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PROYECTOS DE LEY

PROYECTO BUSCA PROPORCIONALIDAD EN LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo

Esteban Rojas Sáurez

esteban.rojas@asamblea.go.cr

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Con la finalidad de solventar el problema de la sobrepoblación carcelaria que enfrenta el país, en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico se discute el expediente N.º 19490, reforma de la Ley N.º 7594 Código Procesal Penal de 10 de abril de 1996, artículos 22 inciso a), 25, 26, 36 y 373 y a la Ley N.° 4573 Código Penal de 30 de abril de 1970, artículos 73, 208, 213 inciso 3), 228 y 394, para introducir la proporcionalidad en los delitos contra la propiedad y promover la inserción social de las personas infractoras de la ley pena. Más detalles...​

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El Gerente del Fideicomiso del Banco de Costa Rica para trata de personas, Oswaldo Soto Herrera, brindó explicaciones sobre el fideicomiso que será utilizado para trata de personas y explotación sexual, y que originalmente está compuesto por un monto de 390 millones de colones.​
​​Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Armando Alonso González

 
El Gerente del Fideicomiso del Banco de Costa Rica para trata de personas,Oswaldo Soto Herrera, brindó explicaciones sobre el fideicomiso que será utilizado para trata de personas, y que originalmente está compuesto por un monto de 390 millones de colones.
El jerarca de esta dependencia, compareció ante los diputados que integran la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, para que se refieran al tema de este fideicomiso.

 
En este sentido señaló que dicho fondo se firma en el año 2014, la Contraloría General de la República lo refrendó el 3 de setiembre y luego su aprobación en el año 2015 que fue cuando empezó la operación del mismo.

 
“El fondo nace con una partida de 390 millones de colones, compuesto por un edificio, vehículos, medicamentos, equipo de cómputo, se pagaría contra la finalización de la adjudicación. Es un proyecto nuevo, fue innovador, y para las partes había que afinar muy bien los contratos, controles y las necesidades”, explicó el funcionario.
Fideicomiso del Banco de Costa Rica para trata de personas
Por su parte Diego Delgado, funcionario del Banco de Costa Rica quien funge como Ejecutivo del fideicomiso, explicó que dichos fondos se han atrasado, debido a que en Costa Rica no existen expertos en estos temas y las adjudicaciones se han declarados desiertas.

 
“Algunos de estos proyectos se centran en buscar la contratación de personas que tenga alguna especialización importante en el combate de estos delitos, eso no ha sido muy fácil para el fiduciario, en el momento de poder ejecutar estas contrataciones para llevar a cabo estas iniciativas de invitación para llevar ofertas, porque en Costa Rica no contamos con muchos expertos en esta materia, lo cual nos ha llevado de llevar ciertas contrataciones, que al final son declarados desiertos por las diferentes circunstancias que existen”, aseguró Delgado a los diputados de la comisión.

 
Así mismo explicó que este fideicomiso se crea para convertirlo, en alguna medida, en una proveeduría auxiliar, para que las instituciones beneficiarias que formulen proyectos tengan acceso a la ejecución de estas iniciativas como tal.

 
PESCADORES EN CONTRA DE PROYECTO QUE RENACE PESCA DE ARRASTRE

 
Los representantes de la Federación Nacional y Organizaciones de Pescadores Artesanales (Fenopea) y la Asociación Cámara de Pescadores de Guanacaste, se pronunciaron  en contra del proyecto 19838 que busca ordenar la pesca del camarón mediante los encadenamientos productivos.

 
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Irene Rodriguez Mena

Los representantes de la Federación Nacional y Organizaciones de Pescadores Artesanales (Fenopea) y la Asociación Cámara de Pescadores de Guanacaste, se pronunciaron  en contra del proyecto 19838 que busca ordenar la pesca del camarón mediante los encadenamientos productivos.

 

Este encadenamiento, de acuerdo con el proyecto es necesario para el fortalecimiento de este sector agroindustrial y la distribución justa y equitativa de los beneficios.

 

Los representantes de los pescadores de Puntarenas y Guanacaste comparecieron ante la  Comisión Permanente Especial de Ambiente, señalando  objeciones  a esta iniciativa.

 

En ese sentido José Antonio Chaves, representante de Fenopea indico “que en el último estudio sobre pesca de arrastre y utilizado de forma oficial por el INCOPESCA,  del total  solo un 4% es de camarón, el resto es fauna por lo que regresar a la pesca de arrastre violenta la actividad pesquera”.

 

Asimismo hizo hincapié en el voto 10540-2013, en el cual la Sala Constitucional  declaro la pesca de arrastre como inconstitucional, sosteniendo la posición del sector e indicando que violenta el artículo 21 de la Constitución Política, porque afecta los ecosistemas marinos, la seguridad alimentaria y atenta la población marina y su supervivencia a futuro.

 

Por otra parte Martín Contreras Cascante, Presidente de la Cámara de pesqueros de Guanacaste y representante pesquero de todo el sector del litoral Pacífico, indico “que el sector pesquero de Guanacaste en todo momento ha buscado congruencia entre quienes realizan pesca artesanal y semi industrial, y que tal cual se encuentra el proyecto se oponen”.

 

Finalmente la diputada Suray Carrillo del Frente Amplio, manifestó que toda la bancada de su partido está en contra de la aprobación de este proyecto de ley.


 
El Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro Salas, dio explicaciones a los diputados en el Plenario Legislativo, sobre el millón de dólares que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), donó al Gobierno de la República y que utilizara en mejorar la imagen gubernamental  y contrataciones de capacitación para vocerías.

 
Departamento de Relaciones Publicas, Prensa y Protocolo
Armando Alonso González
El Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro Salas, dio explicaciones a los diputados en el Plenario Legislativo, sobre el millón de dólares que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), donó al Gobierno de la República y que utilizara en mejorar la imagen gubernamental  y contrataciones de capacitación para vocerías.

 
La moción aprobada tuvo como fin que el Ministro explicara dicha donación ya que según la misma, los fondos no se someten a los controles estatales.  Alfaro Salas señaló, que la gestión de esta cooperación se apega de forma estricta a las reglas y procedimientos del ordenamiento jurídico costarricense.

 
“La gestión de esta cooperación internacional, se apega de forma estricta, a las reglas y procedimientos del ordenamiento jurídico costarricense y se encuentra totalmente sujeta a los controles que manda la Ley de Planificación Nacional artículo 11 y su reglamento contenido en el decreto 35056”, explicó el jerarca.

 
Así mismo resaltó que aunque resulte obvio, los fondos de cooperación que se usarán no viene de fuentes oscuras, sino más bien vienen de un organismo financiero internacional del que Costra Rica es miembro fundador y toma parte en sus sistema de decisiones.

 
“Del Banco Interamericano de Integración Económica, Costa Rica ha recibido en innumerable ocasiones, acompañamiento técnico y soporte financiero, el cual en la mayoría de las veces ha sido avalado por este plenario legislativo que también acertadamente voto a favor de la modificación al convenio constitutivo de esta entidad  en recientes días”, comentó Alfaro.

 
El Ministro fue enfático al señalar que los fondos tienen un origen lícito y confiable, además que los procedimientos legales obligatorios se respetaron en su plenitud y que todo el proceso está sometido en el pleno control de la Auditoría Interna, la Contraloría General de la República, la Asamblea Legislativa y además es trasparente para los ciudadanos.

 
“Debo decir que analizado todo este asunto, tampoco encuentro incoherencia alguna en mi comportamiento, toda vez que cuando elabore mis reflexiones pasadas de control político en esta Asamblea Legislativa, el marco jurídico conceptual y de control de esas actividades de cooperación era muy débil, prácticamente inexistentes, en cambio hoy es todo lo contrario, existe un marco jurídico claro y que incluso resulta obligatorio”, concluyó el ministro Sergio Alfaro.
Finalmente dijo que la,  la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y las normas generales para la organización y procedimientos a seguir en el trámite de cooperaciones financieras de la Presidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia, emitidos en el año 2013, lo que implica que toda esta cooperación tanto en su fase de formulación como en su fase de ejecución, está plenamente sometida al sistema de control, tanto de la Ley de Control Interno, la  Auditoría Interna como de la Contraloría General de la República.  ​
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El magistrado Carlos Chinchilla sostiene que su aprobación no tendría ningún efecto en la disminución del número de privados de libertad

MAGISTRADOS DEBATEN MEDIDAS PARA REDUCIR HACINAMIENTO CARCELARIO

Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo

Vera V. Solano

vsolano@asamblea.go.cr

Impunidad e inseguridad generaría aplicación de proyecto de Reforma al Código procesal Penal manifestaron los magistrados Carlos Chinchilla y Celso Gamboa al comparecer ante la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico.

La iniciativa busca establecer proporcionalidad en los delitos y contravenciones regresa los daños y hurto menor a la fase de contravenciones, además amplio los plazos para solicitar la suspensión del proceso a prueba.

 
 
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DIRECTOR DE LA NACIÓN DEFIENDE SU ACCIONAR

Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo

Juan Pablo Estrada Gómez

jestrada@asamblea.go.cr

"Como una falta al deber de probidad" calificó Armando González Rodicio, Director del periódico La Nación la política del Banco Nacional de suprimir la pauta publicitaria a un medio de comunicación, en represalia a publicaciones críticas, así de claro fue ante la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público.

El compareciente asistió para referirse a la investigación de las denuncias planteadas por diferentes medios de comunicación nacional por el condicionamiento de pauta publicitaria que realizan los Bancos del Estado u otras entidades públicas como represalia por reportajes o denuncias.

 
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