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 CTP SE OFRECE COMO ASESOR PARA AGILIZAR PLAN QUE REGULA PLATAFORMAS DE TRANSPORTE
El Concejo de Transporte Público (CTP) le ofreció acompañamiento técnico y toda la ayuda necesaria a la Comisión de Asuntos Económicos para agilizar la aprobación del proyecto número 21.228, iniciativa del Poder Ejecutivo que pretende regular las plataformas tecnológicas de transporte remunerado de personas.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Erick M. Jiménez Valverde erick.jimenez@asamblea.go.cr El Concejo de Transporte Público (CTP) le ofreció acompañamiento técnico y toda la ayuda necesaria a la Comisión de Asuntos Económicos para agilizar la aprobación del proyecto número 21.228, iniciativa del Poder Ejecutivo que pretende regular las plataformas tecnológicas de transporte remunerado de personas. Así lo indicó el Director Ejecutivo del CTP, Manuel Vega Villalobos, quien compareció la tarde de este miércoles 10 de abril ante la Comisión de Asuntos Económicos. Vega afirmó que el proyecto cumple con todas las condiciones para regular de forma efectiva y equilibrada el servicio de transporte público por plataformas digitales, no obstante reconoció que algunos planteamientos no han quedado claros y por ello ofrece el acompañamiento necesario para asesorar a los diputados en la redacción del texto final. El máximo jerarca del CTP expresó que el proyecto es beneficioso no solo porque regula una nueva actividad económica, sino también porque fomenta la modernización del transporte público concesionado (entiéndase como servicio tradicional de taxi) al contemplar una ampliación en las bases de operación de los taxis y una tarifa techo, para que el taxista pueda negociar con sus clientes sin depender directamente de la “María”. Además aseguró que el CTP tiene “la expertiz” para poder manejar de forma responsable el Fondo de Movilidad Nacional, contrario a lo que indicaron en pasadas audiencias, el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República, quienes afirmaron que no cuentan con la capacidad para hacerlo. La diputada independiente Marulin Azofeifa Trejos, le consultó al jerarca del CTP, sobre los criterios que utilizaron para definir el 3% que se le pretende cobrar sobre el precio final en cada servicio brindado, cuando en países como México, la tarifa no sobrepasa ni el 2%. El funcionario le indicó que el CTP utilizó “una validación matemática”, sin precisar en ella, para sacar el porcentaje y que además tomaron como referencia a otros países, en el caso particular de México mencionó que ellos iniciaron con más del 4% pero fueron bajando con el tiempo. El diputado Daniel Ulate Valenciano del Partido Liberación Nacional (PLN) le preguntó al jerarca que mostrará de forma precisa su posición sobre los cambios que plantea el proyecto respecto a la Junta Directiva del CTP, donde indica que se eliminarán los puestos directivos que hoy tienen los representantes de los taxistas y autobuseros. Vega reconoció que a pesar de que apoya el proyecto, no hay necesidad de eliminar esos puestos; en la misma línea el diputado liberacionista le consultó si ve viable entonces dar un puesto directivo a los representantes de plataformas tecnológicas a lo que el funcionario de gobierno indicó que si pero sin poder decisión. “Un puesto con voz pero sin voto” sentenció.
10/04/2019 16:08
 APRUEBAN VARIOS PROYECTOS EN SEGUNDO DEBATE
Los diputados aprobaron esta tarde una serie de proyectos en Segundo Debate dentro de los que se encuentran la Ley para ratificar Enmienda III/A Convenio de Basilea, la Reforma Parcial de Ley de Armas y Ley para la promoción del desarrollo sostenible de la cuenca del Río Naranjo y la protección del Parque Recreativo Nacional Manuel Antonio.
Los diputados aprobaron esta tarde una serie de proyectos en Segundo Debate dentro de los que se encuentran la Ley para ratificar Enmienda III/A Convenio de Basilea, la Reforma Parcial de Ley de Armas y Ley para la promoción del desarrollo sostenible de la cuenca del Río Naranjo y la protección del Parque Recreativo Nacional Manuel Antonio. El Convenio pretende proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos nocivos de la generación, el movimiento transfronterizo y el manejo de desechos peligrosos. Mientras que la reforma a la Ley de Armas lo que platea es que se sancionará con pena privativa de libertad de dos hasta cuatro años de prisión a quien porte un arma de fuego permitida, debidamente inscrita, pero sin contar con el debido permiso. Si el arma no está inscrita o la portación se realiza dentro de alguno de los supuestos de delincuencia organizada o asociación ilícita, la pena se incrementará un tercio. Por su parte, la iniciativa relacionada con el Parque Manuel Antonio, busca declara una salvaguarda ambiental para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos y para la concesión de nuevos permisos de extracción de materiales mineros, a todo lo largo del cauce principal del río Naranjo, desde su nacimiento hasta la desembocadura del río al mar, y todos los cauces tributarios a este cuerpo de agua principal que se encuentran dentro de la cuenca hidrográfica, por un plazo de veinticinco años, con la finalidad de mantenerlo limpio y libre de barreras físicas, permitiendo el equilibrio ambiental del río y del Parque Recreativo Nacional Manuel Antonio (PNMA), en donde desemboca.
09/04/2019 19:37
 RECHAZAN PLATAFOMAS TECNOLOGICAS
El proyecto 21.228, iniciativa enviada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para regular las plataformas tecnológicas de transporte remunerado de personas sigue acumulando posiciones contrarias.
El proyecto 21.228, iniciativa enviada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para regular las plataformas tecnológicas de transporte remunerado de personas sigue acumulando posiciones contrarias. Esta vez, la comisión de Asuntos Económicos recibió en audiencia la tarde de este martes 9 de abril, al presidente de la Asociación Nacional de Transportes Terrestres y Afines para la Movilidad Integral (ASOTRAMI), Rigorberto Aguilar Solís y al Presidente de la Asociación de Consumidores de Costa Rica, Juan Ricardo Fernández, quienes mostraron su rechazo al proyecto. El presidente de ASOTRAMI, organismo que agrupa a taxistas convencionales, reconoció que ellos han estado en contra de las posiciones de Gobierno y han tenido criterios opuestos con otras organizaciones formales de taxistas, en cuanto a la regulación de las plataformas tecnológicas. Para la agrupación, este es un tema que no se debe regular, ya que el Estado desde hace muchos años giró un derecho de concesión a los taxistas para la prestación del servicio público de transporte, por lo que no debe existir otro que compita con el servicio autorizado por el Estado. “Desde 1975 no existe transporte privado, nosotros tenemos un derecho de consesión, las leyes no son eternas y pueden cambiar pero antes tendrán que respondernos por ese derecho de concesión”, sentenció el jerarca de ASOTRAMI. Aguilar afirmó que las transnacionales como UBER “se disfrazan como movilidad colaborativa, cuando en realidad son empresas que lucran y brindan los mismos servicios que los taxistas solo que al margen de la ley”. Por su parte, Juan Ricardo Fernández, Presidente de la Asociación de Consumidores de Costa Rica, expresó que se está viviendo la misma historia del año 2011, donde taxistas y porteadores negociaron sin tomar en cuenta al consumidor. Para Consumidores de Costa Rica “el que paga manda” por eso siempre hay que tomar en cuenta la opinión del consumidor y en este caso, según el jerarca de la institución, el gobierno nunca los convocó ni les consultó sobre el proyecto de ley. Fernández, fue enfático en admitir que la regla en el tema de transporte debe ser la libre competencia, por eso, rechaza categóricamente el proyecto e invita a los legisladores a crear un nuevo texto tomando en cuenta las necesidades de los usuarios y valorando los alto cánones que establece el proyecto para la inscripción ya que todo costo que se le agregue a la actividad terminará pagándola el usuario. Con respecto al Fondo de Movilidad indicó que representa “un mal uso de la ley para saquear el bolsillo de todos los consumidores en favor de unos cuantos” Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos incluyeron las propuestas y recomendaciones de ambas instituciones en el expediente del proyecto para seguir analizando la viabilidad del mismo y posteriormente emitir los informes correspondientes antes de su valoración final.
09/04/2019 19:36
 MINISTRA INSTA A DAR HERRAMIENTAS MODERNAS A COPROCOM EN EL MARCO DE LA OCDE
Dyala Jimenez Figueres, Ministra de Comercio Exterior, instó esta noche, a la comisión Especial que estudia la incorporación de Costa Rica en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), para brindar herramientas modernas a la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), con el objeto de que ejerza su trabajo de manera eficaz.
Dyala Jimenez Figueres, Ministra de Comercio Exterior, instó esta noche, a la comisión Especial que estudia la incorporación de Costa Rica en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), para brindar herramientas modernas a la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), con el objeto de que ejerza su trabajo de manera eficaz. La jerarca de esa cartera, compareció junto con la Ministra de Economía Industria y Comercio, Victoria Hernandez, para que se refiera al expediente 21303 Proyecto de ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencias de Costa Rica. Jimenez señaló que esta organización de la OCDE consta de 37 países miembros que comparten entre si valores, y ser sistemas democráticos y ser economías de marcado abiertas. “En ese tenor es la manera para combinar más efectivamente el desarrollo y la prosperidad con el bienestar. Costa Rica es un fiel ejemplo de ello y por eso en realidad nosotros hemos sido aceptados como candidato desde hace más de 4 años”, señaló En este mismo sentido sostuvo que en el ámbito de competencia, es imposible garantizar al ciudadano lograr beneficiarse plenamente de una economía de mercado sin una autoridad o agencia de competencia efectiva, eficaz, y sin una agencia que tenga las herramientas, los sistemas y los recursos que hagan que cualquier agente económico del país, pequeño, mediano o grande, informal, formal incluso monopólico o no, se tengan que sujetar a sus medidas y herramientas. “En el corto plazo el fortalecimiento de una autoridad de competencia brinda beneficios al consumidor y también al Estado indirectamente a todos nosotros pues las compras públicas es un área específica, donde se ha visto, el efecto de las practicas anticompetitiva de manera muy nociva en todos nosotros”, comentó A largo plazo además dijo, se a estudiado que ello aumenta en productividad y en innovación, es decir es un efecto también positivo para los propios agentes económicos. “Yo creo señores diputados es hora de que nosotros dotemos a Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) de las herramientas más modernas con las mejores prácticas y con los recursos para que ejerza su labor de manera eficaz, también en este caso, la SUTEL es otra autoridad que está siendo también incluida en este texto”, aseguró la jerarca de Comercio Exterior Así mismo manifestó que las reglas tienen que ser claras y brincar hacia una independencia y una autonomía del funcionamiento de esta Coprocom, es una de las cosas que busca este texto que se está discutiendo y analizando en esta comisión Por su parte Victoria Hernandez Mora, Ministra de Economía Industria y Comercio, señaló que hay 9 áreas que se dividieron en tres, y es todo lo que tiene que ver con la abogacía de la competencia, denominada la defensa de la competencia, en el mundo, que significa cómo generar investigaciones y estudios. El proyecto de ley establece la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) que es la autoridad nacional encargada de la defensa y promoción de la competencia y libre concurrencia. Las actividades de promoción y abogacía de la competencia tendrán como objetivo fomentar e impulsar mejoras en el proceso de competencia y libre concurrencia en el mercado; eliminar y evitar las distorsiones o barreras de entrada; así como aumentar el conocimiento y la conciencia pública sobre los beneficios de la competencia. Para ello, utilizarán medios no-coactivos, tales como la emisión de opiniones y guías; la realización de estudios de mercado y de actividades de asesoramiento, capacitación y difusión; y acuerdos de cooperación para fomentar y desarrollar sus relaciones con otras entidades. Finalmente cada autoridad de competencia establecerá de forma anual sus prioridades en materia de promoción y abogacía de la competencia, para asegurar el cumplimiento de sus objetivos en esta materia y una efectiva asignación de los recursos. Asimismo, podrán coordinar entre sí y con otras instituciones del Estado aquellas actividades que promuevan la competencia a nivel nacional en sectores prioritarios.
09/04/2019 19:35
 APRUEBAN REFORMA A LA LEY DEL VIH
La  Comision Permanente Especial de Derechos Humanos, dictaminó en forma positiva el expediente 21031 Reforma Integral a la Ley General del VIH.
La Comision Permanente Especial de Derechos Humanos, dictaminó en forma positiva el expediente 21031 Reforma Integral a la Ley General del VIH. El textio refuerza los derechos de las personas que adquieren esta enfermedad, el principio de solidaridad de la seguridad social y pretende además que el tema se abode de manera integral, desde un enfoque médico y asistencial para reducir el estigma y la discriminación. El plan también fortalece CONASIDA, define además un mecanismo sostenible de financimiento de la política y del Plan Estrategico Nacionla del VIH, mejora las estrategias de promoción y prevención y garantiza los derechos laborales de las personas.
09/04/2019 19:34
 PLANES REGULADORES EN ZONAS COSTERAS ESTÁN MUY FRAGMENTADOS
La mayoría de los 155 planes reguladores que tienen las zonas costeras están desactualizados y no abarcan todo el territorio del cantón, así lo indicó el Presidente Ejecutivo del Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU), Tomas Martínez Baldares quién compareció la mañana de este lunes 8 de abril ante los diputados de la Comisión Especial de zonas costeras fronterizas y patrimonio natural del Estado.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Erick M. Jiménez Valverde erick.jimenez@asamblea.go.cr La mayoría de los 155 planes reguladores que tienen las zonas costeras están desactualizados y no abarcan todo el territorio del cantón, así lo indicó el Presidente Ejecutivo del Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU), Tomas Martínez Baldares quién compareció la mañana de este lunes 8 de abril ante los diputados de la Comisión Especial de zonas costeras fronterizas y patrimonio natural del Estado. El funcionario indicó que los planes reguladores deben ser actualizados y revisados cada cinco años, pero reconoció que esta disposición ha sido muy difícil de cumplir, entre otras cosas, por la falta de seguimiento de las Municipalidades con el tema y los excesivos requerimientos que le exige al municipio el régimen de Zonas Marítimos Terrestre (ZMT), principalmente en temas de control ambiental. Martínez afirmó que la mayor parte de estos planes reguladores fueron hechos antes del año 2000 y esto provoca que no contengan las nuevas disposiciones como el tema de la viabilidad ambiental, sumado a que son parciales, esto quiere decir que regulan solamente un área específica del cantón, dejando por fuera al resto del territorio. “Ninguna municipalidad costera cuenta con un plan regulador que abarque la totalidad del cantón” expresó. El jerarca del INVU, acotó que la cantidad de planes reguladores hace que la zona costera esté muy “fragmentada y dispersa” lo que ha provocado problemas en su planificación urbana. A pesar de las condiciones en que se encuentran los planes reguladores en la actualidad, el INVU confirmó que se han realizado acciones específicas para mitigar este problema, entre ellas, se publicó un nuevo manual de planes reguladores costeros y se firmó un convenio de cooperación con Japdeva para desarrollar planes reguladores en cantones de la región atlántica, iniciando con Talamanca y Matina. De igual forma mencionó el financiamiento mediante el fondo verde del clima para 20 cantones costeros donde se han presentado emergencias por condiciones climáticas y el proceso de delimitación de cuadrantes urbanos, que consiste en identificar las zonas de fragilidad ambiental y las áreas de crecimiento poblacional en un determinado territorio con el fin de que se convierta en el insumo principal para la confección del plan regulador. Según lo expuesto por el jerarca del INVU, actualmente hay 42 cuadrantes urbanos delimitados, pero todos del Gran Área Metropolitana (GAM); en zonas costeras se pretenden delimitar 345 cuadrantes urbanos pero aún no han iniciado con la delimitación de los mismos. El presidente ejecutivo del INVU también confirmó que la institución está trabajando en la planificación de proyectos en zonas fronterizas y citó como ejemplo, el que se desarrolla actualmente en la zona de Corredores mediante un modelo de vivienda productiva dirigido a población de pobreza extrema, donde predominan las zonas verdes y los lotes tienen una zona importante de actividad productiva. El diputado Melvin Núnez Piña del Partido Restauración Nacional (PRN), mostró su preocupación por la falta de proyectos de vivienda en las zonas costeras donde existe gran vulnerabilidad social y económica y afirmó que el INVU debería tener como prioridad estas zonas, tanto para agilizar el desarrollo de la planificación urbana adecuada, así como para generar más proyectos como el de Corredores, que garantice una mejor calidad de vida a las habitantes de las costas. “Hay muchos proyectos turísticos pero no hay soluciones de vivienda”, acotó el legislador. Por su parte, la diputada María José Corrales Chacón del Partido Liberación Nacional (PLN), externó su preocupación por que la región fronteriza norte, aparece en prioridad 6 tanto en la actualización de los planes reguladores, así como en la generación de soluciones habitacionales y recordó que son de las zonas de mayor crecimiento en los últimos cuatro años. “Realmente nos preocupa como representantes de la zona norte que dentro de las prioridades del INVU no se vea reflejada esta región cuando en sus mismas estadísticas reflejan que son los cantones de mayor crecimiento poblacional del país, por lo cual, nos preocupa que estén en una etapa sexta y que momentáneamente no tengan ni un plan ni una proyección en su plan de acción”, agregó la legisladora oriunda de la zona de San Carlos. El INVU indicó que la falta de personal y la cantidad de funciones limitan que se puedan hacer las cosas de una forma más rápida pero que todo sigue una planificación en cascada con prioridades definidas.
08/04/2019 15:12
 ZONA ECONÓMICA ESPECIAL CARIBE ES UN PROYECTO QUE NO ES DE GOBIERNO
La Comisión  Especial que estudia todo lo referente a la provincia de Limón recibió en audiencia a Julio Calvo Alvarado, Rector Instituto Tecnológico de Costa Rica, Arturo Condo Tamayo, Rector Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda (EARTH), Margarita Umaña Elizondo, Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE),  André Garnier Kruse, Ministro de Coordinación con el Sector Privado, para que se refieran a los avances obtenidos desde la promulgación del decreto que le dio origen a la Zona Económica Especial.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Irene Rodriguez Mena irodriguez@asamblea.go.cr La Comisión Especial que estudia todo lo referente a la provincia de Limón recibió en audiencia a Julio Calvo Alvarado, Rector Instituto Tecnológico de Costa Rica, Arturo Condo Tamayo, Rector Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda (EARTH), Margarita Umaña Elizondo, Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), André Garnier Kruse, Ministro de Coordinación con el Sector Privado, para que se refieran a los avances obtenidos desde la promulgación del decreto que le dio origen a la Zona Económica Especial. La Zona Económica Huetar Caribe, es un proyecto que se realiza en conjunto con la Academia, CINDE, Gobiernos locales, empresas privadas y el apoyo del Estado, no es un proyecto del gobierno, es una iniciativa que cuenta con el apoyo del gobierno, así lo manifestó el Rector Julio Calvo Alvarado. Calvo Alvarado enfatizo que ante todo buscan fortalecer la región y dinamizar la economía a partir de la generación empleo. Se comprende que es a largo plazo porque la academia debe alinearse a las necesidades y bienes de la región, se requiere redoblar esfuerzo en trabajar la confianza de las empresas y el apoyo de los gobiernos locales. Señalo además, la existencia de un plan estratégico donde se definieron comisiones técnicas que priorizan las cadenas de valor a trabajar. Agroindustria y Turismo son los sectores que se agrupan de forma individual como de mayor prioridad. Los resultados en el corto plazo es el mapeo de empresas impulsores, tractores y los enlaces rectores y académicos. Guías para la implementación de los núcleos de desarrollo, foro iniciativas para Limón y pacto de desarrollo, encuestas de prospección laboral, guía de inversión, entre otras. Consolidar los enlaces técnicos, darle operatividad a los sectores impulsores, y apoyo de gobiernos locales es fundamental. En el caso del sector agro industrial y de forma específica se ha trabajado el sector cacaotero tanto con medianas empresas como pequeños productores a través de encadenamientos productivos. Actualmente se trabaja en la creación de la plataforma turismo caribeño y encadenamientos productivos en Siquirres. Por otra parte la representante de Cinde señalo que su representada está apoyando los procesos para la provincia y el valor en que se enfocan es en desarrollar el talento humano. Arrojo las cifras con respecto al desempleo el cual en dicha provincia es del 71% y sólo el 29% está empleado, según los datos que ellos han contabilizado y a eso se le agrega que únicamente el 50% de los estudiantes de colegio termina la secundaria. Llama la atención que tecnología de alimentos q es una de las grandes demandas de la zona, sin embargo la demanda de estudios no la están brindando ni de orden técnico ni académico se están impartiendo, otra de las demanda es la logística, en ambas la malla curricular El dominio del idioma inglés es una de las herramientas que están desarrollando con mayor fuerza en la provincia, y se ha invertido en Limón porque el dominio de dicha lengua no solo les garantiza un oficio de inmediato sino que es necesario para la actividad económica que la provincia tiene. Indicó además que no es una solución inmediata al desempleo, pero representa un aporte importante para la inserción laboral, finalizo indicando que CINDE apoya todas las iniciativas
08/04/2019 14:56
 ARESEP CONSIDERA QUE TARIFAS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DEBEN FLUCTUAR EN UNA BANDA TARIFARIA
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), visualiza al transporte regulado de personas por plataformas tecnológicas como un mercado independiente donde “las reglas del juego se dan entre oferentes y demandantes”.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Erick M. Jiménez Valverde erick.jimenez@asamblea.go.cr La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), visualiza al transporte regulado de personas por plataformas tecnológicas como un mercado independiente donde “las reglas del juego se dan entre oferentes y demandantes”. Así lo determinó el Regulador General de la República, Roberto Jiménez Gómez, quién fue recibido en audiencia este miércoles 3 de abril en la sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Económicos. Jiménez afirmó que el proyecto 21.228 (Reforma al sistema de transporte remunerado de personas y regulación de las empresas de plataformas tecnológicas de transporte), excluye a la Aresep como ente regulador y no le brinda competencias para estudiar el mercado y determinar las condiciones de la oferta y demanda del mismo. Por ejemplo mencionó que una de sus grandes preocupaciones es que no existe una banda tarifaria, lo que podría provocar que en picos de demanda el precio aumente y Aresep no pueda hacer nada en defensa del usuario. “Pedimos que se valore y se analice si es conveniente definir un valor tope por los picos de demanda que han llevado a que los usuarios paguen precios más elevados y que se valore si es conveniente que desde la Aresep se puedan realizar algunos estudios en su momento para ver si existe concentración de mercado o que un prestador este teniendo dominio de este y afecte las tarifas al usuario” agregó el Regulador. El jerarca de Aresep también confirmó ante los diputados de la Comisión que nunca fueron llamados por el Poder Ejecutivo para participar en la elaboración del proyecto. El diputado Daniel Ulate Valenciano del Partido Liberación Nacional (PLN), le consultó al Regulador, si Aresep visualiza algún modelo para garantizar la competencia justa en el tema de transporte de personas a nivel nacional. El regulador afirmó que en el caso particular del tema de transporte por plataformas tecnológicas, la calidad debe ser autoregulada directamente por la empresa o plataforma que presta el servicio, en el caso de la tarifa, la regularía el mercado, pero Aresep plantea que se establezca una banda tarifaria para que la empresa pueda interactuar con el precio y a su vez no afecte al usuario. Por su parte el diputado Luis Ramón Carranza Cascante del Partido Acción Ciudadana (PAC), le preguntó directamente al regulador si considera que todo servicio remunerado de transporte de personas es un servicio público, a lo que el regulador respondió que no siempre es así y que éste debe cumplir una serie de características que para el caso particular de este servicio no son visibles debido a que es una relación entre un oferente (plataforma) y un demandante (usuario).
03/04/2019 17:09
 MAGISTRADOS RECOMIENDAN LISTA DE SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES
Julia Varela, Magistrada de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, recomendó esta noche, que se emita una lista de los diferentes servicios públicos esenciales en el caso de las huelgas en el sector público, esto con el fin de darle una ruta de guía a los administradores de justicia.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Armando Alonso González aagonzalez@asamblea.go.cr Julia Varela, Magistrada de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, recomendó esta noche, que se emita una lista de los diferentes servicios públicos esenciales en el caso de las huelgas en el sector público, esto con el fin de darle una ruta de guía a los administradores de justicia. Varela, compareció hoy, junto con Orlando Aguirre, Presidnete de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia y Luis Porfirio Sánchez, también Magistrado de la misma Sala, para que se refirieran al expediente 21049 Ley para brindar Seguridad Jurídica la Huelga y sus Procedimientos. “Hay situaciones básicas, que obviamente hay coincidencias en temas de salud, sin embargo como dicen algunos juristas, no todo en el sector público estaría o se podría calificar como esencial, habría que verlo con mucho cuidado, ustedes con la obligación que tienen como legisladores, deben de ir fijando pautas, tomando en cuenta el principio constitucional, que se trata el derecho a huelga como un derecho fundamental y lo que ha dicho la OIT”, dijo la magistrada Varela. En este mismo sentido añadió, que es importante como un análisis, muy amplio y preciso hacer una lista, que puede ser un poco complicado, pero al menos marca una ruta, sobre todo para los administradores de justicia a la hora de entrar en una calificación. Ante esto, la diputada de Liberación Nacional Yorleni León Marchena, consultó sobre la posibilidad de suspender el pago del salario a aquellos trabajadores que se suman a una huelga, esto porque el servicio laboral se está suspendiendo también, a lo que el magistrado Aguirre señaló que cuando la norma habla de suspensión no está haciendo referencia a la suspensión del efecto del contrato. “Pero yo entiendo que cuando la norma habla de suspensión de labores es una cosa muy diferente a la suspensión del contrato de trabajo. El derecho laboral se ha mezclado otras ideas y doctrinas y entonces hay ideas de que digamos en el caso de la huelga, y que mientras no sea declarada la ilegalidad se supone que está en el ejercicio de un derecho”, aseguró el magistrado. En este mismo sentido sostuvo que la Corte emitió un pronunciamiento donde se señala que la propuesta del artículo 345 inciso G, en esta norma se vienen estableciendo los requisitos de los sindicatos de indicar un medio para recibir notificaciones y que en caso de incumplimiento de estos requisitos se tendrán por notificada de forma inmediata, en este caso dijo, debería de precisarse a partir de cuándo, ya que se dice de forma automática. En la propuesta del 379 se refiere a los rebajos de los salarios, pensamos que hay una contradicción en los dos párrafos que contienen, porque por un lado se dice que, el rebajo de los salarios por el tiempo no laborados en el caso de huelgas que la declaren ilegales procederá de forma retroactiva desde el momento de la presentación, y fija un momento que es la presentación que es la solicitud de la calificación, hay dos puntos de partida que son contradictorio, por un lado dice que es la presentación y por otro es la ausencia de labores” explicó
02/04/2019 19:50
 CHOFERES ACUMULARÁN PUNTOS EN SU LICENCIA POR IRRESPETAR DEMARCACIÓN DEL TREN
Los conductores que irrespeten el señalamiento del ferrocarril serán multados y acumularán seis puntos en su licencia, así quedó establecido con la modificación a la Ley de Tránsito aprobada esta tarde en Segundo Debate en el Plenario Legislativo. El monto de la infracción supera los 280 mil colones. 
Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo Esteban Rojas Sáurez Esteban.rojas@asamblea.go.cr Los conductores que irrespeten el señalamiento del ferrocarril serán multados y acumularán seis puntos en su licencia, así quedó establecido con la modificación a la Ley de Tránsito aprobada esta tarde en Segundo Debate en el Plenario Legislativo. El monto de la infracción supera los 280 mil colones. Estas multas se aplicarán por irrespetar la señal de alto en el derecho de vía ferroviario y se colisione contra el tren o alguno de sus vagones. Mientras que al conductor que por desacatar la señal de alto en el derecho de vía ferroviario dañe de cualquier forma los dispositivos colocados como sistema de alerta y prevención ante el paso del tren se le aplicará una multa categoría B, que corresponde a más de 1901 mil colones. Además, los legisladores acordaron imponer una sanción de más de 94 mil colones a los conductores que circulen evadiendo el control o la señal de alto en el derecho de vía ferroviario, así como a quien estacione u obstruya con cualquier tipo de vehículo el derecho de vía ferroviario. Primer Debate Los diputados también le dieron Primer Debate al expediente N° 20098, Ley para la promoción del desarrollo sostenible de la cuenca del Río Naranjo y la protección del Parque Recreativo Nacional Manuel Antonio. La iniciativa establece una salvaguarda ambiental para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos y para la concesión de nuevos permisos de extracción de materiales mineros, a todo lo largo del cauce principal del río Naranjo, desde su nacimiento hasta la desembocadura del río al mar, y todos los cauces tributarios a este cuerpo de agua principal que se encuentran dentro de la cuenca hidrográfica, por un plazo de veinticinco años, con la finalidad de mantenerlo limpio y libre de barreras físicas, permitiendo el equilibrio ambiental del río y del Parque Recreativo Nacional Manuel Antonio. Y se declara de interés turístico nacional la cuenca del río Naranjo, desde el nacimiento del río Naranjo hasta el límite del Parque Recreativo Nacional Manuel Antonio.
02/04/2019 17:49
 CONTRALORÍA RECHAZA PROYECTO PARA REGULAR PLATAFORMAS DE TRANSPORTE
La Contraloría General de la República (CGR) se une al grupo de organizaciones públicas y privadas que rechazan los alcances del proyecto 21.228, el cual pretende regular las plataformas tecnológicas de transporte remunerado de personas.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Erick M. Jiménez Valverde erick.jimenez@asamblea.go.cr La Contraloría General de la República (CGR) se une al grupo de organizaciones públicas y privadas que rechazan los alcances del proyecto 21.228, el cual pretende regular las plataformas tecnológicas de transporte remunerado de personas. Así lo determinó la Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, quien se presentó en audiencia ante la Comisión de Asuntos Económicos para exponer la disconformidad de la institución con respecto al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo a la corriente legislativa. Para la funcionaria, este proyecto aborda el tema de transporte público con “una visión segmentada” de la realidad del país y afirmó que para contar con un marco regulatorio adecuado, resulta necesario partir de una visión más integral del sistema de transporte. La Contralora también afirmó que el proyecto no establece las herramientas para la protección del usuario, centrándose solamente en la participación estatal, en las funciones y responsabilidades de los órganos competentes y en los derechos y obligaciones de los prestadores del servicio. “Se requiere no solamente definir las responsabilidades de los prestadores de los servicios, sino también, de manera fundamental, la participación y necesidades de los usuarios, de lo cual no hay mayor evidencia en el proyecto de ley”, agregó Acosta. La jerarca también mencionó que el Fondo Nacional de Movilidad que pretende crear el proyecto con el dinero de las inscripciones de las plataformas tecnológicas, carece de fundamentación técnica y jurídica que permita demostrar su factibilidad. “No se desprende del proyecto ni de su exposición de motivos información sobre los criterios técnicos o jurídicos que sustentan los rubros que nutren el Fondo” sentenció la Contralora. Además, enfatizó en que las nuevas funciones y responsabilidades que asigna este proyecto de ley al Concejo de Transporte Público (CTP), como la comercialización de valores, podrían “desvirtuar la naturaleza y propósito del mismo, el cual ya de por sí posee problemas de transparencia y de gestión”. Finalmente expuso que no se especifican claramente los alcances de la modernización de transporte público que pretende el Estado, por lo que a su criterio el proyecto no cumple con los requerimientos para convertirse en ley de la República. El diputado Pablo Heriberto Abarca Mora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y presidente de la Comisión afirmó que es evidente que este proyecto “necesita más que un texto sustitutivo” y expresó que es casi una realidad la necesidad de construir un nuevo texto para el proyecto. “Creo que no aguantará la operación”, agregó Abarca haciendo referencia a la posibilidad de crear un texto sustitutivo. Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos incluyeron las propuestas y recomendaciones de la CGR en el expediente del proyecto para seguir analizando la viabilidad del mismo y posteriormente emitir los informes correspondientes antes de su valoración final. TELETRABAJO Los diputados de la comisión de Asuntos Económicos dictaminaron por unanimidad el proyecto de ley número 21.141 para regular el teletrabajo en Costa Rica. Esta propuesta de ley que cumplió con el primer filtro legislativo y que ahora pasará a conocimiento del Plenario, busca subsanar la falta de un marco jurídico global para el Teletrabajo, aplicable tanto al ámbito público como privado. El mismo establece que el teletrabajo será una decisión voluntaria del empleador y que las partes pueden llegar a acuerdos para otorgar o revocar la modalidad de teletrabajo cuando lo estimen necesario. La iniciativa también especifica las obligaciones tanto del teletrabajador como del patrono para una relación de trabajo adecuada, por ejemplo la responsabilidad del empleador para garantizar el mantenimiento de los equipos utilizados por la persona teletrabajadora, conexiones, programas, etc y la disposición del teletrabajador para someterse a los criterios de medición, evaluación y control de su labor. La diputada Paola Vega Rodríguez del Partido Acción Ciudadana (PAC) destacó que este proyecto es muy importante para todas aquellas personas con responsabilidades de cuido porque brinda posibilidades de empleo sin salir de su hogar. Además destacó que el teletrabajo es una excelente iniciativa para la reducción de emisiones de carbono. Por su parte, la diputada Karine Niño Gutiérrez del Partido Liberación Nacional (PLN), también destacó la relevancia del proyecto, considerando que es un atractivo más para que las empresas que vengan al país puedan utilizar esta modalidad de trabajo en un marco regulado. Además, expresó que el teletrabajo optimiza la calidad de tiempo, la calidad de vida y aumenta la competitividad de las empresas e instituciones.
02/04/2019 16:39
 REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN GUANACASTE DEBE SER ACORDE A LA REALIDAD DE LA PROVINCIA
Los diputados que conforman la Comisión Especial de Guanacaste recibieron en audiencia Miguel Aguiar Bermúdez, de la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo, Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Juan Luis Bermúdez Madriz, Presidente Ejecutivo Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y Gustavo Fernández Quesada, Director Ejecutivo  del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP).
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Irene Rodríguez Mena irodriguez@asamblea.go.cr Los diputados que conforman la Comisión Especial de Guanacaste recibieron en audiencia Miguel Aguiar Bermúdez, de la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo, Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Juan Luis Bermúdez Madriz, Presidente Ejecutivo Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y Gustavo Fernández Quesada, Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP). Aguiar indico que la ley en su artículo primero apoya los proyectos productivos que son viables, lo que significa la capacidad de ser sostenible sino que además, se encuentre en estado de legalidad. Banca para el desarrollo funciona como una Banca de segundo piso por medio de 47 entidades que son las que colocan esos productos, los cuales deben ser viables y rentables. Desde su representada tienen claro que deben apoyar cualquier actividad que genere desarrollo para las personas y por supuesto para la región Chorotega, no sin antes hacer la salvedad que Banca para el desarrollo aprueba créditos sobre todas aquellas actividades que cumplan con los requisitos que la ley exige, ellos facilitan la información y cumplen con brindar asesoría a los interesados pero no pueden ir contra la ley. Puntualizo además, que desde que existe Banca para el desarrollo no ha llegado una propuesta específica para el sector de coligalleros que se hubiera podido apoyar. Por otra parte, señalo que uno de los grandes problemas de fondo es que el sistema financiero tiene un problema de orientación de mercado ya que promueven créditos para el consumo y no para el trabajo por lo que resulta más difícil obtener un crédito para el desarrollo de actividades. En cuanto al trabajo que realiza el INA en la provincia de Guanacaste, de forma general se ha tenido una mayor prioridad a la asistencia técnica y programas de formación para el aprendizaje del idioma inglés. Desde el sistema de Banca para el desarrollo se ha trabajado mediante alianza con el sector ganadero, y acompañamiento técnico con el IICA. En cuanto propiamente a los coligalleros, por iniciativa de varios diputados entablaron conversación con expertos, que ya están confirmados para que puedan venir a brindar capacitación y asesoría en minería artesanal a la zona.
02/04/2019 16:38
 SOSTENIBILIDAD DEL FEES PREOCUPA A MINISTRA DE PLANIFICACIÓN
La Ministra de Planificación y Política Económica, Pilar Garrido Gonzalo, señaló que una de las preocupaciones que tiene con relación al Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES), es su sostenibilidad financiera en el tiempo.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Armando Alonso González aagonzalez@asamblea.go.cr La Ministra de Planificación y Política Económica, Pilar Garrido Gonzalo, señaló que una de las preocupaciones que tiene con relación al Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES), es su sostenibilidad financiera en el tiempo. La jerarca hizo esas afirmaciones, esta noche, en la Comisión Especial que analiza el Fondo de Educación Superior, quien señaló que unas de las tareas más importantes que tiene esta cartera, es precisamente la dicha sostenibilidad a través del tiempo y garantizar mayor valor público y mayor calidad del gasto. “No es la erogación en si lo que me preocupa, que también es uno de los pendientes porque no hemos logrado la sostenibilidad plena de las finanzas públicas, pero si, mayor retorno de la inversión y es verdad que las universidades hacen mucho y contribuyen con sus programas de expansión, investigación y formación de buenos perfiles”, dijo la ministra. Así mismo manifestó que han negociado que haya mayores proyectos y mayores metas que pudieran estar regionalizadas, apoya además una mayor presencia para poder cerrar brechas de inclusión y mayor brechas de productividad y competitividad, además que el rol de las universidades en las comunidades es básico para empezar a tener procesos de desarrollo. “Apoyamos también que hay mayores formación de educación técnica que es igualmente valiosa en la formación profesional”, indicó la Ministra ante una pregunta que realizo el diputado Warner Jimenez. Empleo Público. En relación con el empleo público, señaló que el alcance se mantiene y en este sentido los nuevos funcionarios que se incorporan al sector público, sean estas las universidades o cualquier otra entidad deben de tener nuevas condiciones de empleo público, pero al mismo tiempo que hayan reconocimientos, porque las labores son muy particulares. “Tenemos una preocupación constante, el país está cambiando, a un nivel vertiginoso, y debemos de garantizar que podamos hacer frente, a muchas cosas, por ejemplo al envejecimiento en el 2050, que podamos hacer frente a la revolución industrial, que podamos hacer frente al cierre de brechas territoriales y aquí es relevante poder generar este espíritu de formación en carreras”, aseguró la ministra de Planificación.
01/04/2019 19:22
 APRUEBAN SEGUNDO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
Con el voto favorable de 42 legisladores se le dio Primer Debate al segundo presupuesto extraordinario del ejercicio fiscal 2019  que desincorpora recursos por más de seis mil millones de colones y contempla el traslado de varias partidas, fue dictaminado afirmativamente por la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Esteban Rojas Sáurez esteban.rojas@asamblea.go.cr Con el voto favorable de 42 legisladores se le dio Primer Debate al segundo presupuesto extraordinario del ejercicio fiscal 2019 que desincorpora recursos por más de seis mil millones de colones y contempla el traslado de varias partidas, fue dictaminado afirmativamente por la Comisión de Asuntos Hacendarios. En cuanto a la desincorporación de recursos de cinco proyectos que han finalizado su ejecución, por lo que el saldo resultante debe ser separado del presupuesto. Esos proyectos son: Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola, Programa de Turismo en Áreas Silvestres Protegidas, Primer Programa Red Vial Cantonal, Proyecto Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper y el Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II. En el presupuesto además, se incorporan recursos por siete mil 494 millones de colones producto del diferencial cambiario de créditos en ejecución que se utilizarán para financiar un aumento en los gastos de varias instituciones, entre ellas los ministerios de salud, educación y la Presidencia. El proyecto también incluye la incorporación de modificaciones presupuestarias por más de 482 millones de colones para la atención de gastos de varias entidades. Algunas de las instituciones que solicitaron el traslado de partida son la Contraloría General de la Repúblicas, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Agricultura.
01/04/2019 17:43
 AYA NO PODRÁ CONTRATAR PERSONAL CON PRESUPUESTO ORDINARIO PARA PLAN DE CONECTIVIDAD SANITARIA EN LIMÓN
AYA NO PODRÁ CONTRATAR PERSONAL CON PRESUPUESTO ORDINARIO PARA PLAN DE CONECTIVIDAD SANITARIA EN LIMÓN
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Erick M. Jiménez Valverde erick.jimenez@asamblea.go.cr Este proyecto, que se encuentra en el expediente 21.234, faculta al AyA a conectar el sistema sanitario de los hogares limonenses que se encuentran en pobreza o pobreza extrema con la red de alcantarillado de la institución, sin que esto represente un cobro extra a las familias. En este sentido, los diputados aprobaron por unanimidad una primera moción presentada por el diputado Eduardo Cruickshank Smith del Partido Restauración Nacional (PRN), que le permite al AyA contratar personal técnico para iniciar con el desarrollo del proyecto; estas contrataciones se realizarían con recursos propios del plan de conectividad sanitario, el cual ya está presupuestado por la institución. Empero, la discusión surgió con la segunda moción presentada por el mismo diputado, donde se solicita nuevamente la autorización para la contratación de personal por parte del AyA pero con presupuesto ordinario y sin especificar el destino de dichas contrataciones. La diputada y presidente de la Comisión, Yorleni León Marchena del Partido Liberación Nacional (PLN), reconoció que las mociones son inconexas y que no ve prudente autorizarle al AyA contrataciones con presupuesto ordinario y sin definir claramente el objetivo de esos nuevos empleos. “No tenemos plazos de contrataciones, es presupuesto ordinario, no sabemos qué cantidad de funcionarios, si son funcionarios que se van a destacar en Limón o van a estar en otras zonas del país, no sabemos exactamente cuáles son las funciones que van a hacer esos funcionarios, me parece que estamos abriendo un portillo muy grande que se está tratando de meter en un proyecto de ley donde ya habíamos aprobado una moción para contratar al personal requerido para poner en ejecución el proyecto”, sentenció la diputada liberacionista. Por su parte, el diputado Eduardo Cruickshank, señaló que la idea de autorizar presupuesto ordinario al AyA es por si no alcanza el dinero presupuestado para el proyecto y mencionó por ejemplo que la institución puede requerir más personal para la realización de un estudio que permita evidenciar las condiciones socioeconómicas de los beneficiados del proyecto. La diputada Laura Guido Pérez del oficialista Partido Acción Ciudadana afirmó que el mismo AyA solicitó el apoyo a la moción y por lo tanto considera que la institución tiene capacidad para poder realizar las contrataciones que estime necesarias y que el proyecto es claro con los objetivos que persigue. Finalmente, la diputada Shirley Díaz Mejía del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), admitió que si bien es cierto el proyecto es urgente, el tema presupuestario debe ser valorado, además se debe especificar muy bien el fin de las contrataciones. La moción fue rechazada y el tema seguirá discutiéndose en la siguiente sesión ordinaria de la Comisión. Votaron en contra de la moción, los diputados, Yorleni León Marchena y David Gourzong Cerdas del Partido Liberación Nacional (PLN), Shirley Díaz Mejía del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y la diputada independiente Marulin Azofeifa Trejos. A favor votaron los diputados Eduardo Cruickshank Smith del Partido Restauración Nacional (PRN), quien además fue el proponente de la moción y Laura Guido Pérez del Partido Acción Ciudadana.
01/04/2019 16:41
 MULTARÁN A CONDUCTORES QUE IRRESPETEN SEÑAL DE ALTO DEL TREN
Los diputados aprobaron esta tarde, en su trámite de primer debate, el expediente 20263 Modificación Parcial de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, ley 9078, de 26 de octubre de 2012, y sus reformas.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Armando Alonso González aagonzalez@asamblea.go.cr Los diputados aprobaron esta tarde, en su trámite de primer debate, el expediente 20263 Modificación Parcial de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, ley 9078, de 26 de octubre de 2012, y sus reformas. Dicha iniciativa busca reformar los artículos 136, 144 y 145 de la “Ley de Tránsito por vías públicas terrestres y seguridad vial, con la finalidad de agravar las sanciones, aumentando las multas, así como la acumulación de puntos en contra de los conductores, para todo aquel que irrespete las señales de alto en el derecho de vía ferroviario Además, que por esta causa, colisione con el tren o alguno de sus vagones, dañe cualquiera de los de los dispositivos instalados como alerta y seguridad o circule evadiendo el control, estacione u obstruya con cualquier tipo de vehículo el derecho de vía ferroviario. Según la iniciativa, en la actualidad existe una incertidumbre, de cual tipo de multa se puede aplicar a las y los conductores que produzca algún daño a las señales del sistema de alerta y prevención ante el paso del tren, por seguridad jurídica se debe establecer una sanción clara a esta conducta, además que sea se proporcional con la acción. Se debe también sancionar a las personas que choquen contra el tren o uno de sus vagones. Los puntos se acumularán de forma automática en el expediente del conductor en los siguientes casos: • Acumulará seis puntos el conductor que haya cometido alguna de las infracciones categoría A de esta ley y quien por irrespetar la señal de alto en el derecho de vía ferroviario colisione contra el tren o alguno de sus vagones. El diputado José María Villalta Flores-Estrada del Frente Amplio señaló que dicho proyecto contiene mecanismos para sancionar aquellas personas irresponsables que todavía no respetan el derecho de vía del tren. “En Costa Rica, estuvo varado el tren durante varios años, cuando se cometió el error estratégico de cerrar el INCOFER, que hay generaciones de ciudadanos que se han olvidado que no tienen incorporada dentro de su cultura vial, la importancia del tren, respecto al derecho de vía y uno ve gente que no frena sin contar los actos de vandalismo contra las ajugas que han instados el INCOFER”, explicó el diputado.
28/03/2019 17:25
 EX FUNCIONARIOS DEL ICE MINIMIZAN CRITERIO DE LA CONTRALORÍA SOBRE SITUACIÓN FINANCIERA
A pesar de que la Contraloría General de la República (CGR) afirmó categóricamente que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) “reprobó” su nota a nivel financiero durante el período 2014-2018, cuatro ex funcionarios del ICE, quienes estuvieron en puestos directivos durante ese período, minimizan esta afirmación y admiten que la institución es solvente y que se encuentra dentro de los riesgos naturales de toda empresa en competencia.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Erick M. Jiménez Valverde erick.jimenez@asamblea.go.cr A pesar de que la Contraloría General de la República (CGR) afirmó categóricamente que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) “reprobó” su nota a nivel financiero durante el período 2014-2018, cuatro ex funcionarios del ICE, quienes estuvieron en puestos directivos durante ese período, minimizan esta afirmación y admiten que la institución es solvente y que se encuentra dentro de los riesgos naturales de toda empresa en competencia. En audiencia ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público comparecieron la ex directora jurídica del ICE, Julieta Bejarano Hernández, los ex directores de estrategia, Randall Retana y Harold Cordero Villalobos y el ex director de electricidad, Luis Pacheco Morgan, quienes defienden las actuaciones de la administración y coinciden en que el escenario planteado por la Contraloría no es tan grave como se indica. Dentro de las principales deficiencias encontradas por la CGR y respaldadas por la Auditoría Interna del ICE, están el supuesto pago ilegal de cesantías a un grupo de trabajadores que fueron trasladados a las subsidiarias del ICE, la supresión de la figura de Gerente General, el déficit fiscal registrado en los estados contables y los conflictos de interés en la adjudicación de contratos. Con respecto al supuesto pago ilegal de cesantías, los comparecientes defendieron que el mismo está a derecho según los reglamentos y disposiciones laborales propias del ICE, donde se indica que a todo trabajador que se le traslade de puesto en otras condiciones debe ser indemnizado. “Si era posible cancelar las prestaciones, en este caso, de estos funcionarios que fueron trasladados a Racsa, se les desmejoró el salario y pasaron a otras condiciones donde se les afecto sus derechos laborales contemplados en las relaciones laborales del ICE, al pasar de un régimen de empleo público a un régimen de empleo privado”, sentenció Julieta Bejarano. Con respecto a la eliminación del puesto de Gerente General, los comparecientes afirmaron que fue una decisión basada en la necesidad de estructurar de una forma más estratégica las operaciones de la institución, además admitieron que “la Procuraduría General de la República, les facultó a adoptar un modelo de organización distinta”. En relación con el déficit fiscal, los ex funcionarios coincidieron en que es “un simple ejercicio de contabilidad nacional”, donde se les exige estipular un rubro de fluctuaciones cambiarias, que es una aproximación que calcula el posible impacto que tendría el ICE en el pago de los préstamos en dólares en caso de que el tipo de cambio aumente, pero ésta es una línea contable no efectiva por lo que la situación financiera es estable. Además agregaron que el ICE está en los límites de endeudamiento normal, establecidos por ley y que el impacto económico negativo que ha tenido la institución no se ha generado por falta de planificación sino por el decrecimiento de la demanda nacional en el consumo eléctrico. La diputada independiente Xiomara Rodríguez Hernández, recordó una serie de conclusiones a las cuales llegaron la CGR y la Auditoría Interna del ICE respecto a la falta de planificación y control interno en el manejo de las finanzas y les cuestionó que aun conociendo los riesgos nunca alertaron la situación, no obstante ante la pregunta directa de la diputada sobre si consideraban que el ICE está en riesgo o no, los cuatro comparecientes coincidieron en que efectivamente los riesgos siempre están pero que la institución es “solvente” para poder enfrentarlos. Por su parte, la diputada oficialista Paola Vega Rodríguez del Partido Acción Ciudadana (PAC), afirmó que la falta de planificación es evidente y que las declaraciones brindadas en esta comisión “han generado más dudas que respuestas”. “Creo que hay dos temas importantes sobre los que seguir hablando, uno, la eliminación de la Gerencia General, que no estuvo correcto de acuerdo a la ley y dos el pago de cesantías que ahora la gran pregunta es quien le va a devolver ese dinero al ICE”, agregó la legisladora. La diputada Franggi Nicolás Solano del Partido Liberación Nacional (PLN), concluyó que no solo los directivos son responsables de la crisis financiera del ICE sino también los funcionarios con puestos directivos como Julieta Bejarano, que según su criterio, debe ser investigada por prevaricato al no alertar sobre las recomendaciones que de forma constante realizaba la CGR y la Auditoría Interna del ICE. Finalmente el diputado Luis Fernando Chacón Monge también del PLN recomendó que se investiguen los pluses laborales que los funcionarios del ICE tienen en la actualidad ya que podrían ser desproporcionados y afectar aún más las condiciones económicas de la institución.
28/03/2019 17:18
 Datos adjuntosHACIENDA CONFIRMA SU OPOSICIÓN PARA REGULAR PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS
El Ministerio de Hacienda, a través de su Viceministro, Nogui Acosta Jaen, confirmó la tarde de este miércoles en audiencia ante los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, su rotunda oposición al proyecto 21.228, iniciativa enviada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para regular las plataformas tecnológicas de transporte remunerado de personas.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Erick M. Jiménez Valverde erick.jimenez@asamblea.go.cr El Ministerio de Hacienda, a través de su Viceministro, Nogui Acosta Jaen, confirmó la tarde de este miércoles en audiencia ante los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, su rotunda oposición al proyecto 21.228, iniciativa enviada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para regular las plataformas tecnológicas de transporte remunerado de personas. Hacienda coincide en que todas las actividades económicas deben tributar y por lo tanto es sumamente necesaria una regulación para las plataformas de transporte, no obstante precisó que este proyecto enviado por el MOPT no cumple con las expectativas para poder regular de forma efectiva este tipo de negocios. El Viceministro afirmó que la creación del Fondo Nacional de Movilidad, que sería administrado por el Concejo de Transporte Público (CTP), representa un gran error que pondría en peligro las finanzas públicas, principalmente por qué los recursos se irían a un destino específico (refiriéndose al Fondo) difícil de fiscalizar, además reconoció que la atribución que le brindaría la ley al CTP para participar en el mercado financiero con la emisión de títulos es riesgoso y poco prudente. “No podemos autorizarle a este ente público participar en el mercado financiero invirtiendo títulos, la institución no tendría la expertiz para hacerlo y se convierte en un pasivo contingente para el Ministerio de Hacienda, esto quiere decir que cualquier situación en la que un inversionista se vea afectado por un título emitido, el futuro responsable sería el Estado y por eso no creemos que esa potestad pueda ser otorgada a un ente que no tiene la expertiz necesaria”, sentenció Acosta. El funcionario también enfatizó en los graves errores que presenta el proyecto en cuanto al cobro de impuestos, por ejemplo, considera que el impuesto de remesas que se le pretende cobrar a las empresas dueñas de estas plataformas, no aplica para este tipo de actividades económicas e inclusive en caso de cobrarse se podría estar incurriendo en un doble cobro de tributo. “El impuesto de las remesas no se podría cobrar porque es un impuesto único y definitivo que se cobra a los pagos que se realizan a una entidad que esta fuera del territorio nacional, el problema es que con el caso particular de las plataformas de transportes solo una parte se queda en cuentas internacionales y otra parte regresa aquí entonces tenemos una dicotomía en el cobro del impuesto, lo cobramos como un impuesto de remesas pero la empresa de plataforma en algún momento regresará una parte de ese cobro a un costarricense en territorio nacional y si este está sometido al impuesto de la renta como platea el proyecto, entonces se podría estar cobrando dos veces”, agregó el jerarca. Finalmente expresó que no considera que los socios colaboradores de estas plataformas (refiriéndose a los conductores) deban estar sometidos al impuesto de renta y acotó que en el artículo 30 de la Ley 9635 Fortalecimiento de las finanzas públicas se estableció un mecanismo por medio del cual se puede cobrar desde ya el 13% al servicio que prestan las plataformas tecnológicas. Para el diputado presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, Pablo Heriberto Abarca Mora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) es “contundente la inviabilidad del proyecto” y afirma que los errores contenidos son más que evidentes, además de que en cada audiencia, se plantean vacíos que el texto actual difícilmente pueda subsanar. El Ministerio de Hacienda se negó a declarar si consideran que el servicio de transporte remunerado de personas por medio de plataformas digitales es un servicio público o privado y en su lugar afirmó que la responsabilidad de esta definición recae en la Asamblea Legislativa.
27/03/2019 16:34
 APRUEBAN REFORMA DE LA LEY DEL FONDO DE DESARROLLO DE LIMÓN
Los diputados aprobaron esta tarde en su trámite de Primer Debate, el expediente 20000 Ley De Estructuración Y Reforma De La Ley Del Fondo De Desarrollo De La Provincia De Limón (FODELI).
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Armando Alonso González aagonzalez@asamblea.go.cr Los diputados aprobaron esta tarde en su trámite de Primer Debate, el expediente 20000 Ley De Estructuración Y Reforma De La Ley Del Fondo De Desarrollo De La Provincia De Limón (FODELI). El plan tiene como objeto la operativización del Fondo de Desarrollo de Limón, en adelante Fodeli, como un órgano de desconcentración en grado máximo de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva). Tendrá su sede en las instalaciones de Japdeva de Limón, pudiendo tener sucursales o ventanillas auxiliares en cualquier cantón de la provincia de Limón. Así mismo, Fodeli es el órgano técnico especializado para otorgar a los habitantes de la provincia de Limón, los beneficios económicos contenidos en el artículo 8, de la Ley de Aprobación de los Convenios de Préstamo: N.° 3594-CR “Tercer Programa de Ajuste Estructural”, entre la República de Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento; 739/OC-CR “Programa de Ajuste del Sector Público”, entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo; 742/OC-CR “Programa Sectorial de Inversiones”, entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, Ley N.° 7454, de 25 de abril de 1995, y sus reformas. El fondo contará con personalidad jurídica instrumental y capacidad para adquirir los derechos y contraer las obligaciones que demande el giro normal de su actividad; así como con independencia en su funcionamiento, operativo y administrativo. Así mismo tendrá la estructura administrativa que se defina vía reglamento y contará con su propia auditoría interna de conformidad con la Ley N.º 8292, Ley General de Control Interno, de 31 de julio de 2002, y la Ley N.º 7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, de 7 de setiembre de 1994 SEGUNDO DEBATE Los diputados aprobaron en su trámite de segundo debate el expediente 20650 Aprobación Del Acuerdo Marco Para Implementar Sistemas De Control Integrado Binacional En Los Pasos De Frontera Entre Costa Rica Y Panamá. Las Repúblicas de Costa Rica y Panamá, en adelante los “Estados Parte”: Dicho convenio establece que reafirmando los compromisos asumidos en el Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana, mediante el cual los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera voluntaria, gradual, complementaria y progresiva la Unión Económica Centroamericana; para lo cual los Estados Parte mantendrán plena libertad de tránsito a través de sus territorios, para las mercancías destinadas a cualquiera de los otros Estados Parte o procedentes de ellos, así como para los vehículos y unidades de transporte; Teniendo en cuenta los acuerdos y reconocimientos de la X y XII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, en los que se insta a profundizar el proceso de integración regional y se instruye a las autoridades responsables a orientar sus esfuerzos regionales en la facilitación comercial y logística de los pasos de fronteras; En línea con las recomendaciones vertidas en el Marco Normativo para un Comercio Ágil y Seguro (Marco SAFE) de la Organización Mundial de Aduanas y con los compromisos adquiridos a través del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (2014) que, sobre la base de las mejores prácticas internacionales en materia de control fronterizo, promueven la implementación de estándares operativos, de infraestructura y equipamiento acordes con la demanda actual del comercio internacional.
26/03/2019 17:52
 PROYECTO PARA REGULAR HOSPEDAJE NO TRADICIONAL SERÁ CONOCIDO EN PLENARIO
La Comisión de Asuntos Económicos dictaminó afirmativamente la tarde de este martes 26 de marzo, un texto sustitutivo para el proyecto número 20.865 Ley Marco para la regularización del hospedaje no tradicional y su intermediación a través de plataformas digitales.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Erick M. Jiménez Valverde erick.jimenez@asamblea.go.cr La Comisión de Asuntos Económicos dictaminó afirmativamente la tarde de este martes 26 de marzo, un texto sustitutivo para el proyecto número 20.865 Ley Marco para la regularización del hospedaje no tradicional y su intermediación a través de plataformas digitales. Este proyecto de ley pretende que las plataformas de hospedaje no tradicional paguen tributos y con ello se logre una ampliación de la base contributiva del Estado y un marco regulatorio que fortalezca al mercado turístico costarricense. Busca además regular y planificar la prestación de servicios turísticos de alquiler en viviendas, apartamentos, villas, chalés, bungalós entre otros, así como garantizarles a los usuarios seguridad y protección a la hora de adquirir el servicio por medio de la plataforma tecnológica. Este texto que pasará a conocimiento del Plenario, contiene ajustes relacionados a los derechos de los usuarios y las obligaciones de los prestatarios de servicios de hospedaje no tradicional, como por ejemplo, la disposición de que el prestatario del servicio deberá inscribirse ante el Instituto Costarricense de Turismo, y a la Dirección General de Tributación, así como pagar una contribución especial a la municipalidad respectiva, para ejercer por dicha actividad lucrativa. Con respecto al tema municipal, el texto fue enviado a la Procuraduría General de la República para que se pronuncie sobre si las plataformas tecnológicas podrían estar sujetas a una patente municipal. El diputado Roberto Thompson Chacón del Partido Liberación Nacional (PLN) reconoció que el proyecto representa un gran impulso al sector turismo al fomentar la sana competencia mediante el establecimiento de las “reglas del juego”. “Hay un segmento muy importante de gente que está utilizando en Costa Rica este tipo de hospedajes, nosotros a través de esta ley estamos pretendiendo regularizar y establecer una serie de registros para el pago de impuestos para que contribuya, garanticen condiciones mínimas y también un reordenamiento para que las municipalidades cobren la patente que corresponda”, agregó el legislador. Este proyecto también incorpora una disposición para regular adecuadamente la aplicación de la Ley N° 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, con el propósito de evitar que esta norma en lugar de regular, se convierta en una restricción injustificada a la actividad.
26/03/2019 17:52
 PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE TRANSPORTE HAN MOTIVADO LA CREACIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS
El servicio de transporte remunerado de personas por medio de plataformas digitales ha reactivado la economía costarricense, generando empleos indirectos y nuevos negocios como “lavacars”, llanteras, lubricentros y sodas que inclusive brindan menús especializados para los conductores, así lo afirmó el Presidente de la Asociación Privada de Movilidad Tecnológica y Afines (Aprimotec), Luis Alfredo Román Salas, quien se presentó en audiencia ante los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Erick M. Jiménez Valverde erick.jimenez@asamblea.go.cr El servicio de transporte remunerado de personas por medio de plataformas digitales ha reactivado la economía costarricense, generando empleos indirectos y nuevos negocios como “lavacars”, llanteras, lubricentros y sodas que inclusive brindan menús especializados para los conductores, así lo afirmó el Presidente de la Asociación Privada de Movilidad Tecnológica y Afines (Aprimotec), Luis Alfredo Román Salas, quien se presentó en audiencia ante los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos. El jerarca de Aprimotec indicó que las plataformas tecnológicas han dinamizado la economía del país y le han brindado una estabilidad económica a muchos ciudadanos costarricenses, entre ellos, estudiantes universitarios, amas de casa y profesionales que estaban sin empleo. Por esta situación, reconoció que la organización que representa rechaza categóricamente los alcances del proyecto número 21.228, iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo que pretende regular las plataformas tecnológicas de transporte remunerado de personas. Román admitió que el Poder Ejecutivo desconoce la realidad tecnológica actual pero también las necesidades de las familias que dependen directamente de este servicio y criticó que nunca recibieron (por parte del Poder Ejecutivo) ninguna invitación para sentarse en la mesa de diálogo antes de enviar el proyecto al Congreso. El presidente de Aprimotec agregó que los montos de inscripción son desproporcionados y que el Fondo Nacional de Movilidad “solo serviría para financiar a una institución gubernamental (refiriéndose al Concejo de Transporte Público) que durante los años no ha hecho ningún tipo de mejora por sí misma”. Además acotó que una eventual salida del país de las plataformas de transporte elevaría en un 1,7% la tasa de desempleo en Costa Rica. Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos coinciden en que el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo carece de fundamentación técnica y de concertación entre los diferentes actores por lo que seguirán en proceso de audiencias para recolectar más información que permita la redacción de un texto sustitutivo más integral y consensuado entre las partes.
26/03/2019 15:39
 DAN LUZ VERDE A SEGUNDO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
El Segundo presupuesto extraordinario del ejercicio fiscal 2019  que desincorpora recursos por más de seis mil millones de colones y contempla el traslado de varias partidas, fue dictaminado afirmativamente por la Comisión de Asuntos Hacendarios
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Vera V. Solano Salazar vsolano@asamblea.go.cr El Segundo presupuesto extraordinario del ejercicio fiscal 2019 que desincorpora recursos por más de seis mil millones de colones y contempla el traslado de varias partidas, fue dictaminado afirmativamente por la Comisión de Asuntos Hacendarios En cuanto a la desincorporación de recursos de cinco proyectos que han finalizado su ejecución, por lo que el saldo resultante debe ser separado del presupuesto. Esos proyectos son: Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola, Programa de Turismo en Áreas Silvestres Protegidas, Primer Programa Red Vial Cantonal, Proyecto Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper y el Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II. En el presupuesto expresó el diputado Welmer Ramos Gonzáles de Acción Ciudadana, además, se incorporan recursos por siete mil 494 millones de colones producto del diferencial cambiario de créditos en ejecución que se utilizarán para financiar un aumento en los gastos de varias instituciones, entre ellas los ministerios de salud, educación y la Presidencia. Audio Welmer Ramos González, Diputado Acción Ciudadana La iniciativa también incluye la incorporación de modificaciones presupuestarias por más de 482 millones de colones para la atención de gastos de varias entidades. Algunas de las instituciones que solicitaron el traslado de partida son la Contraloría General de la Repúblicas, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Agricultura
26/03/2019 14:38
 LOS EXCESOS EN LAS HUELGAS LASTIMAN A LOS CIUDADANOS
El Ministro de Obras Públicas y Transportes, (MOPT), Rodolfo Méndez Mata, manifestó que los excesos en las huelgas, lejos de castigar al Gobernante, lastiman a los ciudadanos del país y debe de tener un límite.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Armando Alonso González aagonzalez@asamblea.go.cr El Ministro de Obras Públicas y Transportes, (MOPT), Rodolfo Méndez Mata, manifestó que los excesos en las huelgas, lejos de castigar al Gobernante, lastiman a los ciudadanos del país y debe de tener un límite. El jerarca de esa cartera, compareció esta noche, ante la Comisión Especial que estudia el proyecto de derecho a huelga, quien señaló además que ese tema es de suma importancia que debe de ser estudiado por la Asamblea Legislativa. “Las huelgas generales de origen político, desnaturalizan el derecho del trabajador y acercan peligrosamente la protesta laboral aun acto sedicioso y eso no es conveniente bajo ninguna circunstancia”, dijo Méndez. En este mismo sentido añadió que este tema amerita la atención de la Asamblea Legislativa, ya que los excesos en la huelga en el fondo van dirigidos a lastimar al ciudadano y eso debe de tener límites, “no es posible que haya exceso como los que hemos experimentado a lo largo de los años, quienes hemos servido en la función pública y vale la pena que ustedes lo estén atendiendo”, aseguró. Explicó que esta cartera está relacionada con servicios públicos como los órganos desconcentrados, el Consejo Técnico de Aviación Civil, el Consejo de Transporte Público, el Consejo Nacional de Vialidad, el Consejo de Seguridad Vial, y el Consejo Nacional de Concesiones. Así mismo cuenta con órganos descentralizados, como el Instituto de Ferrocarriles, el Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico, y la Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica, pues dijo, que estas instituciones brindan servicios algunos de los cuales tienen la naturaleza de servicios esenciales, por su vinculación con la vida y la seguridad de las personas. “Podríamos afirmar que el aspecto medular del proyecto de ley está referido al tratamiento del derecho de huelga en los denominados servicios públicos esenciales, cuya suspensión puede poner en riesgo la vida y la salud de las personas, así como la seguridad de los bienes públicos y privados y la soberanía nacional”, explicó el ministro. En el caso del MOPT, aseguró que se podría calificar como servicios públicos esenciales los siguientes: Los servicios que presta la policía de tránsito, en razón de su directa vinculación con la seguridad de las personas y con el ejercicio del derecho fundamental de libre tránsito. Además los servicios que prestan los controladores aéreos y todo el personal relacionado con la seguridad de los vuelos en el territorio nacional en razón con la directa vinculación entre la vida y la seguridad de las personas, que realizan dichos vuelos y el personal de tierra del Estado y otras dependencias. También los servicios que prestan los funcionarios de seguridad del aérea marítimo portuario por la directa vinculación que existe entre la vida y la seguridad de las personas a bordo de navíos y los servicios de tierra de esa dependencia, entre otros. DIPUTADOS ACUERDAN PERMITIR DOS ARMAS POR PERSONA. Por otro lado, los diputados aprobaron una moción en el Plenario Legislativo en la discusión del proyecto de Ley de Armas y Explosivos, donde se regula quienes pueden portar un arma así como se redujo la cantidad de ellas de tres a dos armas por personas. La enmienda aprobada en el texto en discusión fue presentada por el diputado José María Villalta y establece que las personas físicas únicamente podrán inscribir dos armas de fuego para ser utilizadas en su seguridad personal, la de su familia y su patrimonio. El proyecto continuará su discusión en su trámite de primer debate.
25/03/2019 19:24
 DICTAMINAN PROYECTO PARA MODIFICAR RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS
Los diputados de la Comisión Especial que se encarga de conocer y dictaminar proyectos de ley para lograr la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), dictaminó positivamente el proyecto 21.200, iniciativa que busca reformar el régimen de zonas francas para establecer un plan de acción que permita luchar contra la erosión de la base imponible de traslado de beneficios (BEPS).
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Erick M. Jiménez Valverde erick.jimenez@asamblea.go.cr Los diputados de la Comisión Especial que se encarga de conocer y dictaminar proyectos de ley para lograr la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), dictaminó positivamente el proyecto 21.200, iniciativa que busca reformar el régimen de zonas francas para establecer un plan de acción que permita luchar contra la erosión de la base imponible de traslado de beneficios (BEPS). El traslado de beneficios es la transferencia de las ganancias de un negocio que está bajo la jurisdicción tributaria de un determinado país a otra jurisdicción menos rígida y con menos fiscalización tributaria, lo que provoca que la base imponible en el país se vea afectada. Por su parte, la base imponible es el establecimiento de la cuota tributaria que cada persona física y jurídica debe cancelarle al Estado, calculada según el nivel de sus ganancias. Si la base imponible es afectada por reportes erróneos en las ganancias de una empresa, menor será el nivel de ingresos que perciba el país por concepto de impuestos. Por lo tanto, de aprobarse este proyecto de ley, las empresas de Zonas Francas serán más controladas en cuanto al reporte de sus ganancias y los tributos se cobrarán de acuerdo al estándar de no estanqueidad (no se llevarán a cabo valoraciones distintas para cada tributo), eliminando toda sujeción a resultados de exportaciones y restricciones a ventas en el mercado local. Asimismo se crea el Índice de Elegibilidad Estratégica para Empresas de Servicios (IEES), como un requisito fundamental para que una empresa de servicios pueda ingresar en el régimen de zonas francas, estableciendo los criterios y parámetros para evaluar que las actividades económicas de dicha empresa cumplan con los estándares operativos que establece el régimen. El proyecto de ley cumplió con su primer filtro y ahora se presentará al Plenario para su análisis y posterior aprobación o rechazo. La diputada y Presidente del Directorio Político del Congreso, Carolina Hidalgo Herrera del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC) se mostró complacida por el dictamen de este proyecto y destacó que la comisión trabaja arduamente y de forma rápida en el análisis de estos proyectos requeridos para el ingreso del país a la OCDE. Este proyecto de ley es unas de las iniciativas requeridas para que Costa Rica pueda ingresar a la OCDE, que es un organismo de cooperación internacional, compuesto por 37 estados, cuyo objetivo es coordinar políticas y buenas prácticas económicas y sociales para sus estados miembro.
25/03/2019 16:34
 MOPT Y JAPDEVA SE CONTRADICEN POR DECARGA EN TIPO DE CONTENEDORES
Continuando con el proceso de audiencias en la Comisión Especial de la Provincia de Limón, que estudia la situación de dicha provincia,  se recibió en audiencia a Rodolfo Méndez Mata, Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y a Greivin Villegas, Presidente Ejecutivo de la Junta de Administración Portuaria de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), para que se refirieran a la situación administrativa y legal de Japdeva como autoridad portuaria y el rol de la rectoría del Mopt, con el objetivo de conocer las responsabilidades y otras acciones de cada uno, de cara a la ejecución del contrato de la Terminal de contenedores de Moín, en especial al diferendo sobre la llegada de buques a la terminal APM.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Irene Rodriguez Mena irodriguez@asamblea.go.cr Continuando con el proceso de audiencias en la Comisión Especial de la Provincia de Limón, que estudia la situación de dicha provincia, se recibió en audiencia a Rodolfo Méndez Mata, Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y a Greivin Villegas, Presidente Ejecutivo de la Junta de Administración Portuaria de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), para que se refirieran a la situación administrativa y legal de Japdeva como autoridad portuaria y el rol de la rectoría del Mopt, con el objetivo de conocer las responsabilidades y otras acciones de cada uno, de cara a la ejecución del contrato de la Terminal de contenedores de Moín, en especial al diferendo sobre la llegada de buques a la terminal APM. El ministro inicio enfatizando que las acciones debieron tomarse previamente a la puesta en operación APM Terminals, lo cual es la forma de mitigar las discrepancias que se generan actualmente. Fue claro en indicar que existen dos interrogantes, una sobre la potestad que tiene el Mopt y la otra sobre la carga marítima que ingresa al puerto de Moín y su regulación. A lo cual, manifestó que el Mopt es una entidad competente para normar todo lo referente al control y regulación de los puertos, en su ley está conferida y según la respuesta brindada por la Procuraduría General de la República ante consulta realizada, por esta situación, la cual además es vinculante, razón por la cual el Ministerio puede decidir sobre el trato que recibe cada barco que ingresa al país por ser el órgano rector. Por su parte, Greivin Villegas, Presidente Ejecutivo de Japdeva, contradice la postura del Ministro Méndez Mata, al indicar que mediante la Ley de Creación de Japdeva, la misma contiene en su espíritu que nace como autoridad portuaria, cuya naturaleza jurídica se circunscribe a regular y ejecutar todo lo referente a la actividad portuaria comercial, se entiende sobre Puerto Moín porque Puerto Limón está destinado a la actividad portuaria con fines turísticos. Adujo además que el Mopt es un ente que actúa como rector cuya función es articular en el sector público las competencias de políticas públicas que se le confieren a la obra pública, es decir la actividad específica portuaria como tal solo le corresponde a su representada Japdeva. Es importante manifestar que la discrepancia entre los representantes de las instituciones obedece a que según las clausula del contrato de operación de APM Terminals, este solo puede recibir buques que contengan contenedores de la especificidad “Cellular Fuller” y no todo tipo de carga como el Mopt lo está avalando, lo cual contrapones y contradice el origen de Japdeva y su actividad portuaria. Para el Diputado Eduardo Cruickshank de Restauración Nacional, el Ministro debe echar atrás y no permitir que APM Terminals reciba buques que no corresponden a la especificidad cellular fuller, ya que es una labor que corresponde Japdeva, concluyo que no ve voluntad ni decisión política para terminar con esta situación.
25/03/2019 16:34
 DIPUTADOS REFORMAN LEY DE ARMAS Y EXPLOSIVOS
Con 38 votos a favor, los diputados aprobaron esta tarde en su trámite de primer debate el expediente 20508, Reforma Parcial de Ley de Armas y Explosivos 7530 y sus reformas, del 10 de julio de 1995, artículos 3, 25, 34, 88 y 89 y adición de los artículos 88 bis, 88 ter y de un nuevo transitorio.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Armando Alonso González aagonzalaez@asamblea.go.cr Con 38 votos a favor, los diputados aprobaron esta tarde en su trámite de primer debate el expediente 20508, Reforma Parcial de Ley de Armas y Explosivos 7530 y sus reformas, del 10 de julio de 1995, artículos 3, 25, 34, 88 y 89 y adición de los artículos 88 bis, 88 ter y de un nuevo transitorio. El plan establece una pena privativa de libertad de dos hasta cuatro años de prisión a quien porte un arma de fuego permitida, debidamente inscrita, pero sin contar con el debido permiso. Si el arma no está inscrita o la portación se realiza dentro de alguno de los supuestos de delincuencia organizada o asociación ilícita, la pena se incrementará un tercio. Sin embargo, cuando la persona porte un arma de fuego permitida, debidamente inscrita, pero el permiso se encuentre vencido, no se aplicarán las penas descritas en el párrafo anterior, sino que será sancionada con una multa de un salario base, según la definición de este dada en el artículo 2 de la Ley N.°7337, de 5 de mayo de 1993. En caso de reincidencia, dentro del plazo de seis meses contados a partir del primer acto, la multa se duplicará. Todo titular, de un arma de fuego, sea persona física o jurídica está en la obligación de denunciar ante el Organismo de Investigación Judicial y ante el Departamento de Control de Armas y Explosivos las sustracciones de armas de fuego, así mismo reportar ante el Departamento de Control de Armas y Explosivos, la pérdida o extravío de sus armas. La denuncia o el reporte deberán efectuarse en un plazo perentorio de cinco días hábiles a partir del momento en que se tuvo conocimiento del hecho. En caso de que se recupere la posesión del bien, el hecho deberá ser igualmente reportado. También se impondrá pena de diez a sesenta días multa a quien omita denunciar o reportar la perdida, extravío o sustracción de un arma de fuego. El proyecto sancionará con pena privativa de libertad de tres hasta cinco años de prisión a quien mantenga bajo su posesión, en forma ilegítima, un arma de fuego permitida, que no se encuentre debidamente inscrita ante el Departamento de Control de Armas y Explosivos a su nombre o a nombre de una persona jurídica que le autorice su portación, tenencia y/o uso. Así mismo, se impondrá una pena privativa de libertad de cuatro a ocho años, a quien posea, adquiera, comercialice, transporte, almacene, introduzca al territorio nacional, nacionalice, exporte, oculte, fabrique, ensamble, transforme, ejerza labores de corretaje nacional o internacional o utilice, armas prohibidas por esta Ley, sus partes y componentes. El diputado José Maria Villalta Flores-Estrada, del Frente Amplio manifestó que voto a favor dicho proyecto de ley, pues se trata de una reforma importante y ambiciosa, pues dijo que se ha logrado avanzar en la reforma de las armas. Este proyecto no es solo para regular las armas, sino también se está abordando la problemática de la tenencia ilegal, “esto es un avance sustantivo, es una conducta mucho más grave y está ligado a crímenes mucho más grave, este proyecto es un avance” dijo Villalta. Por su parte, el diputado Gustavo Viales Villegas del PLN, señalo que pasaron 24 años para traer acá un proyecto de ley de reforma a la ley de armas, necesario para el país, así mismo dijo no se puede entender como la Asamblea Legislativa duro tanto habiendo tantos crímenes en el país. Viales añadió que la ciudadanía está esperando que se le den las armas necesarias para aumentar las penas a las personas que tienen armas ilegales y para combatir el narcotráfico, “la ciudadanía espera responsabilidad y es lo que nosotros estamos aplicando, nunca más las penas serán ridículas en la ilegalidad de armas”, sostuvo. El legislador Víctor Morales Mora señaló que para la fracción del PAC y el Gobierno de la República, los contenidos de este proyecto, cuenta con el apoyo para este proyecto, “este proyecto lo conocemos y lo discutimos porque para el presidente y el Ministro de Seguridad querían que se conociera y lo vamos a votar favorablemente”, dijo El diputado Harllan Hoepelman Páez manifestó que, este tema es muy sensible y para los costarricenses no es fácil, pues está seguro que con la reforma se logró avanzar, y espera que este Gobierno tome en serio la entrada de armas por las fronteras.
21/03/2019 19:03
 EX PRESIDENTE DEL ICE PLANTEA ESCENARIO FINANCIERO DISTINTO AL EXPUESTO POR ÓRGANOS CONTRALORES
Después de que la Contraloría General de la República (CGR) y la Auditoría Interna del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) le confirmaran a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público que la institución estaba en riesgo de sostenibilidad por malas decisiones financieras, el ex presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón Quesada afirmó que éstas son informaciones inexactas y que el ICE continúa siendo la empresa de energía más “grande y sólida” de Centroamérica.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Erick M. Jiménez Valverde erick.jimenez@asamblea.go.cr Después de que la Contraloría General de la República (CGR) y la Auditoría Interna del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) le confirmaran a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público que la institución estaba en riesgo de sostenibilidad por malas decisiones financieras, el ex presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón Quesada afirmó que éstas son informaciones inexactas y que el ICE continúa siendo la empresa de energía más “grande y sólida” de Centroamérica. Obregón que lideró al ICE durante el periodo 2014-2018, afirmó en audiencia con los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, que durante su gestión se tomaron las decisiones financieras acertadas que permitieron entre otras cosas la optimización del gasto, el control de inversiones, la generación de nuevos negocios y la aplicación de estrategias para mejorar la salud financiera de la institución a largo plazo. Obregón precisó que en su gestión, se dieron reducciones del 8% en tarifas eléctricas y un ahorro de más de 5 mil millones de colones en alquileres, además admitió que se fortalecieron los negocios de las subsidiarias del ICE: Radiográfica Costarricense (RACSA), Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y Cable Visión, a pesar de que esta última no ha tenido el resultado financiero esperado según la Contraloría General de la República. Obregón también confirmó que parte de las informaciones inexactas que circulan en los medios es que el nivel de endeudamiento fue excesivo, a lo cual, el ex presidente ejecutivo confirma que el nivel de endeudamiento del 41,5% es completamente razonable para una empresa de generación eléctrica estable y competitiva. También negó que la empresa estatal sufra de una crisis financiera y defendió que el déficit reportado en el 2017 fue producto de la variación en el tipo de cambio pero aseguró que los gastos nunca superaron a los ingresos. “El ICE tuvo en el año 2017, un déficit neto de 51.706 millones de colones que es producto en un 97% de la variación del tipo de cambio por un monto de 49 955 millones de colones, este monto debe incluirse en el estado de resultados por norma contable pero no representa ninguna salida en efectivo, la diferencia entre ambos montos que es de 1751 millones de colones es una cantidad relativamente pequeña que no afecta la estabilidad financiera ni las tarifas y se cubre por lo remanentes de caja del sector electricidad”, acotó Obregón. La diputada Yorleni León Trejos del Partido Liberación Nacional (PLN), le cuestionó a Obregón porque plantea que el ICE no está en números rojos cuando indica claramente que hay un déficit neto en el 2017 y este monto representa la evaluación final que se realiza en todo estado de resultados por lo tanto considera que sus apreciaciones son “inexactas”. Por su parte, el diputado Otto Roberto Vargas Víquez del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), reconoció que “esta ha sido una de las sesiones más complicadas”, porque el ex jerarca brindó otro panorama de la situación del ICE, el cual es muy “dudoso” ya que los informes de los entes contralores indican claramente que la empresa estatal está inmersa en una crisis financiera. “El señor (refiriéndose a Obregón), eludió toda responsabilidad pero no nos dio los nombres de las personas que él considera son las culpables, este es un tema muy complicado pero yo tengo claro que el señor expresidente incurrió en graves decisiones que afectaron a la institución”, acotó el legislador. Finalmente tanto la diputada Paola Vega Rodríguez del Partido Acción Ciudadana (PAC), como el diputado independiente Jonathan Prendas Rodríguez, presidente de la Comisión, reconocieron que la información presentada es completamente diferente a lo expuesto por la CGR y la Auditoría Interna del ICE, por lo que recomiendan seguir con la investigación hasta llegar a determinar quiénes son los responsables de lo que ellos consideran la peor crisis que ha vivido el ICE desde su fundación.
21/03/2019 16:48
 TAXISTAS ESTARÍAN DISPUESTOS A CEDER EL 30% DEL MERCADO A PLATAFORMAS DIGITALES DE TRANSPORTE
Hay que “afincar” a las plataformas tecnológicas para que se ajusten a la normativa del servicio de transporte público costarricense, así de contundente es la posición de la Fuerza Roja Sindical (Furosin) respecto al proyecto de ley número 21.228 que pretende regular el servicio de transporte remunerado de personas que brindan plataformas tecnológicas como Uber, BeeGo, entre otras.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Erick M. Jiménez Valverde erick.jimenez@asamblea.go.cr Hay que “afincar” a las plataformas tecnológicas para que se ajusten a la normativa del servicio de transporte público costarricense, así de contundente es la posición de la Fuerza Roja Sindical (Furosin) respecto al proyecto de ley número 21.228 que pretende regular el servicio de transporte remunerado de personas que brindan plataformas tecnológicas como Uber, BeeGo, entre otras. La comisión de Asuntos Económicos recibió en audiencia al secretario general de Furosin, Randall Jiménez Leitón, quien además de confirmar esta posición, admitió que ellos estarían dispuestos a aceptar que el Gobierno asigne el 30% de permisos para la participación de las plataformas en el transporte remunerado de personas, siempre y cuando los vehículos estén debidamente rotulados y tengan una base de operación por provincia. “El mercado del transporte público es finito y se debe limitar, solamente caben una cantidad de prestatarios para garantizar la salud financiera de todos”, agregó Jiménez. Asimismo indicó que el servicio debe regularse bajo los principios del servicio público para garantizar una tarifa estable, una cobertura nacional tanto en lo urbano como en lo rural y un respeto a la ley 7600. “Estas plataformas fluctúan la tarifa de acuerdo a la demanda, además debe quedar claro que no es un plataforma es una empresa de transporte. Es un negocio que lucra con un 30 por ciento de la comisión del conductor y se lleva ese dinero fuera del país. Este es un negocio millonario y estamos aquí para denunciarlo”, aseveró el dirigente de los taxistas. Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos también recibieron en audiencia al representante de la Cámara de Servicio Especial Estable de Taxi (Seetaxi), Danny Rodríguez Rodríguez, quien afirmó que su representada está totalmente en contra del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo y que abogan por una regulación justa en donde todos los servicios puedan coexistir. Seetaxi es la organización que agrupa a los llamados porteadores que brindan el servicio remunerado de personas en varias zonas del país. El dirigente afirmó que no es posible que el servicio de plataformas tecnológicas sea considerado como un servicio público y clamó ante la Comisión de Asuntos Económicos para que encuentren a la brevedad posible la figura idónea que permita diferenciar un servicio de otro. “Yo espero que esta comisión deje sentada la diferencia entre servicio público y privado, que no se nos quiera taxificar, ambas figuras pueden coexistir, el usuario es quien debe elegir”, recalcó Rodríguez. El diputado Daniel Ulate Valenciano del Partido Liberación Nacional (PLN) indicó que cada audiencia que recibe la comisión es sumamente valiosa para poder confeccionar un proyecto más “acorde y equilibrado” con todos los sectores. Para el legislador, el proyecto del Poder Ejecutivo no cuenta con el apoyo de todos los sectores por lo que su rechazo está casi asegurado. Por su parte, la diputada Paola Vega Rodríguez del Partido Acción Ciudadana (PAC), secundó las palabras de su compañero de comisión y expresó que a nivel de Poder Ejecutivo “faltó afinar el diálogo entre las partes”. “Nos han enviado un proyecto que no necesariamente contaba con un consenso entre los sectores involucrados, ahora como Asamblea nos va a tocar precisar sobre estas diferencias de forma tal que podamos tener un producto ojalá satisfactorio para todos los actores”, precisó la diputada oficialista. De igual forma indicó, que el nuevo texto debe ser claro en cuanto a la relación obrero patronal entre el conductor y la empresa o plataforma tecnológica, así como garantizar que no se precarice el trabajo, regulando que se cumplan todas las disposiciones de la legislación laboral costarricense.
20/03/2019 16:26
 HACIENDA JUSTIFICA TRÁMITE DE SEGUNDO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
La desincorporación de recursos así como el traslado de partidas incluidas en el segundo presupuesto extraordinario fueron   explicados por Rodolfo Cordero, Viceministro de Egresos Ministerio de Hacienda a la Comisión de Asuntos Hacendarios donde se tramita el proyecto bajo el expediente 21.302. 
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Vera V. Solano Salazar vsolano@asamblea.go.cr La desincorporación de recursos así como el traslado de partidas incluidas en el segundo presupuesto extraordinario fueron explicados por Rodolfo Cordero, Viceministro de Egresos Ministerio de Hacienda a la Comisión de Asuntos Hacendarios donde se tramita el proyecto bajo el expediente 21.302. En cuanto a la desincorporación se trata de más de seis mil 588 millones de colones correspondientes a cinco proyectos que han finalizado su ejecución, por lo que el saldo resultante debe ser desincorporado del presupuesto. Esos proyectos son: Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola, Programa de Turismo en Áreas Silvestres Protegidas, Primer Programa Red Vial Cantonal, Proyecto Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper y el Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II. En el presupuesto además se incorporan recursos por siete mil 494 millones de colones producto del diferencial cambiario de créditos en ejecución que se utilizarán para financiar un aumento en los gastos de varias instituciones, entre ellas los ministerios de salud, educación y la Presidencia. El proyecto también incluye la incorporación de modificaciones presupuestarias por más de 482 millones de colones para la atención de gastos de varias entidades. Algunas de las instituciones que solicitaron el traslado de partida son la Contraloría General de la Repúblicas, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Agricultura
20/03/2019 16:25
 DEFICIENCIA EN CUERPO NORMATIVO LABORAL GENERA CONSECUENCIAS NEGATIVAS EN HUELGAS
Continuando con el proceso de audiencias en la Comisión Especial que regula las huelgas mediante el expediente N°21193,  se encuentra en discusión el expediente Nº 21049. Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, se recibió para que comparezca y emita criterio a Arturo Rosabal Arce representante de la Cámara de Comercio de Costa Rica.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Irene Rodriguez Mena irodriguez@asamblea.go.cr Continuando con el proceso de audiencias en la Comisión Especial que regula las huelgas mediante el expediente N°21193, se encuentra en discusión el expediente Nº 21049. Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, se recibió para que comparezca y emita criterio a Arturo Rosabal Arce representante de la Cámara de Comercio de Costa Rica. El compareciente inicio citando lo que el artículo 61 de la Constitución Política de Costa Rica indica, el cual tutela el derecho a huelga, sin embargo de la misma lectura se desprende que desde 1949, es el legislador quien regula este derecho. Razón de lo anterior, el derecho a huelga no debe ser irrestricto, por ello el interés particular de los huelguistas no debe nunca causar un detrimento a los usuarios de los servicios públicos, es decir su derecho no debe estar nunca por encima del interés nacional. La pasada huelga que el país sufrió dejo evidencia una deficiencia en el cuerpo normativo laboral que pudiera hacerle frente a una manifestación de tal magnitud, lo que se prestó para abusos injustificados y el movimiento significo un escenario poco agradable para los costarricenses ante la ausencia de un cuerpo normativo. La Cámara de Comercio de Costa Rica es consciente de la necesidad de regular las huelgas bajo un marco jurídico en el cual quede especificado los derechos esenciales. Arturo Rosabal Arce Por otra parte, también rindió criterio Laura Bonilla Coto, Cámara de Exportadores de Costa Rica, al igual que sus antecesores coincidieron en la necesidad de regular el derecho a huelga y este proyecto lo consideran magnifico ya que debe quedar claro los derechos de los involucrados, ya que además tienen claridad que a futuro se pueden seguir presentando huelgas.
20/03/2019 16:25
 SERVICIO DE TRANSPORTE POR MEDIO DE PLATAFORMAS DIGITALES NO PUEDE CONSIDERARSE SERVICIO PÚBLICO
Regular el servicio de transporte remunerado de personas por medio de plataformas digitales sigue siendo tema de discusión para los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, quienes recibieron en audiencia la tarde de este martes 19 de marzo al Presidente de la Cámara Nacional de Conductores Privados de Plataformas Tecnológicas, César Blasco López y al Representante de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio AmCham, Elías Soley Gutiérrez.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Erick M. Jiménez Valverde erick.jimenez@asamblea.go.cr Regular el servicio de transporte remunerado de personas por medio de plataformas digitales sigue siendo tema de discusión para los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, quienes recibieron en audiencia la tarde de este martes 19 de marzo al Presidente de la Cámara Nacional de Conductores Privados de Plataformas Tecnológicas, César Blasco López y al Representante de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio AmCham, Elías Soley Gutiérrez. El Presidente de la Cámara Nacional de Conductores Privados de Plataformas Tecnológicas, César Blasco, afirmó que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, carece de bases técnicas y no muestra la realidad de los nuevos modelos de negocio presentes en el mercado, donde la tecnología juega un papel importante. Por eso considera que a este proyecto “solo se le puede salvar el título y las firmas porque intenta encajonar este servicio (de plataforma digital) en una regulación enredada y desactualizada”. El jerarca afirmó que son muchas las familias que dependen de los miles de empleos que estas plataformas han venido a crear y por lo tanto consideran necesaria una regulación que esté acorde a la realidad de un servicio privado y no confundirlo con las características de un servicio público. “Los conductores y plataformas merecen seguridad jurídica, pero tienen que ser abiertos y rápidos para sacar el proyecto adelante con la premisa de que no somos transporte público y que no queremos convertirnos en transporte público” agregó Blasco. Por su parte el Representante de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio AmCham, Elías Soley Gutiérrez, expresó que la regulación de este servicio representa un desafío que plantea la cuarta generación de la revolución industrial que “nos cambia los formatos de hacer negocio y ahí es donde el Estado debe responder con soluciones creativas para incentivar el desarrollo de nuevas empresas y regular con base en las condiciones propias de cada servicio” Para Soley, el promover un entorno regulatorio moderno garantiza que ambos servicios puedan coexistir y por eso invita a los legisladores a rechazar el proyecto planteado por el Poder Ejecutivo y crear uno acorde al modelo de negocio tecnológico que plantean las plataformas; aprovechó para afirmar categóricamente que el servicio no puede equipararse de ninguna forma con el servicio público tradicional. “Si el Estado no responde de forma rápida y equitativa a las realidades de los nuevos negocios vamos a estar comprometiendo el futuro digital de Costa Rica”, acotó el representante de AmCham. El diputado Roberto Thompson Chacón del Partido Liberación Nacional (PLN), aprovechó el espacio para consultarle al Presidente de la Cámara Nacional de Conductores Privados de Plataformas Tecnológicas, César Blasco, si había recibido alguna solicitud por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), ya que el Ministro afirmó en una audiencia anterior que el proyecto no contaba con respaldo de información porque las plataformas se negaron a entregarla. El representante gremial niega rotundamente que el MOPT haya solicitado información e inclusive indica que nunca recibieron del Ministro la anuencia para poder conversar. “A nosotros nunca nos llegó ninguna solicitud de información ni se nos quiso escuchar” expresó Blasco. La diputada Paola Vega Rodríguez del Partido Acción Ciudadana (PAC) reconoció que el proyecto cuenta con muchas carencias y que debe revisarse para plantear un nuevo texto más integral pero sí reconoció que el país no puede caer en una guerra entre plataformas tecnológicas y taxistas, por lo que considera que el Estado debe intervenir y regular. “Hay que respetar la trayectoria de que el Estado intervenga en la regulación de un servicio dirigido a los ciudadanos” agregó la diputada oficialista. La diputada consultó a ambos comparecientes si estarían de acuerdo en que el proyecto establezca una relación obrero patronal entre conductores y plataformas, a lo que afirman que no consideran que exista una relación de trabajo ya que la plataforma es un espacio para que el conductor genere beneficios adicionales. El proyecto de ley número 21.228 fue presentado por el Poder Ejecutivo y contempla la regulación de las plataformas tecnológicas que brindan servicio de transporte remunerado de personas, bajo las mismas condiciones del servicio público tradicional, entendido para este proyecto, como el servicio que brindan los taxis convencionales, quienes gozan de la concesión del Estado.
19/03/2019 16:02
 REFORMA MIGRATORIA DEBE SANCIONAR CON MULTAS REALES INCUMPLIMIENTO DE LA LEY
La Comisión Permanente de Gobierno y Administración, recibió en audiencia a Raquel Vargas Jaubert, Directora, Dirección General de Migración y Extranjería, para que se refiera al expediente Nº 20429. Reforma de los artículos  33,78, 80, 91,164 y 170 de la Ley General de Migración y Extranjería.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Irene Rodriguez Mena irodriguez@asamblea.go.cr La Comisión Permanente de Gobierno y Administración, recibió en audiencia a Raquel Vargas Jaubert, Directora, Dirección General de Migración y Extranjería, para que se refiera al expediente Nº 20429. Reforma de los artículos 33,78, 80, 91,164 y 170 de la Ley General de Migración y Extranjería. La directora Vargas Jaubert hizo referencia a las principales modificaciones que el texto presenta, entra las cuales la relacionado con el tope impedimento, que actualmente regula el artículo 33, solicitan no debe ser mayor al de la sanción más gravosas que existe en la legislación actual y que no sobrepase los 5 años. Por otra parte, el pago por fracción de mes, actualmente la multa la pagan las personas que entran con estatus no residente o aquellos regularizaron su permanencia bajo condiciones especiales, la multa no debe ir dirigida a ellos sino a quienes ingresaron en condición irregular, ya que actualmente existe una multa por no renovar la condición migratoria. El texto en su redacción del articulado no aclara en el artículo 33 a cuáles pagos se refiere, en lo que a multas corresponde, por consiguiente se deduce que son los artículos 4 y 5 pero no dice nada del inciso 3, lo cual debe aclararse. Tampoco la norma no deja claro que la multa es para las personas que ingresaron al país como no residentes, es decir turistas que se quedaron como residentes aun cuando se les venció el plazo. La actual ley es de 2010 sin embargo el cobro de la multa se ha postergado por parte del ejecutivo mediante diversos decretos, sin embargo cuando entre en vigencia deberá hacerse efectivo el cobro desde la vigencia de la ley. Por consiguiente, lo más prudente es que la multa se aplique a futuro a partir de esta reforma de lo contrario se entraría en un movimiento migratorio que creara mayor ilegalidad. Actualmente el artículo 91 permite a los extranjeros que residen irregularmente pagar una multa de 100 dólares por mes de permanencia irregular lo que es contrario al artículo 69 de la ley de migración, por lo que considera debe ser modificado. El texto actual deja por fuera el transitorio que pretende condonar la multa desde el año 2010 (año de vigencia de la actual ley de migración) hasta la fecha. Con la propuesta actual de reforma a los artículos 78 y 80 solo exige pago de seguridad social a quienes trabajen, dejando por fuera a todos los demás estatus migratorios, como rentistas, pensionados, conyugues, entre otros, por lo que consideran fundamental que todos deben pagar a la Cajas Costarricense del Seguro Social La compareciente fue muy enfática en manifestar que migración requiere una ley robustecida, precisa, que se cumpla y que además permita regular de una forma efectiva el ingreso de extranjeros a Costa Rica.
19/03/2019 16:01
 CCSS TIENE COMO PRIORIDAD ELIMINAR EL MERCURIO EN ABANGARES
Roman Macaya Hayes, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), manifestó que la institución tiene como unas de las prioridades eliminar el mercurio, en el cantón de Abangares, para evitar intoxicaciones y riesgos mayores en la utilización del mismo.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Armando Alonso González aagonzalez@asamblea.go.cr Roman Macaya Hayes, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), manifestó que la institución tiene como unas de las prioridades eliminar el mercurio, en el cantón de Abangares, para evitar intoxicaciones y riesgos mayores en la utilización del mismo. El jerarca de esta cartera, compareció esta mañana ante la Comisión Especial investigadora de la Provincia de Guanacaste, para referirse al tema de la exposición al mercurio, especialmente en el cantón de Abangares. “El mercurio es un tema muy importante, es un elemento que definitivamente puede causar intoxicaciones, la caja lo considera una prioridad, eliminar su uso, tan así que en la caja ya no se usa mercurio ni en amalgamas ni en equipos de todo tipo”, dijo el jerarca. En cuanto a Abangares y la extracción del oro se han hecho revisiones de las estadísticas que se generan en el área de salud y ver que se nota y las estadísticas nacionales y analizar si hay algún problema que llame la atención en el tema de Abangares. En este sentido señaló que según un estudio de intoxicaciones de mercurio por cualquier causa, realizado en el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones del Hospital de Niños, entre el año 2011 y 2016, se registraron 152 intoxicaciones por mercurio, donde la gran mayoría de ellas son por accidentales y muchos de ellos en niños. “El 87% se cataloga como accidental y de las otras causas, 1% error por medicación 2% tentativa de suicidio, 3% ambiental, 3% mal uso, 4% ocupacional. Si vemos por ejemplo la distribución por género, hombre y mujer es lo mismo, 77 de esas intoxicaciones fueron en hombres, y 75 fueron el mujeres”, dijo Macaya. Así mismo detalló que la investigación señala que los lugares donde están ocurriendo esas intoxicaciones, el lugar número 1 es el cantón de Cartago con 9.2%, de esas 152 intoxicaciones, el 8,6% fue en San José, con 13 de los 152 y en Abangares el porcentaje de las intoxicaciones totales detectadas por la institución fue de 4 intoxicaciones en Abangares en esos años. “Esto no quiere decir que le quitemos la mira a Abangares, simplemente señalar que la mayoría de intoxicaciones que vemos en el país por mercurio, son accidentales, tienden a ser en niños, y la gran mayoría se dan afuera de Abangares”, explicó el jerarca.
19/03/2019 11:16
 CONARE DEFIENDEN FONDOS DEL FEES
Eduardo Sibaja Director Ejecutivo del CONARE, llegó a desmentir ante los legisladores que la educación superior no se programa y no se realizan evaluaciones, estos señalamientos los refutó ante los diputados que conforman la Comisión Especial que analiza los presupuestos de las Universidades Estatales y explicó que estos planes se avalúan con más de 100 metas y que con estos datos se establecen los presupuestos que se requieren.
Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo Esteban Rojas Sáurez Esteban.rojas@asamblea.go.cr Eduardo Sibaja Director Ejecutivo del CONARE, llegó a desmentir ante los legisladores que la educación superior no se programa y no se realizan evaluaciones, estos señalamientos los refutó ante los diputados que conforman la Comisión Especial que analiza los presupuestos de las Universidades Estatales y explicó que estos planes se avalúan con más de 100 metas y que con estos datos se establecen los presupuestos que se requieren. Indicó, además, que las universidades reciben un 18 por ciento del presupuesto de educación del país y “no es verdad que esto se de en detrimento de la educación primaria y secundaria”. Para el Director Ejecutivo la forma de financiar el FEES es una decisión del Ministerio de Hacienda y por esto no es verdad que los fondos de las Universidades Públicas se financien con deuda. Aseguró que no es cierto que se excluya a los más pobres, más bien se incrementó la cantidad de estudiantes de bajos recursos. “La educación pública pretende ser más inclusiva”. El diputado presidente de la Comisión, Wagner Jiménez Zúñiga comentó que las Universidades Estatales tienen un total 124 mil millones colocados en títulos valores y en intereses 14 mil millones de colones y criticó la inversión en las sedes regionales. El rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen Pennington dijo que los últimos 7 años han incrementado en un 50 por ciento la inversión en las sedes regionales de la Universidad de Costa Rica. Marcelo Prieto, Rector de la UTN mencionó que todas las instituciones públicas “tenemos que dar el mayor rendimiento”. El FEES como fondo no existe es la suma de los presupuestos de las Universidades explicó Jensen. Por su parte, el legislador independiente Erick Rodríguez Steller criticó las declaraciones de los rectores relacionadas con el tema de salarios y consultó si las universidades están dispuestas en la Ley de Empleo Público. Prieto insistió en la autonomía universitaria.
19/03/2019 7:53
 CIERRAN BRECHA SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES
Con el voto favorable de 46 legisladores se le dio esta tarde segundo debate al expediente N° 20389, Ley de promoción de la igualdad social de la mujer, que establece que las mujeres gozarán de igualdad salarial, tanto en el sector privado como en el sector público, por un trabajo de igual valor sea que se trata de puestos diferentes de igual valor como cuando se trate de un mismo puesto o en funciones similares y bajo un mismo patrono, con excepción de las trabajadoras domésticas remuneradas que laboran para varias patronas no siendo consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad.
Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo Esteban Rojas Sáurez Esteban.rojas@asamblea.go.cr Con el voto favorable de 46 legisladores se le dio esta tarde segundo debate al expediente N° 20389, Ley de promoción de la igualdad social de la mujer, que establece que las mujeres gozarán de igualdad salarial, tanto en el sector privado como en el sector público, por un trabajo de igual valor sea que se trata de puestos diferentes de igual valor como cuando se trate de un mismo puesto o en funciones similares y bajo un mismo patrono, con excepción de las trabajadoras domésticas remuneradas que laboran para varias patronas no siendo consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad. “Un hombre y una mujer por un trabajo igual deben ganar lo mismo, porque en este país la pobreza tiene rostro de mujer, porque en muchos casos no se les contrata por el simple hecho de ser mujer”, manifestó la legisladora del Partido Acción Ciudadana, Paola Vega Rodríguez. Por su parte, el diputado del Frente Amplio José María Villalta Flores-Estrada se mostró satisfecho por la aprobación de esta iniciativa, que es la primera que sale de la Comisión Especial de la Mujer, “se plasma en la Constitución como parte de las garantías sociales. Es letra muerta en Costa Rica que, a igual trabajo, igual salario”. La propuesta de ley crea la Comisión de Igualdad Salarial entre mujeres y hombres en el sector público y privado. Esta Comisión deberá sesionar al menos dos veces al año y será la encargada de gestionar y velar porque el INEC incorpore el indicador de igualdad salarial en los estudios que corresponda y que profundice sobre las variables que influyen en el ingreso monetario de las personas (por sexo, sector, zona, edad, horas trabajadas, anualidades) para identificar en su complejidad el comportamiento de las diferencias salariales por sexo. La legisladora del Partido Unidad Social Cristiana, Shirley Díaz Mejía indicó que este es un avance fundamental en la equiparación entre mujeres y hombre, “es clave para cerrar brechas”.
18/03/2019 19:21
 EMPRESAS QUE COMENTAN COHECHO Y SOBORNO INTERNACIONAL DEBERÁN SER CASTIGADAS PENALMENTE
La corrupción internacional es una realidad y debe responsabilizarse a quienes cometan delitos relacionados con cohecho y soborno trasnacional, no obstante debe llegarse a un consenso para que la legislación este acorde a los parámetros constitucionales y a las realidades jurídicas del país.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Erick M. Jiménez Valverde erick.jimenez@asamblea.go.cr La corrupción internacional es una realidad y debe responsabilizarse a quienes cometan delitos relacionados con cohecho y soborno trasnacional, no obstante debe llegarse a un consenso para que la legislación este acorde a los parámetros constitucionales y a las realidades jurídicas del país. A esta conclusión llegaron los diputados integrantes de la comisión especial que se encarga de conocer y dictaminar los proyectos de ley requeridos para lograr la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), quienes recibieron en audiencia la mañana de este lunes 18 de marzo, a las Ministras de Comercio Exterior y Justicia y Paz, Dyalá Jiménez Figueres y Marcia González Aguiluz, respectivamente, así como a la Fiscal General de la República, Emilia Navas Aparicio y a la Jefa de la Defensa Pública, Diana Montero Montero para referirse al proyecto 21.248 (Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno trasnacional y otros delitos). Este proyecto, que es uno de los requisitos para el ingreso de Costa Rica a la OCDE, generó algunas posiciones diferentes entre las participantes de la audiencia, quienes desde su punto de vista, mostraron las fortalezas y debilidades del mismo. La ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez Figueres externó que este proyecto es necesario y urgente para continuar con el proceso de adhesión a la OCDE, por lo que lo ideal es que se apruebe a más tardar en junio del presente año. Para Jiménez Figueres, este proyecto brinda las herramientas necesarias para luchar contra la corrupción internacional, estableciendo responsabilidades penales a las sociedades jurídicas que incurran en estos delitos. Por su parte, la Ministra de Justicia y Paz, Marcia González Aguiluz, apoyó las palabras de su homóloga y afirmó que la responsabilidad penal es la vía más recomendable para sancionar a las personas jurídicas y físicas que comentan delitos de cohecho doméstico o soborno internacional, además destacó que con la aprobación de la ley también se tipificaría el delito de contabilidad falsa y habría un mayor control sobre el delito de lavado de dinero. La ministra González reconoció que optaron por la vía penal por dos razones puntuales, la primera es que su Ministerio no tendría las herramientas necesarias para llevar procesos por la vía administrativa, entre otras cosas, por la falta de personal y la segunda que considera que debe garantizarse la autonomía para evitar que un órgano político se encargue de llevar procesos sancionatorios a personas jurídicas. Para la Fiscal General de la Republica, Emilia Navas Aparicio, el proyecto debe fortalecerse en cuanto a la ampliación de los delitos contenidos en el proyecto actual. “Consideramos que los delitos deben ir más allá de cohecho doméstico, soborno transnacional y la contabilidad falsa porque todos estos hechos de corrupción generalmente van acompañados por otros como los delitos ambientales, delitos tributarios, delitos aduaneros, legitimación de capitales o lavado de activos, trata y tráfico de personas, terrorismo, entre otros que están quedando por fuera y que muchas veces acompañan a estos actos de corrupción”, agregó Navas. La máxima jerarca del Ministerio Público también se refirió a la ausencia de una regulación dentro del proyecto para establecer medidas cautelares, lo que implica “una omisión con un gran impacto negativo para los procesos donde se establecerán las responsabilidades penales de las personas jurídicas”. “Nosotros consideramos deben incluirse por ejemplo, la suspensión de las actividades durante el proceso penal, la clausura de uno o varios o todos los locales o establecimientos mercantiles, la suspensión de beneficios o subsidios estatales o públicos de los que gozaron, la inhabilitación para continuar concursando en licitaciones públicas, entre otras” aseveró la Fiscal General. La Jefa de la Defensa Pública, Diana Montero Montero, se mostró menos positiva con el proyecto y afirmó que este es “inviable”, porque la Sala Constitucional ya había emitido un pronunciamiento donde indica que este tipo de delitos solo pueden sancionarse por la vía administrativa y no penal; además reclamó que “la defensa pública no podría atender las necesidades jurídicas de sociedades comerciales con fines de lucro”, así como lo establece el proyecto. La diputada independiente Ivonne Acuña Cabrera admitió su preocupación ya que ve en este proyecto tres posiciones bien definidas y poco consenso entre las partes. “Veo tres posiciones, una donde el proyecto es una maravilla y hay que aprobarlo, otra donde el proyecto tiene una buena base pero debe mejorarse y otra donde el proyecto es completamente inviable…hay que buscar un punto de consenso para entrarle al tema, Costa Rica requiere acciones urgentes en este sentido, hay que luchar contra el gran monstruo de la corrupción internacional”, expresó la legisladora. Su compañera de comisión, la diputada Silvia Hernández Sánchez del Partido Liberación Nacional (PLN), considera que este proyecto es uno de los más importantes que ha llegado a la comisión de OCDE y afirmó que esta sesión fue de vital importancia para analizar los elementos planteados por la Fiscalía General y Defensa Pública y con ello, tomar una decisión que permita una coyuntura en las posiciones. El diputado José María Villalta Florez-Estrada del Partido Frente Amplio afirmó que él siempre ha estado de acuerdo con la regulación de las sociedades mercantiles en el tema de cohecho y soborno internacional pero que la jurisprudencia de la Sala Constitucional que indica que no pueden aplicarse sanciones penales, le genera dudas, por lo que no descarta proponer una consulta al máximo órgano constitucional.
18/03/2019 15:59
 ULTIMA HUELGA LE COSTÓ A SEGURIDAD 860 MILLONES DE COLONES
El pago de salarios y servicios de alimentación para los oficiales de seguridad que  debieron atender las distintas actividades realizadas de la  huelga en contra del plan fiscal le costó al Ministerio de Seguridad 860 millones de colones.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Vera V, Solano Salazar vsolano@asamblea.go.cr El pago de salarios y servicios de alimentación para los oficiales de seguridad que debieron atender las distintas actividades realizadas de la huelga en contra del plan fiscal le costó al Ministerio de Seguridad 860 millones de colones. Así lo indició Michael Soto Rojas, Ministro de Seguridad a la Comisión Especial de Derecho a Huelga donde se tramita el expediente 21049. Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos. Según informó alrededor de 1500 policías requirió el Ministerio de Seguridad para hacerle frente a las situaciones que se presentaron en casi todo el país durante el periodo en que se mantuvo la huelga. “Desde manifestaciones pacíficas, hasta bloqueos muy agresivos y tortuguismo que es una dificultad para el tránsito de personas, mercadería y vehículos se debieron atender” expresó el titular de seguridad. Uno de los mayores problemas que enfrentaron expresó fue el tortuguismo, pues hay un vacío legal para enfrentar ese tipo de situaciones, por lo que solicitó a los diputados tomar en cuenta el término a la hora de incluirlo en la nueva ley. Audio Michael Soto Rojas, Ministro de Seguridad La atención de las manifestaciones de huelga añadió obligó a disminuir el número de efectivos policiales dedicados a atender la seguridad ciudadana y la realización de los mega operativos cuyo resultados son muy positivos El proyecto en discusión reforma el Código de Trabajo, y busca llenar los vacíos que en criterio de sus proponentes existen con respecto a la regulación de la huelga, especialmente en el sector público, Entre las reformas que se introducen está definir claramente que si la huelga es declarada ilegal, no hay derecho de los trabajadores a percibir salario durante todo el tiempo que dure la misma Además se establece un procedimiento expedito para la orden de reincorporarse a labores en los casos en que la huelga es prohibida por tratarse de servicios públicos esenciales.
18/03/2019 15:58
 AUDITORÍA DEL ICE RECONOCE QUE ESTAN EN RIESGO DE SOSTENIBILIDAD
Atrasos en la ejecución de proyectos, conflicto de intereses en los contratos firmados e inconsistencias en los procesos de compras y contrataciones, son parte de los principales hallazgos detectados por la Auditoría Interna del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), los cuales han contribuido en gran medida al desequilibrio financiero que sufre la institución en este momento.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Erick M. Jiménez Valverde erick.jimenez@asamblea.go.cr Atrasos en la ejecución de proyectos, conflicto de intereses en los contratos firmados e inconsistencias en los procesos de compras y contrataciones, son parte de los principales hallazgos detectados por la Auditoría Interna del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), los cuales han contribuido en gran medida al desequilibrio financiero que sufre la institución en este momento. Así lo determinó la Auditora Interna del ICE, Sofía Machuca Flores, quien compareció la tarde de este jueves 14 de marzo en la Comisión de Control y Gasto Público. La funcionaria expresó que existe una falta de control y planificación en los proyectos del ICE, así como una ausencia en el análisis de riesgos lo que ha provocado problemas como la compra excesiva de materiales que no se utilizan, la adquisición de infraestructura que hoy está ociosa y desocupada y un importante atraso en la ejecución de obras, que a su vez provocan incrementos en los costos operativos. Ante esta situación, la auditora indicó que se han realizado una serie de recomendaciones a la Administración para que mejore estos aspectos, no obstante, la funcionaria le confirmó a los diputados integrantes de la comisión, que la mayoría de estas recomendaciones no han sido atendidas por la administración del ICE. El diputado independiente Jonathan Prendas Rodríguez, quien además es el presidente de la Comisión, le consultó a Machuca si ella desaprueba la gestión de la empresa estatal por todos los hallazgos encontrados, entre ellos los 127 mil millones invertidos dudosamente en proyectos que no generaron réditos financieros a la institución. La funcionaria se limitó a indicar que ella no puede decir si aprueba o desaprueba la gestión y que no puede emitir un criterio de valor; agregó que solo puede hablar de casos puntuales en los cuales se han generado recomendaciones con base en estudios realizados. Ante esta respuesta, el diputado Prendas expresó que esto “deja en evidencia que ni la Auditoría sabe que está pasando en el ICE…tiene todos los elementos para que como profesora (refiriéndose a la Auditora) repruebe al ICE y ella se abstiene, supongo que para cuidar su empleo, pero hay demasiadas cosas que tienen que responderse y el ICE no ha sabido dar respuestas certeras”. Por su parte el diputado Luis Fernando Chacón Monge del Partido Liberación Nacional (PLN) indicó que la Auditoría debería ser más insistente y darle seguimiento a las recomendaciones que emiten y aprovechó su intervención para consultarle si ella estaría dispuesta a denunciar a los responsables del desequilibrio financiero en el ICE. La auditora interna respondió categóricamente que “sin ninguna duda llevaría los hallazgos sobre las irregularidades a las instancias pertinentes administrativas o judiciales”. La diputada Paola Vega Rodríguez del Partido Acción Ciudadana (PAC) le consultó a Machuca si los problemas financieros que está enfrentando la empresa pública en este momento, son también consecuencia de la Directriz 15 del MINAE, emitida el 15 de marzo de 2011, donde se incentiva la generación de proyectos de energía renovable con la participación activa del sector privado, a lo que ella categóricamente respondió que “si es uno de los factores a considerar”. La diputada oficialista coincide con la Auditora y afirmó que esto ha generado “una presión a lo interno del ICE” para que invierta en estos proyectos, provocando con ello, un impacto significativo a las finanzas del ICE. “Hoy queda claro que la generación privada forzada gracias a la directriz 15 del MINAET del 2011 ha disminuido las finanzas del ICE y ha provocado un incremento en las tarifas”. Finalmente y tras la consulta de la diputada Xiomara Rodríguez Hernández del Partido Restauración Nacional (PRN), la auditora interna del ICE reconoció que la institución “si está en riesgo de sostenibilidad” por todas las pérdidas millonarias en proyectos que no generaron los ingresos previstos como el fallido proyecto de generación hidroeléctrica Diquis y la compra de Cablevisión.
15/03/2019 8:45
 DAN SEGUNDO DEBATE A PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
Los diputados le dieron Segundo Debate al primer presupuesto extraordinario para este 2019, donde 6 mil millones de colones se destinarán a financiar el monitoreo electrónico para los privados de libertad.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Esteban Rojas Sáurez Armando Alonso González esteban.rojas@asamblea.go.cr Los diputados le dieron Segundo Debate al primer presupuesto extraordinario para este 2019, donde 6 mil millones de colones se destinarán a financiar el monitoreo electrónico para los privados de libertad. El Ministerio de Justicia había informado que no tenían financiamiento para la compra de brazaletes y se pretendía obtenerlos del seguro que deben pagar a la Caja para los privados de Libertad. El presupuesto enviado por el Ministerio de Hacienda incluía cien mil millones de colones producto de la fusión por absorción del Banco de Costa Rica de las deudas contraídas por el Banco Crédito Agrícola de Cartago. Hacienda además contempló en la modificación del presupuesto ordinario de este año 50 millones de dólares que en el 2017 debieron destinar para hacer frente a los problemas financieros que tenía Bancredito. Este plan de gastos extraordinarios del Gobierno, además, contempla una partida por 30 mil millones de colones para capitalizar el BCR tal y como lo establece la ley que se aprobó Fusión por absorción del Banco Crédito Agrícola de Cartago y el Banco de Costa Rica. Los recursos se obtienen de una rebaja en la partida de “Amortización de Deuda Interna”, que se liberaron producto de los canjes realizados a finales del año 2018. La modificación del plan de gastos del 2019 incluye el traslado de una partida dentro del Ministerio de Justicia para mejoras en la infraestructura del sistema penitenciario para evitar hacinamiento en los centros penales. La iniciativa también incluye una disposición para permitir traslados entre partidas presupuestarias cuando se den determinadas situaciones de excepción, que deberán ser justificadas y de entera responsabilidad del jerarca de cada institución. El diputado David Gourzong manifestó que en la tramitación del Presupuesto Extraordinario en la Comisión de Hacendarios, se pretendía aprobar una moción para modificar el primer presupuesto extraordinario el cual iba en contra de lo que establece el artículo 180 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Esa moción pretendía volver incorporar en el expediente, los gastos del programa de administración penitenciaria del Ministerio de Justicia y Paz, por un monto de 6 mil millones de colones, pero con una forma diferente de financiamiento, utilizando los 2631 millones de colones por concepto de intereses de los certificados de depósitos a plazo del Banco de Costa Rica, y rebajando 3369 millones de la amortización de títulos de la deuda interna a largo plazo. Este movimiento, dijo, que no es inusual, puede realizarse siempre y cuando se cumple lo que dice el artículo 180 del Reglamento Legislativo, que reza “por medio de moción, la Asamblea podrá aumentar la partida contenida en el proyecto ya sea mediante el traslado de fondos, destinado a ampliar otra partida contenida en el mismo proyecto o señalando una nueva renta, según certificación de la efectividad fiscal de la misma que deberá extender la contraloría “, o sea ningún otra ente. Por su parte, la diputada Shirley Díaz, señaló que se está votando un presupuesto extraordinario por falta de planificación, pues existen suficientes instituciones rectoras en los diferentes ramos, de la economía de la parte social, financiera, que no están cumpliendo su función de entes rectores, y dejan al paso de la improvisación de los diferentes presupuestos. “No nos queda otra opción, en aras de conservar la transparencia en el manejo de los fondos que deben llegar a los diferentes sectores sociales, a través del empleo público, programas sociales y otro tipo de instancias de esta clase, venir a votar este presupuesto”, explicó la diputada Díaz .
13/03/2019 17:57
 JERARCA DEL MOPT CONFIRMÓ QUE PROYECTO CARECE DE ESTUDIOS TÉCNICOS
Con el fin de defender los alcances del proyecto 21.228 para regular las plataformas tecnológicas de transporte remunerado de personas, el Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Rodolfo Méndez Mata compareció la tarde de este miércoles 13 de marzo en la sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Económicos.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Erick M. Jiménez Valverde erick.jimenez@asamblea.go.cr Con el fin de defender los alcances del proyecto 21.228 para regular las plataformas tecnológicas de transporte remunerado de personas, el Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Rodolfo Méndez Mata compareció la tarde de este miércoles 13 de marzo en la sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Económicos. El jerarca del MOPT, indicó ante los diputados de la comisión, que este proyecto busca proteger al usuario de los peligros de la informalidad al igualar las condiciones de los operadores del servicio de transporte remunerado de personas, sin importar si son por medio de plataformas digitales o mediante las condiciones del servicio tradicional. Esto quiere decir que si se aprueba el proyecto, las empresas que brindan servicios de transporte por medio de plataformas digitales, estarían obligadas a pagar los mismos tributos que cancelan los prestatarios del servicio público (taxis tradicionales) como los seguros y el impuesto sobre la renta. Para Méndez Mata, cuando existe un pago por un determinado servicio de transporte, éste debe considerarse como servicio público y por lo tanto debe ser regulado por el Estado. El ministro también destacó que este proyecto es de suma importancia para garantizar seguridad jurídica a las empresas que deseen prestar el servicio público de transporte de personas y expresó su satisfacción con el aporte que tendrían que realizar los operadores privados al Fondo Nacional de Movilidad al momento de solicitar el derecho de inscripción, debido a que hubo una gran afectación al servicio de taxis tradicionales durante todo este tiempo que operaron en la ilegalidad. El diputado Roberto Thompson Chacón del Partido Liberación Nacional (PLN) le cuestionó al Ministro que si la cifra que se le pretende cobrar como derecho de inscripción a las plataformas digitales de transporte, establecida en 100 salarios base, no le parece “irracional y desproporcionada”, así como lo afirmó el Procurador General de la República en una audiencia anterior. Ante la consulta el Ministro del MOPT reconoció que podría ser considerado por algunos desproporcionados por la poca información que las empresas privadas han brindado en cuanto al número exacto de conductores y las utilidades generadas durante todo este tiempo en que según su criterio han operado en el marco de la ilegalidad. El jerarca reconoció ante los diputados de la Comisión que el cálculo de los 100 salarios base se realizó a partir de cifras estimadas que las mismas empresas han dado a conocer a la opinión pública por medio de los medios de comunicación y admitió que el MOPT no ha realizado ningún estudio técnico que justifique el cobro de dicho monto. “La esperanza es que esta comisión logre conseguir la información que estas plataformas no han querido dar, para saber verdaderamente cuanto han dejado de tributar” agregó el ministro. Por su parte, las diputadas Paola Vega Rodríguez del Partido Acción Ciudadana (PAC) y Karine Niño Gutiérrez del Partido Liberación Nacional (PLN), coincidieron en que la posición de Mendez Mata genera muchas dudas y evidencia que el proyecto no fue concebido con la participación de todos los sectores. El proyecto de ley número 21.228 fue presentado por el Poder Ejecutivo y contempla la regulación de las plataformas tecnológicas que brindan servicio de transporte remunerado de personas, bajo las mismas condiciones del servicio público tradicional, entendido para este proyecto, como el servicio que brindan los taxis convencionales, quienes gozan de la concesión del Estado.
13/03/2019 17:51
 DISCUTEN REGULACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EN PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS
La Comisión de Asuntos Económicos recibió en audiencia la tarde de este martes 12 de marzo al Presidente de Consumidores de Costa Rica, Erick Ulate Quesada y al Representante del Foro Nacional de Taxistas, Gilbert Ureña Fonseca, quienes se refirieron al proyecto de ley número 21.228, que pretende regular las plataformas tecnológicas de transporte remunerado de personas.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Erick M. Jiménez Valverde erick.jimenez@asamblea.go.cr La Comisión de Asuntos Económicos recibió en audiencia la tarde de este martes 12 de marzo al Presidente de Consumidores de Costa Rica, Erick Ulate Quesada y al Representante del Foro Nacional de Taxistas, Gilbert Ureña Fonseca, quienes se refirieron al proyecto de ley número 21.228, que pretende regular las plataformas tecnológicas de transporte remunerado de personas. El primero en comparecer fue el presidente de Consumidores de Costa Rica, Erick Ulate, quien afirmó que la organización que representa está en contra del proyecto porque “desnaturaliza las plataformas de economía colaborativa” al transformarlas en un servicio público cuando su origen es desde el ámbito privado. “Este proyecto se abstrae de la necesidad real de la población al convertir un servicio privado en un servicio público bajo una regulación artificial, ósea, no vinculada a la realidad tecnológica del servicio” agregó Ulate. Además, agregó que no es posible que el proyecto contemple una modificación a la ley de taxis, cuando este tema debe analizarse por separado al ser dos servicios diferentes. “No estamos en contra de una regulación para estas plataformas pero ésta debe ser consecuente con la realidad de un servicio privado y en ningún momento se debe vincular una reforma a la ley de taxis con un proyecto que tiene que ver con la regulación de una actividad de economía colaborativa…estamos hablando de papas por un lado y de chayotes por el otro”, expresó el líder de Consumidores de Costa Rica. Por su parte, el Representante del Foro Nacional de Taxistas, Gilbert Ureña, confirmó que el gremio de los taxistas respalda el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y acotó que es urgente regular estas plataformas que “no le aportan al país” ya que los dineros se van a paraísos fiscales de países como Holanda. Ureña pidió que si se requiere hacer cambios al proyecto se hagan en el marco de la igualdad de condiciones, sin quitarle al ciudadano el derecho de utilizar un servicio público regulado y seguro. Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos incluyeron las propuestas y recomendaciones en el expediente del proyecto para seguir analizando la viabilidad del mismo y posteriormente emitir los informes correspondientes antes de su votación final. Entre las principales propuestas que plantea este proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, está declarar como servicio público el transporte remunerado de personas ofrecido por medio de Plataformas digitales de Transporte. También establece la creación del Fondo Nacional de Movilidad, el cuál será administrado por el Consejo de Transporte Público (CTP), para ser destinado a la modernización del transporte público y la obligatoriedad de contratar un seguro por parte del conductor o la empresa para garantizar la seguridad del usuario, entre otros.
12/03/2019 17:04
 RECHAZAN PROYECTO PARA GRAVAR EXCEDENTES DE LAS COOPERATIVAS
Con 6 votos a favor y 3 votos en contra los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos rechazaron por el fondo el proyecto de ley número 21.017 Ley de impuesto sobre los excedentes de las asociaciones cooperativas al considerar que el proyecto es "inconstitucional".
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Erick M. Jiménez Valverde erick.jimenez@asamblea.go.cr Con 6 votos a favor y 3 votos en contra los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos rechazaron por el fondo el proyecto de ley número 21.017 Ley de impuesto sobre los excedentes de las asociaciones cooperativas al considerar que el proyecto es "inconstitucional". El dictamen de mayoría que rechaza el fondo del proyecto, fue votado afirmativamente por los diputados Karine Niño Gutiérrez, Roberto Thompson Chacón y Daniel Ulate Valenciano del Partido Liberación Nacional (PLN), Luis Ramón Carranza Cascante del Partido Acción Ciudadana (PAC), Melvin Núñez Piña del Partido Restauración Nacional (PRN) y la diputada independiente Marulin Azofeifa Trejos. El dictamen fue votado negativamente por la diputada Paola Vega Rodríguez del PAC y por los diputados Pablo Heriberto Abarca Mora y Pedro Muñoz Fonseca del Partido Unidad Social Cristiana, éstos dos últimos presentaron un dictamen de minoría que plantea un texto sustitutivo para el proyecto, el cual fue rechazado. El diputado Luis Ramón Carranza Cascante del PAC considera que el texto es inconstitucional porque no reconoce la naturaleza jurídica de las cooperativas al compararlas con una empresa mercantil, cuyo origen es una unión de capitales y no de personas como si lo es una cooperativa. Por su parte el diputado Roberto Thompson Chacón del PLN coincide con Carranza y agregó que este proyecto parte de una premisa equivocada al considerar que todas las cooperativas son iguales, omitiendo la gobernanza de cada una y el modelo de servicio público que brindan. “Es un proyecto agresivo, por eso creo importante plantear un nuevo proyecto que se ajuste a la realidad del sector”, agregó Thompson. Dentro de los argumentos para el rechazo del proyecto también se incluyó la desventaja que tendrían las cooperativas que brindan servicios de electrificación en contraposición con otros operadores, ya que para cumplir con el tributo tendrían que aumentar sus tarifas, perjudicando a los consumidores. Finalmente la diputada Karine Niño Gutiérrez del PLN recomendó que se empiece a trabajar en un nuevo proyecto pero con la participación activa del sector cooperativo y rechazó categóricamente que la decisión de no apoyar el proyecto esté vinculada con algún “lobby político” realizado por los cooperativistas. Los dictámenes de mayoría y minoría serán conocidos por el Plenario Legislativo para su resolución final.
12/03/2019 17:03
 BUSCAN TRANSPARENTAR LA ACTIVIDAD DEL CAFE
La Ley N°2762 de Creación del Régimen de Relaciones entre Productores, Beneficiadores y Exportadores de Café fue promulgada en el año 1961, es una ley que vino a regular y visibilizar desde la norma jurídica la actividad que se mueve en el sector cafetalero y en ese sentido es importante destacar que dicha actividad representa gran importancia en la democratización y posicionamiento de las exportaciones y productos de calidad costarricense.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Irene Rodriguez Mena irodriguez@asamblea.go.cr La Ley N°2762 de Creación del Régimen de Relaciones entre Productores, Beneficiadores y Exportadores de Café fue promulgada en el año 1961, es una ley que vino a regular y visibilizar desde la norma jurídica la actividad que se mueve en el sector cafetalero y en ese sentido es importante destacar que dicha actividad representa gran importancia en la democratización y posicionamiento de las exportaciones y productos de calidad costarricense. Sin embargo dicha ley requiere reformas acorde a la realidad que enfrenta el sector cafetalero, razón por la cual se de dinamizar y fortalecer la actividad orientada a la comercialización y las prácticas de calidad y consumo que actualmente rigen. En ese sentido la Comisión Permanente Especial discute el proyecto de ley Nº 21163. Modificación de la ley N° 2762, creación del régimen de relaciones entre productores, beneficiadores y exportadores de café de 21 de junio de 1961 y sus reformas, el cual contiene cambios sustanciales y de fondo a dicha legislación. Para una mayor comprensión de la realidad cafetalera, se convocó a audiencia a Ana Cristina Quirós, Ministra a.i. de Agricultura y Ganadería y a Xinia Chaves Quirós, Directora Ejecutiva del Instituto Costarricense del Café (ICAFE) para que brinden criterio sobre dicho proyecto. La representante del ICAFE inicio manifestado que el café de Costa Rica tiene aproximadamente 84 000 mil hectáreas para la producción, cuya participación abarca 50 cantonas del país, con una producción para el 2019 de 1 800 013 fanegas, las cuales consideran no llegan a esa cifra, lo más 1 700 000 mil fanegas, un registro de productores 41 339, 259 firmas beneficiadoras, 88 exportadoras 54 tostadoras industriales, lo que evidencia que la producción costarricense proviene de pequeños productores. La reforma a la ley es innovadora y se viene trabajando desde hace 4 años para reformarla en los puntos que los sectores son coincidentes, como los son los nuevos modelos de comercialización, la ejecución de la trazabilidad y control de importaciones, así como una mayor transparencia y participación en elección de representantes del sector cafetalero, que se convierten en lo ejes fundamentales de dicha reforma. Por otra parte la variedad en el producto o también llamado producto diferenciado está adquiriendo nuevos mercados que deben regularse, así como los procesos que los hacen diferentes, otro aspecto es la trazabilidad y seguimiento que se dé, sobre todo con el café de consumo nacional, esto porque no se previo que el país iba ser deficitario en la producción del café. Aunado a lo anterior debe darse un entendimiento entre exportadores e importadores, ellos como ICAFE y se oponen a que un producto que no es producido en Costa Rica no se le certifique como tal, ya que deben velar por producción costarricense, su calidad y su certificación de huella digital de café de Costa Rica. Finalizo indicando que se requiere la huella digital de lo que se importa, no se oponen las importaciones pero debe contener claramente su procedencia, para transparentar la actividad cafetalera.
12/03/2019 17:02
 PIDEN APROBAR HERRAMIENTAS PARA COMBATIR CONTRABANDO DE LICORES
Las municipalidades del país pueden contribuir a reforzar la labor que realiza la policía de control fiscal para combatir el contrabando de licores. Dotales de las herramientas necesarias para realizar esa labor, aseguraron representantes de varios ayuntamientos  en la Comisión de Gobierno y Administración .
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Vera V. Solano Salazar vsolano@asamblea.go.cr Las municipalidades del país pueden contribuir a reforzar la labor que realiza la policía de control fiscal para combatir el contrabando de licores. Dotales de las herramientas necesarias para realizar esa labor, aseguraron representantes de varios ayuntamientos en la Comisión de Gobierno y Administración En esta instancia legislativa se tramita un proyecto de ley que precisamente plantea las reformas legales para que los municipios para colaborar en el combate del contrabando de licores. Jonathan Espinoza Segura, Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias resaltó la importancia de reforzar las medidas para combatir esa actividad que deja miles de pérdidas al fisco Según detalló se estima que el 60% del licor que se consume en Costa Rica es ilegal, lo que evidencia que el contrabando de bebidas alcohólicas deja perdidas millonarias al año al Ministerio de Hacienda. Audio Jonathan Espinoza Segura, Director Ejecutivo, Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias En el 2017 informó según los reportes oficiales se decomisaron 376 mil unidades de licores, más de 800 mil cervezas y 34 mil botellas de whisky mientras que en el primer semestre del 2018 esas cifras aumentaron. Resaltó que los recursos recaudados por la fiscalización de la comercialización de licores no es para las Municipalidades, el proyecto no lo plantea, pero si les interesa contribuir a combatir una actividad que afecta al fisco. Añadió que además muchos de esos licores presentan adulteraciones poniendo en peligro la vida de quienes los adquieren.
12/03/2019 17:02
 PRESUPUESTO CONTEMPLA FONDOS PARA MONITOREO ELECTRÓNICO
Luego de una amplia discusión, los diputados lograron aprobar el primer presupuesto extraordinario del 2019, donde 6 mil millones de colones se destinarán a financiar el monitoreo electrónico para los privadps de libertad. El Ministerio de Justicia había informado que no tenían financiamiento  para la compra de brazaletes  y se pretendía obtenerlos del seguro que deben pagar a la Caja para los privados de Libertad.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Esteban Rojas Sáurez Armando Alonso González esteban.rojas@asamblea.go.cr Luego de una amplia discusión, los diputados lograron aprobar el primer presupuesto extraordinario del 2019, donde 6 mil millones de colones se destinarán a financiar el monitoreo electrónico para los privadps de libertad. El Ministerio de Justicia había informado que no tenían financiamiento para la compra de brazaletes y se pretendía obtenerlos del seguro que deben pagar a la Caja para los privados de Libertad. El presupuesto enviado por el Ministerio de Hacienda incluía cien mil millones de colones producto de la fusión por absorción del Banco de Costa Rica de las deudas contraídas por el Banco Crédito Agrícola de Cartago. Hacienda además contempló en la modificación del presupuesto ordinario de este año 50 millones de dólares que en el 2017 debieron destinar para hacer frente a los problemas financieros que tenía Bancredito. El presupuesto extraordinario además contempla una partida por 30 mil millones de colones para capitalizar el BCR tal y como lo establece la ley que se aprobó Fusión por absorción del Banco Crédito Agrícola de Cartago y el Banco de Costa Rica. Los recursos se obtienen de una rebaja en la partida de “Amortización de Deuda Interna”, que se liberaron producto de los canjes realizados a finales del año 2018. La modificación del plan de gastos del 2019 incluye el traslado de una partida dentro del Ministerio de Justicia para mejoras en la infraestructura del sistema penitenciario para evitar hacinamiento en los centros penales La iniciativa también incluye una disposición para permitir traslados entre partidas presupuestarias cuando se den determinadas situaciones de excepción, que deberán ser justificadas y de entera responsabilidad del jerarca de cada institución. La diputada Laura Guido Pérez manifestó que, la colocación de deuda después de la aprobación de la reforma fiscal fue bastante favorable para el Estado costarricense y se tradujo en mejores plazos y mejores condiciones de intereses, esto ha representado que esta partida haya sido presupuestada de manera tal que ahora con los canjes tendría una holgura mayor, sin embargo siempre ha habido un interés de la comisión tener una solvencia económica en la partida de amortización de deuda. “Este presupuesto nos parece importante en aras de darle una solución al misterio de justicia y poder como Estado cumplir con las responsabilidades que tenemos pendientes, la aprobación del presupuesto, además me parece fundamental destacar que las condiciones favorable del año 2018, pues han permitido esa condición de holgura y tener una presupuestación mayor2, dijo la diputada. Por su parte, José María Villalta señaló que, cuando vienen este tipo de presupuestaos extraordinarios, se tratan de ajustes que requiere hacer el Poder Ejecutivo, ya sea porque el Estado obtuvo nuevos ingresos que no estaban previstos en el Presupuesto ordinario de la República, o porque ha habido gastos extraordinarios que obligan hacer modificaciones del presupuesto que no se pueden hacer por las vías que tiene la administración. “Es poco común que al inicio del ejercicio económico haya que conocer presupuestos extraordinarios, realmente es la primera vez que veo en la Asamblea Legislativa que en el mes de marzo se esté discutiendo un presupuesto extraordinario”, dijo Villalta. La diputada Silvia Hernandez Sánchez manifestó que, es muy importante de tener claridad que a 17 días de iniciar el ejercicio económico para el 2019 se envía el primer presupuesto extraordinario de la República y que tiene cambios muy importantes que se evidenciaron en el la discusión en el marco de la comisión y que se han resumido en el tema de Bancredito y de las inversiones que se dieron en el año 2017 y en el 2018 por montos totales de 50 millones de dólares y 100 mil millones de colones más intereses. Primeros Debates Los diputados aprobaron también en su trámite de primer debate los siguientes proyectos: • Expediente 20.044 Modifíquese el artículo 1 de la Ley para el Financiamiento y Desarrollo de la Educación Técnica Profesional, Ley N° 7372. • Expediente 20.389 Reforma De La Ley Nº 7142, Ley De Promoción De La Igualdad Social De La Mujer, De 8 De Marzo De 1990 Y Sus Reformas, Para La Protección De La Igualdad Salarial Entre Mujeres Y Hombres
11/03/2019 18:49
 EXIGEN DENUNCIAR POR LA VÍA CIVIL A LOS RESPONSABLES DE CONTAMINAR NACIENTES DE AGUA EN LA ZONA NORTE
Los casos de contaminación por agroquímicos en fuentes de agua ubicadas en el cantón de Río Cuarto de Alajuela y en el poblado de Veracruz en Pital de San Carlos, no han sido denunciados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), a pesar de ser la institución responsable de interponer las denuncias respectivas como ente rector en esta materia.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Erick M. Jiménez Valverde erick.jimenez@asamblea.go.cr Los casos de contaminación por agroquímicos en fuentes de agua ubicadas en el cantón de Río Cuarto de Alajuela y en el poblado de Veracruz en Pital de San Carlos, no han sido denunciados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), a pesar de ser la institución responsable de interponer las denuncias respectivas como ente rector en esta materia. A esta conclusión llegaron los diputados de la Comisión de Ambiente, quienes recibieron en audiencia la mañana de este jueves 7 de marzo a la Presidenta Ejecutiva de AyA, Yamileth Astorga Espeleta. La funcionaria rindió un informe acerca de las acciones que se han implementado para mitigar la contaminación de estas nacientes de agua en la zona norte del país. La jerarca confirmó que ya se está trabajando en la construcción de un nuevo acueducto en la zona de Veracruz en conjunto con el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y la ASADA de la comunidad, en el cual han invertido un aproximado de 145 millones en estudios de viabilidad, diseños y compra de tubos. No obstante, la situación es diferente para las nacientes de Río Cuarto donde las acciones para mitigar la contaminación no se han podido iniciar por falta de un estudio hidrogeológico que tiene un costo de más de 600 millones de colones y que por los recortes presupuestarios de la institución no se ha podido licitar. Ante esta situación, el diputado presidente de la comisión, Erwen Masís Castro del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), consultó si el AyA ha realizado las denuncias ante las autoridades judiciales pertinentes para sentar responsabilidades civiles y penales, a lo que la presidenta ejecutiva confirmó que no han realizado ninguna denuncia ya que al no contar con el estudio hidrogeológico “no tienen como evidenciar el tráfico de contaminantes para determinar quiénes son los responsables”. El diputado Masís expresó que está consciente de la situación pero a su vez, afirmó que el AyA debería tener un papel más proactivo e interponer las denuncias respectivas lo más pronto posible. “Necesitamos un AyA más agresivo”, sentenció el legislador. Por su parte, el diputado José María Villalta Florez-Estrada del Partido Frente Amplio indicó que el AyA al no demandar está incumpliendo con la correcta administración de los fondos públicos, ya que es su obligación demandar por la vía civil para sentar las responsabilidades y solicitar la indemnización por todos los gastos incurridos en estudios e infraestructura. “Estamos convencidos que el AyA debe iniciar procesos para reclamar la reparación del daño ambiental y exigir a las empresas que contaminaron las fuentes, la reparación del daño causado al ambiente, porque esas fuentes de agua contaminadas implican costos millonarios para el AyA quien tiene que habilitar otras fuentes, tiene que cambiar las tuberías de todas esas fuentes originales que con tanto esfuerzo habían construido” agregó Villalta. Según datos preliminares del AyA y de la Asada de la zona, la contaminación de estas nacientes de agua se produjo por las malas prácticas agrícolas en la siembra de piña en fincas aledañas a las nacientes.
07/03/2019 13:04
 HOSPITAL DE HEREDIA ES EL MÁS INNOVADOR DEL PAÍS
Con el objetivo conocer los planes actuales y futuros que los ministerios tienen para los cantones de Heredia, en los temas relacionados con problemática social, económica, empresarial, agrícola, turística, laboral y cultural de la zona, se aprobó mediante una moción convocar a Román Macaya Hayes, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); ante la Comisión Especial de la Provincia de Heredia.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Irene Rodríguez Mena irodriguez@asamblea.go.cr Con el objetivo conocer los planes actuales y futuros que los ministerios tienen para los cantones de Heredia, en los temas relacionados con problemática social, económica, empresarial, agrícola, turística, laboral y cultural de la zona, se aprobó mediante una moción convocar a Román Macaya Hayes, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); ante la Comisión Especial de la Provincia de Heredia. La primera afirmación y dentro de un orden general de realidades asociadas a la salud pública, el Presidente Macaya Hayes externo es que Costa Rica es uno de los países que más envejece en el mundo, disparando los servicios de salud hacia la población del adulto mayor, la mitad de las camas en la mayoría de los hospitales es ocupado por este grupo etario, y si a esto le agregamos que el total de la población actual, un 10% corresponde a adultos mayores, y según las proyecciones en los próximos años esta se duplicaría. Por otra parte, el incremento en los accidentes de tránsito, es un tema país, ya que estos desplazan las cirugías que están programadas porque los quirófanos son utilizados para atender emergencias. El otro problema general que se afronta es el asociado a la salud mental son más prevalentes el cual ya no solo abarca las zonas urbanas sino que está extendido a las zonas rurales y de se debe hacer frente a dicha problemática. Por lo que la CCSS debe hacer frente con una estrategia global de atención en los tres niveles que la Caja atiende. En cuanto al caso específico de Heredia, se están construyendo Ebais de atención integral a la salud así como su fortalecimiento en equipo y recursos humanos, se trabaja de la mismas forma en las áreas de salud que incluye clínicas con especialidades para resolver más de lo que atiende un Ebais. Y finalmente los hospitales los cuales se encuentran en el tercer nivel de atención. Para la provincia se están proyectando 11 áreas de salud que están en nivel 2 y que se esperan estén los de San Isidro y Heredia completados para el próximo año. Es importante apuntar en el caso del Hospital San Vicente de Paúl es el más innovador, se implementó el expediente digital y con huella digital, es cuna de incubación a nivel hospitalario en nuevos procesos y nuevas tecnologías, se espera que se implemente a futuro en otros hospitales nacionales, se le considera el hospital modelo a seguir en la red hospitalaria del país.
07/03/2019 13:03
 MICIT PIDE NO REGULAR PLATADORMAS TECNOLÓGICAS SINO LOS SERVICIOS
El Viceministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones  Edwin Estrada fue claro ante los diputados que conforman la Comisión Permanente de Asuntos Económicos que en el caso del expediente N°21228, reforma del sistema de transporte remunerado de personas y regulación de las empresas de plataformas tecnológicas de transporte, que las plataformas que brindan servicios por internet no se pueden regular debido a que el país ha defendido el internet libre, lo que si se podría regular son los servicios que se brinde por medio de las aplicaciones tecnológicas.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Esteban Rojas Sáurez esteban.rojas@asamblea.go.cr El Viceministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones Edwin Estrada fue claro ante los diputados que conforman la Comisión Permanente de Asuntos Económicos que en el caso del expediente N°21228, reforma del sistema de transporte remunerado de personas y regulación de las empresas de plataformas tecnológicas de transporte, que las plataformas que brindan servicios por internet no se pueden regular debido a que el país ha defendido el internet libre, lo que si se podría regular son los servicios que se brinde por medio de las aplicaciones tecnológicas. Ante la consulta del legislador Luis Ramón Carranza sobre si se puede sacar de operación una plataforma que no cumplía con lo establecido por la ley, el viceministro señaló que la plataforma no se puede bloquear por el principio del internet libre, “no tendríamos competencia para regular las plataformas porque esto sería competencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes”. Si no se puede regular la plataforma quién está obligado desconectarla consultó la diputada del Partido Liberación Nacional, Karine Niño Gutiérrez. Estrada indicó que en Costa Rica ninguna institución podría desconectarlas. La diputada también le preguntó al funcionario sobre el tema de la protección de datos personales, a lo que el viceministro indicó que “estamos deacuedo con el tema de la protección de datos, pero el proyecto específico le corresponde al Ministerio de Justicia”. La propuesta de ley establece que entre los requisitos que se establecen a las Empresas de Plataforma de Transporte se encuentran crear y mantener actualizada la información de los conductores y vehículos acreditados, diseñar y otorgar el incentivo que deben utilizar los vehículos acreditados cuando ofrezcan un servicio y generar a cada conductor un perfil o identificación digital que permita demostrar su inscripción. Por su parte, la legisladora Marulin Azofeifa Trejos mostro su preocupación por la dificultad que existe para regular las diferentes plataformas. Rubén Varga, Presidente, Unión de Taxistas Costarricenses comentó que el proyecto tiene dos partes, una los cambios al sistema de transporte y la otra el tema de las plataformas y mostró su molestia por las declaraciones del Procurador quien ayer expresó que el proyecto podría tener vicios de constitucionalidad. Para Vargas el rubro que se le estaría cobrando a las empresas sería bajo, para la cantidad de dinero que generan las compañías. El proyecto establece que las empresas deben “aportar, y trasladar en forma mensual al CTP, el tres por ciento (3%) sobre el precio final cobrado en cada servicio de transporte mediante una EPT. Este monto será destinado al Fondo Nacional de Movilidad”. “Los taxistas no estamos pidiendo regalías”, manifestó Vargas.
06/03/2019 14:43
 PODER JUDICIAL CUSTODIARA ARMAS EN CASOS DE VIOLENCIA DOMESTICA
La Comisión Permanente Especial de la Mujer, dictamino afirmativamente y de forma unánime el expediente N°20947 Reforma a los artículos 4 y 5 de la Ley contra la violencia domestica N°7586.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Irene Rodríguez Mena irodriguez@asamblea.go.cr La Comisión Permanente Especial de la Mujer, dictamino afirmativamente y de forma unánime el expediente N°20947 Reforma a los artículos 4 y 5 de la Ley contra la violencia domestica N°7586. Como lo expresa la exposición de motivos del proyecto, la reforma tiene como objetivo proteger a las víctimas de violencia domestica cuando existe un arma de fuego de por medio y que estas últimas queden en custodia de las autoridades judiciales hasta que exista una resolución final ya sea para su devolución o decomiso. Se agrega que es deber del Poder Judicial llevar un registro de los nombres e información de la persona a la que se le haya impuesto medidas de protección, la cual debe ser consultado por el juez y la misma debe ser confidencial. La propuesta expresa además que la persona puede solicitar el levantamiento anticipado de la medida impuesta y la autoridad valorara dicha solicitud. Para la diputada independiente Ivonne Acuña Cabrera, resulta necesaria la reforma ya que quienes sufren violencia por parte de sus parejas siente un miedo muy grande con el simple hecho de saber que existe un arma de fuego, así lo externo según algunos testimonios que le compartieron de forma unánime. Por otra parte, es importante señalar que la violencia doméstica y femicidios, se han incrementado considerablemente en nuestro país, por lo que se buscan medidas adicionales que ayuden a neutralizar esta epidemia social.
06/03/2019 13:00
 DEFENSORÍA ABOGA POR DERECHO DE CIUDADANOS DURANTE LAS HUELGAS
Aunque reconoció la necesidad de respetar el derecho a huelga que tienen los trabajadores la Defensora de los Habitantes,  Catalina Crespo Sancho  resaltó que durante esos procesos también deben tomarse en cuenta  los derechos de los demás ciudadanos.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Vera V. Solano Salazar vsolano@asamblea.go.cr Aunque reconoció la necesidad de respetar el derecho a huelga que tienen los trabajadores la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho resaltó que durante esos procesos también deben tomarse en cuenta los derechos de los demás ciudadanos. Ante esta situación propuso a los diputados que analizan en una comisión especial el expediente 21049. Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, aprovechar la oportunidad para lograr un dialogo entre los diferentes sectores que permita encontrar acuerdos Destacó que el momento debe ser aprovechado para lograr el fortalecimiento de la confianza, el dialogo y el equilibrio tendiendo presente los servicios esenciales que brinda el Estado. Resaltó que la reciente huelga dejó a una Costa Rica con mayores divisiones, sin mucho interés por el dialogo y la negociación, por lo que aseguró se debe sumar voluntades para cambiar ese panorama Aseguró que son muchas las personas que observan esa discusión nacional sin posibilidades de participar para exponer las inquietudes que les preocupa desde su propia vivencia y necesidad. El proyecto en discusión reforma el Código de Trabajo, y busca llenar los vacíos que en criterio de sus proponentes existen con respecto a la regulación de la huelga, especialmente en el sector público, Entre las reformas que se introducen está definir claramente que si la huelga es declarada ilegal, no hay derecho de los trabajadores a percibir salario durante todo el tiempo que dure la misma Además, se establece un procedimiento expedito para la orden de reincorporarse a labores en los casos en que la huelga es prohibida por tratarse de servicios públicos esenciales.
06/03/2019 12:41
 CORRUPCION Y FALTA DE COORDINACIÓN PRINCIPALES PROBLEMAS EN INFRAESTRUCTURA
Corrupción, problemas de coordinación institucional que afecta el desarrollo de infraestructura nacional, grave problemas de planificación, prevalencia de las decisiones políticas, son algunos de los dificultades que señaló Roy Barrantes de Lanamme, recogidos en un taller sobre los principales problemas de infraestructura que vive el país.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Armando Alonso González aagonzalez@asamblea.go.cr Corrupción, problemas de coordinación institucional que afecta el desarrollo de infraestructura nacional, grave problemas de planificación, prevalencia de las decisiones políticas, son algunos de los dificultades que señaló Roy Barrantes de Lanamme, recogidos en un taller sobre los principales problemas de infraestructura que vive el país. El jerarca del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME), compareció esta noche, ante la Comisión Especial de Infraestructura, para que se refiriera al Congreso, Taller de Estatus Quo, de los problemas de la administración, gestión y Dirección de proyectos y ofrecer posibles soluciones. “Lo que los participantes expresaron era, que muchas veces, las decisiones de qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer, tienen un componente político que les dificulta ejecutarlo de forma eficiente y dentro de lo que es la lógica en el desarrollo de un proyecto”, dijo Barrantes. Así mismo, manifestó que los participantes no pudieron evitar, en apuntar una serie de problemas de índole técnico, por lo que el informe es amplio en mencionar esa serie de problemas que detectaron y surge el problema de restructuración del sector. “Algunos consideran que la estructura actual y no el consejo, no es realmente la estructura más eficiente, algunos piensan también que la estructura existente de cada uno de esos consejos, tampoco es la estructura más eficiente y así lo dejaron plasmado en el informe”, señaló Dentro de las causas raíces, dijo Barrantes por ejemplo, decisiones políticas sobre las técnicas, compromisos e intereses personales, falta de un verdadero Plan Nacional de Desarrollo, miembro de los consejos de administración que representa actores privados, municipales y otros, que deciden sobre proyectos. La diputada Paola Valladares manifestó que se tiene la costumbre de construir o reparar carreteras pero no se tiene una gestión vial integrada, no solo en el ámbito de infraestructura, sino también no se tiene una constitución clara de los proyectos, sin saber cuál será el alcance, ni proyección de los objetivos. “Ver que dentro de las propuestas el mismo Ministerio de Obras Públicas, ahora quiera incorporar los principios de gestión de proyectos verdaderamente vamos bien encaminados, se dan las 14 áreas del conocimiento, vendrían a mejorar todo lo que tiene que ver la planificación real de este país”, dijo la diputada. El congreso taller fue realizado por la Asociación Costarricenses de Ingenieros de Construcción, con la participación muy activa del Instituto Tecnológico, del Colegio Federado, y especialmente De LANAMME.
05/03/2019 18:23
 MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO DEBE ORDENAR EL PROCEDIMIENTO PARA PERMISOS URBANÍSTICOS
Las aparentes irregularidades en el otorgamiento de permisos de construcción en la Municipalidad de Paraíso, fueron objeto de discusión la mañana de este martes 5 de marzo en la sesión de la Comisión Especial de la Provincia de Cartago,  donde compareció el ex alcalde de Paraíso, Jorge Rodríguez Araya y el asesor jurídico de este ayuntamiento, Erick Rodríguez Bonilla.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Erick M. Jiménez Valverde erick.jimenez@asamblea.go.cr Las aparentes irregularidades en el otorgamiento de permisos de construcción en la Municipalidad de Paraíso, fueron objeto de discusión la mañana de este martes 5 de marzo en la sesión de la Comisión Especial de la Provincia de Cartago, donde compareció el ex alcalde de Paraíso, Jorge Rodríguez Araya y el asesor jurídico de este ayuntamiento, Erick Rodríguez Bonilla. Para el asesor jurídico de la Municipalidad de Paraíso, Erick Rodríguez, la irregularidad radica en el accionar del Concejo Municipal de Paraíso quien fue “negligente e irresponsable” al no asumir la competencia que le corresponde y permitir que se redefiniera la naturaleza jurídica y urbanística de cuatro proyectos habitacionales en el cantón. Rodríguez afirmó ante los diputados integrantes de la Comisión, que si la Sala Constitucional ya había declarado que estos proyectos urbanísticos estaban bajo la modalidad de fraccionamiento simple, el Concejo Municipal debió respetar el fallo del máximo órgano constitucional del país y no cambiar su naturaleza urbanística. Por su parte, el ex alcalde de Paraíso, Jorge Rodríguez afirmó que esto representa un “show” político”, para desprestigiar el accionar de las administraciones municipales, quienes siempre actuaron apegadas a la resolución emitida por la Sala Constitucional. La diputada Laura Guido Pérez del Partido Acción Ciudadana (PAC), criticó el accionar de las últimas administraciones municipales en el otorgamiento de permisos de desarrollos urbanísticos en el cantón de Paraíso e indicó que el ayuntamiento no puede otorgar permisos sin los debidos requerimientos de otras instituciones del Estado como Acueductos y Alcantarillados, Bomberos de Costa Rica y el Colegio de Ingenieros de Costa Rica, ente otros; así como lo indican los informes del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) que tiene en su poder. “Nosotros estamos aquí para velar por el máximo interés de los habitantes del cantón de Paraíso, esto incluye su derecho a un territorio ordenado, a un cumplimiento del plan regulador, así como su derecho a un ambiente sano y equilibrado”, acotó la legisladora. Por su parte, el diputado Luis Fernando Chacón Monge del Partido Liberación Nacional (PLN), afirmó que este tema evidencia “el desorden que ha prevalecido en este gobierno local en los últimos períodos”, situación que ha frenado el desarrollo urbanístico de la zona y por ende el desarrollo económico y social de sus pobladores. Chacón expresó que este tema se encuentra en instancias judiciales y que por ende la Comisión Especial de la Provincia de Cartago, solamente presentará los informes correspondientes y estará atenta de la resolución oficial de los órganos judiciales. Finalmente, la diputada presidente de la Comisión, Paola Valladares Rosado del Partido Liberación Nacional (PLN) insiste en que la Municipalidad de Paraíso debe implementar controles más rigurosos para el otorgamiento de los permisos, así como ordenar los procedimientos respectivos. El tema de las presuntas irregularidades surgió en marzo del año anterior cuando el INVU emitió un informe donde le indica al Concejo Municipal de Paraíso que deben elevar a las instancias judiciales correspondientes, las denuncias interpuestas de cuatro urbanizaciones por irrespeto a la normativa urbana, ya que los proyectos analizados son fraccionamientos con fines urbanísticos y, por lo tanto, debieron previo a ser construidos, contar con las aprobaciones de todas las instancias competentes y no solo del municipio cartaginés.
05/03/2019 15:54
 PROYECTO QUE REGULA PLATAFORMAS DE TRANSPORTE PODRÍA TENER ROCES CON LA CONSTITUCIÓN
El Procurador Julio Jurado aseguró ante los diputados que conforman la Comisión de Asuntos Económicos que el expediente 21228, reforma del sistema de transporte remunerado de personas y regulación de las empresas de plataformas tecnológicas de transporte, podría tener roces con la Constitución Política por eventuales violaciones a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Esteban Rojas Sáurez esteban.rojas@asamblea.go.cr El Procurador Julio Jurado aseguró ante los diputados que conforman la Comisión de Asuntos Económicos que el expediente 21228, reforma del sistema de transporte remunerado de personas y regulación de las empresas de plataformas tecnológicas de transporte, podría tener roces con la Constitución Política por eventuales violaciones a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Para jurado que se pretenda que las empresas prestatarias del servicio se les obligue a aportar, y trasladar en forma mensual al CTP, el tres por ciento (3%) sobre el precio final cobrado en cada servicio de transporte mediante una EPT. Este monto será destinado al Fondo Nacional de Movilidad, podría ser violatorio al orden constitucional. Además, expuso sus dudas sobre la constitucionalidad por la creación del Fondo Nacional de Movilidad que será administrado por el Consejo de Transporte Público. El CTP utilizará el Fondo Nacional de Movilidad para la modernización del transporte público. La propuesta de ley crea el Registro de Empresas de Plataforma de Transporte (ETP), donde las empresas deberán registrarse para operar legalmente en el país, y se les requiere presentar la certificación de personería jurídica de las Empresas de Plataforma de Transporte y la lista de conductores acreditados por la empresa para utilizar la plataforma tecnológica. La EPT deberá hacer un pago como requisito de inscripción en el Registro, este pago se realizará por una única vez, y será equivalente a cien (100) salarios base, según el salario base establecido anualmente por el Consejo Superior del Poder Judicial y lo dispuesto por la Ley N.° 7337. Para la renovación de la inscripción el pago correspondiente será el equivalente a cincuenta (50) salarios base. Según el proyecto de ley, se establece la facultad del CTP de fijar una cantidad máxima de vehículos que puedan operar bajo las disposiciones establecidas por la presente ley. Dicho tope no podrá ser inferior a la cantidad de concesionarios de taxis existentes. A los fines de aplicar la progresividad de los permisos, el CTP anualmente revisará la conveniencia y oportunidad de aumentar el número de permisos y establecerá, de acuerdo con el reglamento que para tales efectos se emita, los parámetros para la asignación de topes según la cantidad de EPT registradas.
05/03/2019 15:28
 IMPULSAN PROYECTO PARA DAR SEGURIDAD JURIDICA A COLIGALLEROS
José Pablo González, Consultor de empresas, explicó esta mañana la necesidad de impulsar el proyecto de una planta procesadora de materiales en Abangares, con el propósito de coadyuvar de forma directa en la organización formal de los coligalleros asociados en ese cantón.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Armando Alonso González aagonzalez@asamblea.go.cr José Pablo González, Consultor de empresas, explicó esta mañana la necesidad de impulsar el proyecto de una planta procesadora de materiales en Abangares, con el propósito de coadyuvar de forma directa en la organización formal de los coligalleros asociados en ese cantón. El consultor, compareció esta mañana ante la Comisión Especial de Guanacaste para explicar el proyecto que se está llevando a cabo en Abangares, para la creación de una planta y darle seguridad jurídica a los coligalleros. Según el proyecto que se encuentra en su etapa inicial se pretende incorporar al menos el 30% de la población de coligalleros, unas 240 personas, donde la planta requerirá de 50 personas para operar lo que implica la generación de empleos directos necesarios en la zona. Dicho proyecto, según explicó González en un video, apoyará la creación de dos cooperativas especializadas en la fabricación de joyería de oro y otros materiales preciosos que su vez agrega a mujeres de la zona, generando nuevos ingresos familiares, mejorando el bienestar de las familias. El consultor explicó en el video que con la puesta en marcha del proyecto no solo le darán garantías a los coligalleros sino que podría disminuir la pobreza en la comunidad y se podría profesionalizar una industria que tiene años en el abandono y con mucho potencial de crecimiento. Se reducirá el impacto al medio ambiente, según explicó, además, dijo con este proyecto existe disponibilidad del producto, con mano de obra calificada y demanda del producto. “Abangares tiene una población de 18 mil habitantes, con un 50% de hombres y un 50% de mujeres, una densidad de población de 26.69 personas por kilómetro cuadrado, un 70% es rural y un 30% es urbano y un territorio de 675.5 kilómetros cuadrados con 4 distritos”, dijo el consultor. González, señaló además, que con la creación de dicha planta, se busca dinamizar la economía del cantón, formalizar una actividad que representa el 70% de la actividad económica de Abangares que está declarada como ilegal, mejorar además, la salud humana y ambiental al eliminar el mercurio en el proceso de transformación de la materia prima, y atracción de inversiones colaterales de otras actividades aprovechando aspectos del cantón. La diputada Aida Montiel, explicó que para poner en orden a los coligalleros se necesita un estudio de impacto ambiental y de acuerdo según dijo, con la información que se tiene, son 4 cooperativas, y la problemática más fuerte es el estudio de impacto ambiental que no hay financiamiento para ello.
05/03/2019 12:58
 PROCESO RESTAURATIVO DE JÓVENES EN CONFLICTO DEBE SER INTEGRAL
La Comisión Permanente Especial de Niñez y Juventud recibió en audiencia a Rafael Segura Bonilla, Magistrado Suplente de la Sala Tercera; para que se refiera al Proyecto para la Creación de una Red de Mentores Juveniles Comunitarios para la Población Menor de edad en Conflicto contra la Ley.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Irene Rodríguez Mena irodriguez@asamblea.go.cr La Comisión Permanente Especial de Niñez y Juventud recibió en audiencia a Rafael Segura Bonilla, Magistrado Suplente de la Sala Tercera; para que se refiera al Proyecto para la Creación de una Red de Mentores Juveniles Comunitarios para la Población Menor de edad en Conflicto contra la Ley. Es importante hacer ver las causas de solicitud auxilio de los menores de edad, obedece a muchas situaciones, entre ellas agresión, abandono, consumo de drogas, explotación laboral, agresión sexual y negligencia parental. El delito penal juvenil tiene muchos factores de riesgo y dentro de los factores protectores se encuentran estructura familiar fuerte, red de apoyo positiva y ejercicios parentelas adecuados. El proceso penal juvenil se trabaja de forma disciplinaria y el enfoque es el interés superior del menor, una protección integral y un modelo de responsabilidad penal. A partir de ahí lo mentores judiciales inician el enfoque restaurativo. A partir de la comprensión integral de la realidad de las personas privadas de libertad menores de edad, es necesario tomar conciencia que un menor de edad que se incluya en un proceso restaurativo es un adulto que cuando recobre la libertad será un adulto con facultades para integrarse a la sociedad. Dicho lo anterior, el proyecto tiene como objetivo fortalecer las herramientas necesarias para construir un proyecto de vida alejado del delito y así lograr la reinserción social y familiar del joven. El objetivo específico es desarrollar la acción comunitaria para mejorar la utilización de las oportunidades procesales de los jóvenes en conflicto con la ley penal para su adecuada reinserción social. Lo que se pretende como resultado principal de la creación de una red de menores de los jóvenes en conflicto con la ley penal que apoyen su inserción social y potencien las herramientas establecidas en la legislación actual.
05/03/2019 12:57
 APRUEBAN REFORMA AL REGLAMENTO LEGISLATIVO
Con 41 votos a favor y 11en contra los diputados aprobaron una reforma integral al Reglamento de la Asamblea Legislativa, con esta se pretende regular los tiempos de discusión y aprobación de iniciativas de ley. Así quedó  plasmado mediante las mociones que se incorporaron al texto que salió de una comisión especial y que se tramitó mediante una vía rápida en el Plenario Legislativo.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Esteban Rojas Sáurez esteban.rojas@asamblea.go.cr Con 41 votos a favor y 11en contra los diputados aprobaron una reforma integral al Reglamento de la Asamblea Legislativa, con esta se pretende regular los tiempos de discusión y aprobación de iniciativas de ley. Así quedó plasmado mediante las mociones que se incorporaron al texto que salió de una comisión especial y que se tramitó mediante una vía rápida en el Plenario Legislativo. Como parte de las reformas aprobadas está que ninguna diputada o diputado podrá recibir en más de dos ocasiones el tiempo de otro legislador para referirse a un mismo tema. Las y los diputados tienen derecho a hacer uso de la palabra en las sesiones del Plenario, si se lo solicitan a la Presidencia. Si se tratare de la discusión de proyectos de ley en el trámite de primer debate, el diputado y la diputada podrá intervenir, con respecto a cada moción, por un plazo no mayor de cinco minutos, que podrá aprovechar de una sola vez, o en diversos turnos. Con respecto al fondo del proyecto, podrá intervenir por un plazo de hasta veinte minutos. Mientras que para la discusión general del proyecto en segundo debate, se concederá al diputado y diputada un plazo de hasta diez minutos, el cual podrá aprovechar de una sola vez o en diversos turnos. En ningún caso se podrán conceder plazos adicionales. Trámite de proyectos Además, durante la discusión de los diferentes proyecto en su trámite de Primer Debate, corresponde a los y las Jefes de Fracción definir los proyectos de ley de su interés que ocuparan los primeros lugares en el capítulo de primeros debates en el orden del día del Plenario; el cual estará constituido por un mínimo de veinte proyectos de ley. Las fracciones tendrán derecho de incluir, en el orden del día, los proyectos de su interés, en proporción al número de diputados que representan en la integración total de la Asamblea. Para estos efectos, se utilizará el sistema de redondeo a la unidad entera más próxima. En todo caso, toda fracción tendrá el derecho de que se incluya, al menos, un proyecto de su interés. Con la finalidad de agilizar el trámite de los proyectos de ley, los legisladores acordaron que los informes de las comisiones permanentes deberán ser rendidos, a más tardar, sesenta días hábiles después del ingreso del asunto al respectivo orden del día. Este plazo podrá ser ampliado por una única vez, por un nuevo lapso de sesenta días hábiles, sí así se acordare en comisión mediante moción de orden, antes del vencimiento del término original. Una vez vencido el plazo, o la correspondiente prórroga, sin que se hubiese rendido el informe, no se podrán presentar nuevas mociones de fondo y se tendrán por discutidas todas las mociones pendientes de conocimiento, las cuales se someterán a votación en forma individual. Las mociones de revisión y cualquier otra moción de orden que deba conocerse, se deberán someter a votación, sin discusión alguna. Mientras que las mociones que estén destinadas a modificar un proyecto de ley en cuanto a la forma, caben una vez votado en primer debate y su presentación no suspende su trámite. Estas pasarán automáticamente a la Comisión de Redacción para que sean incorporadas al proyecto de que se trate, si así lo determinare dicha Comisión, antes de que sea votado en segundo debate. Si la moción es acogida, será incorporada al proyecto antes de ser aprobado en segundo debate. Cuando la Asamblea conozca la revisión de un asunto, los diputados o las diputadas firmantes podrá hacer uso de la palabra por un plazo, que individual o de manera conjunta, no exceda de los siguientes plazos: 1- Diez minutos cuando se interponga con las votaciones en primer y segundo debate de un proyecto de ley, de reforma constitucional o de modificación al Reglamento de la Asamblea Legislativa; así como contra los acuerdos definitivos que no aparezcan más en el orden del día. 2- Cinco minutos, cuando se trate de la votación de mociones de fondo, proposiciones, avocaciones, delegatorias y las demás mociones de orden. Adicionalmente otro diputado, diputada o diputados podrán hacer uso de la palabra para manifestarse en contra, que individual o de manera conjunta, no exceda el mismo tiempo otorgado al proponente de la revisión. Agotado este trámite, se recibirá la votación. Apelación Los diputados y las diputadas tienen derecho a apelar las resoluciones del Presidente o la Presidenta de la Asamblea Legislativa, inmediatamente después de emitidas, en cuyo caso la votación se recibirá después de la intervención del diputado o diputada apelante y de la defensa que haga el Presidente acerca de su resolución. La apelación prosperará por mayoría de los votos de los diputados y diputadas presentes. Tanto el o la apelante como él o la Presidente podrán hacer uso de la palabrea por un término improrrogable de hasta diez minutos, cada uno. En caso de existir varios apelantes, estos compartirán el término dicho de la forma en que acuerden, o bien de forma equitativa entre ellos. Luego de iniciada la discusión de una moción de apelación, esta no podrá ser retirada por los o las proponentes. Una vez terminada la intervención de las partes, la Asamblea votará el asunto en discusión. Trámite para acordar la aplicación del procedimiento abreviado La moción para acordar la aplicación de un procedimiento abreviado se conocerá con prioridad sobre cualquier otro asunto en el capítulo de asuntos del régimen interno de la sesión del Plenario. Esta moción deberá ser votada en la misma sesión en que sea puesta en conocimiento del pleno legislativo. Cuando fuere necesario, para concluir su discusión y votación, se tendrá por ampliada la primera parte de la sesión hasta su votación final. Las mociones de revisión que se presenten contra la votación de estas mociones serán conocidas con prioridad en el capítulo de régimen interno. Solo sus proponentes podrán hacer uso de la palabra en forma conjunta o individual, por diez minutos. Presentación de proyectos Todo proyecto deberá presentarse ante el Departamento de la Secretaría del Directorio, en formato digital abierto y en forma impresa, a espacio y medio, un original y tres copias, procediendo en forma inmediata a asignarle el respectivo número de expediente e incluyéndolo en el sistema informático de divulgación legislativa oficial. El original impreso debe estar debidamente firmado por el diputado o diputada que lo inicie o lo acoja, o por la presidencia de la República y el correspondiente Ministerio de Gobierno, cuando el proyecto sea de iniciativa del Poder Ejecutivo. En caso de discrepancia entre el proyecto impreso y el proyecto digital prevalecerá el impreso. Corresponderá al Departamento de Secretaría del Directorio constatar el cumplimiento de los requisitos indicados, caso contrario procederá a su rechazo. Cumplidos los requisitos de presentación indicados en este artículo, la administración deberá enviar los proyectos a publicar, independientemente de que sea periodo de sesiones ordinarias o extraordinarias. A este efecto, los proyectos que no estén convocados en periodo de sesiones extraordinarias no ingresarán en el orden del día del órgano legislativo correspondiente, excepto que se dé su convocatoria o inicie el periodo de sesiones ordinarias. Diferencias de criterios El legislador del Partido Integración Nacional, Walter Muñoz Céspedes criticó fuertemente el recorte de los tiempos de discusión y aseguró que se “está cercenando un reglamento que funcionó por años en la Asamblea Legislativa”. Por su parte, el jefe de fracción del PLN, Carlos Ricardo Benavides Jiménez aseguró que las democracias deben irse adaptando para tomar mejores decisiones. “Algunos que me han antecedido aseguran que en esta Asamblea se han logrado acuerdos con el Reglamento que se tenía, pero eso no quiere decir que esto pueda cambiar en cualquier momento”. Para Benavides comentó que la reforma requiere un sacrificio, debido a que ahora los legisladores no podrán frenar un proyecto de ley. El diputado del Frente Amplio, José María Villalta Flores-Estrada criticó el trámite rápido por medio del cual se analizó el proyecto de reforma, pero afirmó que es positivo que se fije un procedimiento para que se estudien en el Plenario los informes de las comisiones investigadoras.
04/03/2019 15:06
 TRANSFERENCIAS AL FES SE INCREMENTARON EN MÁS DE UN 10 POR CIENTO
La Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar expresó ante los diputados que conforman la Comisión del Fondo de Educación Superior que el FES  es un fondo que busca atender el artículo 85 de la Constitución Política donde se prestende dotar a las Universidades Estatales de un patrimonio propio. La jeraraca fue clara que en los últimos años estos fondos para las univesidades se han incrementado en más de un 10 por ciento.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Esteban Rojas Sáurez esteban.rojas@asamblea.go.cr La Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar expresó ante los diputados que conforman la Comisión del Fondo de Educación Superior que el FES es un fondo que busca atender el artículo 85 de la Constitución Política donde se prestende dotar a las Universidades Estatales de un patrimonio propio. La jeraraca fue clara que en los últimos años estos fondos para las univesidades se han incrementado en más de un 10 por ciento. El principal financiamiento de las Univesidades son las trasnferencias del sector público y la mayor parte del gasto se va en remuneraciones, esto hace difícil el accionar de las universidades. En el 2010 las remuneraciones superan en un 207 por ciento y están por encima del costo de la vida. Los niveles de ejecución presupuestaria se han ido incrementando y el superávit, tiene un medio por ciento del producto interno bruto que es el equivalente de la suma presupuesto de al menos cinco Ministerios, la Asamblea Legislativas y otras entidades. La ministra fue clara en que el mayor gasto de las Universidades es en salarios. Y señaló que excepción de la UCR y la UNEED, estos centros de estudios no utilizan el sistema de compras públicas del Estado. Las Universidades deben acatar la regla fiscal, sentenció la ministra de Hacienda y aseguró que esto no generaría que sus presupuestos se reduzcan. “Recomendo que el superávit libre sea considerado en el próximo presupuesto como una fuente de financiamiento de las mismas universidades”, planteó Aguilar. El presidente de la Comisión, el liberacionista Wagner Jiménez Zúñiga consultó si las universidades deberían estar incluidas en el proyecto que regularía el empleo público, a lo que el jerarca añadió que deben incorporarse. El legislador independiente, Erick Rodríguez Steller comentó la información que dan las universidades no es suficiente para saber en qué se gastan los fondos públicos.
25/02/2019 19:19
 DIPUTADOS REGULAN TIEMPOS DE DISCUSIÓN DE PROYECTOS DE LEY
Con la reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa se pretende regular los tiempos de discusión y aprobación de iniciativas de ley. Así está quedando plasmado mediante las mociones que se han incorporado al texto que salió dictaminado de una comisión especial, hoy se contabilizaron la 5 y 6 sesión de 14 establecidas en el procedimiento de vía rápida que tiene este expediente.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Esteban Rojas Sáurez esteban.rojas@asamblea.go.cr Con la reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa se pretende regular los tiempos de discusión y aprobación de iniciativas de ley. Así está quedando plasmado mediante las mociones que se han incorporado al texto que salió dictaminado de una comisión especial, hoy se contabilizaron la 5 y 6 sesión de 14 establecidas en el procedimiento de vía rápida que tiene este expediente. Como parte de las reformas aprobadas está que ninguna diputada o diputado podrá recibir en más de dos ocasiones el tiempo de otro legislador para referirse a un mismo tema. Las y los diputados tienen derecho a hacer uso de la palabra en las sesiones del Plenario, si se lo solicitan a la Presidencia. Si se tratare de la discusión de proyectos de ley en el trámite de primer debate, el diputado y la diputada podrá intervenir, con respecto a cada moción, por un plazo no mayor de cinco minutos, que podrá aprovechar de una sola vez, o en diversos turnos. Con respecto al fondo del proyecto, podrá intervenir por un plazo de hasta veinte minutos. Mientras que para la discusión general del proyecto en segundo debate, se concederá al diputado y diputada un plazo de hasta diez minutos, el cual podrá aprovechar de una sola vez o en diversos turnos. En ningún caso se podrán conceder plazos adicionales. El jefe de fracción del Partido Integración Nacional, Walter Muñoz Céspedes, reclamo que se les limite el uso de la palabra o la posibilidad de que otro legislador les pueda ceder la palabra para algún tipo de aclaración. El congresista Gustavo Viales dijo que recortar de manera drástica el tiempo es preocupante Trámite de proyectos Además, durante la discusión de los diferentes proyecto en su trámite de Primer Debate, corresponde a los y las Jefes de Fracción definir los proyectos de ley de su interés que ocuparan los primeros lugares en el capítulo de primeros debates en el orden del día del Plenario; el cual estará constituido por un mínimo de veinte proyectos de ley. Las fracciones tendrán derecho de incluir, en el orden del día, los proyectos de su interés, en proporción al número de diputados que representan en la integración total de la Asamblea. Para estos efectos, se utilizará el sistema de redondeo a la unidad entera más próxima. En todo caso, toda fracción tendrá el derecho de que se incluya, al menos, un proyecto de su interés. Con la finalidad de agilizar el trámite de los proyectos de ley, los legisladores acordaron que los informes de las comisiones permanentes deberán ser rendidos, a más tardar, sesenta días hábiles después del ingreso del asunto al respectivo orden del día. Este plazo podrá ser ampliado por una única vez, por un nuevo lapso de sesenta días hábiles, sí así se acordare en comisión mediante moción de orden, antes del vencimiento del término original. Una vez vencido el plazo, o la correspondiente prórroga, sin que se hubiese rendido el informe, no se podrán presentar nuevas mociones de fondo y se tendrán por discutidas todas las mociones pendientes de conocimiento, las cuales se someterán a votación en forma individual. Las mociones de revisión y cualquier otra moción de orden que deba conocerse, se deberán someter a votación, sin discusión alguna. Mientras que las mociones que estén destinadas a modificar un proyecto de ley en cuanto a la forma, caben una vez votado en primer debate y su presentación no suspende su trámite. Estas pasarán automáticamente a la Comisión de Redacción para que sean incorporadas al proyecto de que se trate, si así lo determinare dicha Comisión, antes de que sea votado en segundo debate. Si la moción es acogida, será incorporada al proyecto antes de ser aprobado en segundo debate. Cuando la Asamblea conozca la revisión de un asunto, los diputados o las diputadas firmantes podrá hacer uso de la palabra por un plazo, que individual o de manera conjunta, no exceda de los siguientes plazos: 1- Diez minutos cuando se interponga con las votaciones en primer y segundo debate de un proyecto de ley, de reforma constitucional o de modificación al Reglamento de la Asamblea Legislativa; así como contra los acuerdos definitivos que no aparezcan más en el orden del día. 2- Cinco minutos, cuando se trate de la votación de mociones de fondo, proposiciones, avocaciones, delegatorias y las demás mociones de orden. Adicionalmente otro diputado, diputada o diputados podrán hacer uso de la palabra para manifestarse en contra, que individual o de manera conjunta, no exceda el mismo tiempo otorgado al proponente de la revisión. Agotado este trámite, se recibirá la votación. Apelación Los diputados y las diputadas tienen derecho a apelar las resoluciones del Presidente o la Presidenta de la Asamblea Legislativa, inmediatamente después de emitidas, en cuyo caso la votación se recibirá después de la intervención del diputado o diputada apelante y de la defensa que haga el Presidente acerca de su resolución. La apelación prosperará por mayoría de los votos de los diputados y diputadas presentes. Tanto el o la apelante como él o la Presidente podrán hacer uso de la palabrea por un término improrrogable de hasta diez minutos, cada uno. En caso de existir varios apelantes, estos compartirán el término dicho de la forma en que acuerden, o bien de forma equitativa entre ellos. Luego de iniciada la discusión de una moción de apelación, esta no podrá ser retirada por los o las proponentes. Una vez terminada la intervención de las partes, la Asamblea votará el asunto en discusión.
25/02/2019 18:00
 CONTROLES EN ADUANAS SON DEBILES AFIRMA DIRECTOR
El director General de Aduanas, Juan Carlos Gómez Sánchez, aseguró esta tarde, que los controles en las diferentes aduanas del país son débiles y tienen un atraso de 15 años, que deben de ser digitalizados para mejorarlos.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Armando Alonso González aagonzalez@asamblea.go.cr El director General de Aduanas, Juan Carlos Gómez Sánchez, aseguró esta tarde, que los controles en las diferentes aduanas del país son débiles y tienen un atraso de 15 años, que deben de ser digitalizados para mejorarlos. Así lo dio a conocer hoy el jerarca, ante la Comisión Permanente Especial de Ingreso y Gasto Público, quien compareció para referirse al estado de las aduanas en el país y los responsables por no haber puesto en funcionamiento los dos escáneres donados por el Gobierno de China. El jerarca señaló que aunque entró a la administración en el mes de enero de este año, no ignora el tema de las aduanas, sin embargo fue claro en señalar que los controles aduanales no han evolucionado, están atrasados y tienen alrededor de 15 años de retrasos. “Los controles no son efectivos, entonces hay que ir a digitalizar los escáner, ya que es un instrumento de diagnóstico que puede ser una unidad que nos va a dar la embajada americana, un centro de inspección remoto que la embajada esta donando, y se pueda ver desde ahí el control de mercancías”, dijo el director. La diputada de Liberación Nacional, Franggi Nicolás Solano señaló que en un diagnóstico que hizo la Contraloría en la administración aduanal arrojo como resultado que no existe controles cruzados entre la Dirección General de Administración y la Dirección General de Aduanas, en este sentido, consultó al Director de Aduanas, qué ha propuesto y medidas tiene para corregir dicha observación de la contraloría. Al respecto Gómez señaló que se ha venido trabajando en fusionar el área de registro que es vital para eso, y el área de riesgo tiene que uniformarse, pues no pueden haber dos áreas de riesgos, así mismo dijo que se va a reforzar un sistema de antena para el contenedor y así puedan ser monitoreados los contenedores desde Peñas Blancas a Paso Canoas. En el tema de las aduanas y evasión aseguró que es un tema de “nunca acabar”, pues el sistema que se utiliza en aduanas llamado “Tica”, que es un sistema informático no cumple con las expectativas de un buen sistema que de seguridad en las aduanas. Finalmente aseguró que existe corrupción en todo su anillo y toda su gestión y es necesario atacar todo lo que tiene que ver toda la arista que rodea las aduanas, “hay que controlar todas las aduanas, se dan focos y no es un tema no solo de funcionarios”, dijo el director de aduanas.
21/02/2019 15:08
 IMPUESTOS CON DESTINOS ESPECIFÍCOS EN NUEVOS PROYECTOS DEBE ERRADICARSE
La Comisión Permanente Especial de Económicos recibió en audiencia a Rocío Aguilar Montoya, Ministra de Hacienda para que se refiera a los proyectos N° 20865 Ley marco para la regularización del hospedaje no tradicional y su intermediación a través de plataformas digitales y el N° 21 159 Ley para solucionar la contaminación de residuos plásticos.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Irene Rodríguez Mena irodriguez@asamblea.go.cr La Comisión Permanente Especial de Económicos recibió en audiencia a Rocío Aguilar Montoya, Ministra de Hacienda para que se refiera a los proyectos N° 20865 Ley marco para la regularización del hospedaje no tradicional y su intermediación a través de plataformas digitales y el N° 21 159 Ley para solucionar la contaminación de residuos plásticos. Es necesario señalar que la solicitud de la Comisión para que la Ministra comparezca, obedece a que en ambas propuestas de ley se grava productos de consumo y prestadores de servicio. La Ministra Aguilar Montoya expreso de forma muy puntual que respecto a la propuesta N°21 159 se encuentran completamente de acuerdo y recomiendan que se graven los productos de consumo final. Bajo esa línea el impuesto más idóneo es el denominado impuesto selectivo de consumo, ya que solo afecta a cierto tipo de mercadería; asimismo recomienda eliminar destinos específicos, ya que con el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas que recientemente se aprobó se busca un ordenamiento de las finanzas y eliminar prácticas de esta naturaleza. Sobre esa misma línea agregó que se repiten costumbres antiguas como darle personería jurídica instrumental, lo que claramente no va de la mano con los esfuerzos que se hacen para que todo se ejecute desde una casa matriz. Particularmente recomiendan no crear destinos específicos ni estructuras administrativas separadas ni exoneraciones de más.- En cuanto al proyecto N° 20865 sobre hospedaje no tradicional y plataformas digitales, al igual que el anterior proyecto se crea un fondo separado, lo cual no va de la mano con el trabajo que se viene realizando de ordenamiento de las finanzas. La Ministra fue muy enfática con los diputados al indicar que las prácticas de destinos específicos deben suprimirse con el agregado que el control de dicho impuesto es caro, agrego que debe buscarse una forma más automática y huir de la partición de impuestos, e invito a los legisladores a que ante la creación de nuevas leyes erradiquen la práctica de impuestos a destinos específicos, personerías jurídicas, así como las exoneraciones, condición que ambos proyectos por los que fue convocada presentan.
20/02/2019 15:12
 REFORMAN LEY ORGANICA DEL BANCO CENTRAL
Luego de una amplia discusión los legisladores votaron en S Debate el expediente N° 21.033, reforma a varios artículos de la Ley Orgánica del Banco Central, donde se modifica la integración de la Junta Directiva de la entidad.
Esteban Rojas Sáurez esteban.rojas@gmail.com Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo Luego de una amplia discusión los legisladores votaron en S Debate el expediente N° 21.033, reforma a varios artículos de la Ley Orgánica del Banco Central, donde se modifica la integración de la Junta Directiva de la entidad. Según la propuesta, el presidente del Banco Central, quien será designado por el Consejo de Gobierno por un plazo de cuatro años. Esta designación se realizará veinticuatro meses después de iniciado el período constitucional del presidente de la República, pudiendo el Consejo de Gobierno renovar el nombramiento de forma continúa al concluir cada período. El presidente del Banco Central únicamente podrá ser removido por el Consejo de Gobierno por causa justificada. El Ministro de Hacienda, o quien ejerza temporalmente esa cartera en ausencia del titular, quien tendrá derecho a voz, pero no a voto. En ningún caso podrá delegarse esta representación en terceras personas. La presencia del Ministro de Hacienda no se contará para efectos de formar quórum. Dentro de la Junta Directiva estarán “seis personas de absoluta solvencia moral y con amplia capacidad y experiencia en materia económica, financiera, bancaria y de administración. Estos miembros serán nombrados por el Consejo de Gobierno y la Asamblea Legislativa dispondrá de un plazo de treinta (30) días naturales para ratificar u objetar el nombramiento del Consejo de Gobierno”. Ante la declaración del legislador oficialista Welmer Ramos González, de estar en contra del proyecto las fracciones de oposición lanzaron fuertes críticas a la gestión del Gobierno, la diputada de Liberación Nacional Silvia Hernández Sánchez aseguró que es una falta de coherencia, al indicar un congresista del PAC que está en contra del proyecto. Hernández criticó la posición de Ramos en un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Por su parte, el congresista del Partido Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz Fonseca indicó que en estos temas no “pueden existir medias tintas”. Ramos dijo que los diputados pueden cambiar de criterio. Y que a su criterio es importante que el Ministro de Hacienda tenga voz y voto en la Junta Directiva del Banco Central.
19/02/2019 19:25
 REGULAR HOSPEDAJE NO TRADICIONAL ES NECESARIO PARA CONTRIBUIR CON EL TURISMO
Con el objetivo de ampliar la gama de servicios en el sector de hospedaje para el turismo y ampliar la base contributiva del país se presentó ante la corriente legislativa el expediente N° 20.865 Ley  marco para la regularización del hospedaje no tradicional y su intermediación a través de plataformas digitales, el cual se discute  en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Irene Rodríguez Mena irodriguez@asamblea.go.cr Con el objetivo de ampliar la gama de servicios en el sector de hospedaje para el turismo y ampliar la base contributiva del país se presentó ante la corriente legislativa el expediente N° 20.865 Ley marco para la regularización del hospedaje no tradicional y su intermediación a través de plataformas digitales, el cual se discute en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos. Vinculada a dicha discusión, se presentó a brindar criterio sobre dicho proyecto María Amalia Revelo Raventós, Ministra de Turismo, ella adujo que este es un proyecto importante para el sector turismo ya que viene a regular un servicio de hospedaje no tradicional. Señaló, además, que el hospedaje no tradicional está tomando cada vez más importancia en el mundo entero, y entienden el clamor del sector hotelero de tener las condiciones de competitividad que sean las adecuadas para competir en igualdad de condiciones. Es necesario indicar que el hospedaje no tradicional se enmarca en un cambio de patrón de reservación, ya que los usuarios realizan reservaciones mediante plataformas que no permiten el cobro de impuestos. Se debe recalcar que el objetivo del proyecto de ley es “regular y planificar la prestación de servicios turísticos de alquiler en viviendas, apartamentos, villas, chalés, bungalós, cuartos o cualquier otra construcción análoga que conformen un todo homogéneo e independiente, en el marco de la Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo y del resto del ordenamiento jurídico; así como defender y proteger a los usuarios de estos servicios turísticos y regular las plataformas de empresas de comercialización o intermediarias, entre usuarios y prestatario del servicio”, así indicado en el artículo 1 de la propuesta en discusión. La Ministra manifestó que se encuentra a favor del proyecto y es consciente de lo que representa, sin embargo hay aspectos que considera deben realizarse dentro del análisis del mismo. Dentro de esas regulaciones que le están solicitando al Ministerio es garantizar la calidad de estos servicios en cosas tan puntuales como la limpieza o el estado de las sábanas, situación que no se da ni siquiera con los hoteles, es una negociación entre el ente privado y el prestador del servicio. Lo que si realizan son inspecciones para el otorgamiento de estrellas, por lo que hace el llamado a considerar ese tipo de pautas tan específicas. Otro llamado que hace es al cumplimiento de la ley 7600 ya que muchos de estos hospedajes son casas viejas o apartamentos por lo que este requisito es cerrar las puertas a muchos de estos hospedajes. Y la otra observación es que las municipalidades den este tipo den este tipo de patentes, ya que se corre el mismo riesgo que con la ley 7600. Finalizo su comparecencia indicando que dentro de los datos que tiene el Ministerio el 10.65% de los turistas que visitan el país vía aérea utilizan este tipo de hospedaje, por lo que realmente es fundamental regular este tipo de alojamientos. Por otra parte, Javier Pacheco, Vicepresidente de la Cámara Costarricense de Hoteles, quién también formaba parte de la comparecencia, puntualizo que la ley es sumamente importante porque debe existir una regularización, como hoteleros no ven que les afecte el hospedaje no tradicional, sin embargo, son conscientes de que son tendencias y no se pueden eliminar pero si trabajar alrededor de ellas. En ese sentido su importancia se dirige en velar a favor de la seguridad de los turistas, ya que es su principal interés, porque la falta de seguridad si es un tema que afecta a todo el sector, e hizo hincapié en los últimos acontecimientos a turistas que tuvieron lugar en este tipo de hospedajes.
19/02/2019 15:39
 NUEVO HOSPITAL DE PUNTARENAS COSTARÁ $220 MILLONES
Con un costo cercano a los 220 millones de dólares, el nuevo hospital de Puntarenas contará con nuevos servicios hospitalarios que actualmente no brinda, como por ejemplo quimioterapia, cardiología y banco de leche, con el propósito de que los puntarenenses cuenten con todos los servicios necesarios.
COSTARÁ $220 MILLONES Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Armando Alonso González aagonzalez@asamblea.go.cr Con un costo cercano a los 220 millones de dólares, el nuevo hospital de Puntarenas contará con nuevos servicios hospitalarios que actualmente no brinda, como por ejemplo quimioterapia, cardiología y banco de leche, con el propósito de que los puntarenenses cuenten con todos los servicios necesarios. Así lo dio a conocer, esta tarde, el Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya, quien compareció hoy ante la Comisión Especial de Puntarenas para dar a conocer los detalles de ese nuevo centro de salud. Macaya dijo además, que el costo del hospital es de 220 millones de dólares y será bajo la modalidad llave en mano, y empezará su construcción en el mes de junio de este año, siempre y cuando no haya apelaciones por parte de alguna otra empresa constructora, sin embargo si existiera algún tipo de reclamo, la construcción iniciará en febrero del 2020. Así mismo señaló que se tiene previsto su finalización en el mes de abril del año 2022, pero si alguna compañía apela, la obra se podría terminar en el mes de diciembre de ese mismo año. “Este es un proyecto muy ambicioso, va hacer muy importante para la provincia en el tema de inversión y de los servicios que va a ofrecer a la provincia, algunos por primera vez, que obedece a una estrategia de ir fortaleciendo los hospitales regionales, y que no nos concentremos exclusivamente en los hospitales nacionales, para lo que es atención de servicios especializados, por ejemplo odontología, quimioterapia, para que la gente no tenga que venir hasta San José”, dijo Macaya. El diputado de Liberación Nacional, Gustavo Viales Villegas consultó a Macaya sobre algunas denuncias que ha recibido con relación a los equipos que va a contener el nuevo hospital, pues se ha identificado que la empresa que gana la licitación ofrece un tipo de equipos y cuando se está en la etapa de equipamiento se utiliza otros equipos. Al respecto Jorge Granados, de la CCSS señaló que el cartel de licitación en todos los proyectos que se desarrollan en la caja de llave en mano, se incluyen absolutamente todas las fichas técnicas de equipamiento con todas las características que deben de cumplir los equipos, con los requisitos indispensables, y con base en esa fichas es que se revisa por parte del equipo inspector que los equipos que sean incorporadas cumplan fielmente con todos los requisitos que se establecieron.
18/02/2019 18:38
 ACUERDAN DEVOLVER TERNA DE DEFENSOR ADJUNTO DE LOS HABITANTES
Los diputados que conforman la Comisión de Nombramientos acordaron devolver al Plenario la terna enviada por la Defensora de los Habitantes, para nombrar al nuevo Defensor Adjunto,  luego de que la semana pasada fueran entrevistados los candidatos y analizados sus atestados.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Esteban Rojas Sáurez esteban.rojas@asamblea.go.cr Los diputados que conforman la Comisión de Nombramientos acordaron devolver al Plenario la terna enviada por la Defensora de los Habitantes, para nombrar al nuevo Defensor Adjunto, luego de que la semana pasada fueran entrevistados los candidatos y analizados sus atestados. Los miembros de la Comisión llegaron al acuerdo de no llevar a cabo el proceso votación para recomendar al Plenario Legislativo uno de los tres nombres para ocupar el cargo dentro de la Defensoría. Por medio de una moción se acordó la elaboración de un informe donde deberán constar las razones o justificaciones para devolver la terna al cargo de Defensor Adjunto de los Habitantes
18/02/2019 18:35
 BUSCAN PROTEGER AL PAÍS DEL TRÁNSITO DE DESECHOS PELIGROSOS
Con el objetivo general de proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos nocivos de la generación, el movimiento transfronterizo y el manejo de desechos peligrosos, los diputados aprobaron en su  trámite de Primer Debate la  Ley Para Ratificar Enmienda III/A Convenio De Basilea,
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Esteban Rojas Sáurez esteban.rojas@asamblea.go.cr Con el objetivo general de proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos nocivos de la generación, el movimiento transfronterizo y el manejo de desechos peligrosos, los diputados aprobaron en su trámite de Primer Debate la Ley Para Ratificar Enmienda III/A Convenio De Basilea, La legisladora del Partido Acción Ciudadana, Paola Vega Rodríguez comento que se busca que el país no se vea expuesto a este tipo de desechos que podría afectar a salud de los pobladores. Además, se le dío el visto bueno al expediente 20882, aprobación del convenio entre el gobierno de la República se Costa Rica y la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC) relativo a la sede de la Secretaría General de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana. Esta iniciativa en su artículo primero crea la CECC “como un organismo internacional subregional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión” y a la vez dispone en su artículo décimo octavo que el Estado Miembro designado como Sede de la Secretaría General suscribirá el Convenio de Sede; Y el 20184, aprobación del memorándum de entendimiento entre la República de Costa Rica y la República de la India sobre cooperación técnica. Este Memorándum de Entendimiento tiene el propósito de establecer la voluntad de ambas partes de unirse en actividades bilaterales de cooperación técnica en áreas identificadas por mutuo acuerdo de las Partes. “Las Partes acuerdan que las actividades de cooperación bajo este Memorándum de Entendimiento deberán ser consecuentes con sus respectivos objetivos y prioridades de planificación nacional”.
18/02/2019 16:52
 AGUA ES FUNDAMENTAL PARA DESARROLLO DE DE LIMON

La Comisión Especial que  estudia bajo el expediente N° 20935 todo lo atinente a la Provincia de Limón, recibió en audiencia a Yamileth Astorga Espeleta, Presidenta Ejecutiva del A y A para que rindiera una amplia  exposición referentes a  los procedimientos internos, los proyectos y limitaciones para atender temas urgentes de la provincia.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Irene Rodríguez Mena irodriguez@asamblea.go.cr La Comisión Especial que estudia bajo el expediente N° 20935 todo lo atinente a la Provincia de Limón, recibió en audiencia a Yamileth Astorga Espeleta, Presidenta Ejecutiva del A y A para que rindiera una amplia exposición referentes a los procedimientos internos, los proyectos y limitaciones para atender temas urgentes de la provincia. En primer término es importante señalar que los proyectos que albergan la provincia se contemplan como Región Huetar Caribe y la inversión en los proyectos se está realizando con una proyección de beneficio a 20 años para la población, desarrollándose en un corto y mediano plazo con una inversión total de 77 007 millones de colones. Astorga Espeleta indicó que es prioridad el tema del agua y saneamiento de las mismas en la provincia, no solo por el uso diario de la población sino también por la inversión que requiere la zona y lo que representa para el país la operación de los puertos de Japdeva y Moín. Señaló además, que de los proyectos que ya se ejecutan en los cantones corresponden al sistema de Acueductos y Alcantarillados tanto en el cantón central de Limón, así como en Siquirres, Mátina, y Talamanca, que se encuentran en el rango de corto y mediano plazo. Por otro lado, ya se encuentran proyectos que ya cuentan con recursos para el alcantarillado sanitario y manejo de aguas pluviales para Limón, con una inversión de $48 millones de dólares. Asimismo, le manifestó a los Diputados que si bien es cierto existe un compromiso con la ejecución de los proyectos, algunos de ellos no se concluirán en esta administración porque requieren completar estudios o expropiar algunos terrenos y eso requiere tiempo, sin embargo no omiten el hecho de que trabajan con el objetivo de concluir las mayor parte de las obras que actualmente se encuentran en proceso de ejecución.
18/02/2019 13:44
 INCORPORAN EN LA CONSTITUCIÓN PROTECCIÓN DEL ESTADO A PERSONAS CON DISCAPACDAD
EL Plenario Legislativo, aprobó esta tarde, una reforma constitucional que pretende Garantizar la Protección Especial Del Estado a las Personas con Discapacidad, dicha enmienda, se incorporara en la Constitución Política.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Armando Alonso González aagonzalez@asamblea.go.cr EL Plenario Legislativo, aprobó esta tarde, una reforma constitucional que pretende Garantizar la Protección Especial Del Estado a las Personas con Discapacidad, dicha enmienda, se incorporara en la Constitución Política. La Reforma expediente 18629 ya pasó por su aprobación de varios debates en la primera y segunda legislatura, por lo que fue enviada al Poder Ejecutivo para que sea incorporada en la carta magna. Según el plan la familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño y la niña, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad.”. Centros Cívicos. Por otro lado, los diputados aprobaron en su trámite de Segundo Debate, el expediente 20649 Reforma Integral de la Ley 7582, Creación de Centros Cívicos, donde el Estado podrá construir centros cívicos en las principales ciudades del país. Dichos centros se construirán con el propósito de centralizar los servicios brindados por las instituciones públicas. Contarán con instalaciones para dependencias de los ministerios de Justicia y Paz, Seguridad Pública, Gobernación y Policía, Obras Públicas y Transportes y de cualquier otro ministerio o institución pública. Se facultad al Ministerio de Justicia y Paz para coadyuvar en la construcción de los centros cívicos, el Ministerio de Justicia y Paz y sus dependencias podrán segregar, donar o ceder bienes inmuebles a otras instituciones del Estado, según las normas de la contratación administrativa. Condonación de deudas También se aprobó en su trámite de segundo debate, el expediente 21098 Reforma del artículo 1 de la Ley 9409, Autorización al Instituto de Desarrollo Rural (INDER) para que condone las deudas adquiridas antes del 31 de diciembre de 2005 con el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) por el otorgamiento de tierras. Se autoriza a la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), por el término de siete años, contado a partir de la publicación del reglamento de esta Ley, para que condone parcial o totalmente las deudas pendientes de pago por concepto del principal e intereses corrientes, moratorias y póliza, por la asignación, a título oneroso, de predios otorgados antes del 31 de diciembre de 2005 por el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) o el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), a personas físicas o jurídicas, aunque los títulos de propiedad e inscripción se hubieran registrado con posterioridad a esa fecha. Banco Central. Finalmente el plenario Legislativo aprobó en su trámite de primer debate, el expediente 21033 Modificación De Los Artículos 17 Y 25 De La Ley N.°7558, Ley Orgánica Del Banco Central De Costa Rica, De 3 De Noviembre De 1995. El plena modificar la fecha de nombramiento o designación del jerarca de la Institución bancaria (Presidente del Banco Central), el cual será designado veinticuatro meses después de iniciado el periodo constitucional del Presidente de la República, se otorga al Presidente del Banco independencia en el ejercicio de sus funciones y se establece que el Presidente del Banco Central solo puede ser removido por causa justificada según las dos causales allí establecidas.
14/02/2019 18:36
 SALUD APOYA PLAN QUE RESUELVE CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS
Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud, manifestó su apoyo al expediente 21159 Ley para Solucionar la Contaminación de Residuos Plásticos, que actualmente se analiza en la Comisión Permanente de Asuntos Económicos.
Departamento| de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Armando Alonso González aagonzalez@asamblea.co.cr Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud, manifestó su apoyo al expediente 21159 Ley para Solucionar la Contaminación de Residuos Plásticos, que actualmente se analiza en la Comisión Permanente de Asuntos Económicos. El jerarca de esta cartera, compareció esta tarde, para referirse a la iniciativa y señaló que el hecho de contar con una ley que justamente regule el uso de los plásticos de un solo uso, es un aliciente muy importante desde el punto de vista de salud, no solamente salud humana sino de salud ambiental. “En realidad nosotros estamos muy contentos de contar con un proyecto de este calibre, sabemos que esa es una línea que se ha venido siguiendo justamente en muchos países a nivel mundial, que han tomado liderazgo en la regulación, e ir disminuyendo cada vez más el uso de este tipo de plástico, sabemos que conlleva un problema bastante claro, para los ríos, para los rellenos sanitarios que sobrecarga, el tránsito y todo este tipo de material que al final de cuentas tiene su vida útil muy corta”, aseguró el ministro. En este mismo sentido añadió que hicieron una revisión Hicimos en todos los artículos contemplados en la ley y están en realidad bastante satisfechos con la redacción en sí, consideró que todo lo que es la prohibición del poliestireno expandido de un solo uso, es algo eminente y que se hace una acotación que se exceptúan los casos en que sea para uso de protección de alimentos. “También nos parece sumamente valioso que en el artículo 5 se prohíba lo que son compras institucionales del Estado todo lo que son justamente los pasticos como tenedores, cucharas, botellas, eso es muy importante que se regule dentro del Estado, tenemos que poner el ejemplo en esta materia y tomar ese liderazgo, esa prohibición nos permite posicionarnos en ese sentido”, dijo el jerarca. Señaló que en el artículo 14 están de acuerdo con todo lo que son los plásticos que se enumeran en ese artículo y también están de acuerdo que se ponga un impuesto para desincentivar el uso de esos productos. La presente Ley tiene por objeto contribuir con el proceso de sustitución de plásticos de un solo uso por alternativas compostables, renovables y reciclables, y con la transición de hábitos de consumo en aras de avanzar en la gestión integral de residuos sólidos. También se declara de interés público la sustitución de plásticos de un solo, público y privado, para cumplir con los compromisos adquiridos en la estrategia nacional de sustitución de plásticos de un solo uso que a su vez forma parte del Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2016 – 2021, la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2010-2021 y la Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valorización de Residuos. Se prohíbe también la distribución, comercialización, producción e importación de productos de un solo uso o desechables hechos con poliestireno, comúnmente llamado “estereofón”. Se exceptúan de esta prohibición los casos en los que por cuestiones de asepsia, conservación o protección de alimentos u otros productos, no resulte factible el uso de materiales alternativos, siempre y cuando lo anterior sea científica y claramente justificado.
13/02/2019 16:23
 Datos adjuntosDIPUTADOS PREOCUPADOS POR SITUACIÓN DE COOPERATIVAS AGRÍCOLAS
Diputados de diferentes fracciones de la comisión de agropecuarios  manifestaron  su preocupación por la situación que atraviesan  cooperativas agrícolas del país, en especial las de la zona sur donde una de ellas  enfrenta un cierre técnico y otra el remate de propiedades de cinco asociados
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Vera V. Solano Salazar vsolano@asamblea.go.cr Diputados de diferentes fracciones de la comisión de agropecuarios manifestaron su preocupación por la situación que atraviesan cooperativas agrícolas del país, en especial las de la zona sur donde una de ellas enfrenta un cierre técnico y otra el remate de propiedades de cinco asociados. Además en una sesión de trabajo donde recibieron a Marvin Rodríguez Cordero Vicepresidente de la República, Renato Alvarado Rivera Ministro de Agricultura Álvaro Jiménez Cruz, Presidente consorcio Coocafé R.L. y Gustavo Fernández Quesada Director Ejecutivo INFOCOOP, el legislador liberacionista Wagner Jiménez Zúñiga pidió al gobierno su intervención para solucionar el problema. En el caso de cooprosanvito, que nació hace 50 años, a pesar de que según Gustavo Fernández Quesada Director Ejecutivo INFOCOOP la entidad le inyectó recursos en varias ocasiones no fue posible que saliera de la crisis financiera. Aseguró que el pago de planillas consumía la mayor parte de los dineros de la cooperativa y como alternativa el INFOCOOP en el 2016 le aplicó una refundición de deudas, en condiciones muy favorables pero no lograron salir adelante. Renato Alvarado Rivera Ministro de Agricultura. Expresó que el 80% de los gastos de la cooperativa lo consumen la planilla por lo que solicitaron una reestructuración Renato Alvarado, Ministro de Agricultura En cuanto a Coopepueblos, Álvaro Jiménez Cruz, Presidente consorcio Coocafé R.dijo que las deudas que adquirió desde el 2008 Coopepueblos fueron en aumento llegando al 2015 a 95 millones de colones, por lo que ante el incumplimiento de pago establecieron un fideicomiso cuya garantía la constituyeron propiedades de varios socios. Ante el vencimiento del fideicomiso y el incumplimiento de su pago Coocafé le ha otorgado a Coopepueblos tres meses para hacer efectiva la garantía la cual está respaldada por las propiedades Es por eso que los legisladores solicitaron al segundo vicepresidente Marvin Rodríguez y al Ministro de Agricultura Renato Alvarado su intervención para evitar que los campesinos pierdan sus propiedades.
13/02/2019 16:22
 APRUEBAN DONAR TERRENOS PARA CONSTRUIR CENTROS EDUCATIVOS
El Plenario Legislativo aprobó esta tarde, en su trámite de Segundo Debate dos iniciativas que pretenden construir la Escuela de Rio Nuevo de Corredores y ampliar el colegio Artístico Felipe Pérez en Guanacaste.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Armando Alonso González aagonzalez@asamblea.go.cr El Plenario Legislativo aprobó esta tarde, en su trámite de Segundo Debate dos iniciativas que pretenden construir la Escuela de Rio Nuevo de Corredores y ampliar el colegio Artístico Felipe Pérez en Guanacaste. Se tratan de los expedientes 20558 Desafectación de un Bien Inmueble Propiedad Del Estado Y Autorización Para Que Lo Done Al Ministerio De Educación Pública, Para La Ampliación Del Colegio Artístico Profesor Felipe Pérez Pérez. El proyecto Autoriza al Ministerio de Ambiente y Energía, cédula jurídica N.º 2-100-042014, a segregar y donar al Colegio Artístico Profesor Felipe Pérez Pérez, cédula jurídica N.º 3-008-154848, treinta y nueve mil novecientos noventa y nueve metros cuadrados con treinta y cinco centímetros de la finca N.º 5-098777- 000, ubicada en el distrito primero del cantón de Liberia, provincia Guanacaste. El expediente 20398, también aprobado en Segundo Debate pretende modificar el Uso Público De Un Bien Inmueble Propiedad De La Municipalidad De Corredores Y Autorización Para Que La Municipalidad De Corredores Done Un Terreno De Su Propiedad Al Ministerio De Educación Pública, Para Destinarlo Al Uso De La Escuela De Río Nuevo. El terreno donado será destinado al uso exclusivo de las instalaciones de la Escuela de Río Nuevo, ubicada en el distrito primero, Corredor; cantón décimo, Corredores; provincia de Puntarenas, la cual actualmente ocupa ese terreno. Así mismo con el fin de compensar el cambio de uso establecido en el artículo primero de esta ley, se modifica el uso público del bien inmueble propiedad de la Municipalidad de Corredores, inscrito en el Registro Nacional bajo el sistema de folio real matrícula uno dos cuatro ocho cinco dos-cero cero cero (124852-000), situado en el distrito primero, Corredor; cantón décimo, Corredores; provincia de Puntarenas, el cual está destinado a área comunal, para que en adelante se modifique y pase a ser terreno destinado a parque.
12/02/2019 16:41
 COSTA RICA BUSCA SER UN PAÍS LIBRE DE PLÁSTICOS
En Costa Rica se desechan cerca de 550 toneladas de plástico por día y por esto se busca que con el proyecto 21159, Ley para solucionar la contaminación de residuos plásticos., el país esté libre de estos contaminantes para el  año 2021.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Esteban Rojas Sáurez esteban.rojas@asamblea.go.cr En Costa Rica se desechan cerca de 550 toneladas de plástico por día y por esto se busca que con el proyecto 21159, Ley para solucionar la contaminación de residuos plásticos., el país esté libre de estos contaminantes para el año 2021. La viceministra de Mares, Hayde Rodríguez comentó que estudios revelan que los peces tienen residuos plásticos en el tracto digestivo. “Ya en nuestras aguas estamos consumiendo peces con alto contenido de plástico”, comentó la jerarca. Estimaciones del 2017 revelan que en materia de importación 127 empresas traen plástico al país. La iniciativa que se discute en la Comisión Permanente Especial de Asuntos Económicos busca contribuir con el proceso de sustitución de plásticos de un solo uso por alternativas compostables, renovables y reciclables, y con la transición de hábitos de consumo en aras de avanzar en la gestión integral de residuos sólidos. Según Rodríguez se pretende crear un impuesto ambiental relacionado con la contaminación por plástico. “El objetivo no es recaudar fondos para las arcas del Estado, queremos un consumidor responsable”, donde se cambie el plástico por otros materiales. Se gravarán los insumos plásticos con una tarifa del diez por ciento. Produtos como los polímeros de etileno en formas primarias. Los productos plásticos de usos múltiples y larga duración con una tarifa del quince por ciento. Los plásticos de un solo uso u oxo biodegradables con una tarifa del veinticinco por ciento La iniciativa también prohíbe la distribución, comercialización, producción e importación de productos de un solo uso o desechables hechos con poliestireno, comúnmente llamado “estereofón”. La diputada oficialista Paola Vega comentó que esta iniciativa está en la Comisión de Económicos porque se quieren cambiar patrones de oferta y demanda sin golpear las empresas bajo el principio de que “el que contamina paga”. La legisladora de Liberación Nacional Karine Niño Gutiérrez consultó sobre el impacto económico que podría tener el proyecto, a los que la viceministra respondió que no tienen el dato exacto.
12/02/2019 14:19
 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SE ATIENDE POR ORDEN SANITARIA GRAVE
La Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia recibió en audiencia a Andrea Obando, Directora de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública (MEP) para que se refiera a diversos temas de la infraestructura educativa del país.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Irene Rodríguez Mena irodriguez@asamblea.go.cr La Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia recibió en audiencia a Andrea Obando, Directora de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública (MEP) para que se refiera a diversos temas de la infraestructura educativa del país. En primera instancia Obando indico que la dirección que ella representa requiere un rediseño administrativo, para mejorar la operación ya que demanda de forma urgente sistematizar la información y el estado de los centros educativos. La realidad de los centros estudio y la información suministrada se controla de forma manual, lo que hace que obtenerla deba prácticamente preguntarle a la persona encargada de dicha información en el centro educativo que les indique la realidad del mismo. Ante este panorama y con esa realidad es que es necesaria sistematizar y digitalizar la información para mejorar la operación. Por otra parte, manifestó que para este 2019 cuentan con 19 mil millones que están destinados para el cumplimiento de las órdenes sanitarias que están catalogadas como prioridad. Actualmente existen 575 órdenes sanitarias por atender, sin embargo aclara que la forma en que se venían atendiendo era de una forma integral donde se le daba toda la atención al centro educativo, lo que provoco un incremento de los recursos y al final no se atendía por completo y quedaba catalogada como desatendida. Como consecuencia la forma en que ahora se está atendiendo es directamente sobre la infraestructura catalogada como grave y no sobre en toda la infraestructura educativa, ya que esa debe entrar en una debida planificación. El legislador José María Villalta Flórez –Estrada del Partido Frente Amplio le señalo que si las formas en que se estaban ejecutando los proyectos y las intervenciones lo que evidenciaba era que las juntas de educación no estaban funcionando y eso también debían considerarlo como punto importante para la continuidad de las obras. La compareciente respondió que efectivamente es una situación que conocen y señalo que uno de los cambios que se está proponiendo es que para empezar un proyecto no se le deposite el total del costo del proyecto a las Juntas de Educación, como sucede actualmente, sino que se realice gota a gota y conforme se vaya dando la ejecución ya que la forma como actualmente se hace el depositar el total del dinero provoca que muchas veces las juntas cambien, haya errores en los procesos de contratación, las obras se detienen y al final no se sabe el destino de los recursos. Finalmente agrego que también es importante señalar un plan de mantenimiento ágil, sólido y a tiempo a los centros educativos, los cuales además por el uso al que permanentemente se someten requieren un mantenimiento que minimice el deterioro de la infraestructura.
12/02/2019 11:42
 RECIBEN A CANDIDATOS A DEFENSOR ADJUNTO DE LOS HABITANTES
La Comisión Permanente Especial de Nombramientos, recibió esta tarde a Meibol Jiménez Hernández, Alejandro Ortega Calderón y Marvin Solano Monge, quienes aspiran a ocupar el puesto de Defensor Adjunto de los Habitantes.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Armando Alonso González aagonzalez@asamblea.go.cr La Comisión Permanente Especial de Nombramientos, recibió esta tarde a Meibol Jiménez Hernández, Alejandro Ortega Calderón y Marvin Solano Monge, quienes aspiran a ocupar el puesto de Defensor Adjunto de los Habitantes. Meibol Jiménez manifestó que en los 25 años la Defensoría de los Habitantes ha hecho una gran labor y sería importante según ella publicitar más lo que hace, que las personas conozcan más de la labor importante que realiza la institución. “Si nos vamos a las zonas rurales, hay muchas personas que el día de hoy no saben lo que hace la Defensoría de los Habitante, eso es algo que sería más importante que publicar más”, dijo Jiménez. Por su parte, Alejandro Ortega, señaló en su exposición que es una oportunidad muy importante en su ejercicio profesional de ser parte de esa gran institución que es la Defensoría de los Habitantes, pues desde sus inicios se ha identificado con las poblaciones vulnerables. “Conozco la realidad y el esfuerzo que tiene que hacer una mujer por sostener el hogar, también he vivido otras experiencias de estar desempleado, inicie en la universidad estudiando sociología ya que tenía una necesidad latente de poder dar soluciones a la gente pobre que me acuerdo de mi infancia2, dijo Ortega. Finalmente, Marvin Solano Monge, manifestó en su exposición que tiene bastantes años de trabajar en el sector público, entró según él desde los 12 años en el Instituto Costarricense de Electricidad, en el proyecto de Tilarán con permiso del Patronato Nacional de la Infancia. Le preocupa las personas que viajan desde muy lejos por una cita médica, personas con enfermedades serias, el mal estado de las unidades de buses, entre otras, que lo hacen ser más sensible. Según relató, la Defensora de los Habitantes, le pidió que lo acompañe como defensor adjunto, para que le dé seguimiento al plan estratégico de la institución, básicamente desde el punto de vista presupuestario, y que se revise el tema del clima organizacional.
11/02/2019 18:53
 ESTADO DEBE DE PROTEGER A LAS PERSONAS CON DISCAPCIDAD
Los diputados aprobaron esta  tarde en su trámite de Segundo Debate de la primera legislativa el Expediente 18629 Reforma Constitucional del artículo 51 para garantizar la Protección Especial del Estado a las Personas con Discapacidad.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Armando Alonso González aagonzalez@asamblea.go.cr Los diputados aprobaron esta tarde en su trámite de Segundo Debate de la primera legislativa el Expediente 18629 Reforma Constitucional del artículo 51 para garantizar la Protección Especial del Estado a las Personas con Discapacidad. La iniciativa busca modificar la redacción del artículo 51 constitucional, con el fin de que no se use más el concepto discriminatorio “enfermo desvalido” para referirse a las personas con discapacidad y que en su lugar se utilice el concepto “personas con discapacidad”. La propuesta pretende también cambiar las palabras “anciano” por “personas adultas mayores”, y “niño” por “el niño y la niña”, con la intención de incluir en el texto la perspectiva de género. En general, el proyecto tiene como objetivo la implementación de términos apropiados para los tiempos actuales, considerando que el lenguaje no necesariamente es neutral y que puede integrar o marginar, o tener un enfoque transformador y visibilizar a las personas, se deben utilizar conceptos que dignifiquen al ser humano, y que sean la puerta para la inclusión de todos y todas. Desde La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (ONU) dispone que el término adecuado para referirse a este grupo de la población sea persona con discapacidad, es así que el término de “enfermo desvalido” contenido en nuestra Constitución Política debe ser sustituido por el concepto acorde con el modelo de atención basado en los derechos humanos, de “persona con discapacidad”, con la intención de dejar explícita su protección especial y de favorecer la dignidad, el respeto y la inclusión de las mismas mediante el uso de un lenguaje acorde con los derechos humanos. Finalmente el artículo 51 señala que La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño y la niña, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad.” Por otro lado, los diputados aprobaron en su trámite de Primer Debate el expediente 20649, Reforma integral a la Ley de Creación de Centros Cívicos. Dicho proyecto busca suprimir aquellas instituciones, que se encuentran legamente vigentes a pesar de haber sido identificadas como inactivas, tanto en términos operativos como funcionales y presupuestarios. Se busca suprimirlas, ya que, a raíz de su vigencia legal, estas instituciones incrementan el aparato público de manera innecesaria. Adicionalmente, la vigencia mantiene abierta la posibilidad de reactivarlas, aunque no existan criterios técnicos rigurosos para su existencia. Así mismo, se aprobó también en su trámite de primer debate el expediente 21098 Reforma al artículo uno de la Ley 9409 Autorización al Instituto de Desarrollo Rural para que Condone las Deudas Adquiridas antes del 31 de diciembre del 2005 con el IDA para el otorgamiento del tierras.
11/02/2019 17:59
 DIPUTADOS COINCIDEN EN DEFICIENTE ADMINISTRACIÓN DEL TEATRO NACIONAL
Varios diputados llegaron a la conclusión de que en el Teatro Nacional hubo una deficiente administración, lo que ha llevado a solicitar un empréstito por 35 millones de dólares para su restauración y construcción de un edificio anexo.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Armando Alonso González aagonzalez@asamblea.go.cr Varios diputados llegaron a la conclusión de que en el Teatro Nacional hubo una deficiente administración, lo que ha llevado a solicitar un empréstito por 35 millones de dólares para su restauración y construcción de un edificio anexo. Incluso en la sesión de esta tarde, con la comparecencia del ex Director del Teatro Fred Herrera Bermúdez, la diputada Franggi Nicolás en su intervención, solicitó respetuosamente a la Fiscalía General de la República, allanar el inmueble con el propósito de resguardar las pruebas para dicha investigación. La legisladora reiteró que si el empréstito solicitado hubiera sido de 7 millones de dólares para atender las deficiencias en el sistema eléctrico del Teatro Nacional y las posibilidades de mermar un incendio, representaría algo muy lógico sin que se hubiesen desatado las opiniones populares y reprochar el préstamo. “Estamos hablando ahora de 35 millones de dólares, que es un monto sumamente más elevado que la situación de emergencia, si observamos el empréstito como tal atender el tema de las posibilidades de un conato de incendio, apenas representa un 18% del empréstito, entonces cuando hablando de austeridad y contención del gasto, eso implica que los gastos que se tienen que hacer por parte del ejecutivo debe de estar circunscrito a situaciones de emergencias”, explicó la diputada. Señaló que el Teatro Nacional tiene también otro riesgo que es el de una mala administración interna, pues existen una serie de cuestionamientos adicionales, por lo que solicitar 35 millones de dólares, puede ser un indicio de esa mala administración y de derroche. La parlamentaria reprocho también que aun grupo de abogados que se contrataron para una consultoría, se les pagara a 90 mil colones la hora, además servicios de restauración por más de 85 millones de colones bajo una contratación que aparentemente resulta irregular, sin que existe controles de calidad, entre otras. “Aquí como diputados debemos instar a la fiscalía que haga un allanamiento del Teatro Nacional porque ahí hay pruebas que hay que proteger para poder proteger también al teatro no solamente de in incendio, sino también de una mala administración”, dijo la diputada Por su parte, el diputado Pablo Heriberto Abarca, coincidió también que la administración del Teatro Nacional ha sido deficiente, las denuncias que han interpuesto sobre esas irregularidades tendrán que llegar a su conclusión y será otro poder el que tenga que tomar esas decisiones. Por otro lado, la Comisión recibió en audiencia a Edward Sánchez Gerente General de Citi Costa Rica y a Ramón Hasbum Gerente de Citi Valores, quienes se refirieron a las subastas de los bonos que emitió el Ministerio de Hacienda en el año de 2017 y como se hicieron las negociaciones de dichas subastas.
07/02/2019 16:35
 LISTA TERNA PARA SUSTITUIR MAGISTRADOS
Los diputados que conforman la Comisión Permanente de Nombramientos votos por los nombres que formarán parte de las ternas que se enviarán al Plenario Legislativo para la sustitución de los ex magistrados Carlos Chinchilla y   Celso Gamboa.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Vera V. Solano Salazar vsolano@asamblea.go.cr Los diputados que conforman la Comisión Permanente de Nombramientos votos por los nombres que formarán parte de las ternas que se enviarán al Plenario Legislativo para la sustitución de los ex magistrados Carlos Chinchilla y Celso Gamboa. Las personas que obtuvieron la mayor calificación y el apoyo de los legisladores para sustituir a Chinchilla están Gustavo Jiménez Madrigal, Roy Badilla Rojas y Marta Eugenia Zúñiga Morales. Mientras en el caso de Gamboa, son Álvaro Antonio Burgos Mata, Cinthia Dumani Stradmann y Omar Antonio White Ward. Los congresistas también votaron la terma para sustituir a la ex magistrada Doris Arias y serán pasados al Plenario para su análisis los nombres de Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Rafael Segura Bonilla y Zhuyem Molina Murillo.
07/02/2019 16:34
 CUERPOS POLICIALES TENDRÁN ACCESO A ARCHIVO CRIMINAL
Los distintos  cuerpos policiales del país tendrán acceso a los archivos criminales que tiene en su poder el Organismo de Investigación Judicial,  así lo establece el expediente 20997 que fue dictaminado afirmativamente por  la Comisión Especial de Seguridad y Narcotráfico.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Vera V. Solano Salazar vsolano@asamblea.go.cr Los distintos cuerpos policiales del país tendrán acceso a los archivos criminales que tiene en su poder el Organismo de Investigación Judicial, así lo establece el expediente 20997 que fue dictaminado afirmativamente por la Comisión Especial de Seguridad y Narcotráfico. El proyecto busca que las policías represivas, preventivas e instituciones que realizan acciones sobre seguridad nacional del país, puedan acceder a la información que maneja el OIJ. En el país existen gran variedad de fuerzas policiales, cada una de ellas con diferentes funciones pero todas dirigidas a la vigilancia y conservación del orden público, por lo que la iniciativa busca facilitar la labor que cada una de ellas realiza. El proyecto es una reforma a la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, que permitirá a los cuerpos policiales contar con información sobre las personas que por alguna razón han tenido algún hecho delictivo ante la autoridad judicial. El diputado liberacionista Gustavo Viales Villegas, presidente de la Comisión de Seguridad destacó la importancia de que el OIJ comparta con los otros cuerpos policiales la información que tiene en su poder. El acceso a la información del OIJ destacó el legislador que es de vital importancia para un adecuado análisis delictivo, puesto que clasifica y muestra a aquellos individuos que en alguna oportunidad han comparecido ante las autoridades judiciales en calidad de presuntos responsables de hechos punibles El proyecto pasará al Plenario Legislativo para que continúe su trámite en Primer Debate.
07/02/2019 13:32
 SIN AGUA NO HAY VIDA
En junio de 2018 se conoció los resultados que el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en el proyecto de Buenas Prácticas Agrícolas en la producción de piña, el cual indico que existía una contaminación en el agua de la zona por el uso inapropiado de agroquímicos en la actividad,  vinculados principalmente a la manipulación del bromacil, el cual además desde el 2017 tiene prohibido su uso. Las muestras que arrojaron dichos resultado se tomaron en  las aguas subterráneas y superficiales, a lo cual es importante añadir que de forma preliminar se descartó presencia de agroquímicos en la fruta, pero sí encontró agroquímicos en el agua.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Irene Rodriguez Mena irodriguez@asamblea.go.cr En junio de 2018 se conoció los resultados que el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en el proyecto de Buenas Prácticas Agrícolas en la producción de piña, el cual indico que existía una contaminación en el agua de la zona por el uso inapropiado de agroquímicos en la actividad, vinculados principalmente a la manipulación del bromacil, el cual además desde el 2017 tiene prohibido su uso. Las muestras que arrojaron dichos resultado se tomaron en las aguas subterráneas y superficiales, a lo cual es importante añadir que de forma preliminar se descartó presencia de agroquímicos en la fruta, pero sí encontró agroquímicos en el agua. Ante esta situación la Comisión Permanente Especial de Ambiente recibió en audiencia a Edwin Chaves Murillo, Presidente de la Asada La Tabla, Wendy Paz Fernández, Administradora Asada Río Cuarto, Mauricio Cambronero Porras, Administrador Asada Santa Isabel, Asdrúbal Campos Mora Presidente; Doris Rojas Moreno, Vicepresidenta Asada Santa Rita, Jorge Alvarado Porras, Presidente Junta Directiva, Margarita Alvarado Solís, Administradora del Acueducto Veracruz, Asada de Veracruz de Pital, para que brinden su criterio sobre el estudio antes mencionado. Los representantes de las Asadas coincidieron en que la situación de sus comunidades es realmente lamentable ya que los efectos de la contaminación la están sintiendo las poblaciones en el uso del agua. Manifestaron que la mala práctica de la industria piñera continua contaminado el agua, aun y cuando ante el Recurso de Amparo que presentaron a la Sala, resolvió a favor de ellos de forma unánime, asimismo es de conocimiento la prohibición para el uso de ciertos agroquímicos, y son del criterio que el Estado ha sido omiso en el cumplimiento de las leyes. Consideran injusto que sean ellos quienes deban pagar los estudios técnicos de agua, para llevarla de otras zonas, cuando no han contaminado su propia agua y además como administradores de las Asadas han sido completamente responsables en el cuido del recurso hídrico, prueba de eso es que han garantizando el agua potable 100% a sus respectivas comunidades. Solicitan como Asadas que se proteja el agua, y recurren a los señores Diputados el apoyo para que las leyes que existen realmente se cumplan y cuando aprueben una ley busquen salvaguardar siempre la vida de las personas.
07/02/2019 13:31
 TRABAJADORAS EN SECTOR AGRÍCOLA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD
De acuerdo a varias publicaciones en los diferentes medios de comunicación en la cual se cuestiona las condiciones laborales de las mujeres en el sector agrario, la Comisión Permanente Especial de la Mujer, convocó a audiencia a Steven Núñez Rímola, Ministro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; para que se refiera específicamente al reportaje realizado por Delfino, sobre la problemática  explotación de la mujer en las actividades agrícolas, así como al Señor Jouseth Chaves, Secretario General Sindicato de Trabajadores del Sector Privado (SITRASEP) y la Señora Mireya Salas Rodríguez, Secretaria de la Mujer, Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP).
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Irene Rodríguez Mena irodriguez@asamblea.go.cr De acuerdo a varias publicaciones en los diferentes medios de comunicación en la cual se cuestiona las condiciones laborales de las mujeres en el sector agrario, la Comisión Permanente Especial de la Mujer, convocó a audiencia a Steven Núñez Rímola, Ministro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; para que se refiera específicamente al reportaje realizado por Delfino, sobre la problemática explotación de la mujer en las actividades agrícolas, así como al Señor Jouseth Chaves, Secretario General Sindicato de Trabajadores del Sector Privado (SITRASEP) y la Señora Mireya Salas Rodríguez, Secretaria de la Mujer, Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP). El Ministro Núñez Rímola manifestó en primer término que son conscientes desde su representada de la problemática que enfrentan las mujeres que trabajan en el campo y las situaciones a las que se ven expuestas no solo desde lo laboral sino también a lo social y de género, sí como el grado de vulnerabilidad de actividades específicas como las de la piña y el banano. En el caso de piña reconocen además, que esta actividad específica en el país se ha incrementado y las regiones Hurtar Norte y Huetar Atlántica son las zonas con mayor cantidad de hectáreas con producción de piña, cuyos mercados más fuertes son Estados Unidos de Europa. Dentro de los datos aportados para el año 2017, es importante señalar que en las contrataciones que se realizan en las fincas productoras, de un total de 257 776 personas, el 27.7% son mujeres, es decir por cada 100 hombres contratados 21.5 son mujeres. Asimismo, el 57.9% de mujeres contratadas trabaja en fincas principalmente dedicadas al café, 10.1% al banano y 4.8% a la piña. En el caso del café, el 97.7% fueron contratadas de forma temporal, en el banano el 44.1% y en la piña el 20.9%. Las acciones que desde el MTSS se han tomado para enfrentar esta realidad, van de la mano con los insumos que se obtienen desde la Organización Mundial del Trabajo (OIT) y el INAMU, lo que ha permitido realizar inspecciones a diferentes fincas con el objetivo de materializar el concepto de trabajo decente. El desarrollo del concepto de trabajo decente por parte de la inspección del Ministerio, comprende pilares fundamentales como los son el salario mínimo, derecho al descanso, erradicar discriminación y brindar ayuda en enfoque de género. En consecuencia se ha fortalecido la perspectiva del trabajo hacia las mujeres y se ha reforzado la inspección con enfoque de género así como los procesos de capacitación y la sensibilización de la problemática que afectan a las mujeres, la vulnerabilidad ante las que se encuentran sujetas como son la dependencia económica y la violencia a las que son expuestas en su lugar de trabajo. Por otra parte, Mireya Salas Rodríguez, Secretaria de la Mujer, Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), quién enfática en indicar que las políticas que las empresas que utilizan para la contratación son altamente discriminatorias hacia las mujeres, principalmente las mujeres en edad reproductiva o en estado de lactancia. Las mujeres además son sometidas a extenuantes horas de trabajo, sufren amenazas cuando exteriorizan el acoso laboral e incluso se duda de ellas. La sesión finalizo haciendo una excitativa al Ministro en que se deben brindar respuestas inmediatas a las mujeres que se encuentran inmersas en esta problemática.
06/02/2019 12:56
 HUELGAS EN SERVICIOS PUBLICOS ESTÁ PROHIBIDO POR LA CONSTITUCIÓN
El Procurador General de la República, Julio Jurado, se presentó ante los diputados que discuten en proyecto de ley para estudiar el derecho a huelga y señaló que las huelgas en los servicios públicos están prohibidas por la Constitución Política.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Esteban Rojas Sáurez Esteban.rojas@asamblea.go.cr El Procurador General de la República, Julio Jurado, se presentó ante los diputados que discuten en proyecto de ley para estudiar el derecho a huelga y señaló que las huelgas en los servicios públicos están prohibidas por la Constitución Política. Jurado comentó que la Sala Constitucional ha señalado que la prohibición no es absoluta y remite a los legisladores la potestad de señalar en cuáles servicios se puede aplicar. Los diputados deben ser los encargados de indicar cuales son los servicios esenciales en los cuales se aplica la prohibición de poder ejercer el derecho a huelga, pero que se deben regir sobre principios de proporcionalidad y razonabilidad. La Organización Internacional del Trabajo establece como servicios esenciales son los relacionados con salud, seguridad y los que generen una afectación a las finanzas públicas. “Hay que tener cuidado en la norma donde se le pide a un juez ver la ilegalidad de la huelga y el regreso inmediato, debe tener claridad en cuáles servicios públicos se prohíbe la huelga”, indicó el Procurador. Una norma donde se le permite al juez solicitar el regreso a las labores se debe crear una lista para que no quede a la interpretación en cuáles servicios está prohibido. Los funcionarios de la Procuraduría indicaron que la huelga a través de los convenios de la OIT no está regulada. Ante la consulta de diputado independiente Eric Rodríguez Steller sobre cuáles son los servicios esenciales, el Procurador indicó que se referiría a lo establecido en la Constitución Política que son los que pueden afectar la vida, seguridad y la salud. Para Jurado se debería crear una lista taxativa de cuáles son los servicios esenciales y en los que estaría prohibida la huelga, siempre respetando el principio de proporcionalidad. La legisladora de Liberación Nacional Yorleny León Marchena mostró su preocupación por la suspensión del contrato de trabajo a lo que le respondió que no hay una ruptura y sigue la subordinación, “por eso se discute sobre el tema de la remuneración”. El diputado José María Villalta Flores-Estrada consultó sobre la diferencia entre huelga política y huelga contra políticas públicas que afectan a los trabajadores. “Hemos sostenido en estrados judiciales que ambos tipos de huelga nos están reconocidos en la legislación costarricense”, manifestó Jurado.
06/02/2019 12:55
 35% DE PUENTES EN EL PAÍS SE ENCUENTRAN EN ESTADO DEFICIENTE
Un estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) revela que el 35 por ciento de los puentes en nuestro país se encuentran en un estado deficiente y necesitan una intervención en el corto plazo.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Armando Alonso González aagonzalez@asamblea.go.cr Un estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) revela que el 35 por ciento de los puentes en nuestro país se encuentran en un estado deficiente y necesitan una intervención en el corto plazo. Dicho estudio fue dado a conocer por Giannina Ortiz Quesada, Coordinadora de la Investigación del ITCR, quien compareció esta noche ante la Comisión Especial que se encargará de analizar, estudiar, proponer y dictaminar las reformas legales con respecto al desarrollo de la infraestructura del país. La compareciente señaló que dicho estudio se concluyó en el mes de noviembre del año pasado, que en principio estudiaron alrededor de 600 puentes en el país, sin embargo, el CONAVI firmó un convenio con el ITCR para que se estudiaran 1669 puentes en Costa Rica, material que será utilizado por las autoridades para la toma de decisiones. “Tenemos alrededor de un 35 por ciento de puentes, en una condición deficiente, estamos hablando de unos 584 puentes que en la condición deficiente no quiere decir que los puentes tienen un alta probabilidad de caerse mañana, sino que no cumple con los estándares que se han puesto en el manual de evaluación de puentes y que requieren una intervención a corto plazo”, dijo Ortiz. Así mismo, manifestó que los puentes que se encuentran en una situación satisfactoria lo que significa es que necesitan un mantenimiento rutinario, para poder mantener su condición, la idea dijo, es poder intervenir los puentes para llevarlos a una condición satisfactoria. “La información que tiene disponible, tanto el MOPT como el CONAVI le lleva detalles como esto, como por ejemplo vemos los puentes que son de acero que son 532 puentes, esos puentes, el estado de sus vigas están excelente, regular y deficientes, la mayoría tiene problemas de corrosión y oxidación”, aseguró. La compareciente señaló que los principales daños en los puentes son en el pavimento un 32 por ciento de los puentes tienen sobre capa de asfalto, esto afecta porque se le esta agregado cargas y reduciendo la capacidad de carga que tiene esa estructura. “En barandas de acero, la mayoría de los problemas, son faltante de elemento de oxidación, acero expuesto y en las puntas de expansión tenemos el 71 por ciento de los puentes con problemas que si bien es un elemento que si no se atiende a tiempo puede generar problemas propiamente en la estructura del puente”, señaló.
05/02/2019 19:00
 COSTA RICA E ITALIA INTERCAMBIRÁN INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Los diputados aprobaron esta tarde en Segundo Debate el expediente N°20457, que pretende el intercambio de información tributaria entre la República de Italia y Costa Rica, la información deberá incluir datos que sea previsiblemente pertinente para la determinación, el cálculo y la recaudación de tales impuestos, la recuperación y ejecución de reclamaciones tributarias o la investigación o el procesamiento de asuntos fiscales.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Esteban Rojas Sáurez esteban.rojas@asamblea.go.cr Los diputados aprobaron esta tarde en Segundo Debate el expediente N°20457, que pretende el intercambio de información tributaria entre la República de Italia y Costa Rica, la información deberá incluir datos que sea previsiblemente pertinente para la determinación, el cálculo y la recaudación de tales impuestos, la recuperación y ejecución de reclamaciones tributarias o la investigación o el procesamiento de asuntos fiscales. Este tipo de acuerdos han tenido el respaldo de la Sala Constitucional, quien ha sido consistente en sus apreciaciones al expresar que estos acuerdos no violentan los derechos tutelados por la Constitución Política. La iniciativa establece que toda información recibida por una Parte contratante se considerará confidencial y de igual modo también lo será la información obtenida al amparo de las leyes nacionales de la Parte contratante que la suministra. A su vez, se advierte que las autoridades deberán usar la información únicamente para estos propósitos tributarios y podrán revelarla en procesos judiciales públicos ante los tribunales o en sentencias judiciales del Estado requirente, en relación con esas materias. El diputado del Frente Amplio José María Villalta Flores-Estrada señaló que el proyecto requiere 38 votos por la confidencialidad de la información que se maneja. Además, se aprobó en su trámite de Primer Debate el expediente 20558, autorización al Ministerio de Ambiente y Energía para donar un terreno de su propiedad al Colegio Artístico Profesor Felipe Pérez Pérez.
05/02/2019 17:26
 DICTAMINADO PRIMER PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
El primer presupuesto extraordinario del 2019 logró su dictamen afirmativo en la Comisión de Asuntos Hacendarios, el cual inicialmente incluía cien mil millones de colones  producto de la fusión por absorción del Banco de Costa Rica  de las deudas contraídas por el Banco Crédito Agrícola de Cartago.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Vera V. Solano Salazar El primer presupuesto extraordinario del 2019 logró su dictamen afirmativo en la Comisión de Asuntos Hacendarios, el cual inicialmente incluía cien mil millones de colones producto de la fusión por absorción del Banco de Costa Rica de las deudas contraídas por el Banco Crédito Agrícola de Cartago. De esos recursos, los diputados de la comisión acordaron rebajar seis mil millones de colones para financiar el monitoreo electrónico, pues el Ministerio de Justicia informó que no tenían financiamiento para la compra de brazaletes y se pretendía obtenerlos del seguro que deben pagar a la Caja para los privados de Libertad. El diputado José María Villalta Flores-Estrada celebró que se desistiera de la propuesta del Ministerio de Justicia de trasladar recursos del seguro para los privados de libertad para la adquisición de los brazales. Audio José María Villalta, diputado Frente Amplio El Ministerio de Hacienda además, contempló en la modificación del presupuesto ordinario de este año 50 millones de dólares que en el 2’017 debieron destinar para hacer frente a los problemas financieros que tenía Bancredito. El presupuesto extraordinario tambipén contempla una partida por 30 mil millones de colones para capitalizar el BCR tal y como lo establece la ley que se aprobó Fusión por absorción del Banco Crédito Agrícola de Cartago y el Banco de Costa Rica. Los recursos se obtienen de una rebaja en la partida de “Amortización de Deuda Interna”, que se liberaron producto de los canjes realizados a finales del año 2018. La modificación del plan de gastos del 2019 además, incluye el traslado de una partida dentro del Ministerio de Justicia para mejoras en la infraestructura del sistema penitenciario para evitar hacinamiento en los centros penales La iniciativa también contempla una disposición para permitir traslados entre partidas presupuestarias cuando se den determinadas situaciones de excepción, que deberán ser justificadas y de entera responsabilidad del jerarca de cada institución.
05/02/2019 16:45
 MINISTRO ASEGURA QUE MERCADO PARA IMPORTACIÓN DE AGUACATE ESTA ABIERTO
El Ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado aseguró esta tarde antes los diputados que conforman la Comisión Permanente de Asuntos Económicos que el mercado para la importación de aguacate está abierto, lo que existe es una restricción a la importación de la  fruta de México que este con una enfermedad conocida como “mancha de sol”.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Esteban Rojas Sáurez esteban.rojas@asamblea.go.cr El Ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado aseguró esta tarde antes los diputados que conforman la Comisión Permanente de Asuntos Económicos que el mercado para la importación de aguacate está abierto, lo que existe es una restricción a la importación de la fruta de México que este con una enfermedad conocida como “mancha de sol”. Según Alvarado, lo que el país está haciendo es cumplir con los procedimientos fitosanitarios para impedir que esta enfermedad afecte los cultivos locales de aguacate. “Tenemos importación de muchos países, siempre y cuando la fruta no venga contaminada”, argumentó el jerarca del MAG. Ante la consulta de los legisladores sobre las restricciones a la importación de aguacate Hass proveniente de México el ministro comentó que “no es ciencia de cohetes, si quiero exportar tengo que cumplir requisitos”. El diputado del Partido Liberación Nacional, Roberto Thomson Chacón mostró su preocupación por las dificultades de ingreso al país de la fruta y consultó por cuántos años se importó aguacate desde el país norteamericano. A lo que las autoridades de agricultura respondieron que por cerca de 20 años. Alvarado fue claro que en lo que se busca es que la producción nacional no se vea afectada con la enfermedad de la mancha de sol que no se encuentra presente en el país y señaló que si un país cuenta con la enfermedad no puede plantear la solicitud de restricción de ingreso. La Ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez advirtió que el país sigue los procesos establecidos en la Organización Mundial de Comercio es donde se debe resolver el conflicto comercial.
05/02/2019 16:42
 ACTIVIDAD MINERA SIEMPRE TENDRA IMPACTO AMBIENTAL
Con el objetivo de aclarar una serie de situaciones respecto al contexto y realidad que enfrenta la de minería a cielo abierto y los coligalleros, la Comisión Especial que vela por la Provincia de Guanacaste, recibió en audiencia a la Celeste López Quirós, Viceministra de Gestión Ambiental, para que refiera a esta problemática que se manifiesta con un alto porcentaje en esta Provincia, quién además se hizo acompañar de la Sra. Ileana Boschini López, Directora de Geología y Minas, del Ministerio de Ambiente y Energía.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Irene Rodriguez Mena irodriguez@asamblea.go.cr Con el objetivo de aclarar una serie de situaciones respecto al contexto y realidad que enfrenta la de minería a cielo abierto y los coligalleros, la Comisión Especial que vela por la Provincia de Guanacaste, recibió en audiencia a la Celeste López Quirós, Viceministra de Gestión Ambiental, para que refiera a esta problemática que se manifiesta con un alto porcentaje en esta Provincia, quién además se hizo acompañar de la Sra. Ileana Boschini López, Directora de Geología y Minas, del Ministerio de Ambiente y Energía. Ambas actividades generan problemáticas, sociales, ambientales, económicas y más recientemente los migratorias, razón por la cual el Ministerio de Ambiente debe coordinar con las diferentes instituciones gubernamentales para poder brindar un abordaje integral a dicha situación que además, se q ha convertido en un tema país. Es necesario puntualizar que en lo que corresponde específicamente al tema ambiental, los estudios de impacto ambiental que deben aplicarse para que se pueda dar una extracción de oro o minería son altamente costosos lo mismo que su aplicación, y no hay forma de brincarse ni evadir este proceso, lo cual incide directamente en que la actividad se realice bajo la clandestinidad. Por otra parte y ligado a lo anterior, es importante agregar que el Plenario Legislativo aprobó el proyecto de ley N° 20922 que amplía el plazo de años a los coligalleros que producen minería en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal. Amnistía que permitirá al Estado procurar los esfuerzos necesarios para promover alternativas productivas sustentables como turismo minero, la orfebrería u otras opciones que den valor agregado a la actividad. Para la Viceministra es además necesario analizar y determinar los sitios locales en Abangares, donde el Ministerio pueda generar producción para, mantener el control de la misma, garantizar el éxito local, así como los recursos con los que el Estado cuenta. Ileana Boschini López, Directora de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía, fue muy clara al indicar que la minera tanto a cielo abierto como subterránea tienen un impacto ambiental y claramente se debe recuperar el oro de alguna forma, ante este panorama entran en juego las instituciones del Estado con un papel determinante, ya que no se puede autorizar la minería con instituciones débiles, debe reforzarse tanto al Setena, para darle seguimiento, como a la Dirección de Geología de Minas, y actualmente la región Chorotega por ejemplo debe cubrirse con un solo geólogo, realidad que no se puede pasar por alto. Señalo que si se entra a la actividad de la minería debe hacerse de forma sería y con instituciones fuertes. Ante las preguntas de los señores Diputados, se dejó claro que para realizar minería a cielo abierto o cualquier actividad ligada a la extracción de recursos debe hacerse con una legislación que sea integral para el Estado costarricense así como para los actores involucrados, así lo indico Ileana Boschini López.
05/02/2019 14:23
 CONTRALORA RECOMIENDA APLICAR LEY DE EMPLEO PUBLICO A UNIVERSIDADES
La Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, recomendó esta noche, que es necesario que a las universidades públicas se les aplique una ley de empleo público, esto producto por el desequilibrio salarial promedio que existe entre empleados estatales y los privados.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Armando Alonso González aagonzalez@asamblea.go.cr La Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, recomendó esta noche, que es necesario que a las universidades públicas se les aplique una ley de empleo público, esto producto por el desequilibrio salarial promedio que existe entre empleados estatales y los privados. El ente contralor ante la Comisión Especial sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FESS) quien se refirió a aspectos relacionados con este, su distribución, administración y otras formas en que las universidades se financian. El diputado Wagner Jiménez Zúñiga consultó a la Contralora General sobre el desequilibrio salarial promedio que existe entre los trabajadores del sector privado y los públicos, ante esto, Acosta recomendó que ante dicha variable es necesario que en el país se aplique a los funcionarios de las universidades públicas una nueva ley de empleo público. “Yo tengo un dato aquí que un salario promedio de un trabajador privado ronda los 350 mil colones por mes y eso equivaldría más o menos a 4 millones de colones al año, versus unos 10 u 11 millones de colones en el Gobierno Central, y unos 17 millones de colones en las universidades, a raíz de estos datos usted no cree que existe un desequilibrio salarial en el país entre el sector público, el sector privado y las universidades”, preguntó el diputado. La Contralora señaló que efectivamente existe un desequilibrio, existe también inequidad en el sistema de empleo público en el país, específicamente en el tema de las remuneraciones, y es un tema que según dijo Acosta, la contraloría ha abordado desde hace mucho tiempo y las causas son el tema de los incentivos salariales. “Ese es un tema que se requeriría una Ley de Empleo Público, para atender y uniformar y ser más equitativo el empleo público, y tendría que ser para todos, incluyendo las funcionarios de las universidades públicas, es un tema que el país tiene que discutir, a mí me parece que es importante”, recalcó la Contralora. Sobre las conclusiones a las que llegó Acosta, con relación a las finanzas del FESS, señaló que es imperativo que las Instituciones de Educación Superior (IES) profundicen en el tema de la transparencia, por medio del acceso a la información, clara suficiente, relevante y oportuna en materia presupuestaria, de planificación, y principalmente de los resultados. Además, que las universidades, al igual que el resto de la institucionalidad deberá ajustarse a las condiciones del entorno y continuar generando valor. Deberá además implementar medidas para fortalecer su capacidad de enfrentar los riesgos de sostenibilidad que los diversos escenarios planteados muestran. A la Asamblea Legislativa recomendó valorar integralmente el modelo de financiamiento actual de las universidades para que este sea sostenible y perdure la educación superior de calidad. Además, definir mecanismos que permitan a la Asamblea una perspectiva integral clara sobre la totalidad de fuentes de financiamiento que tienen las universidades dentro del presupuesto Nacional de la República.
04/02/2019 19:16
 COSTA RICA AVANZA PARA SER UN PAÍS LIBRE DE MINERÍA A CIELO ABIERTO
Los diputados acordaron dar un plazo de cuatro años más que se suman a los  ocho años, contado a partir de la entrada en vigencia de  la reforma, la prohibición de utilización de técnicas de lixiviación con cianuro y mercurio no regirá para los trabajadores organizados en cooperativas mineras dedicadas a la explotación de minería en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y coligallero. 
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Esteban Rojas Sáurez esteban.rojas@asamblea.go.cr Los diputados acordaron dar un plazo de cuatro años más que se suman a los ocho años, contado a partir de la entrada en vigencia de la reforma, la prohibición de utilización de técnicas de lixiviación con cianuro y mercurio no regirá para los trabajadores organizados en cooperativas mineras dedicadas a la explotación de minería en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y coligallero. Según la exposición de motivos de proyecto 20922, establece que “ante la insuficiencia del acompañamiento estatal para resolver la situación de los coligalleros y pequeños productores mineros, el plazo fatal de ocho años dejaría desamparadas a decenas de personas y sus familias que literalmente dependen de esta actividad para llevar sustento a sus hogares. Esto traería un problema social de insospechados alcances, sobre todo en una zona donde las fuentes de empleo son escasas y la dependencia de la actividad minera es totalmente evidente”. Los legisladores también le dieron Segundo Debate al expediente 20202, Ley sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública, que establece que el refrendo de los contratos que suscriba toda la Administración Pública es un requisito de eficacia de los contratos administrativos, mediante el cual se verifica que el clausulado del contrato administrativo se ajuste sustancialmente al ordenamiento jurídico, las reglas del cartel y los términos de la oferta del contratista. La emisión del refrendo estará a cargo de las asesorías jurídicas institucionales o aquella otra instancia con especialidad jurídica designada por el jerarca, pero en ningún caso podrá ser la Auditoría Interna. La solicitud de refrendo de los contratos deberá resolverse dentro de un plazo de veinticinco días hábiles, cuando se trate de licitación pública, y de veinte días hábiles, en los casos restantes. Además, durante la sesión de esta tarde se aprobó el permiso de atraque, permanencia en puerto y desembarque de la tripulación del Buque de la Marina Real Holandesa “HNLMS ZEELAND”, el cual estará visitando el Puerto de Limón del 8 al 11 de marzo de este año.
04/02/2019 17:34
 ASAMBLEA LEGISLATIVA AGILIZARA TRAMITE DE PROYECTOS DE LEY
Los proyectos de ley tendrán un plazo no mayor a los seis meses para que la Asamblea Legislativa  tomé una decisión sobre sus contenidos, con lo cual se agiliza  su trámite, así lo establece  la reforma al reglamento que una Comisión Especial dictaminó en forma afirmativa este lunes.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Vera V. Solano Salazar vsolano@asamblea.go.cr Los proyectos de ley tendrán un plazo no mayor a los seis meses para que la Asamblea Legislativa tomé una decisión sobre sus contenidos, con lo cual se agiliza su trámite, así lo establece la reforma al reglamento que una Comisión Especial dictaminó en forma afirmativa este lunes. Para ello se establece varios cambios en el proceso como es la posibilidad de presentar en forma digital el proyecto de ley, además se establece que el proyecto no podrá estar en trámite en comisión por más de 60 días. En cuanto al trámite en Plenario, se reducen los tiempos del uso de la palabra por cada diputado, pasando de 30 minutos que está en la actualidad a 20 minutos en el Primer Debate. Además, el Plenario Legislativo podrá retrotraer a primer debate un proyecto de ley que esté en Segundo Debate cuando se quiera subsanar algún vicio de procedimiento. Esto permitirá que no sea necesario devolver un proyecto hasta su trámite en comisión para corregir problemas de constitucionalidad o por criterios de oportunidad y conveniencia, como procede en este momento. La presidenta de la Asamblea Legislaba, Carolina Hidalgo Herrera resaltó que la reforma consolida además, el procedimiento abreviado en casos excepcionales dando agilidad a proyectos prioritarios. De esta forma los proyectos de ley que sean tramitados bajo ese procedimiento ocuparán el primer lugar en las comisiones y en el Plenario Legislado una vez que sean dictaminados. El diputado del Frente Amplio José María Villalta miembro de la Comisión Especial, considera importante la iniciativa para agilizar los trámites de los proyectos de ley. Pero el congresista considera que aún quedan temas pendientes para discutir una vez que el proyecto de reforma al reglamento ingrese a conocimiento del Plenario legislativo. Con respecto al procedimiento de los proyectos en las comisiones con potestad legislaba se establece que un proyecto solo podrá ser avocado o sea pasarlo de nuevo al Plenario en una ocasión. La restricción no aplicará cuando la moción de avocación esté firmada por dos o más jefes de fracción.
04/02/2019 13:54
 AEROPUERTO A OROTINA FUE UNA EXPECTIVA QUE DESPERTO LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR
Mediante una moción aprobada por unanimidad los diputados miembros de la Comisión Especial para la Provincia de Alajuela, recibieron  en audiencia al Rodolfo Méndez Mata,  Ministro de Obras Públicas y Transporte para que se refiera al contrato vigente y ruta de ampliación de la ruta 27, construcción de Aeropuerto Metropolitana de Orotina, avances de la ampliación de la ruta 1 corredor vial  San Jose – San Ramón, estado de carretera Florencia-  Naranjo, en intervención de la ruta 138 en la Zona Norte-  Norte.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Irene Rodriguez Mena irodriguez@asamblea.go.cr Mediante una moción aprobada por unanimidad los diputados miembros de la Comisión Especial para la Provincia de Alajuela, recibieron en audiencia al Rodolfo Méndez Mata, Ministro de Obras Públicas y Transporte para que se refiera al contrato vigente y ruta de ampliación de la ruta 27, construcción de Aeropuerto Metropolitana de Orotina, avances de la ampliación de la ruta 1 corredor vial San Jose – San Ramón, estado de carretera Florencia- Naranjo, en intervención de la ruta 138 en la Zona Norte- Norte. Es importante comprender que esta es una oportunidad de intercambio de información sobre la ejecución de planes, los problemas que derivan de las obras y los problemas país que se deben resolver. En lo que corresponde a la Ruta 1 y el fideicomiso con el BCR, se retomó mediante una nueva licitación y busca una remodelación y modernización entre los ríos Ciruela y Alajuela, retomar el proyecto significo renovar la actitud ante el BCR, entre ellas que el MOPT no tuviera nada que ver, lo cual consideraron errado, sin embargo esto se pudo subsanar y se logró que ambas partes comprendieran que deben ir de la mano. La otra disposición adoptada fue la de asignar recursos para construir una serie de obras que se denomina impostergables, la cual está compuesta de 14 obras y se adiciona con las mejoras a la infraestructura del Puente Juan Pablo Segundo y la intersección del Coyol. En cuanto a la carretera a San Carlos, se ha trabado de forma conjunta con los actores involucrados, incluidos los diputados y se tuvo que dejar el contrato ya que se requiere un planteamiento de la obra, como son tramos sobre punta norte y punta sur, actualmente tienen problemas técnicos muy difíciles en el tramo intermedio porque la geología indica los problemas de deslizamientos son inminentes y eso significa demoler lo que ya se estaba construyendo, y buscar un mejor paso para el Río Laguna, principalmente. Lo que corresponde a la Ruta 27 lo ha señalado claramente que su ampliación requiere un trabajo muy intenso, y cuentan con un equipo de primer nivel para que cuando se negocie con el concesionario se puedan transmitir las verdaderas necesidades. Y en cuanto al tema de los aeropuertos, es importante señalar que la Administración anterior despertó una gran expectativa con respecto a la ejecución de un nuevo Aeropuerto en Orotina, situación que ellos aún no tienen precisa. Sin embargo quieren dejar claro que en la terminal Juan Santamaría se acaba de realizar una inversión de 148 millones de dólares, por lo cual no es viable pensar que se hace una inversión para cerrarlo sino por el contrario es para hacerle frente a las demandas internacionales, y finalmente no se puede omitir el hecho que el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, requiere en la actualidad una inversión de al menos 100 millones dólares, principalmente para remodelar la pista. En consecuencia se trabaja en un plan maestro para precisar las demandas en aeropuertos que el país requiere. Finalmente, la ruta 138 en la zona Norte, es acongojante la situación de infraestructura del país porque el abandono en inversión que el país tiene, nos lleva a no resolver problemas 2800 km de carreteras nacionales afectando el transporte nacional y por tanto la promoción del desarrollo de la zona, lo cual es lamentable porque las prioridades de construcción de carreteras dejan de lado las zonas más alejadas más vulnerables del país.
04/02/2019 13:53
 SINDICATO DEL PODER JUDICIAL CALIFICA DE REGRESIVO PROYECTO DE HUELGA
Kenneth Álvarez Barboza, representante del Sindicato de Empleados Judiciales, manifestó que el proyecto 21049 Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga es una reforma de carácter regresivo, producto de la última huelga realizada en el país.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Armando Alonso González aagonzalez@asamblea.go.cr Kenneth Álvarez Barboza, representante del Sindicato de Empleados Judiciales, manifestó que el proyecto 21049 Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga es una reforma de carácter regresivo, producto de la última huelga realizada en el país. “Consideramos que este proyecto es una reforma regresiva, contraviene los principios de progresividad en materia laboral reconocidos en el artículo 26 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, proyecto nacido de forma represiva producto de la última huelga”, dijo Álvarez a los diputados de que integran la Comisión Especial. Señaló que dicho proyecto ha causado molestia y así lo han expresado otros sindicatos que han comparecido, incluso dijo, se ha repudiado el trámite del proyecto, que ha sido excepciona y ligero, atropellando el tema que es fundamental para los trabajadores y la democracia. “La huelga es un derecho fundamental que no debería restringir su discusión y su participación. El Comité de Libertad Sindical ha indicado desde 1952, el derecho a la huelga y promulgó los principios básicos de este derecho, al tenor del cual es uno de los medios legítimos fundamentales que tienen sus trabajadores y sus organizaciones”, aseguró el compareciente. En este mismo sentido añadió que el correcto ejercicio y el derecho a la huelga no debe de acarrear sanciones perjudiciales de ningún tipo, además sobre el proyecto indicó que el mismo genera una gran lesión a la autonomía sindical y órganos de control en aplicación de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El diputado Carlos Ricardo Benavidez Jiménez aclaró que en relación al artículo 431, tampoco se quiere que la Sala Segunda o el Tribunal Superior, entre directo a ver una huelga, esté prevista esa circunstancia por si se va a huelga el juez de primera instancia, y buscarle una solución. “Lo peor que nos puede pasar es que en una huelga, se vayan los jueces de primera instancia laboral a la huelga, y entonces no hay quien resuelva, ya ha sucedido, recientemente en Limón se fueron a la huelga y si se hubieran ido los de San José, entonces nadie resuelve, es una paradoja sin solución y nosotros no queremos paradojas”, aseguró el diputado y presidente de este instancia legislativa.
04/02/2019 11:44
 INFRAESTRUCTURA PENINTENCIARIA ESTA EN CONDICIONES PRECARIAS
La más reciente modificación que tuvo la Ley N° 8242 Ley General de Telecomunicaciones, reformo los artículos 47, 67 y 68 de dicha ley y que se contemplan bajo la Ley N°9597, se hizo con el objetivo de los operadores de y redes de telecomunicaciones adopten y apliquen soluciones técnicas y procedimientos en el interior de los centros penitenciarios del país, para bloquear las señales de celular.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Irene Rodriguez Mena irodriguez@asamblea.go.cr La más reciente modificación que tuvo la Ley N° 8242 Ley General de Telecomunicaciones, reformo los artículos 47, 67 y 68 de dicha ley y que se contemplan bajo la Ley N°9597, se hizo con el objetivo de los operadores de y redes de telecomunicaciones adopten y apliquen soluciones técnicas y procedimientos en el interior de los centros penitenciarios del país, para bloquear las señales de celular. A raíz de la implementación de la Ley N°9597, tanto el Ministerio de Justicia como de Ciencia y Tecnología, se encuentran trabando de forma coordinada en la elaboración del reglamento que se debe aplicar, razón por la cual, los máximos jerarcas fueron convocados ante la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico para conocer el avance, los alcances y la implementación de dicho reglamento. Tanto la Ministra de Justicia, Marcia González Águilas como el Ministro de Ciencia y Tecnología, Luis Adrián Salazar Solís, les señalaron a los diputados que la ley representa un avance importante, sin embargo no se puede omitir el hecho de que se deben ver las condiciones particulares que cada centro penitenciario posee, como por ejemplo su ubicación ya que esta es determinante para el bloqueo de la señal de teléfono. Es importante destacar que los privados de libertad en la mayoría de los casos operan desde el centro penitenciario sus redes delictivas y según las estadísticas que tienen el Ministerio de Seguridad en el año 2018 fueron decomisados 3589 celulares a personas privadas de libertad, por ejemplo el centro penitenciario Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma) en el año 2017 se decomisaron 1157 teléfonos y en el año 2018, 1200, lo que indica que el comportamiento tiende a aumentar. Cabe señalar también que el ingreso de un teléfono celular de tecnología básica cuesta ingresarlo a un centro penitenciario hasta 100 000 mil colones, lo cual deja ver también el movimiento económico que genera la tenencia de una terminal telefónica. Por otra parte, la Ministra González Aguiluz fue enfática en indicar que desde su Ministerio se encuentran realizando todas las medidas necesarias para cumplir con lo que la ley indica, sin embargo no se puede omitir el hecho que las condiciones actuales de infraestructura es muy precaria y se enfrentan ante un reto, ya que las condiciones eléctricas van a incidir directamente en la decisión tecnológica que se va a utilizar. Los diputados miembros de la comisión, como los jerarcas ministeriales indicaron lo necesario y vital que resulta para el país contar con un reglamento que se ajuste a la realidad del país y de las condiciones de la red penitenciara del país.
31/01/2019 13:52
 CONTRALORÍA PIDE REFORMULAR PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
Por  contener movimientos presupuestarios correspondientes a un periodo distinto, la Contraloría General de la República  pidió  la reformulación del primer presupuesto extraordinario del 2019.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Vera V. Solano Salazar vsolano@asamblea.go.cr Por contener movimientos presupuestarios correspondientes a un periodo distinto, la Contraloría General de la República pidió la reformulación del primer presupuesto extraordinario del 2019. Así lo planteó la Contralora Marta Acosta a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios donde se tramita la modificación al presupuesto ordinario del 2019. Las dudas se presentan por el tratamiento presupuestario que se da a la incorporación de 30 mil millones de colones provenientes de canjes realizados en 2018 en la partida amortización de títulos valores internos de largo plazo y que se giraran al BCR. El proyecto contempla además, la incorporación de 100 mil 53 millones de colones por concepto de la recuperación de inversiones del Banco Crédito Agrícola los cuales se aplican a la adquisición de certificados de depósitos a plazo del BCR. La Contralora sostiene que para dar cumplimiento a los principios de anualidad el presupuesto y su respectiva liquidación deben reflejar los movientes que correspondan a cada año sin intentar hacer ajustes correspondientes a otros periodos. Respecto al traslado de seis mil millones de colones de la partida del convenio entre la Caja y el Ministerio de Justicia para la atención médica a los privados de libertad para dar contenido económico a la adquisición de brazaletes para el monitoreo electrónico, la Comisión recibió a Román Macaya presidente Ejecutivo de la institución aseguradora. El jerarca expresó que se tiene previsto la utilización de los nueve mil millones de colones dispuestos para la atención de los privados de libertad, por lo que la discusión en la partida será un tema a tomar en cuenta en el estudio que Justicia realiza y que se tiene previsto esté listo en abril de este año
30/01/2019 15:55
 DECLARATORIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEBE DE ESTAR CONTENIDA EN EL CÓDIGO DE TRABAJO
Steven Núñez Rímala, Ministro de Trabajo, recomendó que el expediente 21097 Ley de Declaratoria de Servicios Públicos Esenciales, deba circunscribirse en una reforma al Código de Trabajo y no como una norma nueva.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Armando Alonso González aagonzalez@asamblea.go.cr Steven Núñez Rímala, Ministro de Trabajo, recomendó que el expediente 21097 Ley de Declaratoria de Servicios Públicos Esenciales, deba circunscribirse en una reforma al Código de Trabajo y no como una norma nueva. El jerarca de esta cartera, compareció esta tarde, ante la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, para que se refiriera a la iniciativa, en este sentido añadió que lo anterior permitiría y dado que el derecho de huelga es fundamental, así como también el derecho a las personas de recibir un derecho público, es decir hay una colisión de derecho fundamentales, que se debe de garantizar el resguardo de este derecho. Dijo que la Sala Constitucional ha definido el concepto de servicio público y con ello también la Procuraduría General de la República, han emitido criterios que permiten acercamiento hacia lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha definido como un servicio esencial, “En ese sentido la Sala Constitucional ha definido en su voto 131798 lo siguiente, “la ley en este caso define las pautas para establecer en qué casos es viable excluir el ejercicio del derecho de huelga, cuales son los que deben de tratarse como servicios públicos absolutamente indispensable y por otro lado que sean susceptibles de comprometer, los viene jurídicos de la salud, y la economía publica, lineamientos que responden a los criterios de racionabilidad y proporcionalidad constitucional”, comentó. Además, señaló el ministro que en el voto 10832, la Sala Constitucional también señala lo siguiente “si bien la huelga es un derecho de todos, ejercitable en cualquier actividad, es viable que el legislador determine en qué casos el derecho a huelga no puede ejercitarse, específicamente cuando se trate, de actividades que constituye ejercicios públicos que por su naturaleza o por el impacto social que tiene no sea posible suspenderla, descontinuarlos o paralizarlos sin causar daño significativo, grave e inmediato a ciertos bienes”, citó Núñez En este mismo sentido manifestó que es posible determinar que la Sala Constitucional ha dejado claro que la huelga se puede prohibir en servicios públicos, en el tanto afecten a la salud y a la economía pública. “Lo anterior teniendo presente criterios de racionabilidad y proporcionalidad, esto lo ha señalado la sala y además ha dicho que corresponde al legislador definir cuáles son o no estos servicios que se consideraran esenciales”, aseguró el ministro.
30/01/2019 15:54
 ERRADICAR CANCER DE CERVIX ES UNA META DE LA CCSS
Dentro de la discusión de control político en la Comisión de la Mujer, se  recibió en audiencia a Román Macaya Hayes, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS),  para que se refiera a los programas de prevención y atención de mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas; la cobertura de los mismos y la especialización de acuerdo con la diversidad de la población de mujeres en las diversas regiones del país, la cual se solicitó vía moción.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Irene Rodriguez Mena irodriguez@asamblea.go.cr Dentro de la discusión de control político en la Comisión de la Mujer, se recibió en audiencia a Román Macaya Hayes, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para que se refiera a los programas de prevención y atención de mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas; la cobertura de los mismos y la especialización de acuerdo con la diversidad de la población de mujeres en las diversas regiones del país, la cual se solicitó vía moción. En dicha audiencia el jerarca manifestó que el tema de la violencia contra la mujer debe verse de forma integral y como aborda la seguridad social los servicios de las mujeres en Costa Rica. En ese sentido la forma de asegurar corresponde a un 62% por un seguro indirecto que proviene principalmente del marido y en el seguro directo un 37% corresponde a varones y un 23% las mujeres, sin dejar de lado que en el rango de los no asegurados las mujeres lo llenan con un 11%, mientras que los varones es del 8%. Es decir, en todos los casos, la mujer de acuerdo a las cifras se encuentra en desventaja. Dentro de los datos que tienen la dirección actuarial de la institución también se encuentra que las mujeres utilizan más los servicios de la seguridad social que los hombres, lo cual va desde una etapa de embarazo hasta edades muy avanzadas. Destaco que dentro de los programas específicos de atención a la mujer, se desplegaron a partir de una visión con un desarrollo integral de las mismas y se proyecte al bienestar del hogar y la familia con un enfoque humano, en esa oferta los proyectos los que destacan es la humanización en el servicio de atención al parto y post parto, estilos de vida pacíficos y saludables, salud reproductiva de alta complejidad y fertilización in vitro. Protocolos de atención a las mujeres que sufren violencia, atención diferenciada a las mujeres discapacidad, prevención de cáncer de mama y cérvix, y ese sentido es un año muy importante porque se lanza en el 2019 el programa de vacunación contra el virus del papiloma humano con dos dosis, según el estudio que se realizó para Costa Rica, lo que marca un hito en la salud costarricense ya que se busca erradicar el cáncer generado por dicho virus. En lo que corresponde al índice de violencia, las mujeres que llegan a utilizar el servicio son las que quedan registradas y se activan todos los protocolos, en esa línea de acuerdo a los registros ha presentado una baja en homicidios y abusos sexuales según las cifras arrojadas y comparadas con los años 2017-2018, e incluso así lo han verificado con los datos que también tiene el Ministerio de Seguridad. Finalmente indico que se ha realizado una inversión importante en mamógrafos para descentralizar los servicios y brindar una mayor cobertura de los mismos.
30/01/2019 14:10
 SINDICATOS DE TELECOMUNICACIONES EN CONTRA DE REGULAR HUEGAS
Los representantes del sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y Telecomunicaciones aseguraron ante los diputados que analizan el proyecto para brindar seguridad jurídica sobre las huelgas y sus procedimientos, que esta iniciativa va en contra del derecho a huelga.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Esteban Rojas Sáurez esteban.rojas@asamblea.go.cr Los representantes del sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y Telecomunicaciones aseguraron ante los diputados que analizan el proyecto para brindar seguridad jurídica sobre las huelgas y sus procedimientos, que esta iniciativa va en contra del derecho a huelga. Otros grupos sindicales ya habían expresado que el proyecto de ley fue presentado como una represaría por la pasada huelga en contra del Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. El derecho a huelga es un derecho fundamental, en Costa Rica existe una gran deuda en lo referente a las libertades sindicales, aseguró Gerardo Chavarría representante de SITET. El proyecto va en contra de las libertades sindicales y en favor de los empleadores, manifestó . Para Chavarría el proyecto cuenta con sanciones que generan que los trabajadores no quieran participar en sindicatos y menos a ejercer su derecho a huelga. Rechazamos en todos sus extremos el proyecto, ya que “violenta el derecho y los convenios con los organismos internacionales”. El legislador independiente Eric Rodríguez Steller consultó si los servicios que brindan pueden ser considerados como esenciales, a lo que el sindicalista respondió que “nosotros tenemos claro qué son los servicios esenciales y nunca se han dejado de prestar, en todas huelgas hemos sido responsables”. Mario Rojas de Rerum Novaron aseguró que ellos se rigen con el concepto de servicio esencial como lo establece la Organización Internacional del Trabajo ante la consulta de la diputada Floria Segreda Sagot.
30/01/2019 14:09
 AMPLIAN PLAZO A LEY DE MINERIA
Los diputados ampliaron el plazo por cuatro años a la Ley de Minería con el objetivo de que las familias coligalleras de la comunidad de Abandares, puedan subsistir y emigrar a otras actividades productivas en el país.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Armando Alonso González aagozalez@asamblea.go.cr Los diputados ampliaron el plazo por cuatro años a la Ley de Minería con el objetivo de que las familias coligalleras de la comunidad de Abandares, puedan subsistir y emigrar a otras actividades productivas en el país. El proyecto 20922 Ley para prorrogar el plazo establecido en el transitorio I de la Ley de reforma del segundo párrafo y adición de varios párrafos al artículo 8; adición del artículo 8 bis; adición del inciso f) al artículo 65, y reforma del inciso k) del artículo 103 del código de minería, reformó varios artículos y eliminó los permisos de exploración y explotación existentes en ese momento para la extracción de minerales pesados, fue aprobado en su trámite de Primer Debate. La única excepción que permitió la ley en ese momento fue otorgar permisos de exploración, concesiones de explotación minera y beneficio de materiales a trabajadores debidamente organizados en cooperativas dedicadas a la minería en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y coligallero, por un lapso de ocho años, contado a partir de la entrada en vigencia de esta reforma. En ese plazo, estas personas tenían la obligación de reconvertir su actividad minera al desarrollo de tecnologías alternativas más amigables con el ambiente, para lo cual, el Estado se comprometió a dar el apoyo, el asesoramiento y la asistencia técnica y financiera para que dichas familias lograran la reconversión de su actividad. Asimismo, el Estado se comprometió a promover alternativas productivas sustentables para convertir esa actividad en turismo minero, en orfebrería u otras que le dieran valor agregado a la producción minera en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y coligallero. Además, el Gobierno ofreció darles a esas familias, el acceso al crédito por medio del Sistema de Banca para el Desarrollo. El 10 de febrero de 2019 se vence el plazo establecido en esa Ley, y el Poder Ejecutivo no dio el acompañamiento a esas familias de coligalleros artesanales por lo que éstos no han logrado emigrar hacia tecnologías mineras alternativas más amigables con el ambiente. Además, dado que el Poder Ejecutivo no ha otorgado ninguna concesión a las cooperativas constituidas de conformidad con la Ley N.° 8904, éstas familias no han podido dedicarse lícitamente a la producción minera tal y como era uno de los propósitos de la citada ley. Al vencimiento del plazo fatal de ocho años antes señalado, estas familias que literalmente dependen de esta actividad para llevar sustento a sus hogares, quedarán absolutamente desprotegidas con el consiguiente problema social de la zona. Por lo anterior, el objetivo de este Proyecto es ampliar el plazo establecido en el Transitorio I de esa Ley, a fin de que los compromisos asumidos con este sector social se cumplan y puedan mejorar la actividad minera con el acompañamiento del Estado. La diputada Aida María Montiel, manifestó que ante la insuficiencia de acompañamiento estatal para resolver la situación de los coligalleros y pequeños mineros, el cumplimiento del plazo fatal dejaría desamparadas a docenas de trabajadores mineros y sus familias que dependen de esta actividad para llevar sustento a sus hogares. “Esto provocaría un problema social principalmente en el cantón de Abangares en donde la actividad minera se ha convertido en una de las pocas fuentes de ingresos para muchas familias, las oportunidades de empleos son escazas y la dependencia de la actividad minera es totalmente evidente, si se aplica la prohibición en la ley sin que el Estado haya cumplido con sus obligaciones estaríamos condenando a la pobreza a cientos de habitantes de ese cantón”, externó esta tarde la diputada.
29/01/2019 17:03
 CUESTIONAN RECORTE DE PARTIDA PARA PAGAR SEGURO A PRIVADOS DE LIBERTAD
Legisladores de varias fracciones mostraron preocupación por la rebaja de seis mil millones de colones de la partida para pagar a la Caja Costarricense de Seguro Social la atención de los privados de libertad que el Ministerio de Justicia está solicitando en el presupuesto extraordinario que se tramita en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Potocolo Vera V. Solano Salazar vsolano@asamblea.go.cr Legisladores de varias fracciones mostraron preocupación por la rebaja de seis mil millones de colones de la partida para pagar a la Caja Costarricense de Seguro Social la atención de los privados de libertad que el Ministerio de Justicia está solicitando en el presupuesto extraordinario que se tramita en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Los recursos recortados a la partida se trasladan al programa de monitoreo electrónico que según manifestó a los diputados de este órgano legislativo la Ministra de Justicia Marcia González Aguiluz, va en aumento. Expresó que el monitoreo electrónico presenta un crecimiento mensual del 7% lo que evidencia el éxito del mismo, que según destacó permite una mayor efectividad de la reinserción de las personas privadas de libertad a la sociedad. Desde el punto de vista financiero manifestó tiene un costo menor pues mientras la aplicación de los brazaletes es de 500 dólares por mes, la reclusión de una persona en la cárcel es de 1300 dólares. Para algunos diputados como los liberacionistas Silvia Hernandez Sánchez y Gustavo Viales Villegas es cuestionable disminuir en seis mil millones de colones la partida del convenio con la Caja del Seguro. La diputada Silvia Hernandez Sánchez expresó que es preocupante la disminución de recursos de una partida cuya ejecución ha sido siempre del cien por ciento y sostiene que se debieron obtener de otra partida La titular de justicia por su parte dijo que se realizará un estudio sobre el convenio con la Caja para determinar el monto exacto que se requiere para la atención de los privados. Destacó que este es el primer año en que el Ministerio de Justicia tiene a cargo el convenio pues hasta el año anterior lo manejaba el Ministerio de Salud. Añadió que Justicia cuenta con servicios de atención en salud y los recursos para cancelar a la Caja alcanzan hasta junio, mientras que los del programa de monitoreo apenas llegan a mayo.
29/01/2019 15:09
 CONTRALORÍA ASEGURA QUE GRAVAMEN A COOPERATIVAS ES NECESARIO
La Contralora General de la República Marta Acosta aseguro ante los diputados que conforman la Comisión Permanente de Asuntos Económicos que considera que los gravámenes a los excedentes de las cooperativas constituirían un aporte necesario para la mejora de las finanzas del Gobierno Central y que esto, además, constituye un avance en materia de equidad tributaria con respecto a las demás organizaciones presentes en la economía nacional.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Esteban Rojas Sáurez esteban.rojas@asamblea.go.cr La Contralora General de la República Marta Acosta aseguro ante los diputados que conforman la Comisión Permanente de Asuntos Económicos que considera que los gravámenes a los excedentes de las cooperativas constituirían un aporte necesario para la mejora de las finanzas del Gobierno Central y que esto, además, constituye un avance en materia de equidad tributaria con respecto a las demás organizaciones presentes en la economía nacional. El órgano contralor ve la iniciativa como un paso positivo de la atención a la obligación constitucional de contribuir al financiamiento del gasto público, al tiempo que preserva un tratamiento favorable al sector cooperativo “bajo el compromiso de mayor transparencia”. El expediente 21017, Ley de impuesto sobre los excedentes de las asociaciones cooperativas establece que los excedentes netos anuales cuyos montos serán menores al equivalente de 581 salarios bases están exentos. Un 10% sobre el exceso del equivalente a los 581 salarios base y hasta 1740 salarios base de excedente neto anual. Establece un 20% sobre el exceso del equivalente de 1740 salarios base de excedente neto anual El impuesto resultante de la liquidación de las declaraciones presentadas en el término establecido por la administración tributaria deberá pagarse dentro de los dos meses y quince días naturales siguientes a la terminación del período fiscal respectivo. El período del impuesto es de un año, contado a partir del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. La Contralora señaló una serie de observaciones a la iniciativa al indicar que no está claro por qué deban deducirse las reservas y la contribuciones parafiscales para efectos de determinar la base imponible, además, la Ley de Asociaciones Cooperativas en su artículo 80 se refiere a las reservas legales de educación, bienestar social con porcentajes mínimos y prevé otras reservas en sus estatutos, “lo que podría reducir y complicar la determinación de la base imponible y eventualmente reducir la efectividad del recaudo”. La jerarca comentó que el primer tramo de la escala se refiere a excedentes cuyos montos sean menores a 581 salarios base, mientras que el siguiente se establece sobre el exceso del equivalente de los 581, dejando al descubierto el tema de primer tramo y se sugiere definir el primer tramo en términos de hasta 581 salarios base. Por su parte, el legislador del Partido Acción Ciudadana, Luis Ramón Carranza Cascante mostró su preocupación por lo que a su criterio podría ser una doble imposición para los miembros de las cooperativas. Datos presentados por la Contralora pertenecientes al Infocoop del año 2012, revelan que en el país las cooperativas generaban 21.632 empleos directos y contaban con 887.335 asociados.
29/01/2019 15:09
 UNDECA CALIFICA DE REGRESIVO PROYECTO DE SERVICIOS ESENCIALES
Manuel Hernandez Varela de la Unión de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (UNDECA) calificó de regresivo el proyecto de ley 21097 Ley de Declaratoria de Servicios Públicos Esenciales.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Armando Alonso González aagonzalez@asamblea.go.cr Manuel Hernandez Varela de la Unión de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (UNDECA) calificó de regresivo el proyecto de ley 21097 Ley de Declaratoria de Servicios Públicos Esenciales. Hernandez, compareció esta tarde, ante la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, para referirse a la iniciativa y en este sentido manifestó que la huelga es un derecho fundamental de la clase trabajadora. El compareciente señaló que este proyecto no es para ordenar la huelga en los servicios esenciales ya que el ordenamiento se construye sobre la base de lo que es la técnica del servicio mínimo, ya que la Organización Internacional del Trabajo ha emitido de que en lo que son este tipo de servicio se venga a establecer un servicio mínimo, “Es importante que se venga a garantizar a la comunidad lo que es la prestación de servicios básicos o servicios mínimos con que se pueda garantizar precisamente el mantenimiento de los servicios esenciales como lo son los servicios relacionados con la salud, seguridad y la vida de las personas”, dijo Hernandez. Dijo además que la intencionalidad de este proyecto haya sido no prohibir pero en la práctica se convierte en un proyecto abolicionista del derecho de huelga, que va más allá de los que establece el inciso B del artículo 876, va en contra de lo que establece el artículo 61 de la Constitución Política. “Es un proyecto regresivo, un proyecto que viene a desmantelar la cláusula social y que viene a desmantelar la cláusula de libertad sindical que está establecida en nuestra Constitución Política”, aseguró el compareciente. La diputada Shirley Díaz consultó a Hernandez, sobre cuáles entrarían en la categoría de servicios esenciales, en este sentido el compareciente señaló que se basa en lo que ha reiterado el Comité de Libertad Sindical de la OIT que ha establecido una lista de esenciales y que son aquellos cuya interrupción pueda causar una afectación grave y seria en la salud, la vida y la seguridad de las personas.
29/01/2019 15:08
 APRUEBAN PROYECTO PARA MODIFICAR QUORUM EN EL CNP
Los diputados aprobaron esta tarde, en su trámite de Segundo Debate el expediente 20872 Reforma del artículo 26 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, Ley 2035.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Armando Alonso González aagonzalez@asamblea.go.cr Los diputados aprobaron esta tarde, en su trámite de Segundo Debate el expediente 20872 Reforma del artículo 26 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, Ley 2035. La propuesta pretende establecer un nuevo cuórum estructural, siendo la mitad más uno de los miembros, esto es, que para que pueda sesionar válidamente el órgano colegiado, basta con que se reúnan cuatro de sus integrantes, esto por cuanto la totalidad de los miembros de la Junta Directiva suman seis. De esta forma se adquiere una mayoría absoluta con cuatro miembros. Tal y como está regulado en la actualidad, la Junta Directiva del Consejo Nacional de Producción para poder sesionar requiere contar con la totalidad del colegio, que está conformado por 6 miembros. Así mismo argumentan los proponentes, que el requerir un cuórum de la totalidad de los integrantes del órgano colegiado para poder sesionar, atenta contra la eficiencia de la administración, para ello se propone modificarlo y establecer una cantidad de miembros asistentes menor, que facilite su funcionamiento.
28/01/2019 17:39
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