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Francisco Córdoba Solis San José10/07/2020 21:07
Estimados diputadas y diputados   leí en el periódico la extra  un comenta que hace la señora Rocio Aguilar superintendente de pensiones, que iba a gastar 9 millones en una estupida encuesta sobre como usaron los fondos del rop retirados por un grupo de pensionafos,es importante que ustedes señores legisladores le indiquen a esta señora que se deje de charlatanerias, es un dinero muy nuestro y como tal somos nosotros quienes tenermos el derecho de decidir como queremos utilizarlo lar
JOSE HGONZALEZ FERNANDEZSan José10/07/2020 15:25
ACTUALMENTE SE POMNEN REDUCTORES DE VELOCIDAD (muertos) EN CUALQUIER LUGAR SIN QUE EXISTA REQUISITOS Y CONDICIONES PARA HACERLOS. SE REQUIERE UNA LEY QUE LOS REGULE E IMPONGA QUE SI SE HACEN DEBEN PINTARSE OBLIGATORIAMENTE CON PINTURA FOSFORECENTE. MUCHAS ACCIDENTE OCURREN POR LO MISMO.
Fernanda Barbosa Vargas MoreiraSan José10/07/2020 14:17
Vengo a pedir que Costa Rica haga excepciones para parejas solteras y familias binacionales, para que puedan ingresar al país incluso con las fronteras cerradas. A través, por supuesto, de todas las medidas de salud y seguridad impuestas por el país. No he visto a mi prometido en seis meses y no tengo idea de cuándo será posible. Compré un boleto porque planeamos casarnos en Costa Rica en abril de 2020, pero debido al cierre de la frontera no pude viajar. Mi vida está completamente detenida. Algunos países europeos ya han hecho excepciones y el asunto aún se está discutiendo en el parlamento europeo. Permítame encontrar a mi prometido para que podamos continuar con nuestras vidas. Este es un momento de gran dificultad y angustia, especialmente si no tenemos personas que amamos a nuestro lado. Costa Rica ha mantenido el virus bajo control actuando de manera muy responsable. Nunca lo pondría en riesgo, me comprometo a seguir las medidas impuestas para poder ingresar al país y estar con mi prometido.
Muchas gracias.
Luis Fernando Sanchez ElizondoGuanacaste09/07/2020 12:44
propongo que se le permita a cada trabajador que decida que hacer con el ROP y el FCL y sugiero que realicen un tipo de encuesta  por medios electrónicos donde se tome en cuenta la decisión de los trabajadores y que no sea como lo indica rocio aguilar y la supen y las operadoras de pensiones porque claramente ellos solo buscan su propio bienestar y seguir llenando sus bolsillos con nuestro dinero y todos los argumentos que exponen son totalmente estúpidos como es posible que los diputados permitan salarios de mas de 3 millones de colones   
Gonzalo Rodríguez MejíasAlajuela09/07/2020 9:37
Cómo puedo comunicarme con la diputada Shirley Díaz para hacerle una consulta sobre el proyecto
22.071?
Gracias
Gerardo Alpízar Saborío Heredia04/07/2020 9:17
Crear una Comunidad Económica Rico-Panameña que integre los dos países en un modelo de Desarrollo Conjunto que incluya educación, economía, salud, infraestructura, turismo, importaciones y exportaciones.
Plamen Cubillo KomarovovaSan José04/07/2020 1:53
Ante la emergencia del COVID-19 urge hacer una reforma al Artículo 40 de la Ley General de Salud N°5395, en Costa Rica solamente se consideran profesionales en Ciencias de la Salud a personas con grado mínimo de Licenciatura en Farmacia, Medicina, Microbiología Química Clínica, Odontología, Veterinaria, Enfermería, Nutrición y Psicología Clínica. Esto no incluye a expertos y profesionales en campos como los ingenieros en biotecnología o los biólogos con especialización ya sea en biología molecular, genética o fisiología. Haciendo una reforma a la anterior ley se podrían incluir esas profesiones también en el área de salud, ya que cuentan con suficientes conocimientos para tratar a pacientes al menos hasta cierto punto o también pueden hacer pruebas clínicas y moleculares como laboratorista médico, lo que ayudaría ademas a reducir las listas para los exámenes de sangre por ejemplo y por supuesto hacer exámenes que puedan detectar el COVID-19. En esta época de emergencia es fundamental realizar esta reforma y ante un posterior agravamiento de la situación va a ser necesario reforzar los campos médicos
Starley Jose Corella AmadorAlajuela03/07/2020 13:50
Cambiar la Ley Constitutiva de Caja de Ande para que el trabajor pueda elegir si pertenece o no a Caja de Ande. Rebajan un 5% del salario bruto mensual de cada trabajador de forma obligatoria. Con los nuevos cambios en el salario base inenbargable muchos funcionarios del titulo 1 no pueden acceder a los creditos de dicha entidad pero por ley se les aplica el rebajo.
Jimmy Soto MontielSan José03/07/2020 12:08
Cambiar el nombre de la moneda, por uno que no enaltezca a un colonizador. Podríamos optar por opciones más representativas de nuestra riqueza natural (como Guatamela lo hace con el Quetzal), o resaltar nuestros héroes nativos como Presbere (como lo hace Honduras con el Lempira).
Mario Vinicio González FernándezSan José02/07/2020 6:23
Me gustaría saber si los diputados de la Asamblea Legislativa estarían de acuerdo en una modificación a la constitución para permitir el plebiscito revocatorio contra el presidente de la república.
Luis A. Ramírez ZúñigaHeredia29/06/2020 11:25
Me preocupa la porpuesta aceptada al parecer por lAalugnos señores Diputados sobre el ROP, para aquellos que nos pensionamos entre el 2020 y 2023 (diciembre), ya que quedamos con pagos de polaco. Me parece a todas luces una grocesría y siguen las operadoras teniendo nuestro dinero que nos pertenece ye igualmente la Supen cancelando salrios altos. Porque no ajustan la administración de las operadoras sus costos de operación y los de misma Supen. Porpongo que nos den la posibilidad de elegir entre el retiro total o parcial al menos el 50 % del fondo.. 
No permitan señores diputados que nos de la Supen como dicen atolillo ocn el dedo, cuando es algo que nos pertenece y que no lo quieren dar con el llamado criterio técnico, pero no aplica para la Supen y las operadoras en sus gastos y ganancias..
Jorge Hernandez BadillaSan José29/06/2020 9:47
Solicito que analicen los prodcutos que fueron excluidos de la canasta básica para desahogar el bolsillo  del pueblo en estos tiempos tan dificiles.
muchos panes( cuadrado,Hamburguesa, Hotdog )y  otros y productos fueron excluidos y la clase media y baja viven de esos productos .
pequeños negocios y frabricas dependen de estos productos.
por Amor a pueblo vuelvan a exonerarlos
Oscar Castillo MurilloSan José25/06/2020 10:53
Buenos días
Debido a la discusión del Proyecto de Ley que se está discutiendo sobre la forma de poder entregar y si bien es cierto entregarlo por cuotas es una buena opción para encontrar un balance entre la entrega a los ahorrantes y se mantenga el fondo de manera saludable, considero que se podrían analizar las siguientes opciones:
a) En caso de personas con enfermedades terminales que no estén pensionadas, se debería permitir retirar al menos el 70% del ROP y así permitirle a estas personas utilizar para sus gastos en la situación de salud o bien para ayudar a su familia.
b) En caso de personas desempleadas actualmente, sería importante permitirles la opción de escoger entre recibirlo por cuotas mensuales o bien retirar el 50% y así poder iniciar un emprendimiento o negocio (Condicionado a ser con asesoría de la Banca para el desarrollo) y el otro 50% cuando se vayan a pensionar.
De antemano gracias por considerar estas observaciones.



Luis Morera SalasAlajuela23/06/2020 16:29
Propuesta para activar Asamblea Nacional Constituyente por parte del congreso, para responder jurídicamente y legalmente a las circunstancias actuales del país, en beneficio de la seguridad social y el desarrollo del país, con mi persona como participe de tal proceso.
Carlos Alberto Nuñez Solano  San José23/06/2020 16:15
Proyecto de ley que permita señalar en la inscripcion del bien inmueble (vehiculo) a un beneficiario actualmente si el propietario fallece es complicado disponer del vehiculo o venderlo ya que todos los herederos tienen derechos 
Luis Fernando Sanchez ElizondoGuanacaste23/06/2020 13:25
propongo se mitifique el articulo 20.1 del código procesal civil que deben de ser autenticadas por un profesional en derecho, esto es una discriminatorio de parte de la justicia para que uno se pueda defender de los embargos en relación a las prescripciones porque jamas podríamos defendernos de tan abusivo sistema judicial y de los corruptos bufetes como solem y pom gestores que apoyan a las corruptas financieras lafise y beto le presta porque a pesar de cobrar exagerados intereses y acosar y hostigas a familiares y amigos con cobros y amenazas son tan sinvergüenzas y corruptos que declaran cero ganancias para evadir los impuestos que a uno si le cobran y con creses espero terminen con toda esta corrupcion e injusticia    
JORGE SEGURA AGUILARAlajuela22/06/2020 16:55
PROYECTO DE LEY PARA DEJAR EL MISMO PRECIO QUE TIENE EN ESTE MOMENTO COVID LA CAJA DE SEGURO SOCIAL Y AUMENTAR EL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES PARA FINANCIAR A LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, LA IDEA DE BAJAR EL MONTO DEL SEGUROS DE INVALIDEZ Y MUERTE ES QUE AUMENTEN LOS NÚMEROS DE COTIZANTES Y HACER ESTO POR LOS DOS PRÓXIMOS AÑOS 2021 Y 2022 LA IDEA BASICA ES UNIVERSALIZAR LA COBERTURA Y QUE LAS CLASES DE MENOR INGRESO TENGAN COBERTURA CON LA cAJA DE SEGURO SOCIAL, LA MEDIDA DEL AUMENTO DE COMBUSTIBLES SERIA IGUAL SOLO POR AÑOS ADEMAS ESTABLECER EN LA CAJA DE SEGURO SOCIAL SERVICIOS PRIVADOS DE OPERACIONES PRIVADAS A EXTRANJEROS CLINICA,OPTICA, SERVICIOS DE ODONTOLOGOS QUE LA CAJA CONTRATE HOTELES O ALQUILE OFICINAS EN AREA METROPOLITANA O EN PROVINCIAS CERCANAS Y QUE ESTOS SERVICIOS SE DEN FUERA DE LOS HOSPITALES DE COSTA RICA, QUE TAMBIEN LA CAJA DE SEGURO SOCIAL PUEDA ALQUILAR QUIROFANOS Y OFICINAS Y BODEGAS EN CLINICAS PRIVADAS PARA DAR ESTE SERVICIO DE CIRUGIAS A EXTRANJEROS ESTE PROYECTO ES PARA FINANCIAR LA CAJA DE SEGURO SOCIAL 
Ivannia Bendig ZamoraLimón20/06/2020 7:14
Laboro para la CCSS como médico general, de 7 a 4. Debido a la pandemia muchas consultas se realizan por zoom o tel o presencial. Yo propongo disminuir horario temporalmente , hasta las 3 pm; ese dinero se puede utilizar para apoyar a los que pierden su trabajo.
Harold Wahrmann SalazarHeredia19/06/2020 11:38
Propongo para recortar el gasto público, reducir el salario de los diputados, eliminar subsidio de celular, gasolina y limitar a no más de 2 asesores por individuo. Así como reducir el salario a altos jerarcas del gobierno como presidentes ejecutivos, magistrados, jueces y otros altos directivos. No más carros de uso discrecional, ni choferes. No más alquileres usureros para enriquecer más a la familia Desanti. Los funcionarios en el extranjero trabajan sólo 25 horas a la semana, pagarles de acuerdo a las horas laboradas o que trabajen las 40 horas de jornada normal. Cambiar la ley y enviar a la cárcel a los grandes evasores de impuestos y confiscar bienes. Pero a éstas propuestas harán oídos sordos, ya que el fin de los políticos es joder a cualquiera menos a ellos.

Carlos Dario Salas BolañosHeredia19/06/2020 8:39
Quiero que los traficos puedan gestionar las multas cobrando en el momento que el usuario cometa una falta sin que se le retiren las placas, si andan trabajando deberian andar dinero para poder pagarla sin que se le interfiera en su trabajo como por ejemplo dejarlo sin placas para conducir. El proceso seria el mismo sansionar al conductor pero si tiene la posibilidad de pagar la multa de momento poder hacerlo sin que se le retiren las placas o vehiculo. Asi se ahorran todo el dificil proceso de retirarlas, las largas esperas, usuarios molestos e.t.c.
Hugo Vinicio Salazar JiménezSan José19/06/2020 7:54
Que se establezca pena de cadena perpetua para violadores de niños y niñas con edad igual o menor a 12 años.
Eduardo Caballero AlvarezSan José19/06/2020 2:36
Elecciones
Presidente.
Por mayoría de votos, como esta especificado actualmente.
Debe haber cumplido con la carrera de Introducción a Administración política impartida en las universidades o derecho.

Modo de votar
El TSE crea una app para votaciones. El votante se presenta a la mesa de votación, se identifica y el sistema le asigna una PassWord. El votante ingresa el número de cedula, PW y podrá votar digitalmente en el mismo formato de la papeleta física. Todo aposento donde se encuentren una mesa de votos cuenta con una cámara de video que puede usarse para verificar si la persona se presentó. Además, el votante debe plasmar su firma de que recogió la PW.
Los votos van a una base de datos del TSE y el recuento es casi inmediato finalizada la jornada de votación.
Se debe formar grupos de apoyo en las escuelas para atender y enseñar a las personas que quieran usar este método de votación.
Las campañas electorales se dan por erradicadas y cada agrupación realizará un plan de gobierno en audio, lesco y video que se subirá a la app del TSE, solo esa información será suficiente para que todos los ciudadanos se den por enterados del pensamiento de cada partido político. Los debates que ejecutará el TSE y los subirá a la APP. Se evitará la influencia de discursos manipuladores, falsa propaganda y debates manipulados por los medios de comunicación privados.
La información subida al APP del TSE puede ser utilizada con buen fin por los diferentes medios de comunicación sin que la reproducción genere algún tipo de remuneración.
Queda absolutamente prohibido hacer o reproducir cualquier tipo de comentario o video de propaganda por parte de cualquier ciudadano por medio de las redes sociales.
Absolutamente prohibido realizar plazas publicas o visitas a las comunidades. Ya que el candidato debe estar previamente a su candidatura enterado de los problemas que enfrenta la población en general.

Diputados.

Requisitos para optar a la candidatura de diputado. Además de su especialidad, debe ser abogado o llevar la carrera Introducción Administración Política (Programa impartido en las universidades).
El TSE debe diseñar un curso de inducción a la diputación con las materias que crea conveniente y que se impartirá a nivel universitario. La persona que finalice esta carrera obtendrá un grado profesional de doctorado.
Los diputados serán elegidos mediante elecciones por voto digital en cada partido.
En la aplicación se colocará espacios suficientes con el apartado “Partido neutro”. En donde ciudadanos independientes de cualquier partido pueda ser votado y optar por elección popular a candidato a diputado.
La asignación de las curul será de la misma manera que esta estipulada por cociente y residuo con el siguiente cambio.
Una curul no puede ser asignada a un grupo político si su residuo es menor a los votos recibidos por alguno de los partidos que no alcanzaron el subcociente. En este caso el escaño será otorgado al partido que quedo fuera del subcociente, pero sus votos son más que el residuo del partido que alcanzó el cociente o subcociente.
(El partido que supere el residuo sin haber alcanzado el subcociente obtiene una curul.)

Los ministros.
Serán nombrados por el presidente antes de realizarse las elecciones. Los nombres deben aparecer en el APP del TSE con su respectivo currículum.
Deben ser profesionales en el ministerio que les corresponda y contar con una especialidad en dicha rama. Debe subir a la App  del TSE el plan de administración del ministerio que pretende dirigir.
Un partido no debe andar buscando o reciclando personal por que ganaron las elecciones y no se lo esperaban.

El gobierno.
Los diputados y ministros son empleados públicos por lo tanto no obtendrán beneficios salariales o de pluses diferentes a los demás empleados públicos.

Héctor Guillermo Lara Murillo Alajuela18/06/2020 18:29
Mi Propuesta es que el Rop se le debe de Entregar a la persona una vez que le corresponda su retiro de pension , mi criteriio es que es algo personal es un peculio de cada persona y nadie debe indicarle o condicionarlo de como lo  va a utilizar  ya una pesona que  esta para su retiro es lo suficientemente responsable y sabra como utilizar algo que es de  sus  años que laboro y el que lo manejen otras personas o iintituciones privadas o publicas  es  como si le hiciieran un hurto de su dinero
Oscar Jara VargasSan José18/06/2020 14:40
Ante el alarmante incremento del desempleo anunciado por el INEC de un 4,4%  en el sector formal anunciado en un 15,7%de desempleo,  resultados que reflejan cerca de 379 mil personas sin empleo en el país, número que se suman a la proyección de más de 300 mil personas que en el 2019 se mantenían en el mercado informal y tomando en cuenta que a partir del mes de Julio 2020 un gran porcentaje de las personas que en este momento tienen reducción de jornada o suspensión de contrato perderán su trabajo debido a la lenta reactivación económica se puede especular que el próximo mes el desempleo crecerá a más del 20%.
La CCSS se enfrentara a un panorama catastrófico al disminuir las cuotas obrero patronal que afectan no solo el funcionamiento de los servicios médicos sino también los cálculos actuariales del régimen de pensiones de CCSS. Según proyecciones de la CCSS se espera un impacto financiero del COVID de 757.000 millones en sus finanzas.
El Ministerio de Hacienda ya anuncia afectación tributaria por 214.000 millones solo en el mes de mayo, y es de esperar que conforme pasen los días la afectación será mayor debido al cierre de empresas y a la destrucción de puestos de trabajo y la lógica disminución en el consumo interno.
La única forma de disminuir la afectación generada por la crisis sanitaria es frenando el desempleo y protegiendo las empresas privadas para evitar la destrucción de puestos de trabajo. Hay que entender que según se anuncia alrededor del 80% de las PYMES están en peligro de desaparecer.
Al proteger los empleos se protege el consumo interno del mercado y se frenaría el descalabro financiero del Hacienda y de la CCSS.
Objetivo de la propuesta:
1. Apoyar a las empresas nacionales durante el periodo de reactivación económica
2. Incentivar mantener los empleos y empresas dentro de la economía formal
3. Evitar la destrucción de puestos de trabajo
4. Evitar el despido de personal de empresas en peligro de desaparecer.
5. Incentivar el pago al día de las cuotas obrero patronales
6. Proteger la capacidad adquisitiva del mercado de consumo interno.
7. Incentivar la formalización de las empresas y trabajadores informales.
Propuesta.
Por un periodo de 2 años prorrogable a un año extra, se permitirá a las empresas nacionales aplicar un crédito fiscal de 50.000,00 colones aplicable a la declaración de Impuesto al Valor Agregado del mismo mes, por cada empleado reportado en las planillas de la CCSS siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos
1. Estar al día con la CCSS.
2. Estar al día con todos los impuestos nacionales.
3. Los trabajadores deben al menos ganar el salario mínimo.
4. No se deben incluir para el incentivo los trabajadores en suspensión de contrato o con jornadas reducidas.
5. No podrán acceder al incentivo las empresas en régimen de zonas francas.
6. El crédito fiscal solo podrá ser aplicado al IVA, de esta forma solo aplicara al impuesto generado por el consumo interno nacional. Y no se podrá aplicar a ningún otro impuesto.
Ejemplo:
Una empresa PYMES con 15 empleados a tiempo completo con salarios por encima del salario mínimo podrá acceder a un crédito fiscal de 750,000.00 colones, aplicable en la declaración de IVA del mismo mes.
Este incentivo significaría para esta empresa la diferencia entre despedir uno o más empleados o no hacerlo.
Como es sabido es la costumbre de declarar las cuotas obrero patronales en la primera semana del mes y el impuesto IVA el día 15 de cada mes. Con esta mecánica las empresas se verán incentivadas a pagar al día la CCSS para poder acceder al beneficio de un Credito fiscal declarable mes a mes y aplicable en el mismo mes.
Para el Ministerio de Hacienda es aún más importante evitar el cierre y despido de la fuerza laboral ya que depende completamente del consumo y las transacciones económicas que se lleven a cabo en territorio nacional. Si bien es cierto que el incentivo significa una inversión importante en la salud financiera de las empresas costarricenses, Hacienda recuperara la inversión por medio de los impuestos generados por el consumo interno generado por las transacciones económicas de los costarricenses que se mantendrán en el mercado laboral formal.
Es importante aclarar que la crisis económica ha afectado a todas las empresas tanto pequeñas y medianas como también a las grandes empresas, y esta propuesta también debe incluir a las grandes empresas, porque estas si bien es cierto tienen un mayor musculo económico para superar la crisis económica también ese musculo económico la brinda posibilidad de sustituir la fuerza laboral por nuevas tecnologías de inteligencia artificial y acelerar el paso a la robotización de la fuerza laboral, un ejemplo en nuestro país es el CHATBOT del Poder Judicial, esto no significa que se deba bloquear el acceso a la cuarta revolución industrial, sino que la crisis pone en riesgo mayor a los trabajadores no calificados y la crisis económica y sanitaria podría ser el último empujón que necesitan las grandes empresas para dar el salto a la automatización de la fuerza laboral.  
Irena Kocherzhinsky Kocherzhinska San José18/06/2020 6:59
Multas para las motos sin silenciadores.
Jose Alexander Aguero MoyaLimón16/06/2020 16:38
Que estudien sobre el ROP.  Es un beneficio para nosotros pero no es para que hagan fiesta, malas inversiones. No gana uno buenos intereses, uno pierde y la entidad gana. Le echan la culpa a la pandemia.
ARCELIO ALBERTO HERNANDEZ MUSSIOSan José16/06/2020 10:05
PROYECTO DE LEY

MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO DE TRABAJO

Expediente N. ____________

Exposición de Motivos
El presente proyecto de ley tiene como fin hacer valer el derecho que tiene todo trabajador a que un porcentaje de su salario no sea objeto de ningún tipo de gravamen, en respeto al derecho a su dignidad y su propia subsistencia y la de su núcleo familiar. Actualmente, el artículo 172 del Código de Trabajo impone un límite al porcentaje del salario que se puede afectar por embargo, pero en la práctica, los juzgados de pensiones alimentarias no respetan esa limitación aduciendo que lo que hacen no es un embargo, sino una retención salarial.

Debido a lo anterior, se propone agregar una oración que ha de indicar que esa limitación incluye toda afectación al salario por concepto de retención salarial, la cual no podrá, en ningún caso, ser superior al cincuenta por ciento del salario del trabajador. Ello no obsta para que se pueda perseguir otros bienes en el patrimonio del deudor alimentario, pero respecto de su salario, hay compromisos del Estado costarricense para respetar su derecho a conservar un porcentaje, como lo dice la Convención OIT 95 sobre Protección del Salario, de 1949 (núm. 95), ratificado mediante Ley de la República número 2561 del 11 de mayo de 1960, cuando dispone que se debe salvaguardar un porcentaje del salario del trabajador “en la proporción que se considere necesaria para garantizar el mantenimiento del trabajador y de su familia.”

En el caso de Costa Rica, la legislación, específicamente el artículo 172 del Código de Trabajo, protege un cincuenta por ciento del salario del trabajador contra embargos, pero al no incluirse otros tipos de afectaciones salariales, esto ha dado lugar a que los juzgados de pensiones alimentarias no respeten límite alguno, de hecho hay casos en que se ordena retener la totalidad del salario, en violación de sus derechos y de los compromisos adquiridos por Costa Rica.

Es indudable que el derecho de recibir alimentos es un derecho fundamental. Así lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional. No obstante, es también un derecho fundamental del demandado el poder conservar una parte de su salario para cubrir su propia subsistencia y la de su familia. Desde la constitución de la OIT, en 1919, esta organización ha promulgado una serie de principios generales que las legislaciones laborales de cada país deben cumplir, los cuales pueden adaptarse y diferir en cada caso, pero respetando los principios universales establecidos en los convenios internacionales. Estos principios promueven la paz social por medio del pago adecuado de ingresos.

La cantidad de personas directamente involucradas en procesos de fijación de cuotas alimentarias ha venido en aumento, actualmente hay más de doscientos mil expedientes.
 
Figura 1. Distribución de personas actoras y demandadas según sexo, según página oficial del Poder Judicial.


Detrás de cada uno de esos expedientes, hay una historia personal, familiar y social, que involucra a un número importante de la población nacional. El Estado tiene el deber de proteger a la familia, según el mandado constitucional del numeral 51 de la Constitución, y se trata de una materia muy sensible. La protección de las partes más vulnerables puede llevar, en algunas ocasiones, a invisibilizar la tragedia individual de aquellas personas que trabajan largas jornadas, pero ven casi la totalidad de su salario afectado por una cuota alimentaria que sobrepasa su capacidad, lo cual puede tener su origen en varios factores, entre ellos, el hecho de que en Costa Rica no todas las autoridades judiciales fundamentan las cuotas con datos objetivos.

Según el diario La Nación, en un artículo del 6 de junio de 2019, en Costa Rica hay 490.000 personas que ganan menos del salario mínimo.  Y en El Financiero, en un reportaje del 19 de abril de 2019, un 70% de los trabajadores costarricenses ganan menos de 450.000 colones al mes. Esta situación en la actualidad puede agravarse debido a la Emergencia Nacional decretada a raíz de la pandemia, pues es predecible que muchas personas verán sus jornadas laborales reducidas, con lo que sus ingresos también se verán disminuidos, lo que hace que este proyecto de ley atienda a una situación de urgencia y necesidad, con interés nacional.

Entre los objetivos que el Convenio OIT 95 para la protección del salario contempla, tenemos que  se trata de un instrumento que ha de servir para orientar la política de los Estados miembros, en temas como el salario y su protección ante afectaciones desproporcionadas, así tenemos que “el pago al empleado de un salario adecuado para mantener un razonable nivel de vida, tal y como ello se concibe en su tiempo y país” y medidas destinadas a garantizar a todas las personas una justa distribución de los frutos del progreso y un salario mínimo vital para todos los que tengan un empleo para proteger ese salario contra los “descuentos salariales, el embargo de los salarios o las garantías salariales, en caso de quiebra”.

Se considera necesario que la persona que trabaja reciba normalmente su salario en efectivo para que pueda disponer de él para su subsistencia, que se le pague regularmente y a intervalos lo suficientemente cortos para que pueda vivir de sus ingresos y no necesariamente sobre una base de crédito, “que se le proteja contra todo descuento injusto o arbitrario de sus ganancias nominales”.

Es para lograr los objetivos de paz y bienestar social, que se promulga el Convenio OIT 95. Este convenio establece, en su artículo 10, que “no puede embargarse o cederse sino en la forma y dentro de los límites fijados por la legislación o la reglamentación nacional”. Estipula también que el salario deberá estar protegido contra su embargo o cesión, en la proporción que se considere necesaria para garantizar el mantenimiento del trabajador y de su familia.

El hecho de que los juzgados de pensiones alimentarias no respeten el porcentaje que establece el artículo 172 del Código de Trabajo de un cincuenta porciento como límite para la afectación del salario neto de un trabajador, porque alegan una diferencia terminológica entre “embargo” y “retención salarial” pone de manifiesto la necesidad imperiosa de legislar al respecto, para evitar esa grosera violación al derecho a una vida digna del trabajador y a un porcentaje del salario, producto del trabajo. Esta legislación ha de servir para detener de manera definitiva la violación a los derechos fundamentales de quienes dependen de su salario para su subsistencia, al no dejar lugar para dudas de que la limitación del artículo 172 del Código de Trabajo incluye afectaciones por concepto de retención salarial, sin perjuicio de que se pueda perseguir cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles, y otros activos de su patrimonio, tal y como lo permite la actual legislación.

 
Figura 2. Monto promedio de las cuotas alimentarias en Costa Rica, según página oficial del Poder Judicial.

El fundamento de esta disposición es similar al relativo a los descuentos, es decir, debe existir una proporción del salario del trabajador que sea absolutamente esencial para su propio mantenimiento y el de su familia y debe ser, por esta razón, inmune al embargo o a la incautación.

El referido Convenio OIT 95 sobre la protección al salario, indica en su artículo décimo lo siguiente: 

Articulo 10
1. El salario no podrá embargarse o cederse sino en la forma y dentro de los límites fijados por la legislación nacional.
2. El salario deberá estar protegido contra su embargo o cesión en la proporción que se considere necesaria para garantizar el mantenimiento del trabajador y de su familia.

El Código de Trabajo costarricense, en atención a estos convenios internacionales, tiene un capítulo dedicado a la protección del salario, el “CAPÍTULO CUARTO. Del salario y de las medidas que lo protegen”.

Allí encontramos los siguientes artículos de interés:

ARTÍCULO 171.- El salario se pagará directamente al trabajador o a la persona de
su familia que él indique por escrito, una vez hechas las deducciones y retenciones
autorizadas por el presente Código y sus leyes conexas.

ARTÍCULO 172.- “[…] Sin embargo, todo salario será embargable hasta en un cincuenta por ciento como pensión alimenticia. Por salario se entenderá la suma líquida que corresponda a quien lo devengue una vez deducidas las cuotas obligatorias que le correspondan pagar por ley al trabajador. Para los efectos de este artículo las dietas se consideran salario. Aunque se tratare de causas diferentes, no podrá embargarse respecto a un mismo sueldo sino únicamente la parte que fuere embargable conforme a las presentes disposiciones.

Como se puede observar, el espíritu de esta norma es evitar la injusticia de quitarle a un trabajador un porcentaje de su salario que violente su dignidad y su propia subsistencia.

Existe un derecho fundamental a la propia subsistencia, siendo que los mismos valores que buscan proteger en las personas beneficiarias de una pensión de alimentos, cobijan también a los alimentantes. El derecho a la vida, a la salud y a un medioambiente sano y equilibrado, son derechos inherentes a todo ser humano. El artículo 173 inciso 1) del Código de Familia nos dice que no hay obligación de dar alimentos en la medida en que afecte este derecho a la propia subsistencia.

En el derecho comparado, tenemos que el Tribunal Supremo español se ha pronunciado en al menos dos ocasiones en tiempos recientes en relación con la fijación de la pensión de alimentos en el mínimo vital (de 150 a 200 euros). En la Sentencia de 12 de febrero de 2015 ese máximo órgano jurisdiccional sostuvo que “En casos de penuria económica del padre, lo normal será reducir la pensión a un mínimo que contribuya a cubrir los gastos más imprescindibles del menor, y sólo con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, podrá acordarse la suspensión de la obligación”. Ese caso en particular era un supuesto en el que se daban las siguientes circunstancias: el padre tenía cubiertas sus necesidades de vivienda y percibía subsidio por desempleo que, a pesar de escaso (426 euros) y gravado (por incumplir sus obligaciones alimenticias), no supone carencia total de ingresos.

No obstante, en el caso que se analizó poco tiempo después, en Sentencia de 2 de marzo de 2015 el demandado no recibía ningún tipo de ayuda pública ni tenía ingresos. El obligado alimentario presentó una solicitud para que se acordase la suspensión de la obligación hasta tanto percibiese algún tipo de ingresos. Esa solicitud fue desestimada por el Juzgado. Tras el recurso de apelación, la Sección Quinta de la AP de Cádiz dictó Sentencia el 16 de diciembre de 2013 en la cual se ordenó suspender temporalmente la pensión alimenticia hasta que el padre obtenga ingresos por un trabajo remunerado o sea beneficiario de algún tipo de pensión, subsidio o cualesquiera otras prestaciones, momento en el que volverá a reanudarse la pensión alimenticia establecida. La actora presentó un recurso de casación que fue desestimado por el Tribunal Supremo, el cual dispuso lo siguiente:

Ocurre así en este caso -carácter muy excepcional- en atención a los datos que valora la sentencia recurrida. El interés superior del menor se sustenta, entre otras cosas, en el derecho a ser alimentado y en la obligación de los titulares de la patria potestad de hacerlo “en todo caso”, conforme a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento, como dice el artículo 93 del Código Civil, y en proporción al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe, de conformidad con el artículo 146 CC. Ahora bien, este interés no impide que aquellos que por disposición legal están obligados a prestar alimentos no puedan hacerlo por carecer absolutamente de recursos económicos, como tampoco impide que los padres puedan desaparecer físicamente de la vida de los menores, dejándoles sin los recursos de los que hasta entonces disponían para proveer a sus necesidades.

La falta de medios determina otro mínimo vital, el de un alimentante absolutamente insolvente, cuyas necesidades, como en este caso, son cubiertas por aquellas personas que, por disposición legal, están obligados a hacerlo, conforme a los artículos 142 y siguientes del Código Civil, las mismas contra los que los hijos pueden accionar para imponerles tal obligación, supuesta la carencia de medios de ambos padres, si bien teniendo en cuenta que, conforme al artículo 152.2 CC, esta obligación cesa “Cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia”, que es lo que ocurre en este caso respecto al padre. Estamos, en suma, ante un escenario de pobreza absoluta que exigiría desarrollar aquellas acciones que resulten necesarias para asegurar el cumplimiento del mandato constitucional expresado en el artículo 39 CE y que permita proveer a los hijos de las presentes y futuras necesidades alimenticias hasta que se procure una solución al problema por parte de quienes están en principio obligados a ofrecerla, como son los padres”.

No obstante, se ha constatado en la práctica judicial que los juzgados de pensiones alimentarias no están respetando ningún límite a la hora de ordenar la retención salarial a personas que dependen de su salario para su subsistencia y de su actual núcleo familiar. El licenciado Arcelio Hernández Mussio, abogado y presidente de la Asociación Igualdad de Derechos para los Hombres, ha denunciado en redes sociales y en un artículo científico publicado por la Revista Judicial, que en Costa Rica no se está respetando el Convenio de la OIT 95 para la protección al salario, y que los jueces acuden a un tecnicismo para eludir la responsabilidad que el Estado costarricense adquirió al suscribir dicho convenio, al argumentar que el límite contenido en el artículo 172 del Código de Trabajo, alcanza solamente a los embargos, no así a las órdenes de retención salarial.  Es evidente que ese razonamiento va en contra del espíritu de las convenciones de la OIT, que buscan que una parte del salario no pueda ser objeto de ningún tipo de gravamen, que impida que un porcentaje de ese salario le llegue, efectivamente, al trabajador para su propio sustento.

Es debido a todo lo anterior que se somete para consideración de los diputados el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO DE TRABAJO

ARTÍCULO 1: Modifíquese el artículo 172 del Código de Trabajo, para que en adelante se lea de la siguiente manera:
“Artículo 172.
Son inembargables los salarios que no excedan del que resultare ser el menor salario mensual establecido en el decreto de salarios mínimos, vigente al decretarse el embargo. Si el salario menor dicho fuere indicado por jornada ordinaria, se multiplicará su monto por veintiséis para obtener el salario mensual.
Los salarios que excedan de ese límite son embargables hasta en una octava parte de la porción que llegue hasta tres veces aquella cantidad y en una cuarta del resto.
Sin embargo, todo salario será embargable hasta en un cincuenta por ciento como pensión alimenticia. Esta limitación incluye toda afectación al salario por concepto de retención salarial, la cual no podrá, en ningún caso, ser superior al cincuenta por ciento del salario del trabajador.
Por salario se entenderá la suma líquida que corresponda a quien lo devengue una vez deducidas las cuotas obligatorias que le correspondan pagar por ley al trabajador. Para los efectos de este artículo las dietas se consideran salario.
Aunque se tratare de causas diferentes, no podrá embargarse respecto a un mismo sueldo sino únicamente la parte que fuere embargable conforme a las presentes disposiciones.
En caso de simulación de embargo se podrá demostrara la misma en incidente creado al efecto dentro del juicio en que aduzca u oponga dicho embargo. Al efecto los tribunales apreciarán la prueba en conciencia sin sujeción a las reglas comunes sobre el particular. Si se comprobare la simulación se revocará el embargo debiendo devolver el embargante las sumas recibidas.”
Rige a partir de su publicación.


Luis A. Ramírez ZúñigaHeredia16/06/2020 10:03
Propongo que el ROP se de al beneficiario más allá de febrero de 2023; sugiero hasta  diciembre del 2025. O bien que se de  a aquellos cuyas pensiones superen los 700.000 colones y  que no caerían en condiciones paupérrimas si lo utilizan en su  totalidad. Es un derecho de decidir en que lo utilizamos. Además consideren que a las operadoras les conviene seguir administrando nuestros fondos porque cobran comisiones para mantener una importante burocracia con muy buenos salarios.

Álvaro Moncada VargasSan José14/06/2020 11:25
En medio de la pandemia ha sido evidente la necesidad que el Estado preste equipo y acceso a Internet restringido y gratuito a estudiantes del MEP. La educación debería ser accesible desde un celular, similar a cursos en línea como los del ina, udemy, etc con quiénes podría formarse una alianza comercial para dotar de cursos especializados gratuitos a estudiantes, que den opciones laborales en un mercado laboral cada vez más técnico. De otra forma, un alto desempleo por falta de especialización.
José Luis Alfaro MolinaAlajuela11/06/2020 5:12
Buenos días Señor Diputado Carlos Avendaño.  El agradecimiento por la colaboración del Proyecto de Ley 21309 para la entrega total del ROP en un solo tracto.  No más injusticias por parte de la SUPEN y las Operadoras de Pensiones que están lucrando con dineros que no son suyos y cobrando costos por administrar dineros con Rendimientos negativos y pagándole altos sueldos a sus funcionarios con el dinero que le pertenece a los adultos mayores que lo tienen congelados y entregando en pagos de polaco.  Muchas gracias por su colaboración y el voto positivo para  el Proyecto de Ley 21309.
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