Antecedentes:

Desde 1948, con la adopción de la actual Constitución Política, en la que se reconoció el derecho al voto a las mujeres costarricenses, y con ello el reconocimiento de su calidad de ciudadanas, el Estado costarricense apostó a la construcción de una sociedad democrática basada en los principios de igualdad y equidad entre mujeres y hombres.

A partir de ese momento, el Estado costarricense avanzó en la concreción de esos principios y particularmente en la tutela y garantía de los incipientes derechos de las mujeres, mediante la creación de mecanismos institucionales.

En 1974 se creó, la Oficina de Programas para la Mujer y la Familia del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, como la instancia encargada de coordinar las acciones relativas a la celebración de la Primera Conferencia Mundial de la Mujer en México (1975). Esta oficina fue creciendo y fortaleciéndose hasta que en 1986 se convirtió en el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, ente rector de políticas nacionales a favor de las mujeres, con personería jurídica y patrimonio propio, pero adscrito al Ministerio de Cultura.

En  1994, por Acuerdo del Consejo Social de Gobierno, fueron creadas en Costa Rica, las Oficinas Ministeriales y Sectoriales de la Mujer , como instancias responsables de velar por el cumplimiento de las políticas gubernamentales para la equidad de género en las instituciones de la Administración Pública.

En abril de 1998  la Asamblea Legislativa aprobó la transformación del Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y Familia en el Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, mediante la Ley 7801, dando  un paso fundamental en la tarea de reforzar la eficacia del Mecanismo Nacional en el Poder Ejecutivo. El INAMU fue creado con el objetivo de fundamental de  proteger los derechos de la mujer en el accionar de la administración pública del país y formular e impulsar  una política nacional para la igualdad y equidad de género.

Con el nombramiento de  más mujeres Magistradas en el Poder Judicial y en el marco de las acciones que emprenden para transverzalizar género en este Poder de la República,  en el año 2002, el Poder Judicial crea la Secretaría Técnica de Género, convirtiéndose con esta acción, en el primer Poder Judicial en el mundo en tener un órgano especializado para  promover impulsar una política de género transversal en la organización interna del Poder Judicial.

Teniendo un mecanismo institucional para transeverzalizar género en dos poderes de la República y  faltando este mecanismo en el primer poder de la República,  varias diputadas de la administración 2002-2006, Kyra de la Rosa Alvarado, Gloria Valerín y Margarita Penón integrantes de la Comisión Especial Permanente de Asuntos de la Mujer con apoyo de  del Fondo de Población de la Naciones Unidas en el año 2004, inician gestiones para  impulsar una política de Género en la Asamblea Legislativa y crear un órgano institucionalizado con la competencia de transversalizar género en la principales funciones de la Asamblea Legislativa.

En el año 2007 la diputada Ana Helena Chacón, Presidenta de la Comisión  Especial Permanente de Asuntos de la Mujer, solicita al Directorio Legislativo la posibilidad de realizar un diagnóstico de género en la Asamblea Legislativa con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas.  De igual forma las Diputadas del Partido Liberación encabezadas por la Diputada Hilda González Ramírez mediante el oficio HGR 159-07 solicitan al Directorio Legislativo la Creación de una Dirección Técnica de Género. El Directorio Legislativo en la sesión ordinaria No. 76-2007,  3 de octubre del 2007 avalan la propuesta de crear una Dirección Técnica de Género pero por no contar en ese momento con los recursos necesarios para su implementación posponen su apertura.

A partir de ese acuerdo varias diputadas de diferentes  las fracciones políticas  y la Comisión Especial permanente de la Mujer inician una serie de gestiones ante el Directorio Legislativo para la apertura de dicha oficina. En  la sesión ordinaria 137-2009 celebrada el 25 de febrero del 2009 el Directorio Legislativo acuerda abrir la Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género  UTIEG y procede al nombramiento de la Licda Haydee Hernández Pérez, abogada y especialista en Derechos Humanos de mujeres como  persona responsable  de la misma y su ubicación física.

Es así como el 28 de abril del 2009 se inaugura oficialmente la apertura de la Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género en el primer poder de la República, convirtiéndose Costa Rica en ser el primer país a nivel mundial en tener un mecanismo responsable de transversalizar  género en cada uno de los tres poderes de la Republica.

Al crearse La Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género de la Asamblea Legislativa (UTIEG), el Directorio Legislativo avalo la necesidad de institucionalizar y oficializar en forma efectiva  una política de igualdad y equidad de género que de manera transversal, prioritaria y sustantiva incorpore la perspectiva de género en el quehacer legislativo.

La Unidad Técnica de Género, es creada como un   órgano adscrito a la Dirección  Ejecutiva  de la Asamblea Legislativa,  con un canal de comunicación fluida de apoyo y seguimiento con todas las dependencias administrativas y las  fracciones políticas que conforman la Asamblea Legislativa y es la  responsable de la operativización de las tareas de formación, capacitación, planificación, coordinación, asistencia técnica, seguimiento y evaluación de las acciones de género que implementen todas las fracciones, oficinas y dependencias   de la Asamblea Legislativa, asegurando con ello el desarrollo y adelanto de la mujer,  garantizándole el ejercicio y el goce de sus  derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.