborar con la situación, llama al salón de belleza y cancela la cita de queratina que iba a realizarse, llama a las profesoras de cursos y academias de enseñanza privada a decir que sus hijos no van a volver por situaciones personales, los niños se unen a la causa y ahora apagan las luces del hogar cuando no las ocupan, ya no le piden a su padre el último juego de fornite de play4 que salió al mercado etc.
¿Por qué debería de ser diferente si los padres están divorciados?
A partir del ejemplo anterior, está bien aplicar el principio del nivel de vida acostumbrado cuando el deudor alimentario mantiene la misma capacidad económica antes o después de disuelto el vínculo matrimonial, lo que no estaría bien es seguir aplicando dicho nivel de vida acostumbrado cuando el deudor alimentario ha sufrido importantes cambios en su capacidad económica, por lo que los niños dentro y fuera del vínculo creado, matrimonial, unión de hecho o la simple convivencia también deberían adaptarse a las nuevas circunstancias, como un reflejo de empatía.
Hay situaciones que ameritan la colaboración de todos, precisamente porque el deudor no tuvo participación o inferencia en ese cambio de circunstancias, y cuando no hay culpabilidad tampoco debe de haber castigo.
El país afronta una crisis de desempleo, la eventual circunstancia de caer en esa condición es algo que deben afrontar juntos tanto el deudor alimentario como el acreedor alimentario. Claro que no eximir la obligación, pues los menores también necesitan sustento y una calidad de vida que no ponga en peligro su dignidad como personas, sino, de una pequeña reducción en el monto, que aliviane la carga de sus padres.
Dicha limitación al monto de la cuota alimentaria de los menores sería mucho menor que la que realmente harían en las mismas circunstancias, de estar vigente el lazo familiar de convivencia entre sus padres, llámese vínculo matrimonial o unión de hecho.
Para que se tenga una idea clara de cuanto sería esta reducción, en una pensión alimentaria de ₡100.000 colones, la reducción sería de ₡20.000, quedando la pensión en un monto razonable de ₡80.000 colones, esto con el propósito de extender el período de tiempo para buscar trabajo del deudor alimentario, pues incorporarse al mercado laboral no es tarea fácil.
Y aunque a muchos les parece inconcebible una reducción monetaria en una época donde a causa de la inflación, todo está más caro; la situación real de estos menores es que no reciben nada, mientras sus padres están bajo apremio corporal. Entonces pasar de no recibir nada a recibir un 80% de la cuota que normalmente recibían, es una gran ganancia. El seguro alimentario en estos casos llega a proteger los derechos humanos de cada una de las partes y los une de una forma “jurídica” para afrontar una situación de índole “económica” y superar dicha dificultad sin afectar a nadie.

H- El Hacinamiento carcelario y el impacto positivo que podría generar la implementación del seguro alimentario en él.

El Ministerio de Justicia y Paz (MJP) afirmó haber logrado una reducción del 9% en el hacinamiento carcelario durante el año 2019, a pesar de que durante ese mismo período aumentó la cantidad de privados de libertad, al ingresar 2000 personas más. En la actualidad, solo el nivel institucional registra un total de 16.406 personas recluidas en prisión.
De acuerdo con datos suministrados por la institución, “el porcentaje de hacinamiento pasó del 39,6% registrado en noviembre del 2019 a un 30,8% en enero del 2020, atribuible a la construcción de nuevos módulos y el aumento de espacios en centros penitenciarios”.
Dicho aumento de espacios nuevos se dio de forma paulatina, especialmente, en los centros penitenciarios Jorge Arturo Montero (San Rafael de Alajuela) , Vilma Curling (Desamparados), Carlos Luis Fallas (Pococí), Marcus Garvey (Limón), CAI Liberia, UAI 20 de diciembre (Puntarenas) y San Agustín (Heredia) .
I-Redacción propuesta

Con base en los apartados que anteriormente se analizaron, se fundamenta la siguiente propuesta de redacción del artículo 265 del Código Procesal de Familia (antiguo artículo 27 de la LPA):
“Artículo 265.- Pago obligatorio de los alimentos: No procederá la exoneración de la cuota de pensión alimentaria por el hecho de no tener trabajo, salario o ingresos; tampoco que los negocios no produzcan utilidades, todo sin perjuicio del análisis de la prueba y de las averiguaciones que, de oficio o a solicitud de parte, ordene el tribunal. En caso de que el deudor logre demostrar  ante la autoridad correspondiente su condición de desempleo y su intento fallido de procurarse un empleo estable, dicha autoridad procederá a calificar su perfil para otorgarle un trato diferenciado, que podrá ser cualquiera de los siguientes beneficios que más se adapte a su condición: permiso temporal para la búsqueda de trabajo, solicitud de pago en tractos, fondo de capitalización para el pago transitorio de la obligación alimentaria, apremio especial o seguro alimentario.
Si se ocultaren o distrajeren bienes o ingresos, se testimoniarán piezas ante el Ministerio Público a fin de que se determine si se está en presencia de una actividad delictiva”.
Es importante redactar una norma que sea flexible a la diversidad de perfiles de personas deudoras alimentarias, pues el problema del incumplimiento alimentario no se resolverá endureciendo las normas y sanciones a aplicar. Por el contrario, la privación de libertad de los deudores a quienes más afectan en última instancia es a los niños y niñas.
Por lo que seguir aplicando este tipo de sanciones  de privar de libertad a personas que deben alimentos sin tomar en cuenta que la razón estuvo fuera de su control, como el desempleo, no representa ningún beneficio para el país, más bien representa el daño social y la violencia estructural ejercida por el Estado, porque aparte de la afectación a los menores de no recibir sustento, es sabido que en las cárceles no existen las condiciones adecuadas y suelen fomentarse vicios por el tráfico de drogas prohibidas que logran introducirse en los centros penales poniendo en peligro la seguridad personal de los deudores alimentarios, que no tienen el perfil de delincuentes.

J-Análisis de las entrevistas

A continuación, se realiza un análisis sobre las entrevistas realizadas a diferentes funcionarios que laboran en Derecho Familiar, y a usuarios que cumplen con el perfil de deudor alimentario propuesto para dirigirles la estrategia sobre el seguro alimentario que se desarrolló en esta investigación.
Ahora bien, sobre la técnica utilizada para la recolección de la información se menciona: “…la entrevista es un valioso instrumento para obtener información sobre un determinado problema en la investigación cualitativa.”
Con la entrevista se pretendió establecer un intercambio entre los entrevistados(as) y la estudiante, donde esta última intentó obtener información acerca de percepciones, opiniones, creencias y conocimiento sobre la viabilidad de un seguro alimentario en los términos descritos y la superioridad de este en comparación con otras soluciones propuestas anteriormente para el mismo problema en cuestión.

1. Entrevista a Especialistas en Derecho de Familia

A continuación, se muestran los comentarios acerca de las entrevistas realizadas a funcionarios en el campo del Derecho que tienen conocimiento en familia, para conocer acerca de su opinión en relación con el seguro alimentario que se ha discutido en esta investigación y las normativas actuales que rigen en el país sobre este tema.
Primeramente, se les preguntó que, si consideraban que actualmente se regulaba de manera correcta el cambio de circunstancias, propiamente la situación de desempleo de las personas deudoras alimentarias en los expedientes activos con base en la Ley de Pensiones Alimentarias vigente número 7654.
Los funcionarios entrevistados consideraron que, si se regula de manera correcta el cambio de circunstancias, por el desempleo de las personas deudoras alimentarias, además, la Jueza de Familia entrevistada comentó que los problemas en la práctica se daban por la interpretación que se le otorgue a dicha ley.
No obstante, uno de los entrevistados aportó que espera que, con la entrada, en vigencia, el primero de enero dos mil veintidós del código procesal de familia, propiamente la medida especial de apremio corporal nocturno, que ofrece hasta 6 meses de aplicación de esa medida especial, las cosas mejoren.
Otro funcionario difiere del aporte de los otros, ya que considera que el permiso de un mes prorrogable a dos para buscar trabajo que rige actualmente es insuficiente por la crisis de desempleo que pasa el país, no obstante, apoya la medida del nuevo Código Procesal Laboral relacionada al apremio corporal nocturno, pero se recuerda que dicha solución continúa violentando los derechos de los deudores alimentarios e invirtiendo los recursos estatales de forma incorrecta ya que se podrían utilizar de una mejor forma como en educación.
También les preguntó acerca del problema del desempleo de los deudores alimentarios y que, si con la herramienta del Fondo de Capitalización que se propone en el nuevo Código Procesal de Familia, se encontraría una solución suficiente, el cual fue comentado por los funcionarios de la siguiente manera.
Algunos dicen que esta herramienta no será nada suficiente, pues el Fondo propuesto en la reforma, de hecho, su funcionamiento es similar al de cualquier otra entidad bancaria, entonces no se refleja lo novedoso de dicha herramienta jurídica, además de que solo podrán aprovecharlo quienes tengan bienes, pero necesiten el dinero en efectivo. Comentaba el participante que se esperaría que el Fondo trabaje más al costo, o sea, con intereses más bajos o al menos que aprueben el crédito de forma más rápida, porque si no fuese así, él tampoco vería que el Fondo fuese una herramienta jurídica provechosa.
Por otra parte, se considera que no resulta procedente, al menos por el momento, afirmar que el apremio corporal especial será una medida beneficiosa, en el tanto todavía no se cuenta con los ambientes necesarios para ejecutarlo, entonces aunque el 01 de enero 2022 entre a regir el nuevo Código Procesal de Familia, el apremio especial no podrá implementarse a pesar de la urgencia con la que los deudores alimentarios necesitan una solución para que no les prive de su libertad por ser víctimas de esta crisis por desempleo.
Además, de que la medida de apremio especial se creó como una facultad del juez, eso limita a los deudores alimentarios a poder acceder a ese beneficio, pues solo el juez o la jueza podrán resolver si el deudor califica o no; y como no hay un perfil previamente establecido para calificar para el beneficio, dicha situación genera inseguridad jurídica, algo que no sucede en el seguro alimentario, donde todas las aristas están previamente definidas y delimitadas en pro de la seguridad jurídica que deben sentir los usuarios.
Para culminar la entrevista, a partir de la exposición del seguro alimentario propuesto, a cada uno de los funcionarios entrevistados, se les cuestionó sobre cuál sería la mejor solución que propondrían para el problema del desempleo y el hacinamiento carcelario de las y los deudores alimentarios en Costa Rica, ante esto mencionaron que: 
El problema es que muchas de esas personas que están hacinadas, no están ahí porque realmente deban una pensión alimentaria, sino que están ahí por una ficción que hay casos en los cuales se está poniendo una pensión alimentaria contra otro tipo de personas, no por deudas alimentarias, sino porque quieren que estén ahí.
Muchos de los que están ahí son muchachos jóvenes indigentes o drogadictos, cuyos padres le ponen una pensión alimentaria para sacarlos de circulación, porque están mejor en la cárcel que en la calle.
Lo anterior, representa una problemática que se debe trabajar en otra investigación, por lo que no se ahondará mucho en el tema, pero sí se procederá a afirmar que se evidencia una clara deformación de la naturaleza de la obligación alimentaria. Ya que, en el Digesto de Justiniano, como se vio a lo largo de la investigación, la obligación alimentaria no nace a la vida jurídica si no se reúnen dos requisitos fundamentales, que son la necesidad del alimentario y la capacidad económica del alimentante. Por lo que es inconcebible la acción del juzgador(a) de establecer una cuota alimentaria a un joven indigente sin capacidad económica en favor de sus padres que nunca han dependido de este; no está de más retomar que para fijar una cuota alimentaria debe demostrarse que el alimentario depende o ha venido dependiendo del alimentante. Establecer una cuota alimentaria con miras de resguardar a una persona de las consecuencias negativas que trae consigo la drogadicción, es deformar la naturaleza de la obligación misma y tomar partido en competencias que son propias del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia IAFA.
Una de las mejores respuestas fue la que afirma que el Estado sí tiene responsabilidad solidaria en este tema de alimentos y que todas las opciones son válidas, algunas para una cosa y otras para otra, para los que tienen bienes podría ser el fondo, si es que llega a implementarse, para los que no tienen bienes y tienen muchas dificultades sociales podría ser su seguro alimentario. Y también hay soluciones como el apremio corporal para aquellos que de verdad no quieren pagar.
Cuando se parte del desempleo absoluto, esta respuesta es la más acorde al planteamiento de esta investigación, porque ciertamente hay muchos perfiles de deudor alimentario, y para cada uno debe existir una solución que se ajuste a sus necesidades. De la misma respuesta se infiere que no hay certeza en cuanto a la aplicación del fondo, pues el participante quien es uno de los del Código Procesal de Familia dice: “si es que llega a implementarse”.
Ahora bien, con respecto a los gastos fijos, el seguro ya contempla el importe de gastos fijos desarrollado con anterioridad con el debido desglose, por lo que eso no presentaría ningún problema u obstáculo para no poder implementar el seguro alimentario.
También, otra funcionaria se manifestó completamente en contra de quitar el apremio corporal, incluso en casos de desempleo absoluto porque considera que: “el apremio corporal debe mantenerse pues ha demostrado en la práctica, ser uno de los medios más efectivo para el cobro de la deuda alimentaria. En cuanto al problema de desempleo en Costa Rica, no se va a solucionar jamás quitando el apremio corporal, más bien lo que eso generaría es mayor incumplimiento por parte de los obligados alimentarios, consecuentemente, mayor pobreza y desigualdad para las familiares de las personas beneficiarias alimentarias que en la mayoría de los casos son mujeres, niños, niñas, personas adultas mayores y personas con discapacidad, con un recargo en las labores para las mujeres”.
Con respecto a lo señalado por doña Liana, en la presente investigación no se propone eliminar el apremio, porque es cierto que ha sido la medida coercitiva más efectiva, el problema es que, en ciertos presupuestos de hecho, ya desarrollados a lo largo de la investigación, aplicar el apremio significaría violentar los derechos humanos al trabajo del alimentante y el derecho de alimentos del alimentario, porque el padre en la cárcel no va a poder proveérselos. Por el contrario, el seguro vendría a proteger a la población vulnerable que señala la licenciada: mujeres, niños, niñas, personas adultas mayores y personas con discapacidad, pues, el dinero que se gastaba en el apremio corporal pasaría de forma segura a estas personas.
Está bien dejar el apremio corporal, pero siendo esta una pena privativa de libertad, aplicarla como un castigo a los que ya han demostrado, no querer pagar teniendo suficiente capacidad económica, o a los que, a pesar de la advertencia, hicieron uso de la totalidad del seguro sin necesitarlo, en cuyo caso procederían las sanciones administrativas y penales correspondientes.
Aplicar de forma indiscriminada el apremio corporal, sin tomar en cuenta si las causales de incumplimiento fueron voluntarias o involuntarias, lo que ocasiona es precisamente que esa desigualdad crezca aún más.
Con respecto al aporte de don Arcelio, se coincide en que los beneficios, actualmente, se aplican de forma arbitraria, en algunos casos sí y en otros no, pero a la luz de una visión empática no se considera que descontar el apremio en horas nocturnas, y al otro día salir a buscar trabajo, sea un trato acorde a la dignidad humana, en especial, porque como bien lo dijo Alberto Jiménez Mata, Costa Rica aún no cuenta con un ambiente adecuadamente equipado que les permita el descanso a los privados de libertad.
Esa medida que menciona el participante, que se implementó en los Estados Unidos, de descontar el apremio los fines de semana, a simple vista esta tesis no analiza el tema, es una medida favorecedora si se aplica de forma conjunta con algún seguro alimentario, pues de lo contrario, quien pagaría al beneficiario lo que tarde el alimentante en conseguir trabajo.


2. Entrevista a usuarios de Pensión Alimentaria

Ahora bien, se muestran las entrevistas realizadas a los 5 usuarios que han sido apremiados corporalmente y forman parte la población a la que se dirige la propuesta de seguro alimentario desarrollada en este trabajo final de graduación.
Acto seguido, se expone la primera pregunta realizada a los usuarios con respecto a la cantidad de hijos y al monto pagado por concepto de cuota alimentaria, y se determinó que efectivamente ninguna de las cuotas sobrepasaba los 200 mil colones por niño o niña, sino que más bien la mayor parte de cuotas son inferiores a los 100 mil colones por cada niño o niña.
Al respecto, el usuario Oscar mencionó que: “Con mi exesposa tuve dos varones y por ellos pago una cuota de ₡157. 600” ; otro de los usuarios llamado Lenin comunicaba que: “Con mi primera esposa tuve cuatro hijos y pago un monto de ₡264.000, con otra muchacha tuve un niño y por él pago ₡56. 000” , además, el usuario Greivin aportó: “Con mi primera pareja tuve dos niñas gemelas, con mi segunda pareja una y con mi pareja actual tengo un niño, pero únicamente le pago pensión a las dos gemelas por un monto de ₡100. 000 y a la niña de mi segunda pareja le doy ₡79. 600” , también Joel indicaba que: “A la hija que tuve con mi primera pareja le doy desde hace ocho años el monto de ₡75. 000 colones y al hijo que tuve con mi segunda pareja le pago ₡126. 000” , por último, Robin decía que: “Pago una pensión por tres hijos de ₡200. 000.”
Con la información recopilada anteriormente, se comprueba la información de la tabla 8 elaboración propia y presente en este estudio, es aplicable a estos usuarios, en caso de que llegarán a quedar en desempleo absoluto, pues el seguro alimentario sería beneficioso al perfil de estos según su capacidad económica. No obstante, estos también cumplen con este perfil, porque en algún momento llegaron a ser apremiados por el no pago de este beneficio dirigido a sus hijos e hijas en razón, del desempleo, o trabajo inestable, y esta fue una de las preguntas que se les realizó durante la entrevista.
Con respecto a los relatos compartidos, dicha información, demuestra que la causal de desempleo en la que se centra esta investigación, ha repercutido en la imposición del apremio corporal, y este último ha afectado de sobremanera sus derechos, se confirma efectivamente, que es el desempleo la causal que los ha llevado al incumplimiento de su deber para con la persona alimentaria, demostrando la importancia de desarrollar estrategias desde el Estado para evitar esta medida coercitiva que va en contra de los derechos humanos de padres, hijos e hijas.
Sin embargo, a falta de un seguro alimentario los usuarios compartieron estrategias para evitar ser privados de su libertad en caso de no pagar la pensión, y ésta, fue una de las preguntas que se les realizó durante la entrevista, en relación con lo anterior, estas personas comentaron:
Cuatro de los cinco entrevistados, el dinero se los presta su pareja o algunos familiares, padres y hasta jefes del trabajo, que hacen colecta esporádicamente y algunas veces de mala gana.
El quinto entrevistado manifestó: “Yo y seis hombres más deudores de pensión alimentaria (amigos) creamos una alianza, entre todos siempre nos ayudamos y hacemos colecta; tres veces me han ayudado. Sí les devuelvo el dinero en un término de tres a cuatro meses. Uno se siente indignado cuando ve que de pronto la madre toma el dinero para teñirse el cabello o arreglarse las uñas y mis hijos necesitando ropa, sobre todo porque uno se esfuerza demasiado para poder pagar. Cuando yo veía que no podía pagar a mis amigos la plata prestada por el desempleo, me ponía a vender cosas viejas de la casa, huevos y taxiaba de forma informal.”
De lo anterior, se infiere que estos sujetos han tenido algún tipo de apoyo por parte de personas cercanas, para cumplir con su pago de pensión, haciendo uso de estas estrategias con el fin de no llegar a ser apremiados y aportar en su compromiso con las y los menores de edad; no obstante, estos son los casos específicos de los usuarios entrevistados, y es importante mencionar que existe una diversidad social, por lo que, como se mencionó en esta investigación, hay diversos perfiles de deudores alimentarios  con diferentes características y bienes muebles e inmuebles que podrían ser utilizados en caso de no poder pagar su deuda.
Ahora bien, también algunos de los deudores alimentarios, hacían mención sobre una realidad que acontece en el ámbito, esta es, que en ocasiones no se utiliza o invierte el dinero dirigido a sus hijos e hijas para su bienestar; por lo anterior, es importante mencionar que recientemente se propuso un proyecto de ley en el cual se deben presentar facturas del dinero que se invierta, en este caso, en la personas menor de edad.  Pero este tema no se profundiza en esta investigación.
Por otro lado, se les preguntó si habían solicitado alguno de los beneficios contenidos en la Ley de Pensiones Alimentarias denominados “buscar trabajo o pago en tractos” como parte de las estrategias en caso de no poder cumplir con la obligación, ante ello mencionaron:
Se infiere de las respuestas, que algunos de los usuarios recibieron asesoría sobre estos beneficios, sin embargo, dos de ellos no recibieron ni tenían la más mínima idea, por lo que se encuentra un vacío en lo que respecta a la divulgación acerca de esta información que podría beneficiarles en caso de que no puedan pagar su pensión.
Aunado a esto, se recuerda que los beneficios contenidos en el artículo 31 y 32 de la LPA no son suficientes, porque actualmente la crisis de desempleo que acontece en Costa Rica repercute en que encontrar trabajo no sea cuestión de un mes, si no de más tiempo, y así fue expresado por la experiencia vivida de uno de los entrevistados.
En esta línea de ideas, también se les preguntó acerca de su situación laboral actual, tomando en cuenta la crisis de desempleo y pandemia mencionadas, que sufre el país, al respecto mencionaron, que se han visto muy perjudicados, algunos han perdido su trabajo y otros se mantienen trabajando por debajo del 50% de lo que trabajaban anteriormente.
A partir de la información compartida por las personas entrevistadas se infiere, que la situación que atraviesa el país por la pandemia les ha afectado laboralmente, incluso algunos han sido despedidos, están desempleados o con trabajos informales, por lo que esto les afecta en la responsabilidad que tienen con las personas menores de edad a su cargo, haciéndoles sentir estrés, preocupación y depresión, recordando que las estrategias para sobrellevarlas no son suficientes.
Aunque el Estado costarricense firme y ratifique tratados internacionales para cumplir con los derechos laborales y los que competen a las personas menores de edad, presentes en políticas sociales, códigos y leyes, queda claro que se sigue presentando desigualdad de condiciones en la sociedad, ya que la brecha del desempleo va en aumento y afecta a las personas que tienen que cumplir con la obligación alimentaria, como se vio en estas entrevistas.
Por consiguiente, una de las preguntas hechas a los usuarios establecía si ellos estarían dispuestos a cotizar el 5% de su salario mensual a un seguro alimentario que cubra la cuota alimentaria de sus hijos, la próxima vez que se quedaran sin trabajo, explicándoles que esa acción era parte del seguro propuesto y si estarían dispuestos a probar ante un juez que no tenían trabajo, haciendo lo posible por encontrar uno, por medio de la presentación de testigos y constancias de que han dejado currículo a diferentes lugares para obtener este beneficio; a lo anterior todos mencionaron que sí estaban dispuestos y uno de ellos comentó: “Sí, porque es algo de mucha ayuda en estos momentos, resolvería este problema de desempleo que estoy pasando por el cual se me dificulta pagar la pensión, y me comprometo con probar que he hecho hasta lo imposible por buscar trabajo y no lo he conseguido.”
Por lo tanto, un seguro alimentario es considerado por los entrevistados como una solución viable, y es uno de los propósitos que se buscan con esta investigación. También tener la aprobación y compromiso de algunos de los beneficiados con esta propuesta, permite validar la búsqueda de soluciones a la problemática del apremio corporal, el hacinamiento carcelario y el no cumplimiento en el pago de la pensión alimentaria.
Finalmente, se les cuestionó sobre si tenían algún tipo de formación profesional o no y por qué, tomando en cuenta que el seguro propuesto sigue la línea de capacitar a las personas desempleadas y brindarles becas para mejorar la condición de desempleo. Sobre esto, tenemos el común denominador, de que los cinco entrevistados no pudieron capacitarse profesionalmente, porque nacieron en familias de pobreza extrema o bien tuvieron otro tipo de problemáticas conexas, por ejemplo, alcoholismo por parte de sus padres, violencia intrafamiliar y entre otras causas de ello se encuentran las personales, económicas, familiares, docentes, sociales, bullying.  .
En efecto, los relatos señalaron que ninguno de los interrogados posee formación académica que les permita buscar un empleo estable acorde a las capacidades que una profesión técnica o universitaria les brindaría, sin señalar con esto, que sus capacidades personales para desempeñarse en otras áreas sean menos importantes.
Es importante detenerse en esta realidad, partiendo de la importancia que representa la educación para el país, y como investigadora, se defienden las estrategias que fomentan este derecho, por ello el seguro en cuestión lo toma en cuenta para buscar soluciones al desempleo, aunque se recuerda, que también el Estado debe aportar en este rubro.
En esta línea, una de las preguntas que se les hizo, fue si les gustaría capacitarse en alguna disciplina profesional y técnica en un centro de formación con una beca específica, para personas que cumplan con su perfil, como parte del seguro alimentario propuesto y lucha contra el desempleo, al respecto comentaron que sí les gustaría puntuando en sus intereses personales por ejemplo: “como profesor de educación física” , “como mecánico automotriz” , “en informática o mecánico” , “en psicología infantil”  y “mecánico en enderezado y pintura para tener un taller propio.”
Estas repuestas denotan un compromiso por parte de estos usuarios, ya que hasta han pensado a qué les gustaría dedicarse, sin embargo, por diferentes factores que se mencionaron, no han podido lograrlo. El seguro alimentario invertiría fondos para que estas personas tengan la oportunidad de capacitarse en períodos y horarios que les permitan seguir generando ingresos para subsistir, sin llegar al punto del apremio corporal que requiere de muchos recursos económicos y humanos, que se podrían estar invirtiendo en educación, como se mencionó a lo largo de esta investigación.
Las entrevistas permitieron conocer la mirada de personas a las que esta problemática les afecta directamente, violentando su derecho al trabajo al privarles de libertad por causales fuera de su voluntad como la crisis de desempleo que enfrenta Costa Rica, y aunque pugnan otros factores sociales que han repercutido en su desempleo, se le busca dar soluciones efectivas y a corto plazo.












Conclusiones:

• Se estima que la hipótesis planteada se comprobó, al determinarse que los artículos 173 inc. 1 del Código de Familia y 27 de la LPA, contienen una redacción confusa, incompleta y desactualizada que da margen a varias interpretaciones que no responde a la realidad de las personas alimentarias y alimentantes.
• Se propone una nueva redacción de las normas, que permita un trato diferenciado a las personas deudoras alimentarias en diversas circunstancias.
• Se evidencia un error de redacción del artículo 14 de la ley de pensiones alimentarias número 1620 del año 1953, artículo que según se desprende de las actas legislativas, no se discutió antes de ser aprobado
• También se concluye que los beneficios de “pago en tractos” y “permiso temporal para buscar trabajo” contenidos en los artículos 31 y 32 de la LPA, son solo medidas paliativas, que no resuelven el problema del desempleo.
• Asimismo, el problema del incumplimiento alimentario no se resolverá endureciendo las normas, penas o sanciones a aplicar. Por el contrario, dichas penas a quienes más afectan en última instancia son a los niños, pues, sus padres se encuentran en la cárcel, sin empleo, limitados en su actividad, y este no es el panorama que favorece el interés superior del niño.
• El apremio corporal, cuando se aplica indiscriminadamente a personas que de manera involuntaria incumplen la obligación alimentaria, se convierte en violencia institucional, pues son víctimas de esta crisis de desempleo; en su mayoría, los usuarios, como se confirma a partir de las entrevistas realizadas, carecen de formación profesional, porque, nacieron en familias de escasos recursos económicos o vivieron situaciones de violencia y alcoholismo por parte de sus padres. En otras palabras, no solo es violencia institucional, sino, también, criminalización de la pobreza.
• Además, el derecho debe evolucionar conforme a las transformaciones de la sociedad, siendo que la familia tradicional ha derivado en estructuras más diversas, en las cuales tanto mujeres como hombres son proveedores en el hogar, lo que representa un elemento importante a tomar en cuenta por las personas legisladoras; no obstante, en lo que a la obligación alimentaria corresponde, los hombres son en porcentaje quienes representan la mayor cantidad de obligados alimentarios.
• El derecho a los alimentos es un derecho humano reconocido a nivel internacional, y es uno de los más importantes porque incide directamente en la salud y ésta última en la vida del ser humano.
• El Estado costarricense ha adquirido compromisos internacionales para la protección de la niñez y la adolescencia, por lo cual es responsable de generar la normativa interna adecuada para la tutela efectiva de que los niños y niñas y adolescentes cuenten con una buena salud y alimentación.
• La medida coercitiva más efectiva en Costa Rica ha demostrado ser el apremio corporal, porque nadie quiere estar privado de libertad, pero, esta medida privativa de libertad no se puede aplicar indiscriminadamente, es adecuado aplicársela a sujetos que teniendo suficiente capacidad económica no hacen efectivo el pago de la obligación.
• La implementación de seguros, como apoyo estatal, en caso de desempleo o para cubrir obligaciones alimentarias, constituiría un gran apoyo para que los obligados alimentarios pueden cubrir las necesidades integrales de niñas, niños y personas adolescentes; como por ejemplo el existente en Argentina, que incluye: atención médica para sí y para sus familias, la cobertura de la obligación alimentaria, capacitación profesional y técnica gratuita, una red de apoyo donde el Estado se compromete a ubicarlos laboralmente, entre otras.
• La ejecución del apremio corporal en situaciones de desempleo absoluto sí ha puesto en peligro otros derechos humanos igualmente importantes al derecho alimentario, como lo es el derecho al trabajo, porque, sin trabajo tampoco hay alimentos.
• PROPUESTA DE REDACCIÓN DE LA NORMA
Se considera que la redacción más acorde a las necesidades actuales y que daría solución de manera efectiva y equitativa, tutelando los derechos humanos del alimentante y del alimentario seria la siguiente:
“Artículo 265.- Pago obligatorio de los alimentos: No procederá la exoneración de la cuota de pensión alimentaria por el hecho de no tener trabajo, salario o ingresos; tampoco que los negocios no produzcan utilidades, todo sin perjuicio del análisis de la prueba y de las averiguaciones que, de oficio o a solicitud de parte, ordene el tribunal. En caso de que el deudor logre demostrar  ante la autoridad correspondiente su condición de desempleo y su intento fallido de procurarse un empleo estable, dicha autoridad procederá a calificar su perfil para otorgarle un trato diferenciado, que podrá ser cualquiera de los siguientes beneficios que más se adapte a su condición: permiso temporal para la búsqueda de trabajo, solicitud de pago en tractos, fondo de capitalización para el pago transitorio de la obligación alimentaria, apremio especial o seguro alimentario”. Que contempla un abanico de soluciones según el caso concreto y sin hacer discriminación alguna.



EditarNo
Johnny Franco-ArboineSan José07/03/2021 19:18
Costa Rica carece de una terminal central de autobuses. La integracion total del sistema de transportes es fundamental para desarrollo de una nacion.

Necesitamos un Parque Terminal Nacional de Autobuses en San Jose, Costa Rica. Como parte de la creacion de los Codigos Postales de Costa Rica, hemos creado rutas codificadas de canton a canton bien definidas. 
EditarNo
JUAN CARLOS VALVERDE DELVÓSan José06/03/2021 16:45

Con todo respeto, humildemente expongo a ustedes lo siguiente en virtud que prácticamente con la aprobación del retiro del ROP, quedé indenfenso ante mi próxima pensión.

REALIZAR UNA MODIFICACIÓN EN CUANTO A PODER USARLO EN SU TOTALIDAD CUANDO:

1.            SI AL PENSIONARSE EL BENEFICIARIO TIENE DEUDAS QUE LO AGOBIAN Y LIMITAN SU LIQUIDEZ Y POR ENDE SU BIENESTAR FINANCIERO.

1.1          UTILIZAR EL ROP PARA LA CANCELACIÓN ABSOLUTA DE LA DEUDA, O EN SU DEFECTO, UN ABONO AL CAPITAL QUE PERMITA BAJAR LA CUOTA.

1.2     EN ESTE CASO, LA OPERADORA DE PENSIONES SERÍA LA GARANTE QUE LOS FONDOS SEAN USADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA ESTE FIN, Y SERÁ QUIEN GIRE LAS CANCELACIONES RESPECTIVAS.

 

2.            SI AL PENSIONARSE, EL BENEFICIARIO NO TIENE CASA PROPIA Y TIENE QUE SEGUIR PAGANDO ALQUILER  (MI CASO)

2.1          UTILIZAR EL ROP PARA LA COMPRA DE LOTE O CASA QUE LE PERMITAN GOZAR DE CIERTA ESTABILIDAD EMOCIONAL Y FAMILIAR.

2.2          SE CONSULTARÍA AL REGISTRO PUBLICO PARA CONOCER SI EL BENEFICIARIO TIENE REGISITRADOS BIENES INMUEBLES.

2.3          LA OPERADORA DE PENSIONES SERÍA LA GARANTE DEL USO POR ESTE CONCEPTO PREVIA LA PRESENTACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA Y SERÍA QUIEN EJECUTE LAS CANCELACIONES CORRESPONDIENTES.

EN MI CASO, MI META ERA COMPRAR LOTE O CASA, PUES NO TENGO Y PAGO ALQUILER, TENENDIO BAJO MI RESPONASBILDAD EL CUIDO DE UNA HERMANA CON CAPACIDADES DIFERENTES. 

AGRADECERÍA POR FAVOR, TOMAR EN CONSIDERACIÓN LO PRECITADO Y ASÍ RETOMAR MI DESEO DE TENER CASA PROPIA AL PENSIONARME Y DE PASO, DEMOCRATIZAR UN POCO LA ABERRACIÓN APROBADA.

PD: SI HABLAMOS DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA DEL ESTADO, DÉJEME DECIRLE QUE YA HABÍAMOS RECIBIDO EL BONO, PERO EL LUGAR DONDE VIVÍAMOS SE VOVLIÓ PELIGROSO PARA MI HERMANA Y MI MADRECITA (qdDg) QUIEN ERA NO VIDENTE, Y TUVIMOS QUE SALIR DEL LUGAR.  POR ESTA RAZÓN NO SOY BENEFICIARIO DEL BONO DE VIVIENDA.

SALUDOS Y BENDICIONES

SU SERVIDOR,



JUAN CARLOS VALVERDE DELVÓ

CÉDULA 106000226

CELULAR 7225 1766
EditarNo
Luis Quiros CastroSan José04/03/2021 12:11
Necesitamos que salga ala luz publica el Contrato que se hizo con Pfizer sobre las vacunas ,  si esto no es asi es por que ocultan algo realmente grave
EditarNo
Johnny A. Franco-ArboineSan José02/03/2021 19:19
Los codigos postales de Costa Rica son para ser usados diaramente y para el avanze tecnologico y logistico de nuestro pais. Necesitamos una ley que recomiende o obliga a todas las companhias, al gobierno, y al pueblo a hacer useo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digos_postales_de_Costa_Rica
https://en.wikipedia.org/wiki/Postal_codes_in_Costa_Rica

EditarNo
Francisco Solano BonillaSan José04/04/2017 9:35
EditarNo
JOSE ADRIAN SANABRIA NUÑEZCartago30/03/2017 15:03
EditarNo
Marco A.Blen CamposSan José30/03/2017 12:32
EditarNo
Jerob Soto SalazarSan José24/03/2017 18:44
EditarNo
Marcos Mauricio Urbina MmebreñoSan José17/03/2017 0:07
EditarNo
Alberto Thomas BrownHeredia13/03/2017 14:40
EditarNo
Alberto Thomas BrownHeredia12/03/2017 14:55
EditarNo
-San José11/03/2017 21:59
EditarNo
Randall Sequeira HernándezSan José06/03/2017 15:24
EditarNo
Teófilo Buckridge Stewart San José02/03/2017 21:07
EditarNo
Luis Fernando Escalante SotoHeredia22/02/2017 9:16
EditarNo
Maruja CastilloSan José16/02/2017 7:14
EditarNo
Milena María Otárola ZúñigaSan José13/02/2017 16:00
EditarNo
Luis Guillermo Hernàndez VillalobosHeredia09/02/2017 21:14
EditarNo
Marilyn Mesen DelgadoSan José18/01/2017 14:11
EditarNo
Michael Sanchez ArayaSan José10/01/2017 7:36
EditarNo
Michael Vinicio Sanchez Araya San José26/12/2016 18:56
EditarNo
Jose Alexander Agüero MoyaLimón18/12/2016 9:10
EditarNo
Gerson Montoya Barboza.San José14/12/2016 12:59
EditarNo
Andrey Alberto bolaños AguilarSan José13/12/2016 11:43
EditarNo
Eduardo Antonio Chongkan LíosSan José06/12/2016 11:07
EditarNo
Eduardo Antonio Chongkan LíosSan José03/12/2016 15:15
EditarNo
Marco A.Blen CamposSan José22/11/2016 9:02
EditarNo
Roberto ViquezAlajuela16/11/2016 13:47
EditarNo
Francisco Gonzalez MezaCartago18/10/2016 19:42
EditarNo
dayanna cristina gomezHeredia16/10/2016 17:11
EditarNo
Jorge Arturo Coto JiménezSan José15/10/2016 7:40
EditarNo
Christan Rolando Rojas RodriguezAlajuela13/10/2016 17:55
EditarNo
Marcos Antonio Solano CorralesHeredia12/10/2016 21:24
EditarNo
Milton Barboza CorrarlesPuntarenas03/10/2016 6:30
EditarNo
CESAR PICADO AZOFEIFASan José27/09/2016 11:19
EditarNo
MARIA ELENA GOMEZ HERNANDEZAlajuela27/09/2016 7:07
EditarNo
Giovanni cambronero Ureña San José24/09/2016 16:27
EditarNo
Kevin Mora VegaSan José22/09/2016 15:31
EditarNo
Jose Max Chaves ContrerasGuanacaste20/09/2016 22:30
EditarNo
William Coto MonteroCartago19/09/2016 12:35
EditarNo
Randall Rodríguez AriasAlajuela16/09/2016 8:23
EditarNo
Josè Enrique Monge PortuguezCartago15/09/2016 13:51
EditarNo
Josè Enrique Monge PortuguezCartago15/09/2016 13:40
EditarNo
Jorge Eduardo Moya VargasAlajuela13/09/2016 21:19
EditarNo
Juan R Trigueros GarciaPuntarenas09/09/2016 16:57
EditarNo
Jesús Zeledón RiveraSan José08/09/2016 8:01
EditarNo
Marvin Urbina JimenezPuntarenas07/09/2016 8:20
EditarNo
Jose Gerardo Ledezma VegaHeredia05/09/2016 17:28
EditarNo
Guillermo Marcos Araya PaniaguaAlajuela01/09/2016 8:30
EditarNo
jesús Zeledón RiveraSan José30/08/2016 8:02
EditarNo
Luis Barahona GutierrezSan José26/08/2016 23:04
EditarNo
Dennis Eduardo Burcar CalvoGuanacaste25/08/2016 17:57
EditarNo
yuiman Salvador Ramirez CentenoSan José15/08/2016 17:15
EditarNo
Patricia Sanchez CamposSan José10/08/2016 8:56
EditarNo
Noelia de AndradeSan José08/08/2016 20:32
EditarNo
Sonia Gonzalez Gonzalez Alajuela06/08/2016 18:01
EditarNo
César Fabián Víquez AvilaAlajuela29/07/2016 9:51
EditarNo
Celia Marìa Solano ZàrateSan José28/07/2016 10:34
EditarNo
Wagner Chacón UlateHeredia26/07/2016 19:34
EditarNo
Alice Bonilla Vargas San José25/07/2016 23:35
EditarNo
WILLIAM RIVAS ROJASSan José22/07/2016 9:28
EditarNo
wilton Hurtado AcuñaAlajuela21/07/2016 23:38
EditarNo
Cornelio Urbina San José20/07/2016 19:48
EditarNo
Marilyn Segura ArrietaHeredia19/07/2016 19:45
EditarNo
Sindy Mendoza RojasHeredia18/07/2016 20:38
EditarNo
Ricardo Sasso QuirósLimón14/07/2016 22:35
EditarNo
luis gerardo leiva arrietaSan José12/07/2016 17:22
EditarNo
Rocío Briceño MatarritaSan José12/07/2016 12:02
EditarNo
Julio Ballestero OnAlajuela10/07/2016 7:53
EditarNo
juan carlos castro porrasAlajuela07/07/2016 9:09
EditarNo
Desiree Rojas MoraSan José01/07/2016 14:57
EditarNo
Yamileth Quesada PachecoSan José30/06/2016 15:11
EditarNo
María Isabel Campos ArayaHeredia29/06/2016 22:17
EditarNo
Jorge Mario Quesada MongeSan José29/06/2016 9:02
EditarNo
Carlos VargasSan José23/06/2016 7:12
EditarNo