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Justificación del tema
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Desde 1948, con la adopción de la actual Constitución Política, en la que se reconoció el derecho al voto a las mujeres costarricenses, y con ello el reconocimiento de su calidad de ciudadanas, el Estado costarricense apostó a la construcción de una sociedad democrática basada en los principios de igualdad y equidad entre mujeres y hombres. A partir de ese momento, el Estado costarricense avanzó en la concreción de esos principios y particularmente en la tutela y garantía de los incipientes derechos de las mujeres, mediante la creación de mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres tales como el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y la adopción de diversos instrumentos jurídicos, entre los que destacan: la Convención para la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer , la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer (Ley de Igualdad Real), la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Pará), la Ley contra la violencia Doméstica, la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, La reforma al Código Electoral , la Ley de Paternidad Responsable, la Ley de Penalización de la violencia contra las mujeres, entre otras. El país ha constituido siempre un modelo a seguir en materia de respeto a los derechos humanos y, particularmente, en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, y ha sido pionero en diversas iniciativas que le han colocado en un puesto destacado en el ámbito internacional, por ejemplo en materia de participación política de las mujeres, aspecto en el cual Costa Rica ocupa uno de los primeros lugares en el mundo. Estos logros han sido fruto de diversas acciones, entre ellas, que a partir de 1994, por Acuerdo del Consejo Social de Gobierno, fueron creadas en Costa Rica, las Oficinas Ministeriales y Sectoriales de la Mujer, como instancias responsables de velar por el cumplimiento de las políticas gubernamentales para la equidad de género en las instituciones de la Administración Pública. El fundamento jurídico de estas oficinas surgen del compromiso que el país asumió al ratificar la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) la cual en su artículo 3 estipula que: “Los Estados partes tomarán en todas las esferas y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”. Igualmente, la plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995, contempla, como uno de los objetivos estratégicos (Capitulo IV, H) la necesidad de crear o fortalecer mecanismos nacionales y otros órganos gubernamentales, así como velar porque la responsabilidad de las cuestiones relacionadas con la mujer recaigan en las esferas más altas de Gobierno. A nivel Nacional tenemos, el artículo 33 de la Constitución Política de Costa Rica , que postula el principio de igualdad entre las personas, principio que obliga al Estado a garantizar a mujeres y a hombres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales políticos, civiles y culturales. La Ley Nº 7142, Ley de la Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, que establece la obligación del Estado de promover la creación y el desarrollo de programas y servicios dirigidos a facilitar la participación plena de la mujer en igualdad de oportunidades y condiciones . La Ley Nº7801,Ley de Creación del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU),que en su artículo 4 establece, que una de las atribuciones del INAMU es promover la creación de oficinas ministeriales, sectoriales, municipales y gubernamentales de las mujeres . En Costa Rica desde a partir del año 1975 se fueron creando estas instancias para formular y aplicar acciones y políticas públicas dedicadas a la protección, defensa y ampliación de los derechos de las mujeres, tanto en el poder Ejecutivo como en el resto de los poderes de la República y en las municipalidades. La propuesta de creación de la Unidad Técnica de género surge de la necesidad de institucionalizar y oficializar en forma efectiva, una política de igualdad y equidad de géneros y de trato no discriminatorio, de tal forma que transverzalice género en todas las funciones (legislar, administrar, control político) que se realizan en la Asamblea Legislativa. Actualmente en la Asamblea legislativa se han realizado acciones aisladas por iniciativas personales, del INAMU o de grupos de la sociedad civil para transversalizar género en las reformas o formación de leyes, sin ninguna planificación institucional y solo en algunas Comisiones Legislativas. Existe un faltante de personal capacitado en el tema de género para que proponga o realice incidencia en todas y cada una de las Comisiones y en el Plenario Legislativo. De igual manera, los temas para control político referente a situaciones de discriminación contra la mujer, son esporádicos, debido a la ausencia de una dependencia que lleve un monitoreo constante a nivel nacional y una planificación adecuada de las denuncias respectivas. También existe una necesidad institucional de una política de igualdad y equidad de género en la Asamblea Legislativa, que permita el reconocimiento de las diferencias entre las mujeres y los hombres, y que se transverzalice la perspectiva de género en todas las acciones que se ejecuten a nivel administrativo, garantizando a todas las personas el respeto a sus derechos, las oportunidades reales para su pleno desarrollo humano y la voluntad institucional de un verdadero un acceso equitativo tanto a los funcionarios como a las funcionarias de la institución. Crear esta Unidad y consecuentemente aprobar una política institucional de género va asegurar a las mujeres y los hombres del país y los servidores y las servidoras de la Asamblea Legislativa que la institución conoce, respeta y tutela los derechos humanos de las personas y sobre todo los derechos humanos de las mujeres al incorporarlos dentro de su marco de acción institucional. La UTIEG tiene competencia para transversalizar género todas las funciones principales que realiza el primer Poder de la Republica las cuales son: legislar, administrar y el control político; así como coadyuvar técnicamente con el Directorio, a la Comisión de la Mujer y a las diferentes Comisiones Permanentes Ordinarias, Permanentes Especiales y Especiales y con las diferentes Fracciones Políticas con el objetivo de eliminar las discriminaciones y promover los derechos humanos de todas las personas y, especialmente de las mujeres. La Unidad Técnica de Género, es un órgano adscrito a la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa, con un canal de comunicación fluida de apoyo y seguimiento con todas las dependencias administrativas y las fracciones políticas que conforman la Asamblea Legislativa. Será el responsable de la operativización de las tareas de formación, capacitación, planificación, coordinación, asistencia técnica, seguimiento y evaluación de las acciones de género que implementen todas las fracciones, oficinas y dependencias de la Asamblea Legislativa asegurando con ello el desarrollo y adelanto de la mujer, garantizándole el ejercicio y el goce de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.
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Instituto Nacional de las Mujeres. www.inamu.go.cr Asamblea Legislativa de Costa Rica. Proyecto de Ley, Expediente 12801, Creación del Instituto Nacional de las Mujeres, Pág .3. Ley 7142, Ley de la Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, artículo 3. Ley 7801, Ley de Creación del Instituto Nacional de las Mujeres, artículo 4.

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